Información General
Misiones registró un promedio diario de 81 denuncias por violencia en 2023
Según datos aportados recientemente por el Observatorio de Violencia Familiar y de Género y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), la provincia de Misiones registró un promedio de 81 denuncias diarias por violencia durante el año pasado, lo que marcó un aumento de 15,6% respecto al 2022. La población más afectada estuvo conformada por mujeres de entre 20 a 29 años, en su mayoría víctimas de violencia psicológica.
El estudio en cuestión contiene información obtenida a partir de las denuncias recibidas por la Policía de Misiones durante el 2023 y procesada mediante un trabajo conjunto con el Observatorio de Violencia Familiar y Género, del cual se desprende que en ese año se registró un total de 29.741 denuncias por violencia familiar y de género, lo que implica un promedio mensual de 2.478.
El informe detalla que la cifra de denuncias por hechos de violencia experimentaron un aumento de 15,6% respecto a 2022, período en el cual se contabilizaron un total de 25.734 de presentaciones policiales.
Principales víctimas
Del total de denuncias recibidas el año pasado, el 79,3% de ellas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 19,1% fueron realizadas por personas de sexo masculino. En tanto, para el 1,6% restante no se obtuvieron datos sobre el sexo de las víctimas.
En cuanto al caso de las mujeres, se desprende que la población con mayor número de denuncias efectuada fueron jóvenes de entre 20 y 29 años (26,9%), seguido por el rango etario de entre 30 a 39 años, con el 26,1% de las denuncias.
A su vez, el promedio diario de denuncias en el año 2023 fue de 81, mientras que en el año 2022 se había registrado un índice de 71 denuncias por día, es decir, 3 denuncias por hora.
En la mayoría de los casos, la violencia fue ejercida por alguien del entorno más cercano de la víctima, como por ejemplo ex parejas en el 32,5% de las denuncias, seguido por su pareja actual (26,0%), o algún familiar (17,7%).
Finalmente, si bien la mayoría de las veces (37,2%), es la víctima la que realiza la denuncia, también se dan casos donde otra persona/institución interviene. Así, el 1,7% de las denuncias fueron realizadas por algún familiar de la víctima y un 59,8% de las denuncias no presentan datos sobre la relación entre el denunciante y la víctima.
El perfil agresor
Según el mismo estudio, en el 95,5% de las denuncias se ha mencionado el sexo del agresor. De estas se desprende que el 70,7% de los casos de violencia fueron protagonizados por hombres; en cambio, en el resto de las denuncias la persona agresora fue una mujer (24,8%).
En cuanto, al rango etario del agresor, se logra apreciar que, la mayor cantidad de casos fueron ejecutados por personas con una edad entre 30 y 39 años correspondiendo el 29,2% de los casos; seguido por el rango etario de 20 a 29 con el 25,2%; y las personas de 60 años y más (20,3%).
Otra variable de gran importancia es la cantidad de agresores en el hecho. En el 98,9 % de los casos hubo un agresor en el hecho de violencia, mientras que en el 1,1% de los casos restantes hubo más de uno.
Tipo de violencia
En el 61,1% de los casos fueron situaciones de violencia psicológica y en el 24,9% física. En cambio, el 14,0% restante correspondió a violencia económica/patrimonial (8,4%), simbólica (2,5%), no definida (2,4%) y sexual (0,7%).
El 44,5% de los hechos de violencia fueron realizados en el domicilio de la víctima. En cambio, en el 48,7% de los casos no se informó el lugar del hecho.
Finalmente, el 19,0% de los denunciantes declaró que los hechos de violencia que ocurren son continuos, en el 6,4% de los casos los actos fueron frecuentes y el 4,1% manifestó que los hechos de violencia fueron únicos.
La Línea 137 alertó sobre un aumento en denuncias por violencia psicológica
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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