Nacionales
Nueve policías detenidos por la desaparición de un trabajador rural en Tucumán
Luis Espinoza, de 31 años, fue visto por última vez el viernes tras incidentes con la policía en un festival de carreras cuadreras. También fue detenido un civil.
TUCUMÁN. Nueve efectivos de la Policía de Tucumán y un civil quedaron hoy detenidos por la desaparición de Luis Espinoza, quien fuera visto por última vez el viernes pasado tras un operativo de esa fuerza de seguridad en la ciudad de Simoca, informaron fuentes judiciales.
Las detenciones fueron dispuestas por la fiscal 1 del Centro Judicial Monteros, Mónica García de Targa, quien también ordenó una serie de medidas en procura de localizar al trabajador rural de 31 años desaparecido.
Según las fuentes judiciales, los detenidos son nueve hombres y una mujer.
En tanto, la búsqueda de Espinoza continuó hoy con diversos rastrillajes, mientras que organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que pongan a disposición todos los medios para encontrarlo.
De acuerdo a los voceros, durante esta jornada se llevaron a cabo rastrillajes en la localidad de Melcho, en Simoca, donde fue visto por última vez Espinoza el viernes por la tarde; en inmediaciones del embalse Frontal, Monteagudo, Atahona y La Trinidad, en el sur de la provincia.
En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos tecnológicos que serán sometidos a peritajes.
Además, se tomaron muestras de manchas pardorojizas en prendas de vestir y calzados que están siendo analizados en el laboratorio.
Según las fuentes, en los rastrillajes se utilizaron drones, perros adiestrados y buzos tácticos.
Espinoza, padre de seis hijos, fue visto por última vez cuando se dirigía a caballo junto a su hermano Juan a la casa de su madre.
En el trayecto pasaron por donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras y se detuvieron a observar, pero minutos después llegó personal de la comisaría local y se generó un incidente.
Espinoza se cayó del caballo y los policías comenzaron a golpearlo, al igual que a su hermano, quien aseguró que escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban hacia un monte.
Por su parte, los policías sostuvieron que ellos llegaron porque se estaba violando la cuarentena y que los asistentes a la cuadrera comenzaron a generar incidentes, por lo que realizaron unos disparos al aire para tratar de calmar a los más exaltados.
En tanto, el jefe de la Policía de Tucumán, Manuel Bernachi, pasó a disponibilidad a nueve efectivos policiales, entre ellos al comisario de Monteagudo, Rubén Montenegro, y a otros ocho efectivos de esa dependencia, que participaron del operativo.
“En el marco de las medidas que se toman para esclarecer lo ocurrido, firmamos el pase a disponibilidad de estos empleados policiales con el objetivo de brindar la mayor transparencia y objetividad posible a la investigación y búsqueda que la fuerza lleva a cabo”, dijo.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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