Provinciales
El fuego borró las huellas del femicidio de Diniz Rabela en la aldea Taruma Poty
A mediados de abril pasado, el cacique Marcelo Núñez -ahora detenido- sostuvo que su pareja tenía coronavirus y que, al morir por la enfermedad, decidió quemarla y enterrarla. Ahora la autopsia no pudo determinar cómo murió la mujer.
SAN VICENTE. La causa por el esclarecimiento del femicidio de Diniz Rabela (24), ocurrido a mediados de abril pasado en la aldea mbya guaraní Taruma Poty, San Vicente, parece haber caído en un callejón sin salida.
Es que la autopsia realizada al cuerpo no pudo determinar la causa de su muerte por los efectos del fuego.
Se recordará que por el hecho está detenido como sospechoso Marcelo Núñez (36) -más conocido como Claudio-, pareja de la víctima y quien además es cacique de la aldea.
El hecho trascendió a mediados de abril a partir de una denuncia radicada por los familiares de la víctima, quienes, al saber que la joven estaba sin vida, no podían obtener mayor información en las consultas que hacían con integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty.
La víctima no era aborigen y tenía dos hijos, de 4 y 8 años, previos a su relación con Núñez. Padecía además cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de medio año que se había mudado a la aldea con su hijo más pequeño, mientras que el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.
A partir de la denuncia de esta última fue que la Policía intervino en el caso y mediante las averiguaciones se pudo establecer que la joven había sido incinerada y semienterrada por su pareja, el cacique.
Tras un allanamiento con excavaciones, se encontraron restos de huesos óseos y también se encontraron en la vivienda del cacique un serrucho y varias prendas con manchas de sangre.
Lo llamativo del caso es que, desde un primer momento, el acusado aseguró que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció haber quemado y enterrado el cuerpo por recomendación de una médica, debido a una supuesta sospecha de que la mujer había contraído Covid-19.
En la primera ronda de testimoniales, un cacique y una integrante de otra aldea apoyaron la versión de Claudio. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la mujer expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.
En su declaración inicial, Claudio, la pareja de Diniz Rabela, dijo a personal de salud que arribó a la aldea que habían incinerado el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la víctima tenía coronavirus.
Ahora, la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima no logró determinar la causa del deceso, lo que pone a la causa en un panorama desalentador.
El informe especificó que el cadáver presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos, aunque se tratan de fracturas producidas por acción del fuego, es decir que no son previas a la muerte.
Lo que sí se pudo determinar es que el deceso fue previo a la incineración del cadáver, ya que las pericias para establecer si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono arrojaron resultados negativos.
Así, al estar quemado el cuerpo, no fue posible establecer rastros de violencia externa ni la causa de la muerte.
La hipótesis
El día 12 de abril, domingo de Pascuas, el cacique le pidió a un vecino que llamara a una ambulancia debido a que el pequeño de 4 años de su pareja se hallaba enfermo.
Ese mismo día, arribó al lugar una camioneta de Salud Pública, tal como declaró el ahora detenido. En este sentido, una hipótesis que se maneja por estos momentos es que Claudio solicitó la asistencia médica para establecer una coartada para encubrir el crimen, puesto que no dijo que su concubina estaba mal, sino su hijo.
“Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de una colonia cercana, según informó el diario El Territorio.
Así, Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza para incinerarlo.
Tanto ayer lunes, como hoy martes, productores nucleados en la asociación civil Impulso Yerbatero, junto a otras organizaciones y cooperativas, elevaron un documento al directorio de la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) en Posadas, solicitando una audiencia institucional a fin de dialogar y exponer las inquietudes del sector.
El pedido se dio en consonancia con el abrupto despido de 20 trabajadores del organismo, quienes recibieron sus respectivos telegramas entre ayer y hoy, por orden de Rodrigo Martín Correa, quien fue designado presidente del instituto el pasado 12 de diciembre.
En el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, expresaron: “Las instituciones y asociaciones abajo firmantes se dirigen a ese Honorable Directorio con el objeto de solicitar formalmente el otorgamiento de una audiencia institucional, a fin de poder dialogar y exponer distintas inquietudes, propuestas y consideraciones vinculadas a la realidad actual del sector yerbatero y su impacto en las comunidades que representamos”.
