Ambiente
Misiones, la Unión Europea y ONU diagraman el futuro del último retazo de selva paranaense
En Misiones se conserva el 5% que queda de la selva paranaense. La provincia creó el primer Ministerio de Cambio Climático del continente con el fin de valorizar y captar fondos internacionales a través de los servicios ecosistémicos que ofrece la conservación del Bosque Atlántico latinoamericano.
En los últimos 100 años, la selva paranaense -también conocida como Bosque Atlántico- perdió el 95% de su superficie original. La totalidad del 5% restante se encuentra dentro de los casi 30.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Misiones y ocupa un tercio de su territorio.
“Esta problemática la comprendió muy bien Misiones”, dijo el flamante ministro de Cambio Climático de la provincia, Patricio Lombardi, en diálogo con La Voz de Misiones.
La nueva cartera, creada en noviembre de 2020, fue concebida para llevar adelante la valoración y consecuente captación de fondos internacionales por los servicios ecosistémicos que ofrece el millón de hectáreas de selva virgen que posee la tierra colorada. A su vez -sostiene Lombardi-, significa el inicio de un camino que busca llegar a un cambio de paradigma en la preservación de la naturaleza.
“La mano del hombre en el tema ambiental ha demostrado que estamos usando los recursos del planeta como si fuese un barril sin fondo, que siempre va a haber y sin ningún tipo de recaudo”, comenzó advirtiendo el funcionario, quien hasta hace poco se desempeñaba como subsecretario de Relaciones Internacionales de la Provincia.
Misiones en el mapa
Patricio Lombardi, diplomático de carrera, se instaló recientemente en Misiones, tras asumir en la Secretaría de Estado de Cambio Climático, la primera oficina con rango ministerial del continente.
En entrevista con LVM, el secretario explicó la importancia y el valor que tiene la última porción del Bosque Atlántico latinoamericano, que conserva en su totalidad la provincia y que, a su vez, es el hogar de más de la mitad de la biodiversidad de todo el país.
“En Misiones, está a resguardo el 52% de la biodiversidad argentina”, sostuvo el funcionario y cuestionó: “El problema es que, muchas veces, en el resto del país se piensa que es la biodiversidad de los misioneros, y es de toda la República Argentina”.
Para el asesor en relaciones internacionales, la proporción entre la biodiversidad y el tamaño del territorio misionero revela dos cosas: “El enorme esfuerzo de conservación, de cuidado y protección que hizo Misiones, y que en el resto de Argentina no existe la misma política que tenemos acá”.
Esa política, sostiene Lombardi, tiene relación directa con la identidad de Misiones: “Es evidente que el pueblo misionero lo comprende y no desde ahora; hay algo hasta ancestral”, lanzó y explicó: “Sino no tendríamos ese manchón enorme, hermoso y verde que tenemos. O sea que hay una comprensión en lo profundo del ser misionero, que hay que cuidar”.
El valor de la selva
Precisamente, la misión del Ministerio de Cambio Climático de Misiones -el primero en el continente- será poner en valor la diversidad de servicios ambientales que ofrece el último retazo de selva paranaense, cuya totalidad se extiende bajo los límites de la tierra colorada.
“Por ejemplo, si tenemos dos hectáreas arboladas, una de monte nativo misionero y otra de pino, la diferencia es que el bosque de pino nos da dos servicios ecosistémicos: la captura de dióxido de carbono transformada en oxígeno y la extracción de madera”, graficó Lombardi.
Sin embargo, la preservación de la selva “tiene esos dos servicios, pero en realidad, uno solo, porque la madera no la vamos a cortar, pero existen otros. Por ejemplo, los medicamentos. El 70% de los medicamentos viene de un bosque biodiverso”, sostuvo.
“Tenemos biodiversidad, que es vida en diferentes formas, tenemos el cuidado del agua. Porque cuando cae lluvia y tenemos un bosque, ese agua filtra y llega pura a las napas. Si ahí hubiese un bosque de soja, el agua llega abajo con glifosato, con veneno”, diferenció el ministro.
