Policiales
Violación: madre dijo que en la Policía le hicieron borrar pruebas que tenía en el celular
Habló de fotos y filmaciones que habría tomado la hermana, cuando sorprendió al acusado. Los efectivos le advirtieron que era “entrar en la privacidad de las personas” y que tendría “problemas”. Al principio no le querían aceptar la denuncia “por falta de pruebas”, le dijeron.
POSADAS. La madre de una adolescente que fue víctima de una violación en Candelaria, reveló que cuando fue a denunciar el caso en la Policía “no me quisieron tomar la denuncia y me dijeron que borrara las pruebas” que tenía en el teléfono celular.
El dato fue divulgado por Estela M, progenitora de la menor que fue abusada por el empleador de su hermana cuando asistían al domicilio del acusado, una para realizar tareas de limpieza y la otra para cuidar a su sobrinito en el mismo lugar.
Por este caso que tiene un prófugo de 64 años, y otro que se registró el primer día de este año y que tiene cinco detenidos, este lunes hubo una marcha en para pedir justicia por las víctimas, dos adolescentes oriundas de dicha localidad.
En declaraciones a medios de Posadas, la mujer dio detalles de las gestiones que tuvo que realizar para denunciar el ataque que había sufrido su hija en la casa del empleador de su hermana, ya que en Candelaria se negaron a intervenir.
Al ser consultada acerca de las razones por las cuales las autoridades no registraron el grave hecho, Estela señaló que como toda respuesta le dijeron: “No hay pruebas suficientes”. Lo mismo sucedió en Fátima, adonde concurrió en segunda instancia.
En una de las dos unidades policiales que visitó, “me hicieron borrar los archivos que eran mi prueba”, dijo la mujer, aunque no especificó en qué unidad le dijeron que debía suprimir fotos o vídeos del caso que había registrado su hija mayor.
Con respecto a las razones que esgrimieron los efectivos al aconsejarle la eliminación de los archivos, contó que le dijeron que “eran hechos de instancia privada, que no podía exhibir, y que se lo hacía, podría tener serios problemas”.
Añadió en su peregrinar por las sedes policiales, “me decían que mi hija no era una nena, que era adulta, porque yo contaba que la víctima era ‘mi nena’, que la atacada era ‘la nena’ porque es así como yo siento a mis hijas”, expresó al canal 4 de Posadas.
“Ellos (por los policías) querían encubrir el caso, ya que fue una doctora la que me dijo que lo que estaba en el celular era entrar en la privacidad de las persona y que iba a tener problemas”, remarcó.
Por último, con indignación Estela señaló que “todo nos pasa por ser humildes, yo tengo solo tercer grado de primaria y no entiendo mucho de esto”, tras lo cual se sumó a la marcha de pedido de justicia para su hija y la otra adolescente por el acceso a Candelaria.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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