El portal de la Ley de Bosques Nativos fue lanzado el 23 de abril pasado por la Fundación Vida Silvestre con el objetivo de reunir información basada en datos oficiales sobre la legislación N° 26.331, encargada de la restauración, protección, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, así como también denuncias sobre su eventual violación.

De esta manera, el sitio permite ver y descargar información clave, como el estado de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), el presupuesto asignado, el destino y uso de fondos, así como también mapas y datos sobre deforestación por provincia y a nivel nacional, a través de mapas y gráficos interactivos, infografías, descargas de archivos y publicaciones complementarias.    

Además, contiene una sección con información general sobre la ley, las principales disposiciones y definiciones para entender su funcionamiento, los problemas en su implementación y sus consecuencias. 

La conservación como bandera

A través de un comunicado, Daniela Gomel, Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina recordó que: “Conservar y aprovechar de manera sustentable los bosques nativos de Argentina no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad fundamental para el desarrollo económico y social de las diversas regiones del país”. 

En ese sentido, afirmó que desde la fundación “consideramos crucial asignar los recursos necesarios, que se actualicen los ordenamientos territoriales y asegurar su aplicación integralmente. Por eso, hemos desarrollado esta plataforma para proporcionar y compartir conocimientos y herramientas relacionadas con la ley de bosques nativos”.

A lo que agregó “la web posee como novedad que es interactiva para el usuario y que, además, se pueden descargar los datos con las fuentes correspondientes en formato Excel. Esto permite que cada persona pueda hacer análisis propios y hacer foco en los datos que más le interesan. La web será actualizada con cierta regularidad en base a información pública que vayamos obteniendo sea por informes oficiales o pedidos de información pública que realicemos”. 

Deforestación en ascenso pese a la legislación

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos fue sancionada en 2007 con el objetivo de planificar las actividades que se realizan en estos ecosistemas y lograr equilibrar producción y conservación de la naturaleza, constituyéndose como una herramienta fundamental para la protección de los bosques.   

Su sanción fue uno de los mayores hitos en materia de regulación ambiental, ya que permitió visibilizar la problemática de la deforestación y la importancia de la conservación de los bosques en la Argentina. 

Simultáneamente, fomentó una disminución progresiva en la tasa anual de deforestación a lo largo y ancho del país, estabilizándose hasta el año 2019, cuando volvió a incrementarse en gran medida producto de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales. 

Desde Vida Silvestre, aseguran que “en todos estos años su implementación ha sido parcial y nunca contó con el total del presupuesto que debería asignarse, tanto para el control, monitoreo y vigilancia, como para estimular el uso sustentable y la restauración”. 

“A pesar de contar con esta Ley, los bosques nativos de Argentina siguen perdiéndose en zonas donde está prohibida la deforestación, producto del cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas y viales. Según estimaciones, entre los años 2007 y 2021, el 76% de la deforestación fue ilegal”, detallan en el comunicado. 

Información estadística confeccionada por Fundación Vida Silvestre

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Guardaparques del Parque Provincial Puerto Península y guardafaunas desactivaron al menos tres trampas adaptadas para cazar animales silvestres dentro de la reserva de las 2000 Hectáreas, enfrentando un nuevo caso del flagelo que va en aumento y atenta contra la fauna misionera.

Las estructuras utilizadas por cazadores furtivos fueron halladas durante un operativo de prevención de delitos ambientales realizado el fin de semana pasado cuando agentes de conservación localizaron un trillo y lo transitaron en el monte por unos seis kilómetros. 

A lo largo del trayecto los guardaparques y guardafaunas encontraron tres sobrados o esperas montados en un árbol de Obeña, estructuras diseñadas para la caza furtiva que finalmente fueron destruidas.

Últimos casos

En el mes de febrero guardaparques provinciales y sus pares nacionales del Parque Federal Campo San Juan llevaron adelante un operativo de prevención de delitos ambientales sobre el río Paraná, desde el arroyo Santa Ana hasta la Cuenca Baja del arroyo Garupá, donde detectaron actividad de cazadores furtivos y secuestraron cuatro redes de distintos tamaños y medidas, 15 esperas y 3 de las llamadas «boyas locas», armadas artesanalmente con bidones y anzuelos.

En marzo, más de 900 metros de redes y una embarcación de madera fueron incautados en una recorrida por guardaparques del Pasaje Protegido Lago Urugua-í y policías de la División de Defensa del Medio Ambiente.

Ese mismo mes, dos hombres fueron detenidos en el Parque Provincial Salto Encantado tras ser sorprendidos por efectivos de la Unidad Regional XI con elementos de caza y dos rifles adaptados para esa actividad, accesorios que finalmente fueron secuestrados.

Actividad ilegal en incremento

La caza furtiva registró un aumento desde el 2020. Por un lado están quienes la reconocen como “una cuestión cultural”, sin embargo, hoy las actividades de distensión y educación ambiental inculcan la obligación de realizar las denuncias correspondientes.

Esto es así porque la ley provincial XVI N°22 prohíbe “la captura, caza, tenencia, transporte, exhibición, oferta, demanda, comercialización o cualquier otra acción u omisión que puede afectar la preservación, conservación o reproducción de especies”.

Pese a la legislación, la cacería continúa siendo la principal amenaza que afecta a los animales de la selva misionera y a la integridad del ambiente, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico de la selva y en consecuencia el bienestar de las personas. 