La situación geográfica de la tierra colorada, rodeada de monocultivos que proliferan en los estados vecinos de Brasil y Paraguay, plantea el problema ambiental pero, además, el desafío de financiar la conservación de la naturaleza: “En una provincia que limita el 92% con el extranjero, tenemos de ambos lados presión de la soja. Ahora bien, el señor que cuida el monte y no corta los árboles, no cambia su camioneta todos los años, pero el que está plantando soja, todos los años cambia la camioneta”, indicó Lombardi a LVM.
“Esta es la matriz que hay que cambiar”, apuntó el diplomático y subrayó: “Hoy el mundo está entendiendo la importancia del Bosque Atlántico, que se taló el 95%. Queda el 5%, y lo cuidamos nosotros. En Brasil pavimentaron la selva, porque arriba le pusieron Río de Janeiro, San Pablo, 100 millones de personas; esa es la realidad que tenemos hoy”.
De abajo hacia arriba
Para Lombardi, en este cambio de paradigma, es clave que el financiamiento sea sostenido y no reembolsable. Es decir, básicamente, que Misiones busca que gobiernos, ONG y organismos multilaterales financien la protección de la selva paranaense “sin ceder soberanía”, advirtió.
Se trata de una especie de premio para aquellas gobernaciones subnacionales -municipios y provincias- que promueven acciones de cuidado ambiental.
En ese marco, el ministro de Cambio Climático apuntó que “Misiones cuida el 52% de la biodiversidad del país, que está acá pero que es de todos; y eso lo paga el pueblo misionero, no nos ayuda nadie. Quiero ser concreto y volverlo a subrayar: nadie… es plata de los misioneros”, enfatizó.
Es así que, para seguir conservando la selva misionera, “necesitamos que los organismos internacionales nos den la ayuda necesaria, porque todo esto lo cuidamos con un enorme esfuerzo del pueblo misionero, pura y exclusivamente”.
Justamente, en el cambio de esa matriz están puestas todas las acciones del ministro Lombardi, cuyo nombramiento se basa en las conexiones internacionales que supo cosechar en sus días de diplomático.
De hecho, antes de ser confirmado al frente de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones, Lombardi se reunió, a mediados del año pasado, con la embajadora de la Unión Europea (UE), Aude Maio-Coliche, y le pidió que envíe a la tierra colorada un equipo “para venir a evaluar la importancia de los diferentes servicios ecosistémicos que hay en la selva paranaense”.
Asimismo, ya como titular de la nueva cartera, inició conversaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, hace una semana, volvieron a reunirse con la representante de la UE en Argentina.
“Para llegar a ese derrame, tenemos que decirles a los organismos de ayuda multilateral que es de abajo hacia arriba”, señaló y explicó: “Hoy estamos viendo que la ayuda va de los organismos a los países. No nos vamos a quejar de esa forma, pero le estamos diciendo a ONU que, además de eso, se tienen que ocupar de los intendentes y los gobernadores”.
Sin embargo, el nuevo funcionario aclaró que “hoy por hoy ese mecanismo no existe”, por lo cual el punto de partida será generar esa herramienta que, de acuerdo a Lombardi, se trata de valorizar, no de poner precio.
“No hay una herramienta en el mundo que mida la multiplicidad de servicios ecosistémicos de un monte nativo, pero la estamos trabajando con las Naciones Unidas. Estamos evaluando nuevas herramientas para implementar en los remanentes de selva que quedan en el mundo”, expuso.
Sobre la marcha de las conversaciones y avance de los proyectos, el diplomático aseguró que “hay una herramienta que ellos están empezando a trabajar a la par nuestra, que es poder valuar, que no es ponerle precio, sino entender el valor que tiene y poder obtener cooperación internacional no reembolsable”.
