Provinciales
Fin de una etapa: intervienen el cuartel de bomberos de Itaembé Miní
La disposición tiene la firma del ministro de gobierno Marcelo Pérez. La comisión directiva desplazada contabilizó hasta seis móviles de los cuales hoy sólo hay uno en el lugar.
El cuartel de bomberos voluntarios del barrio Itaémbé Miní de Posadas finalmente fue intervenido luego de que se conocieran una serie de irregularidades por las que eran señalados los integrantes de la Asociación Civil que los nuclea.
El escándalo creció más aun cuando una investigación de La Voz de Misiones descubrió que quien era jefe de bomberos del cuerpo activo del cuartel, Miguel Ángel Yuszczeczyn, tenía una deuda con la Justicia Federal, porque pesaba sobre él una condena de ocho años de cárcel por transportar ocultos en una ambulancia, poco más de 240 kilos de marihuana y 3.973 pastillas de éxtasis.
Para mitad del mes de agosto, el jefe Yuszczeczyn fue separado del cargo en medio de acusaciones cruzadas con la comisión directiva que incluyeron serios señalamientos por desmanejos administrativos.
A Yuszczeczyn finalmente lo capturó Gendarmería la semana pasada para que cumpla la condena al que el Tribunal Federal de Corrientes lo sentenció en junio de 2016 y por el cual nunca estuvo detenido.
Decisión oficial
Con el cuartel envuelto en un escándalo, no sólo por el desmanejo interno, sino por el antecedente narco del ex jefe -del que nadie se percató-, el ente gubernamental responsable de la Asociación Civil, resolvió la intervención.
La resolución 643, con fecha 21 septiembre, firmada por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, determinó el nombramiento de Alejandro Ciuccio como interventor, otorgándole “todas las atribuciones de la Comisión Directiva a efecto que se proceda a normalizar la situación de la asociación intervenida y convocar a Asamblea para elección de autoridades”.
La resolución determina un plazo inicial de doce meses que podrá ser prorrogado “cuando las circunstancias lo ameriten y el pedido sea debidamente fundado por el interventor”.
El designado interventor Ciuccio, propuesto por el mismo ministro de Gobierno, asumió esta tarde la responsabilidad presentándose al frente del escuadrón. Los antecedentes lo avalan ampliamente como apto. Es integrante de la Asociación Civil Seamos Libres y suma además experiencia en la administración y gestión de organizaciones sociales.
Ciuccio es actualmente coordinador de voluntarios de Cascos Blancos, dependiente de Cancillería Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Autobombo
Entre las principales irregularidades, se encuentra la falta de al menos cinco móviles que declaró tener la entidad, ya que en el cuartel de la avenida 131, hay solo uno.
En octubre de 2016, por ejemplo, el cuartel compró a sus pares de Oberá una autobomba Fiat Iveco modelo 83 por un monto de 225.000 pesos. Sin embargo, por estos días se desconoce el paradero de ese vehículo, el cual aducen que “está en reparación hace unos ocho meses”.
Así también, en el balance de 2019 presentado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, consta que se gastaron 400.000 pesos -un 38% del poco más de 1 millón de pesos recibidos como subsidios- en materiales de construcción.
Sin embargo, en el predio del barrio Terrazas de Itaembé Miní no se detecta una gran infraestructura. De hecho, aún no se ha levantado el muro perimetral y se utiliza un viejo colectivo como depósito y albergue para el cuerpo activo.
DOCUMENTO. La autobomba modelo 83 adquirida al cuartel de Oberá constó en actas, pero no aparece.
OFICIAL. La decisión del ministro de gobierno.
OFICIAL 2. El nuevo interventor , trabajador social con experiencia en administración.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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