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Fin de una etapa: intervienen el cuartel de bomberos de Itaembé Miní

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La disposición tiene la firma del ministro de gobierno Marcelo Pérez. La comisión directiva desplazada contabilizó hasta seis móviles de los cuales hoy sólo hay uno en el lugar.

 

El cuartel de bomberos voluntarios del barrio Itaémbé Miní de Posadas finalmente fue intervenido luego de que se conocieran una serie de irregularidades por las que eran señalados los integrantes de la Asociación Civil que los nuclea.

El escándalo creció más aun cuando una investigación de La Voz de Misiones descubrió que quien era jefe de bomberos del cuerpo activo del cuartel, Miguel Ángel Yuszczeczyn, tenía una deuda con la Justicia Federal, porque pesaba sobre él una condena de ocho años de cárcel por transportar ocultos en una ambulancia, poco más de 240 kilos de marihuana y 3.973 pastillas de éxtasis.

Para mitad del mes de agosto, el jefe Yuszczeczyn fue separado del cargo en medio de acusaciones cruzadas con la comisión directiva que incluyeron serios señalamientos por desmanejos administrativos.

A Yuszczeczyn finalmente lo capturó Gendarmería la semana pasada para que cumpla la condena al que el Tribunal Federal de Corrientes lo sentenció en junio de 2016 y por el cual nunca estuvo detenido.

Decisión oficial

Con el cuartel envuelto en un escándalo, no sólo por el desmanejo interno, sino por el antecedente narco del ex jefe -del que nadie se percató-, el ente gubernamental responsable de la Asociación Civil, resolvió la intervención.

La resolución 643, con fecha 21 septiembre, firmada por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, determinó el nombramiento de Alejandro Ciuccio como interventor, otorgándole “todas las atribuciones de la Comisión Directiva a efecto que se proceda a normalizar la situación de la asociación intervenida y convocar a Asamblea para elección de autoridades”.

La resolución determina un plazo inicial de doce meses que podrá ser prorrogado “cuando las circunstancias lo ameriten y el pedido sea debidamente fundado por el interventor”.

El designado interventor Ciuccio, propuesto por el mismo ministro de Gobierno, asumió esta tarde la responsabilidad presentándose al frente del escuadrón. Los antecedentes lo avalan ampliamente como apto. Es integrante de la Asociación Civil Seamos Libres y suma además experiencia en la administración y gestión de organizaciones sociales.

Ciuccio es actualmente coordinador de voluntarios de Cascos Blancos, dependiente de Cancillería Argentina y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Autobombo

Entre las principales irregularidades, se encuentra la falta de al menos cinco móviles que declaró tener la entidad, ya que en el cuartel de la avenida 131, hay solo uno.

En octubre de 2016, por ejemplo, el cuartel compró a sus pares de Oberá una autobomba Fiat Iveco modelo 83 por un monto de 225.000 pesos. Sin embargo, por estos días se desconoce el paradero de ese vehículo, el cual aducen que “está en reparación hace unos ocho meses”.

Así también, en el balance de 2019 presentado ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, consta que se gastaron 400.000 pesos -un 38% del poco más de 1 millón de pesos recibidos como subsidios- en materiales de construcción.

Sin embargo, en el predio del barrio Terrazas de Itaembé Miní no se detecta una gran infraestructura. De hecho, aún no se ha levantado el muro perimetral y se utiliza un viejo colectivo como depósito y albergue para el cuerpo activo.

DOCUMENTO. La autobomba modelo 83 adquirida al cuartel de Oberá constó en actas, pero no aparece.

OFICIAL. La decisión del ministro de gobierno.

OFICIAL 2. El nuevo interventor , trabajador social con experiencia en administración.

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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Corpus fue sede del debate sobre energía hidoeléctrica, planificación y desarrollo

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La Municipalidad de Corpus Christi reunió este martes a intendentes, especialistas, estudiantes, referentes ambientales y vecinos para dar a conocer el estado actual del proyecto Corpus Pindó-í, sus características, afecciones y posibilidades para el desarrollo energético y productivo de Misiones.

El encuentro comenzó con una presentación institucional a cargo de Enrique Guardo, director de Gestión de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip), quien expuso sobre el rol del organismo y el proceso que se viene llevando adelante para recuperar, ordenar y actualizar la información técnica existente sobre Corpus Pindó-í.

En ese marco, destacó que “el objetivo actual no es plantear el inicio de una obra, sino generar las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales necesarias para evaluar su viabilidad sobre información actualizada”.

Seguidamente, el ingeniero Martín Rodríguez Paz, en representación del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, abordó la situación energética provincial y la necesidad de incorporar una mirada de largo plazo sobre la disponibilidad de energía para acompañar el crecimiento económico y productivo.

Al mismo tiempo, desde la Dirección Técnica de la Comip, Luis Bergman expuso las principales características del aprovechamiento, su capacidad de generación, los estudios realizados y las afectaciones identificadas.

Los potenciales beneficios de Corpus exceden la generación de energía eléctrica. Un emprendimiento de esta escala puede convertirse en una herramienta de desarrollo regional, siempre que exista una planificación anticipada que permita traducir la inversión en infraestructura, actividad económica, empleo, servicios y nuevas oportunidades para las localidades vinculadas al proyecto”, remarcó entre los ejes principales.

En esa línea, el delegado argentino ante la Comip, Tony López, destacó la necesidad de incorporar tempranamente a los municipios a esa planificación, de manera que los posibles beneficios no queden circunscriptos al área inmediata del aprovechamiento, sino que puedan proyectarse sobre todo el corredor regional.

El encuentro concluyó con el intercambio entre asistentes, consultas técnicas, planteos ambientales, observaciones y pedidos de mayor información.

La convocatoria contó con la presencia de los intendentes de Corpus, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, exintendentes, autoridades del Consejo Deliberante, Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al ambiente, estudiantes secundarios, medios de prensa, fuerzas vivas de la localidad y público en general.

Mesa No a las Represas exige al gobierno ratificar la ley que prohíbe Corpus

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Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”

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pierna

En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.

Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.

La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.

“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.

“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.

“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.

La cuchilla

Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.

“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.

“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.

“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.

“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.

Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.

Falsas promesas

Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.

Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.

“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.

“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.

Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.

“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.

-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.

“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.

 

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