Provinciales
La Corte le dijo a Misiones que la prescripción tributaria es de 5 años; no de 10
Fue en un fallo de la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”. Reafirmó la facultad de la Nación.
POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que “la prescripción de las obligaciones tributarias locales” se rige “por lo estatuido por el Congreso de la Nación para toda la República”, al rechazar el plazo de diez años que está en vigencia en Misiones.
El fallo correspondió a la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”.
El máximo órgano de administración de Justicia atribuyó a las normas superiores lo relativo a plazos, momento de inicio y causales de interrupción o suspensión que se aplican en las obligaciones tributarias locales.
De esa manera, desestimó la postura del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que había rechazado el planteo de prescripción opuesto por la Provincia y declaró aplicable el plazo de diez años previsto en el artículo 118 del Código Fiscal provincial, entonces vigente.
En su fallo, la Corte determinó que la prescripción “no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía”.
Límite a las Legislaturas
En consecuencia, “las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo”, remarcó la Corte con las firmas de Elena Highton de Nolazco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.
Y añadió que los hechos del caso “no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior”.
Ello debido a que “no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997. Esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior”.
Además “su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen”.
En dicho tramo, la Corte citó la resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002 y la resolución 183, del 4 de mayo de 2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones.
Disidencia
En disidencia, Rosatti, opinó que las provincias, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión y/o interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.
Añadió que “tampoco importa habilitar a las jurisdicciones locales a fijar plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión o interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar a los contribuyentes”.
“Los poderes fiscales provinciales y municipales -tal como ocurre con el nacional- se encuentran sujetos a los principios constitucionales de la tributación y, con particular referencia al caso, al principio de razonabilidad”, puntualizó.
Provinciales
Asuntos Guaraníes propone mesa de diálogo por conflicto territorial en Garuhapé
El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.
Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.
Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes.
A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.
“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.
Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.
“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.
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La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron.
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El gobernador Passalacqua inaugura sesiones en la Legislatura misionera
El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.
Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.
“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.
Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.
De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.
La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo
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Yerbateros misioneros expusieron la crisis del sector en el Congreso
Los representantes del sector yerbatero de la provincia de Misiones: Jorge Skripczuk, Jorge Lizznienz, y el abogado Federico Padolski viajaron a Buenos Aires este jueves para exponer en el Congreso de la Nación.
A partir de la invitación de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, los productores participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja donde estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Gastón Borsini y otros directivos.

Los yerbateros reunidos con Basterra
Durante la reunión, los productores presentaron ante el titular de la comisión, Luis Basterra, un informe sobre las condiciones de la actividad productiva de la yerba mate tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del gobierno nacional.
“Expusimos sobre las condiciones de los productores de yerba mate y la desfavorable situación frente a la industria, con un Inym sin facultades. Además, el abogado explicó el estado de las acciones judiciales que impulsamos junto a asociaciones y cooperativas”, señaló Skripczuk.
El dirigente remarcó la importancia del respaldo de entidades nacionales con representación federal, como la CGP y Coninagro, para visibilizar la problemática del sector.
“Vamos a seguir buscando el acompañamiento de todos los actores que entienden que la cadena yerbatera está en detrimento. Los productores no logramos margen económico, los tareferos también atraviesan dificultades y las pequeñas industrias y cooperativas se encuentran en una situación compleja”.
En relación al Inym, Skripczuk indicó que no hay respuestas por parte de su conducción actual y sostuvo que la crisis podría revertirse con la restitución de sus facultades.
“No tenemos respuestas de (Rodrigo) Correa, representante de Nación en el Instituto, y la desregulación responde al Gobierno nacional. Para nosotros, la única salida es recuperar nuestra herramienta. No solo para fijar precios, sino también para restablecer funciones que permitan equilibrar el sistema yerbatero”, expresó.
Estrategia y medidas
La demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la medida cautelar buscan la nulidad de artículos del DNU y del Decreto 812/2025 vinculados a la actividad yerbatera.
En cuanto a las medidas inmediatas, planteó la necesidad de “sujetar la hoja verde en la chacra” para intentar mejorar el precio de la materia prima. “Pedimos a los productores que no cosechen o que mantengan la producción en planta el mayor tiempo posible, o que comercialicen de manera gradual”, detalló.
Finalmente, se refirió a los cortes de ruta impulsados por algunos sectores y marcó diferencias. “No estamos de acuerdo con los cortes de ruta. No buscamos afectar a quienes transitan. Nuestra postura es continuar el reclamo a través de las organizaciones, las cooperativas y la vía judicial”, concluyó.
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