Policiales
Denuncian a penitenciario con antecedentes de abuso por el ultraje de sus hijastras
Un suboficial del Servicio Penitenciario Provincial fue denunciado por su concubina. La mujer acusa a su pareja de haber abusado sexualmente de sus hijas de 11 y 9 años.
OBERÁ. Una mujer se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Oberá el último sábado y denunció que su concubino, un suboficial del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que presta servicio en la Unidad Penal II, habría abusado sexualmente de sus hijas de 11 y 9 años.
La denuncia fue radicada el sábado 30 de noviembre e interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, aunque hasta el momento el acusado -cuya identidad no trascendió- continúa realizando sus tareas habituales. La denuncia de la mujer manifestó que los abusos de sus hijas comenzaron a suceder hace tres años, en instancias en que el sujeto quedaba al cuidado de las niñas.
Asimismo, las nenas le habrían manifestado a la madre que también fueron ultrajadas por un sobrino del sujeto, actualmente de 16 años. Además, según informó El Territorio, el penitenciario posee un antecedente similar de julio del 2010, ocasión en la que fue detenido por el abuso de tres nenas (vecinas del barrio donde residía) y puesto en disponibilidad por el Servicio Penitenciario Provincial.
Los hechos salieron a la luz el último viernes, cuando la hija mayor de 11 años se acercó a su mamá y le preguntó “cómo una nena puede saber si fue abusada”, lo que inmediatamente alertó a la progenitora. Tras indagar a la menor, supo que hace casi tres años que sufría los abusos de su padrastro. Posteriormente, indagó a su hija más chica, de 9 años, la que relató que padeció situaciones similares a las de su hermana.
Por otro lado, la denunciante dejó constancia del temor de que su hija de un año (hija del penitenciario) también haya sido víctima del padre, lo que deberá ser evaluado por profesionales. Asimismo, será clave la declaración de las niñas de 11 y 9 años en Cámara Gesell, considerada como una prueba clave en delitos contra la integridad sexual de menores.
Antecedentes de abusos
En julio del 2010 el penitenciario fue detenido tras ser acusado de abuso sexual simple en perjuicio de una niña de 9 años que solía jugar con su hijo. Además, la madre de otras dos nenas del barrio denunció que sus hijas fueron atacadas por el mismo sujeto. A las pocas horas el acusado fue detenido y puesto en disponibilidad. La causa no llegó a juicio y meses más tarde el sujeto retomó su labor en la cárcel de Oberá.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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Un hombre de 64 años se descompensó mientras esperaba un colectivo, en la parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea de Posadas, y falleció en el lugar.
Según pudo saber este medio, alrededor de las 9 de esta mañana la Policía de Misiones recibió un alerta por una persona identificada como Jorge Ramón Ramírez, que se había descompensado en la vía pública, por lo que se solicitó atención médica.
Al arribar la ambulancia al lugar, el personal de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el sitio, donde se encuentra la parada de colectivos, los efectivos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor y el médico policial en turno diagnosticó que Ramírez sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En tanto, por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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