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MEDIOAMBIENTE

“Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”

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La organización ambientalista Greenpeace difundió una lista con los 300 empresarios y compañías que deforestaron en el país en los últimos 30 años y advierte por el avance de la frontera agropeacuaria en la Argentina.

 

BUENOS AIRES. La organización ambientalista Greenpeace difundió más de 300 nombres de grandes empresarios  y compañías que deforestaron en el país durante los últimos 30 años, en los cuales se perdieron casi 8 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la provincia de Entre Ríos.

Esta cifra coloca a Argentina entre los diez países con más deforestación.

Greenpeace reveló los nombres de más de 300 empresarios y empresas por ser responsables de la destrucción de bosques en Argentina. Entre ellos, figuran Eduardo Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin, Alejandro Carlos Roggio, Aldo Adriano Navilli, Benjamín Gabriel Romero, Franco y Mauricio Macri, Alejandro Braun Peña, Luis Caputo, Victorio Américo Gualtieri, Alfredo Olmedo, Roberto Urquía, David Lacroze Ayerza, Manuel Santos Uribelarrea, Enrique Urbano Duhau, Orlando Canido, Alberto Verra, César Raúl Mochón, Ángel Sanchís Perales, José Macera, Jorge Alberto Pocovi, John Dieter Kahlbetzer y Daniel Lifsitz.

Entre ellos, figura el ex vicegobernador de Misiones, Pablo Juan Tschirsch.

“Le pusimos nombre y apellido a algunos de los responsables de uno de los peores crímenes ambientales que sufre nuestro país: la deforestación. Más desmonte significa más inundaciones, más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

La pérdida de bosques se produce principalmente por el avance de la frontera agropecuaria (soja y ganadería). De acuerdo a los informes de la organización y datos oficiales, el 80 por ciento de los desmontes del país se concentran en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa y continúan a pesar de la cuarentena.

“Es completamente inadmisible que, frente a la emergencia sanitaria, climática y de biodiversidad que estamos sufriendo, se siga deforestando. Los gobiernos deben ponerle un freno a la ambición destructiva de algunos empresarios” , afirmó Giardini.

“Destruir bosques es un crimen y no podemos perder ni una hectárea más”

La organización ecologista está impulsando una petición en su página web para que los gobernadores de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa decreten la emergencia forestal para frenar la deforestación para siempre. 

 

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LA REGIÓN

Paraguay: el Bosque Atlántico sufre el avance de plantaciones de marihuana

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Entre 2004 y 2018 se deforestaron casi 1 millón de hectáreas en territorio paraguayo de la ecorregión que comparte junto a Brasil y Argentina.

 

ASUNCIÓN. La plataforma Global Forest Watch alertó por nuevos focos de deforestación en las áreas protegidas Mbaracayú, San Rafael, Morombí y Caazapá, ubicadas en medio del Bosque Atlántico del Alto Paraná (Baapa), en la región Oriental del Paraguay.

Así, un equipo de Mongabay Latam y el diario La Nación de Paraguay viajó hasta las áreas protegidas para comprobar la destrucción de bosques debido a la plantación de marihuana.

Desde 2004, cuando entró en vigencia la Ley 2.524, conocida como de Deforestación Cero -que establece pena carcelaria para quienes hagan deforestación-, en los registros judiciales no hay rastros de que una persona investigada por delito ambiental haya terminado en la cárcel.

Según los informes de las circunscripciones judiciales departamentales, los casos judiciales en los que se investigan delitos vinculados a la deforestación tienen que ver con el tráfico de rollos o la extracción de madera.

Todas las causas terminan con leves condenas que van desde el pago de multas hasta la obligación del investigado de realizar trabajos comunitarios.

El Bosque Atlántico abarca los departamentos de Amambay, Paraguarí, Concepción, Canindeyú, Caazapá, Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Guairá e Itapúa, es decir, diez de los 14 departamentos de la región Oriental del Paraguay.

Esta ecorregión ocupa además la provincia argentina de Misiones, y secciones de los estados del suroeste del Brasil (Paraná, Río Grande do Sul, Santa Catarina, San Pablo y Mato Grosso do Sul), donde se encuentra la mayor parte de la región.

Originalmente, contaba con una superficie de 120 millones de hectáreas de selvas, que en las últimas décadas fueron reducidas a un nivel alarmante. Muchas de estas regiones quedaron separadas y aisladas entre sí, formando diferentes bloques fragmentados, sin conexión entre ellos, amenazando así la supervivencia de numerosas especies de fauna y flora. Es por ello que es urgente conectar los diferentes bloques por medio de corredores biológicos.

Sólo en territorio paraguayo se deforestaron 977.000 hectáreas desde 2004 hasta el 2018.

Para el abogado e investigador Juan Martens, lo que se da en los procesos judiciales relacionados al ambiente se llama “justicia selectiva”, ya que los únicos que son investigados por tráfico de rollos, deforestación u otros delitos conexos son los trabajadores de menor grado en toda la industria clandestina.

“Son los cultivadores, los que extraen la madera, los que cobran para llevar, los choferes. En los procesos judiciales no se tiene a un financista, a alguien que está realmente lucrando con la deforestación”, expuso Martens en diálogo con el medio paraguayo.

En 2019 se iniciaron 16 investigaciones por tráfico de madera, de las cuales diez se concentran en Caaguazú. En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú, los guardaparques hicieron 16 denuncias por presencia de parcelas para plantación de marihuana en el 2019. Ninguna de ellas terminó en una investigación judicial hasta ahora.

Existen organizaciones muy fuertes que operan con plantaciones ilegales y que, cada día, suman más gente a lo que ya sería una industria.

Para el Ministerio del Ambiente, la situación también se muestra complicada, a decir de Julio Marecos, director de fiscalización de la institución. “Solamente en el Parque Caazapá, hicimos 11 intervenciones en el 2019. Destruimos plantaciones ilegales de marihuana, de granos.

De todos estos operativos, apenas en un par de casos, se llegó hasta la cuestión judicial. Pero en el caso de marihuana, ni un sólo detenido en todas las operaciones.

Para el ejercicio fiscal de este año, el Congreso Nacional redujo en 27.000 millones de guaraníes el presupuesto inicial del Ministerio Público para el periodo 2020.

Esta medida afectó el funcionamiento de varias oficinas de la institución, principalmente las del interior del país. “Igual te digo que tengo gente seria, comprometida con la institución, haciendo todo lo posible por evitar que sigan destruyendo nuestros bosques”, finaliza Salas.

 

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