Ambiente
Criptoempresa dice que generará U$S 7 millones al año en bonos verdes misioneros
La criptoempresa Green Bond Meter (GBM), que apareció en escena a principios de 2021, continúa explotando un campo de unas 25.000 hectáreas en la localidad de San Pedro, al cual pretende convertir en un reservorio de dióxido de carbono con el cual poder emitir y vender bonos verdes en el mercado internacional.
Ahora, desde el conglomerado empresario estonio-argentino-uruguayo realizaron un informe de avance para sus inversores, al cual tuvo acceso La Voz de Misiones.
En el documento, aseguran que “estamos cuidando el predio y, gracias a eso, hace casi dos años que el campo está libre de incendios, motosierras, camiones y tractores que tan frecuentes eran en la zona”, le dicen a quienes depositaron su confianza en el emprendimiento.
Asimismo, sobre los estudios previos de medición de carbono que se deben realizar y certificar para poder emitir y vender un bono verde, GBM explicó que “pudimos completar el segundo inventario de biomasa forestal y el tercer inventario de fauna”.
En este sentido, agregaron que, a través de la primera medición, pudieron calcular una captura de 51 toneladas de dióxido de carbono por hectárea: “Esto nos permite establecer, en un escenario conservador, una absorción de 14,11 toneladas por hectárea, lo que equivale a 342.000 créditos de carbono en todo el predio”, calcularon.
De esta forma, si se tiene en cuenta un valor promedio de 20 dólares la tonelada de carbono en el mercado internacional -según datos del Banco Mundial-, esto quiere decir que se trata de un negocio de unos 7 millones de dólares anuales.
“Gracias a este último inventario de fauna, encontramos 3 nuevas especies de aves que no habían sido avistadas hasta el momento (chimango, águila negra y naranjero)”, se alegraron desde GBM y agregaron: “Detectamos la presencia de algunas especies, como yaguaretés, pumas, ocelotes, tiricas, zorros de monte, aguarás popé, yacutingas, loros vinosos, entre otros”.
Sobre sus acciones en pos del aumento de la masa boscosa del campo en el Norte misionero, expusieron que, en marzo de 2022, “realizamos un ensayo en el cual plantamos 83 ejemplares de caroba, loro negro y cañafístula, de los cuales el 86% sobrevivió a las heladas del invierno”.
En tanto, sostuvieron que llevan a la fecha “más de 360 kilómetros de tareas de limpieza y reparación de caminos en la selva, que nos resulta de vital importancia para prevenir intrusiones para caza y tala furtiva y para vigilar zonas con alto riesgo de incendio”.
Según dijeron, el ensayo “nos permitirá iniciar la restauración en 2023, en la cual plantaremos más de 100.000 ejemplares”.
Para cerrar el breve informe, que no dio demasiados detalles, la firma explicó que el proceso de certificación en campo será realizado por “terceras partes que definirán la cantidad total de créditos de carbono que serán emitidos”.
En el mercado internacional, la empresa Verra es la certificadora más importante de estándares de carbono. Sin embargo, a pesar de que GBM aseguraba trabajar junto a ellos en la verificación de su campo en San Pedro, ante la consulta de LVM en la oportunidad, la organización ambiental se desligó de las acciones realizadas por la criptoempresa.
No obstante, los empresarios continuaron con sus mediciones en campo y con presentaciones en los más importantes foros del país, como el Espacio BitCoin de Buenos Aires, donde realizaron el lanzamiento oficial del negocio, en junio de este año.
Los criptonegocios de la selva
En 2021, la llegada de GBM a Misiones coincidió con el anuncio de que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Cambio Climático, avanzaba en acuerdos con la empresa suiza Mercuria para la venta de bonos de carbono de la selva misionera.
Pero en medio de esas conversaciones, la empresa extranjera lanzó un mecanismo que, en el mundo de las criptomonedas, se conoce como ICO (siglas en inglés para Oferta Inicial de Monedas), una operación que utiliza activos digitales para financiar proyectos empresariales.
Para concretar el negocio, le alquiló el predio en cuestión a la maderera Forestal Belga, cuyo gerente general es Guillermo “Memo” Videla, quien ahora forma parte del staff de GBM como jefe de operaciones en campo.
Siguiendo ese modelo, crearon la GBM Coin, un token que especuladores e inversores pueden comprar con dinero tradicional u otras criptomonedas a un valor inicial de U$S 1,09.
A su vez, una unidad de GBM Coin equivale a 1 metro cuadrado del campo mencionado, aunque aclaran que no existen propietarios de la tierra, sino que, al adquirir una unidad de la moneda virtual, los usuarios acceden al derecho a exigir la preservación, restitución, remediación y restauración del capital natural de 1 metro cuadrado de sumidero de carbono.
El objetivo final consistía en que, en el plazo de un año -el cual ya se cumplió- se pueda medir el capital natural y asignarle un valor a cada metro cuadrado, lo cual permitiría la emisión del GBM Bono, un activo de carbono que los tenedores de GBM Coin podrán comprar al 50% del valor antes de su salida al mercado, y que después podrán comprar y vender a su gusto.
