Provinciales
La Corte le dijo a Misiones que la prescripción tributaria es de 5 años; no de 10
Fue en un fallo de la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”. Reafirmó la facultad de la Nación.
POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que “la prescripción de las obligaciones tributarias locales” se rige “por lo estatuido por el Congreso de la Nación para toda la República”, al rechazar el plazo de diez años que está en vigencia en Misiones.
El fallo correspondió a la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”.
El máximo órgano de administración de Justicia atribuyó a las normas superiores lo relativo a plazos, momento de inicio y causales de interrupción o suspensión que se aplican en las obligaciones tributarias locales.
De esa manera, desestimó la postura del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que había rechazado el planteo de prescripción opuesto por la Provincia y declaró aplicable el plazo de diez años previsto en el artículo 118 del Código Fiscal provincial, entonces vigente.
En su fallo, la Corte determinó que la prescripción “no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía”.
Límite a las Legislaturas
En consecuencia, “las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo”, remarcó la Corte con las firmas de Elena Highton de Nolazco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.
Y añadió que los hechos del caso “no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior”.
Ello debido a que “no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997. Esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior”.
Además “su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen”.
En dicho tramo, la Corte citó la resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002 y la resolución 183, del 4 de mayo de 2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones.
Disidencia
En disidencia, Rosatti, opinó que las provincias, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión y/o interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.
Añadió que “tampoco importa habilitar a las jurisdicciones locales a fijar plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión o interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar a los contribuyentes”.
“Los poderes fiscales provinciales y municipales -tal como ocurre con el nacional- se encuentran sujetos a los principios constitucionales de la tributación y, con particular referencia al caso, al principio de razonabilidad”, puntualizó.
Tanto ayer lunes, como hoy martes, productores nucleados en la asociación civil Impulso Yerbatero, junto a otras organizaciones y cooperativas, elevaron un documento al directorio de la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) en Posadas, solicitando una audiencia institucional a fin de dialogar y exponer las inquietudes del sector.
El pedido se dio en consonancia con el abrupto despido de 20 trabajadores del organismo, quienes recibieron sus respectivos telegramas entre ayer y hoy, por orden de Rodrigo Martín Correa, quien fue designado presidente del instituto el pasado 12 de diciembre.
En el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, expresaron: “Las instituciones y asociaciones abajo firmantes se dirigen a ese Honorable Directorio con el objeto de solicitar formalmente el otorgamiento de una audiencia institucional, a fin de poder dialogar y exponer distintas inquietudes, propuestas y consideraciones vinculadas a la realidad actual del sector yerbatero y su impacto en las comunidades que representamos”.
En ese sentido, reconocieron el “rol fundamental” que cumple el Inym en la regulación, promoción y defensa de esta economía regional, por lo que consideraron de suma importancia “generar un espacio de intercambio directo, que permita contribuir desde nuestras miradas y experiencias al fortalecimiento del sector y a la búsqueda de soluciones consensuadas”.
En el mismo sentido, añadieron: “La audiencia solicitada tiene como finalidad principal propiciar un diálogo abierto y constructivo, que permita acercar posiciones, plantear preocupaciones y aportar propuestas que contemplen el desarrollo sostenible de la actividad yerbatera”, así como también el trabajo de los productores, tareferos, industriales y demás actores involucrados.
Por estas horas continúan aguardando respuestas con el objetivo de coordinar fecha y modalidad de la audiencia, conforme a la disponibilidad del directorio.
Impulso Yerbatero cuenta con el apoyo de otras cinco asociaciones de productores, cuatro cooperativas y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada (Fedecop), quienes adhirieron al pedido de audiencia.
Pedido de audiencia institucional de productores yerbateros al presidente del Inym
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Con gran flujo de visitantes extranjeros, provenientes de los países del Mercosur y de distintas provincias argentinas, el Parque Nacional Iguazú celebró la Navidad recibiendo al visitante 1.500.500, cifra que volvió a posicionarse cerca del récord de 1.508.776 registrado en 2023.
“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”, expresó el presidente de la APN, Sergio Álvarez.
Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”.
Las autoridades coincidieron en que esta cifra fue posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.
En 2024, el Parque Nacional Iguazú recibió aproximadamente 1.331.641 visitantes, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se registraron 1.508.776, mientras que en 2022 se contabilizaron 1.455.641 turistas.
Además de conservar una porción de Selva Paranaense, la ecorregión más biodiversa del país, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco; mientras que las Cataratas del Iguazú resguardadas en el área protegida son consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.
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El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la ordenanza que establece la gratuidad del transporte urbano para personas con discapacidad, quienes podrán disponer de 60 pasajes por mes y un acompañante con la misma disponibilidad de viajes -no acumulables- y cuyos montos serán solventados por el municipio.
Hasta el momento, no existía una partida presupuestaria que cubriera el costo del servicio prestado por la concesionaria del transporte urbano, lo que generaba permanentes reclamos de la empresa prestataria que brindaba el servicio pero no obtenía compensación alguna, en contraposición a lo que establecen las leyes nacionales y provinciales sobre la gratuidad del transporte para personas con discapacidad.
Por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante de la Capital del Trabajo aprobó una ordenanza que establece que los fondos provengan de una partida presupuestaria específica a cargo del municipio.
El único requisito para poder acceder a la gratuidad será el Certificado Único de Discapacidad (Cud) emitido por el órgano competente y la empresa prestataria del servicio no podrá exigir ninguna otra documentación y sólo podrá ser utilizado para personas con domicilio en la ciudad.
El municipio abrirá un período de 120 días hábiles para realizar un registro de los beneficiarios y una vez otorgado el beneficio, la empresa prestataria se abstendrá de pedir una renovación por el plazo de un año.
El beneficio será retroactivo al 1º de octubre de 2025, por lo cual se autoriza al municipio a realizar las readecuaciones presupuestarias para abonar el servicio.
Financiamiento
Hasta el momento se desconoce el número de beneficiarios y los pasajes establecidos, por lo que tampoco se sabe con precisión cuál será el costo que deberá afrontar el municipio, aunque estiman que el volumen de pasajes gratuitos para ese rubro oscila entre los 40.000 y 50.000.
Teniendo en cuenta que el valor del boleto es de $1500, el subsidio alcanzaría un monto aproximado de 60 millones de pesos ($60.000.000) mensualmente. Aunque desde el municipio señalaron que “tras los controles dispuestos en la ordenanza se espera que el número de pasajes gratuitos por este concepto disminuya”.
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