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Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

Ambiente

Clarisa Neztor, la activista detrás de las pintadas en Misiones

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Clarisa Neztor

Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.

En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.

Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.

La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.

Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.

También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.

Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.

Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.

En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.

Daño

En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.

En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.

“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.

La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.

Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.

De Posadas al activismo ambiental

Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.

Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.

Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.

Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.

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Orembaé presentó cautelar contra la EBY por el relleno de la Isla del Medio

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La Asociación Civil Orembaé  presentó una acción de amparo ambiental y medida cautelar ante la Justicia Federal de Posadas contra la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) La medida busca el cese inmediato de las actividades de relleno y disposición de materiales no autorizados que amenazan el ecosistema del Río Paraná.

La presentación se dio luego de la confirmación de los organismos de control como el Ministerio de Ecología de la Provincia y La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de Nación sobre la inexistencia de estudios de impacto ambiental aprobados. El apoderado legal de la asociación, el abogado Martín Ferroni, fundamentó la urgencia de la demanda señalando la gravedad de las irregularidades detectadas

“Venimos a solicitar la cesación inmediata de toda obra de relleno, refulado, movimiento de suelos y disposición de materiales en la Isla del Medio, hasta tanto se cuente con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) firme y aprobada”, detalló.

El letrado destacó que el accionar de las demandadas constituye una vulneración directa a la normativa vigente. Explica que se eludió el control preventivo estatal obligatorio y se omitió la participación ciudadana que exige el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.

Asimismo, sobre el impacto ecológico de los materiales utilizados advirtieron: “La utilización masiva de neumáticos fuera de uso y geotextiles en las costas representa un riesgo de contaminación por microplásticos y lixiviados tóxicos que afecta tanto a la fauna íctica, como a la salud de toda la comunidad que depende del río”. 

Desde la Asociación Civil Orembaé, reafirman su compromiso con la defensa de los bienes naturales de los misioneros y exigen que el desarrollo de cualquier proyecto se realice bajo el estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia. 

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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Cazaron un yacaré en 25 de Mayo y Ecología abrió una investigación

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Cazaron un yacaré en 25 de Mayo y Ecología abrió una investigación

El Ministerio de Ecología de Misiones activó protocolos y solicitó una investigación policial tras el hallazgo de restos de un yacaré en un descampado ubicado en el casco céntrico de la localidad de 25 de Mayo. El hecho se conoció este viernes, a raíz de una denuncia anónima acompañada por un video que evidencia que el animal habría sido cazado.

“Venimos trabajando con esta temática del yacaré, hace ya varios años, porque apareció un ejemplar en el arroyo El Torto, en límite entre 25 de Mayo y Campo Grande. Este verano se lo empezó a ver con más frecuencia, producto también del uso del arroyo, porque en esta temporada se llena de gente, los vecinos van al lugar”, explicó el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, al medio Noticias del Seis.

En esa línea, el funcionario sostuvo que, ante los primeros avistajes del ejemplar, personal del cuerpo de guardaparques, junto a la Policía de Medio Ambiente, realizó recorridas en el sector durante febrero. Sin embargo, hasta el momento no lograron localizar al reptil. “Cuando uno se acerca generalmente no aparece, es poco frecuente que se acerque a la gente”, comentó.

Asimismo, Ringa relató que las tareas de control continuaron esta semana y el jueves se realizó una recorrida en la zona con autoridades municipales, guardaparques, efectivos policiales y vecinos, donde, además, se colocaron carteles informativos para desalentar el contacto con el yacaré y evitar que las personas se acerquen o lo alimenten.

“Colocamos cartelería, conversamos con los vecinos e hicimos una tarea disuasoria para que la gente no se acerque a los animales, ni les dé de comer”, detalló el subsecretario de la cartera ecológica.

Sin embargo, este viernes por la mañana se difundió un video que mostraba restos de un yacaré abandonados en un baldío dentro del casco urbano de 25 de Mayo. A partir de esa filmación que se viralizó en las redes sociales, Ecología solicitó la intervención de la Policía de Medio Ambiente y de la fuerza local para avanzar con una investigación.

“Nos encontramos con esta triste noticia”, lamentó Ringa y, consultado por el periodista si se trataría del ejemplar avistado en el arroyo El Torto, afirmó: “Presumimos que podría tratarse del mismo animal, pero no podemos asegurarlo aunque ayer no lo encontramos, pero muerte natural no fue”.

La Ley Provincial de Fauna XVI – N.º 11 prohíbe la caza de animales silvestres en Misiones y establece sanciones económicas para quienes cometan este tipo de delitos. Según precisó el funcionario, las multas pueden alcanzar hasta 100 sueldos mínimos.

“Hoy un sueldo básico ronda los 350 mil pesos, por lo que la sanción puede llegar a unos 35 millones de pesos, dependiendo de los agravantes del caso”, precisó Ringa.

Mientras avanza la investigación, guardaparques y personal ambiental continúan realizando recorridas, incluso mediante patrullas náuticas, para verificar si hay otros ejemplares de yacaré en el arroyo El Torto y reforzar las medidas de protección de la fauna silvestre en la zona.

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