Esa emisión es proyectada por la criptoempresa para 2023. El bono se renovará anualmente, a la par de la medición correspondiente que actualice el precio del metro cuadrado. Ese proceso se repetirá a lo largo de 100 años -la vida útil de la criptomoneda-, tras lo cual GBM promete donar las tierras al Estado para la creación de una reserva pública.
Al menos dos ejemplares del grupo de carpinchos que hace pocos días aparecieron en los bañados del arroyo El Zaimán en Posadas fueron cazados y faenados por desconocidos.
El hecho fue descubierto por casuales transeúntes que advirtieron restos de cueros y pezuñas a un costado de la avenida Cabo de Hornos, a pocos metros del puente que pasa sobre el cauce.
La situación generó indignación en vecinos y proteccionistas que venían advirtiendo sobre la importancia de la preservación de la que se volvió parte del paisaje urbano tanto en la zona del arroyo El Zaimán como a las orillas del arroyo Mártires.
También habían alertado sobre los riesgos que representa el consumo de su carne debido a que las aguas donde se encontraban registran niveles de contaminación producto de afluentes cloacales o el arrojo de basuras al cauce.
Personal de la Dirección General de Bosques Nativos y Control Forestal del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó una recorrida de inspección en la reserva natural Alejandro Orloff, también conocida como El Saltito, ubicada en la localidad de Dos de Mayo, donde finalmente confirmaron el desmonte de un sector correspondiente al 1% de la superficie total.
Todo comenzó con un análisis de imágenes satelitales realizado por el Ministerio de Ecología. Al notar anomalías respecto a la densidad del monte, decidieron verificar el estado de situación en terreno el pasado viernes.
Durante el recorrido constataron la existencia de áreas afectadas por deforestación y volteo de bosque nativo, cuyas intervenciones se habrían dado en diferentes momentos a lo largo de los últimos tres años.
Finalmente, las autoridades de la cartera confirmaron que la superficie afectada es de aproximadamente 4 hectáreas, distribuidas en tres sectores diferentes dentro de la reserva que se extiende a lo largo de 315 hectáreas.
En el lugar, también tomaron contacto con vecinos de la zona, quienes fueron notificados sobre las infracciones detectadas y advertidos acerca de las penalidades establecidas por la legislación vigente en materia de conservación del bosque nativo. Asimismo, informaron a los responsables sobre el inicio de las actuaciones sumariales.
Desde Ecología, recordaron que: “La categoría de conservación permite determinados usos, siempre y cuando se respeten las normativas ambientales vigentes”.
Por este motivo, darán continuidad a los controles en la zona, dado que lo verificado en esta oportunidad corresponde únicamente a un sector de la extensa superficie protegida.
Denuncia
Días previos a la inspección, la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de Dos de Mayo, que administra el complejo hidroeléctrico de la reserva, emitió una alerta anticipando que la mencionada reserva “está siendo víctima de un desmonte ilegal que ha afectado a más del 50% de sus bosques nativos“.
Al mismo tiempo, advirtieron a las autoridades que las intervenciones provcarían un “riesgo inminente para el suministro de agua“, según publicaciones realizadas por el portal informativo San Vicente Informa.
La reserva
El Saltito es reconocida desde hace varias décadas como patrimonio ambiental e histórico del municipio.
Su valor radica en que alberga el complejo hidroeléctrico de las represas Saltito I, Saltito II y Saltito 0, pioneras en la provincia, construidas por el precursor Alejandro Orloff. Hoy continúan siendo la principal fuente de agua para la comunidad.
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Este miércoles, el Juzgado Federal Uno de Formosa sentó jurisprudencia en el país al condenar por primera vez a cuatro hombres que mataron, carnearon y comieron a un yaguareté en julio del 2024 y ahora deberán pasar dos años en prisión efectiva. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional en 2001 y se encuentra en peligro crítico de extinción por la caza furtiva y la deforestación de su hábitat.
Los acusados Máximo Cisneros (60), dueño del campo donde cazaron al ejemplar, y los tres peones rurales involucrados, Viterman Ponce De León (37), Walter Hugo Ponce De León (44) y Claudio Cisneros (29), admitieron la comisión del delito en la segunda audiencia de debate oral y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el magistrado Pablo Morán.
El magistrado formoseño impuso una pena de dos años de prisión efectiva a los cuatro imputados por cazar a un ejemplar de la especie, protegida por la Ley 25.463, y los condenados consiguieron un permiso especial para trabajar.
Con el veredicto del Juzgado Federal Uno de Formosa, los implicados fueron detenidos inmediatamente para comenzar el cumplimiento de la pena.
El caso
Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros.
De acuerdo a la defensa de los ahora condenados, todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera de la chacra que los cuatro salieron a buscar armados y con perros por la zona.
Cuando finalmente la hallaron, la vaca estaba muerta y cerca de su cuerpo se encontraba el yaguareté que, según el mismo testimonio de los acusados, “trituró” a dos de los perros que los acompañaban y en “defensa propia” Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.
Sin embargo, tras matar al yaguareté, los cazadores se fotografiaron sonrientes junto al cuerpo a punto de ser carneado para luego comérselo. En tanto, la Justicia nunca logró dar con la piel del animal, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.
Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia y dio inició a la investigación que resultó con la primera condena de su tipo en el país.
Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.
En un juicio abreviado, los cuatro cazadores fueron condenados a dos años de prisión.
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