En ese sentido, reconocieron el “rol fundamental” que cumple el Inym en la regulación, promoción y defensa de esta economía regional, por lo que consideraron de suma importancia “generar un espacio de intercambio directo, que permita contribuir desde nuestras miradas y experiencias al fortalecimiento del sector y a la búsqueda de soluciones consensuadas”.
En el mismo sentido, añadieron: “La audiencia solicitada tiene como finalidad principal propiciar un diálogo abierto y constructivo, que permita acercar posiciones, plantear preocupaciones y aportar propuestas que contemplen el desarrollo sostenible de la actividad yerbatera”, así como también el trabajo de los productores, tareferos, industriales y demás actores involucrados.
Por estas horas continúan aguardando respuestas con el objetivo de coordinar fecha y modalidad de la audiencia, conforme a la disponibilidad del directorio.
Impulso Yerbatero cuenta con el apoyo de otras cinco asociaciones de productores, cuatro cooperativas y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada (Fedecop), quienes adhirieron al pedido de audiencia.
Pedido de audiencia institucional de productores yerbateros al presidente del Inym
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Con gran flujo de visitantes extranjeros, provenientes de los países del Mercosur y de distintas provincias argentinas, el Parque Nacional Iguazú celebró la Navidad recibiendo al visitante 1.500.500, cifra que volvió a posicionarse cerca del récord de 1.508.776 registrado en 2023.
“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”, expresó el presidente de la APN, Sergio Álvarez.
Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”.
Las autoridades coincidieron en que esta cifra fue posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.
En 2024, el Parque Nacional Iguazú recibió aproximadamente 1.331.641 visitantes, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se registraron 1.508.776, mientras que en 2022 se contabilizaron 1.455.641 turistas.
Además de conservar una porción de Selva Paranaense, la ecorregión más biodiversa del país, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco; mientras que las Cataratas del Iguazú resguardadas en el área protegida son consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.
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El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la ordenanza que establece la gratuidad del transporte urbano para personas con discapacidad, quienes podrán disponer de 60 pasajes por mes y un acompañante con la misma disponibilidad de viajes -no acumulables- y cuyos montos serán solventados por el municipio.
Hasta el momento, no existía una partida presupuestaria que cubriera el costo del servicio prestado por la concesionaria del transporte urbano, lo que generaba permanentes reclamos de la empresa prestataria que brindaba el servicio pero no obtenía compensación alguna, en contraposición a lo que establecen las leyes nacionales y provinciales sobre la gratuidad del transporte para personas con discapacidad.
Por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante de la Capital del Trabajo aprobó una ordenanza que establece que los fondos provengan de una partida presupuestaria específica a cargo del municipio.
El único requisito para poder acceder a la gratuidad será el Certificado Único de Discapacidad (Cud) emitido por el órgano competente y la empresa prestataria del servicio no podrá exigir ninguna otra documentación y sólo podrá ser utilizado para personas con domicilio en la ciudad.
El municipio abrirá un período de 120 días hábiles para realizar un registro de los beneficiarios y una vez otorgado el beneficio, la empresa prestataria se abstendrá de pedir una renovación por el plazo de un año.
El beneficio será retroactivo al 1º de octubre de 2025, por lo cual se autoriza al municipio a realizar las readecuaciones presupuestarias para abonar el servicio.
Financiamiento
Hasta el momento se desconoce el número de beneficiarios y los pasajes establecidos, por lo que tampoco se sabe con precisión cuál será el costo que deberá afrontar el municipio, aunque estiman que el volumen de pasajes gratuitos para ese rubro oscila entre los 40.000 y 50.000.
Teniendo en cuenta que el valor del boleto es de $1500, el subsidio alcanzaría un monto aproximado de 60 millones de pesos ($60.000.000) mensualmente. Aunque desde el municipio señalaron que “tras los controles dispuestos en la ordenanza se espera que el número de pasajes gratuitos por este concepto disminuya”.
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