Ambiente
Criptoempresa dice que generará U$S 7 millones al año en bonos verdes misioneros
La criptoempresa Green Bond Meter (GBM), que apareció en escena a principios de 2021, continúa explotando un campo de unas 25.000 hectáreas en la localidad de San Pedro, al cual pretende convertir en un reservorio de dióxido de carbono con el cual poder emitir y vender bonos verdes en el mercado internacional.
Ahora, desde el conglomerado empresario estonio-argentino-uruguayo realizaron un informe de avance para sus inversores, al cual tuvo acceso La Voz de Misiones.
En el documento, aseguran que “estamos cuidando el predio y, gracias a eso, hace casi dos años que el campo está libre de incendios, motosierras, camiones y tractores que tan frecuentes eran en la zona”, le dicen a quienes depositaron su confianza en el emprendimiento.
Asimismo, sobre los estudios previos de medición de carbono que se deben realizar y certificar para poder emitir y vender un bono verde, GBM explicó que “pudimos completar el segundo inventario de biomasa forestal y el tercer inventario de fauna”.
En este sentido, agregaron que, a través de la primera medición, pudieron calcular una captura de 51 toneladas de dióxido de carbono por hectárea: “Esto nos permite establecer, en un escenario conservador, una absorción de 14,11 toneladas por hectárea, lo que equivale a 342.000 créditos de carbono en todo el predio”, calcularon.
De esta forma, si se tiene en cuenta un valor promedio de 20 dólares la tonelada de carbono en el mercado internacional -según datos del Banco Mundial-, esto quiere decir que se trata de un negocio de unos 7 millones de dólares anuales.
“Gracias a este último inventario de fauna, encontramos 3 nuevas especies de aves que no habían sido avistadas hasta el momento (chimango, águila negra y naranjero)”, se alegraron desde GBM y agregaron: “Detectamos la presencia de algunas especies, como yaguaretés, pumas, ocelotes, tiricas, zorros de monte, aguarás popé, yacutingas, loros vinosos, entre otros”.
Sobre sus acciones en pos del aumento de la masa boscosa del campo en el Norte misionero, expusieron que, en marzo de 2022, “realizamos un ensayo en el cual plantamos 83 ejemplares de caroba, loro negro y cañafístula, de los cuales el 86% sobrevivió a las heladas del invierno”.
En tanto, sostuvieron que llevan a la fecha “más de 360 kilómetros de tareas de limpieza y reparación de caminos en la selva, que nos resulta de vital importancia para prevenir intrusiones para caza y tala furtiva y para vigilar zonas con alto riesgo de incendio”.
Según dijeron, el ensayo “nos permitirá iniciar la restauración en 2023, en la cual plantaremos más de 100.000 ejemplares”.
Para cerrar el breve informe, que no dio demasiados detalles, la firma explicó que el proceso de certificación en campo será realizado por “terceras partes que definirán la cantidad total de créditos de carbono que serán emitidos”.
En el mercado internacional, la empresa Verra es la certificadora más importante de estándares de carbono. Sin embargo, a pesar de que GBM aseguraba trabajar junto a ellos en la verificación de su campo en San Pedro, ante la consulta de LVM en la oportunidad, la organización ambiental se desligó de las acciones realizadas por la criptoempresa.
No obstante, los empresarios continuaron con sus mediciones en campo y con presentaciones en los más importantes foros del país, como el Espacio BitCoin de Buenos Aires, donde realizaron el lanzamiento oficial del negocio, en junio de este año.
Los criptonegocios de la selva
En 2021, la llegada de GBM a Misiones coincidió con el anuncio de que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cambio Climático, avanzaba en acuerdos con la empresa suiza Mercuria para la venta de bonos de carbono de la selva misionera.
Pero en medio de esas conversaciones, la empresa extranjera lanzó un mecanismo que, en el mundo de las criptomonedas, se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.
Para concretar el negocio, le alquiló el predio en cuestión a la maderera Forestal Belga, cuyo gerente general es Guillermo “Memo” Videla, quien ahora forma parte del staff de GBM como jefe de operaciones en campo.
Siguiendo ese modelo, crearon la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor inicial de U$S 1,09.
A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del campo mencionado, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono.
El objetivo final consistía en que, en el plazo de un año -el cual ya se cumplió- se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, lo cual permitiría la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.
Esa emisión es proyectada por la criptoempresa para 2023. El bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años -la vida útil de la criptomoneda-, tras lo cual GBM promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.
La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.
Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.
El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.
Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.
“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.
En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.
Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.
Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.