“No queremos pedir plata por cuidar la selva y después tener que devolverla ni entregar soberanía y que vengan de Europa o Estados Unidos a que nos digan lo que tenemos que hacer”, observó y remarcó: “Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo cuidar ese 5% que queda, los otros supieron cómo talar el otro 95%”.
Respecto del modelo de financiamiento a estados provinciales que desde Misiones le acercaron a la Unión Europea y a la ONU, “hemos descubierto un antecedente que financia estados subnacionales”, contó.
“Lo descubrimos y fuimos a hablar con la embajadora de la Unión Europea la semana pasada y le dijimos: ‘Ustedes tienen una herramienta’”, narró Lombardi y confirmó la respuesta afirmativa desde el bloque europeo: “‘Sí, tenemos, y en el próximo período la vamos a aplicar al bosque Atlántico’; así que ya estamos trabajando en esa línea con la Unión Europea, para poder tener un programa financiado por ellos, sin devolución y sin que implique cesión alguna para poder seguir conservando nuestra selva paranaense”.
La Asociación Civil Orembae aseguró que el proyecto de la represa hidroeléctrica Corpus Christi, en el emplazamiento de Pindo-í, no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), luego de recibir una respuesta oficial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones a un pedido de acceso a la información pública ambiental.
“Esta respuesta viene a tirar por tierra a los propagandistas del Proyecto de la COMIP que sostienen que los impactos del emplazamiento de Corpus serían mínimo”, sostuvo Martín Ferroni, abogado de la Asociación Orembae.
Según informó la organización, la respuesta estatal, emitida el 29 de mayo en el marco del Expediente N.º 9910-114/2026, confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental, audiencias públicas o una Declaración de Impacto Ambiental.
A partir de esta documentación, Orembae cuestionó las afirmaciones realizadas por representantes de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip) y otros promotores del proyecto, quienes sostienen que la represa afectaría una reducida superficie y un bajo número de familias.
“La Comip y el diputado (Martín) Arjol están difundiendo datos totalmente sesgados e interesados a sus propósitos de la ejecución de la represa. No cuentan con valor técnico”, señaló.
Ferroni explicó, además, que al carecer de respaldo técnico y legal, no existe una evaluación formal que permita determinar el alcance real de los impactos ambientales.
La asociación a partir de un comunicado también remarcó que los estudios de prefactibilidad mencionados por los impulsores del emprendimiento no reemplazan el procedimiento ambiental exigido por la legislación vigente.
En ese sentido, recordaron que la Ley General del Ambiente (Ley Nº. 25.675) establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental antes de autorizar obras susceptibles de afectar el ambiente, además de garantizar instancias de participación ciudadana. Asimismo, citaron el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional como normas que respaldan el derecho de acceso a la información ambiental.
Orembae consideró “inadmisible” avanzar en la convocatoria a un nuevo plebiscito sobre Corpus Christi sin que exista información ambiental completa y pública sobre el proyecto. “No puede haber consulta informada sin información”.
Entre los reclamos planteados, la organización solicitó el cese de la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos, el respeto a la decisión popular expresada en 1996 y a la normativa provincial vigente, la no convocatoria a un plebiscito mientras no se cuente con estudios ambientales completos y la garantía plena del acceso ciudadano a la información pública ambiental.
Ferroni también señaló que la respuesta remitida por el Ministerio de Ecología dejó sin contestar cinco puntos del pedido de acceso a la información pública, vinculados a las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo en relación con los estudios de impacto ambiental.
Según explicó, esos requerimientos apuntaban a determinar la participación de organismos provinciales en los estudios mencionados por la Comip . “No podemos afirmarlo ni tampoco desmentir porque no nos comunicaron nada. Esa información fue omitida en la respuesta oficial”, remarcó el abogado.
Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus
Misiones es la primera jurisdicción del mundo en obtener la certificación de un programa forestal de reducción de emisiones liderado por un gobierno subnacional. Así lo publicó este martes en su página web la organización líder en certificaciones a nivel mundial, Verra.
La aprobación fue otorgada por Verra, entidad responsable del programa Verified Carbon Standard (VCS), y corresponde al Programa Jurisdiccional y Anidado REDD+ (JNR). Mecanismo diseñado para medir y certificar reducciones de emisiones derivadas de la conservación de bosques nativos.
La certificación le permite a Misiones generar créditos de carbono verificables a partir de la preservación de la Selva Paranaense. El programa es liderado por el gobierno provincial y abarca aproximadamente tres millones de hectáreas de Bosque Atlántico nativo, el principal remanente de este ecosistema en Argentina y uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del planeta.
Según informó Verra, durante el período comprendido entre 2017 y 2022, se logró generar aproximadamente 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) en reducciones verificadas de emisiones.
Inédito
A diferencia de los proyectos tradicionales de carbono, que suelen desarrollarse sobre superficies específicas, los programas jurisdiccionales evalúan el desempeño ambiental de una provincia o territorio en su conjunto.
Misiones fue certificada bajo el denominado “Escenario 2” del Marco JNR de Verra, una modalidad que permite a los gobiernos provinciales generar créditos de carbono por áreas forestales que no se encuentran alcanzadas por proyectos privados individuales.
Desde el punto de vista técnico, el esquema exige sistemas de monitoreo forestal, medición de emisiones, trazabilidad y mecanismos de distribución de beneficios que garanticen que las reducciones de carbono sean reales, adicionales y verificables por organismos independientes.
Además, cualquier proyecto privado que opere dentro de la provincia deberá ajustarse a las líneas de base aprobadas por el programa jurisdiccional, evitando la doble contabilización de emisiones reducidas.
Antecedente
El reconocimiento de Verra llega apenas dos semanas después de que el gobierno de Misiones anunciara en el Senado de la Nación que había recibido la aprobación final de la auditoría internacional para certificar 10,9 millones de créditos de carbono generados entre 2017 y 2022.
En aquella presentación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó que la provincia había construido desde 2021 un esquema propio de mercados de carbono, respaldado por normativa específica y con participación de propietarios privados, anticipando el hito internacional que ahora se concretó con la inscripción oficial del programa en el registro de Verra.
Financiamiento climático internacional
La certificación abre la puerta al acceso de financiamiento climático internacional mediante la comercialización de créditos de carbono de alta integridad ambiental.
Los créditos representan toneladas de dióxido de carbono que dejaron de emitirse gracias a la conservación de los bosques y pueden ser adquiridos por empresas, gobiernos u organizaciones que buscan compensar parte de su huella de carbono.
Durante la presentación en el Senado se explicó que los recursos generados por la venta de créditos serán administrados mediante un fideicomiso y estarán destinados a financiar proyectos ambientales, compensar a propietarios privados que participan del esquema y fortalecer las acciones de conservación y control de la deforestación.
Reconocimiento internacional
“Este programa demuestra lo que es posible cuando los gobiernos lideran la acción climática. Misiones construyó las instituciones, las políticas y las alianzas necesarias para proteger sus bosques y llevar los resultados de ese trabajo al mercado. Así luce el éxito cuando las políticas públicas y los mercados de carbono trabajan juntos”, destacó Mandy Rambharos, directora ejecutiva de Verra.
Por su parte, Adolfo Safrán, señaló en la publicación de Verra: “Celebramos haber alcanzado un hito tan importante para la conservación. La Provincia de Misiones siempre ha hecho de la protección de la selva una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración permanente y su disposición para trabajar junto a nosotros.”
Con su inscripción definitiva en el Registro Verra, Misiones se posiciona como una referencia internacional en materia de conservación forestal, mercados de carbono y financiamiento climático basado en resultados verificables
La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.
Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.
El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.
Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.
“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.
En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.
Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.
Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.
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