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El ambientalista Eduardo Luján, de la Mesa Provincial “No a las Represas”, salió al cruce del ex director de Yacyretá y ex senador del PRO, Humberto Schiavoni, quien en una columna del diario porteño La Nación pidió reabrir la discusión sobre la construcción de la represa de Corpus, proyecto que fue rechazado por los misioneros en el plebiscito celebrado en 1996, cuyo resultado fue blindado por una ley provincial.

“Schiavoni tiene que entender que no es una cuestión de opinión”, afirmó Luján a La Voz de Misiones y argumentó: “El ‘No a Corpus’ tiene el respaldo de una Ley resultante de un plebiscito ‘vinculante’, por lo cual el debate no tiene sentido”.

El plebiscito fue realizado el 14 de abril de 1996, con la participación de 299.420 votantes, el 62,85% del padrón electoral de la época. El ‘No’ ganó por el 88,63% de los votos válidos, es decir el 55,7% del total de electores empadronados. Pocos días después, la legislatura sancionó la ley 3.294, que prohíbe la construcción de cualquier represa sobre el río Paraná.

Escenario​

El ambientalista misionero señaló que, efectivamente, el escenario cambió pero no en el sentido sugerido por el ex parlamentario del PRO Misiones, sino “para mal, ya que los grandes desmontes, la contaminación de los ríos, la proliferación de vectores transmisores de enfermedades se han incrementado en forma exponencial”.

“Ni hablar del crecimiento de las ciudades ribereñas”, agregó Luján y aseguró: “Además, la cantidad de represas construidas en las cuencas de los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay han colapsado los ecosistemas que de ellos se nutren”.

El ambientalista desmintió también a Schiavoni en lo relativo a las denominadas “energías limpias” o “renovables” que el ex director de la EBY pondera en su artículo.

“Hace varios años que las mega represas han dejado de ser generadoras de energías renovables, a tal punto que la Ley Nacional de Energías Renovables contempla sólo represas que no superen los 60 megavatios y no inunden más de determinada superficie”, explicó Luján.

Faraones

La represa de Corpus forma parte del menú de proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), creada en el marco de la desaparecida organización Unasur y que se transformó en el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan), que tiene financiamiento del Banco Mundial.

“Se firmó en el año 2.000 entre todos los países de Sudamérica para la construcción de redes de interconexión, que entre otras faraónicas obras se cuenta la Hidrovía del río Paraná para conectar con el corredor bioceánico, herramientas necesarias para profundizar el modelo extractivista”, argumentó Luján.

Corpus también figura en el menú de la Comisión Mixta Argentino Paraguaya del Río Paraná (Comipa), que tiene a la mega obra en la solapa de proyectos de su página web, donde presenta la síntesis ejecutiva de dos estudios de factibilidad fechados en 2020, 14 años después del plebiscito donde el No arrasó y que, según Luján, motivó en 2021 “una resolución de beneplácito de la Legislatura provincial por los avances informados”.

En los informes subidos a la nube, Comipa vuelve con la reubicación de la represa y promete “beneficios ambientales, turismo, crecimiento y energía renovable para Argentina y Paraguay”.

Señala que el nuevo trabajo está basado en estudios realizados en 1983 por el Consorcio Lameyer – Harza y Asociados; Knight Piesold; Consorcio Harza-IATASA y Tecma; y los Ingenieros Juan José Bossio y Oscar Vardé, que ya en los primeros trabajos de factibilidad de la obra habían analizado Itacuá, Itacurubí y Pindo’i como emplazamientos alternativos de la central hidroeléctrica.

Otro No

Luján, explicó, en tal sentido que respecto de Corpus la única posibilidad es derogar la ley que la prohíbe, resultante de la consulta de 1996, y empezar de cero.

“El plebiscito no tiene fecha de vencimiento y además fue refrendado por una ley que prohíbe la construcción de Corpus, cualquiera fuese el emplazamiento sobre el río Paraná en el tramo comprendido entre el lago de Yacyretá y la desembocadura del río Iguazú”, argumentó.

“En 2011 se dictó una ley de soberanía energética, que establece que cualquier nuevo emprendimiento hidroeléctrico que se proyecte debe ser plebiscitado con carácter obligatorio y vinculante”, completó.

“Si se pretendiera avanzar con Corpus habría que derogar la ley vigente que la prohíbe y luego llamar a una nueva consulta popular vinculante”, resumió Luján.

El ambientalista recordó la consulta de 2014, que la Mesa Provincial “No a las represas” realizó a modo de ensayo y como manifiesto político, replicando el plebiscito por Corpus con un apabullante resultado.

“Distribuimos 950 urnas en toda la provincia, custodiadas por docentes, estudiantes, integrantes de Cáritas, del Servicio de Paz y Justicia; hubo veedores de distintas provincias y países limítrofes, entre los que se puede destacar al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Norita Cortiñas, Oscar Rivas, ministro de Medio Ambiente durante el gobierno del presidente paraguayo Fernando Lugo; investigadores del Conicet, dos periodistas españoles”, comentó.

“Votaron 135.000 personas, el 97 % votó por el No”, recordó Luján.

“Nosotros creemos que esa cifra continúa siendo la actual”, afirmó el ambientalista y sostuvo: “Como Mesa Provincial nos hemos sumado a otros espacios vinculados con el cuidado del ambiente e impulsores de un modelo productivo más amigable con la naturaleza y en todos ellos prima la voluntad de que nuestros ríos no sean intervenidos nuevamente”.

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