Ambientalista sobre nuevo debate por represas: “Corpus está prohibido por ley”
Para el próximo domingo 7 de junio, un grupo de activistas organiza una jornada de plantación de árboles y flores nativas en inmediaciones del arroyo Santa María, en Posadas.
La actividad, abierta a toda la comunidad, comenzará a las 14.30 y tendrá como punto de encuentro la intersección de la calle 105 y la avenida Urquiza, al lado del Corralón Municipal.
“El cuidado de nuestro entorno es un compromiso colectivo”, expresó en sus redes sociales el grupo Defensa del Árbol Posadas. En esa línea, invitaron a la comunidad a “participar de la próxima actividad de restauración ambiental y plantación que llevaremos a cabo”.
Además, señalaron que la jornada está destinada a personas de todas las edades y que “no se requiere experiencia previa”. Durante la actividad, se realizará la plantación de “más árboles nativos” alrededor del arroyo y la creación de canteros de flores para “mariposas, aves e insectos”.
“El objetivo es seguir fortaleciendo el corredor biológico urbano y concienciar sobre la importancia de preservar nuestros cursos de agua y la flora nativa para nuestro ecosistema”, destacaron desde el grupo en la publicación.
Por último, recomendaron asistir con “ganas de colaborar”, ropa cómoda, protección solar y agua. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.
Cabe destacar que no es la primera intervención de especies nativas que realiza Defensa del Árbol Posadas en el predio. El año pasado llevaron adelante una primera etapa con el objetivo de la “preservación de este hábitat natural tan valioso como lo es un arroyo urbano, el cual alberga y albergará más biodiversidad de gran importancia para nuestro ecosistema”.
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La Reserva Natural Tenondé, ubicada en San Ignacio, amplió su superficie protegida tras la incorporación de otras 25 hectáreas adquiridas por la Fundación Hábitat y Desarrollo. Con esta nueva incorporación, el área alcanza las 75 hectáreas de conservación y se afianza como la reserva más importante de Misiones y del país en protección de microendemismos y especies únicas vinculadas al bioma de Cerrado.
El lugar resguarda uno de los ambientes más singulares de la Argentina: el bioma de Cerrado, considerado un “hotspot” o punto caliente de biodiversidad. Aunque este ecosistema es muy frecuente en Brasil, su presencia es escasa y marginal en países como Paraguay, Bolivia y Argentina, lo que convierte a Tenondé en un sitio estratégico para la conservación ambiental.
En sus pastizales, humedales e islas de bosques fueron identificadas ocho de las doce especies endémicas recientemente declaradas Monumento Natural Provincial de Misiones. Algunas de ellas existen únicamente en esa región del sur de San Ignacio.
La singularidad ecológica del área motivó a la Fundación Hábitat y Desarrollo a adquirir las primeras hectáreas en 2019 y avanzar desde entonces en la ampliación de la reserva. El director de Conservación de la organización, Gustavo Aparicio, explicó al medio ambientalista Paranaense, que el crecimiento fue posible gracias a un proyecto financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“Estimamos que en Tenondé tenemos cerca del 20% del ambiente único de Cerrado”, señaló Aparicio, quien además remarcó que actualmente uno de los principales desafíos es el control de especies invasoras y el avance de plantas leñosas sobre los pastizales donde habitan los endemismos.
En paralelo, Aparicio y el investigador Héctor Keller -doctor en Recursos Naturales y especialista en flora misionera- mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Ecología para avanzar en la formalización de la reserva y definir estrategias de conservación para las especies protegidas.
Aparicio y Keller con el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, y el director de Áreas Protegidas, Fabio Malosh.
En comunicación con La Voz de Misiones, Keller, quien descubrió y clasificó las doce especies exclusivas declaradas Monumento Natural Provincial, destacó la importancia de la ampliación territorial. “Con esto se está afianzando como la reserva más importante de Misiones y del país con microendemismos”, afirmó.
“No conozco otro sector de Argentina que reúna una superficie tan pequeña con tantas especies endémicas creciendo en ella”, sostuvo Keller.
Entre las especies exclusivas del lugar se encuentra la conocida “mentita campera”, además de otras plantas asociadas a las areniscas del Cerrado misionero. Según explicó el investigador, muchas de estas especies tienen una distribución extremadamente reducida y podrían desaparecer si el ecosistema pierde sus características naturales.
“La incorporación de 25 hectáreas tiene un alto impacto porque amplía el hábitat para especies en peligro y aumenta notablemente la diversidad de flora y fauna de la reserva”, finalizó.
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