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Criptoempresa dice que generará U$S 7 millones al año en bonos verdes misioneros

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La criptoempresa Green Bond Meter (GBM), que apareció en escena a principios de 2021, continúa explotando un campo de unas 25.000 hectáreas en la localidad de San Pedro, al cual pretende convertir en un reservorio de dióxido de carbono con el cual poder emitir y vender bonos verdes en el mercado internacional.

Ahora, desde el conglomerado empresario estonio-argentino-uruguayo realizaron un informe de avance para sus inversores, al cual tuvo acceso La Voz de Misiones.

En el documento, aseguran que “estamos cuidando el predio y, gracias a eso, hace casi dos años que el campo está libre de incendios, motosierras, camiones y tractores que tan frecuentes eran en la zona”, le dicen a quienes depositaron su confianza en el emprendimiento.

Asimismo, sobre los estudios previos de medición de carbono que se deben realizar y certificar para poder emitir y vender un bono verde, GBM explicó que “pudimos completar el segundo inventario de biomasa forestal y el tercer inventario de fauna”.

En este sentido, agregaron que, a través de la primera medición, pudieron calcular una captura de 51 toneladas de dióxido de carbono por hectárea: “Esto nos permite establecer, en un escenario conservador, una absorción de 14,11 toneladas por hectárea, lo que equivale a 342.000 créditos de carbono en todo el predio”, calcularon.

De esta forma, si se tiene en cuenta un valor promedio de 20 dólares la tonelada de carbono en el mercado internacional -según datos del Banco Mundial-, esto quiere decir que se trata de un negocio de unos 7 millones de dólares anuales.

“Gracias a este último inventario de fauna, encontramos 3 nuevas especies de aves que no habían sido avistadas hasta el momento (chimango, águila negra y naranjero)”, se alegraron desde GBM y agregaron: “Detectamos la presencia de algunas especies, como yaguaretés, pumas, ocelotes, tiricas, zorros de monte, aguarás popé, yacutingas, loros vinosos, entre otros”.

Sobre sus acciones en pos del aumento de la masa boscosa del campo en el Norte misionero, expusieron que, en marzo de 2022, “realizamos un ensayo en el cual plantamos 83 ejemplares de caroba, loro negro y cañafístula, de los cuales el 86% sobrevivió a las heladas del invierno”.

En tanto, sostuvieron que llevan a la fecha “más de 360 kilómetros de tareas de limpieza y reparación de caminos en la selva, que nos resulta de vital importancia para prevenir intrusiones para caza y tala furtiva y para vigilar zonas con alto riesgo de incendio”.

Según dijeron, el ensayo “nos permitirá iniciar la restauración en 2023, en la cual plantaremos más de 100.000 ejemplares”.

Para cerrar el breve informe, que no dio demasiados detalles, la firma explicó que el proceso de certificación en campo será realizado por “terceras partes que definirán la cantidad total de créditos de carbono que serán emitidos”.

En el mercado internacional, la empresa Verra es la certificadora más importante de estándares de carbono. Sin embargo, a pesar de que GBM aseguraba trabajar junto a ellos en la verificación de su campo en San Pedro, ante la consulta de LVM en la oportunidad, la organización ambiental se desligó de las acciones realizadas por la criptoempresa.

No obstante, los empresarios continuaron con sus mediciones en campo y con presentaciones en los más importantes foros del país, como el Espacio BitCoin de Buenos Aires, donde realizaron el lanzamiento oficial del negocio, en junio de este año.

Los criptonegocios de la selva

En 2021, la llegada de GBM a Misiones coincidió con el anuncio de que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cambio Climático, avanzaba en acuerdos con la empresa suiza Mercuria para la venta de bonos de carbono de la selva misionera.

Pero en medio de esas conversaciones, la empresa extranjera lanzó un mecanismo que, en el mundo de las criptomonedas, se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.

Para concretar el negocio, le alquiló el predio en cuestión a la maderera Forestal Belga, cuyo gerente general es Guillermo “Memo” Videla, quien ahora forma parte del staff de GBM como jefe de operaciones en campo.

Siguiendo ese modelo, crearon la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor inicial de U$S 1,09.

