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Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

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Murió Elecha, una histórica yaraguareté de la selva misionera

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Elecha yaguareté

El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.

Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.

Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.

Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.

A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

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La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente  Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.

En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.

Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.

La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.

Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.

La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.

“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.

Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.

Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.

También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.

FALLO CAUTELAR OREMBAE

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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Clarisa Neztor, la activista detrás de las pintadas en Misiones

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Clarisa Neztor

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.

En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.

Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.

La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.

Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.

También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.

Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.

Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.

En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.

Daño

En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.

En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.

“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.

La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.

De Posadas al activismo ambiental

Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.

Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.

Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.

Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.

El video y el argumento

La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.

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