A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del campo mencionado, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono.

El objetivo final consistía en que, en el plazo de un año -el cual ya se cumplió- se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, lo cual permitiría la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.

Esa emisión es proyectada por la criptoempresa para 2023. El bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años -la vida útil de la criptomoneda-, tras lo cual GBM promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.

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Referente mbya recibió su carnet oficial de guardafauna en Fracrán

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Ramón Alberto Sánchez es integrante de la comunidad mbya ubicada en el municipio de Fracrán y recientemente el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones le entregó el carnet de guardafauna con indumentaria específica destinada al cuidado y la preservación de especies, amenazadas por la caza, en territorio.

“Para mí es un orgullo. Ahora tengo un documento que avala lo que voy a hacer, que es el cuidado de la fauna. Tanto la comunidad como la gente en general pueden ver lo poco que queda de la fauna y flora, por eso le pedimos que respeten porque sin ellos nosotros no vivimos, no respiramos. Cuando el monte estaba completo era distinto, no como hoy, por eso pido que dejen que viva porque tiene vida como nosotros”, afirmó Sánchez durante la entrega del documento.

En tanto, desde la cartera ambiental, reconocieron que su incorporación formal “fortalece el sistema de fiscalización y cuidado de la fauna silvestre en la provincia, reafirmando el compromiso institucional con una gestión ambiental inclusiva y con identidad territorial”.

Al ser consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez expresó que se trataría del segundo guardafauna mbya dentro de ese municipio. El primero fue Ramón Sayas: “Hace más de 20 años Ramón vive en una propiedad de las 900 hectáreas que le había entregado la provincia con título de propiedad y desde entonces resguarda la zona”.

En Misiones, el rol del guardafauna es estratégico: se encarga de la “prevención y control de la caza furtiva, la protección de especies silvestres, la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales”. 

En ese sentido, su tarea se orienta a preservar el equilibrio de los ecosistemas y a garantizar que la biodiversidad provincial se mantenga como patrimonio común.

Además del trabajo de control, los guardafaunas cumplen una función clave en la educación y concientización ambiental, actuando como vínculo entre el Estado y las comunidades locales. 

Desde Ecología, enfatizaron: “La participación de integrantes de pueblos originarios fortalece la mirada intercultural en la gestión de los recursos naturales y potencia el conocimiento tradicional como herramienta de conservación”. 

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ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.

“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé, Martín Ferroni, en conversación con La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.

Pedido de informes

El abogado comentó a LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.

“Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.

En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.

“Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología”, argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.

La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Escalante.

Posible daño ambiental

En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Isla del Medio.

“Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera metales pesados y químicos que contaminan el agua y afectan a la fauna del río”, puntualizó la organización en primer lugar.

En segundo término, explicó el daño por los microplásticos causado por la “degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria”.

Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un riesgo sanitario, debido a que “acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue”.

“La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado exhiba los estudios que, supuestamente, avalan el uso de residuos sólidos como neumáticos en una obra pública o privada sobre el río Paraná”, cierra el comunicado de la organización.

La EBY restaura la Isla del medio y clubes náuticos marchan por desalojos

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones inició una investigación tras una denuncia por un presunto hecho de contaminación hídrica en un arroyo perteneciente a la cuenca del Tabay, en la localidad de Colonia Oasis.

La presentación fue realizada por un vecino, quien alertó sobre la posible relación entre el estado del curso de agua y la mortandad de aves de corral de su propiedad.

En respuesta a la denuncia, personal de la Dirección de Recursos Vitales acudió hasta el lugar para realizar el relevamiento correspondiente. Durante la inspección, los técnicos constataron la presencia de cadáveres de patos y gansos en los márgenes del arroyo.

Según informó la cartera ecológica, para determinar las causas del hecho y evaluar la calidad del recurso hídrico, el personal tomó muestras del agua directamente del cause y el material recolectado fue remitido al laboratorio central de la provincia, ubicado en el Parque Industrial de Posadas, donde se llevará adelante los análisis técnicos pertinentes.

Desde el organismo indicaron que, una vez obtenidos los resultados, continuarán con las actuaciones de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

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