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Investigan si Macri incidió en la disparada del dólar tras las PASO

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Un informe de Pagina 12 da cuenta de los detalles del dictamen de la fiscalía que ordena investigar si el Ejecutivo instruyó al BCRA para que no interviniera en el mercado cambiario el 12 de agosto.

BUENOS AIRES. Horas después, el Presidente atribuía la devaluación al triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias.

La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Mauricio Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera.

Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias.

Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de 51,45 pesos), lo que tampoco se hizo.

El dictamen no imputa a ningún funcionario en particular, pero deja claro que están en el radar el propio Macri, el titular del BCRA, Guido Sandleris, y el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne.

La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”.

“El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, decía la denuncia, que explicaba que como consecuencia se generó “una fuerte degradación de la moneda nacional que se trasladó a precios y afectó el valor de los bonos del Estado”.

Durante aquella jornada, el dólar saltó 11 pesos y terminó cerrando en 57,30. En el ínterin, los principales bancos y casas de cambio llegaron a venderlo a 66 pesos. Uno de los resultados visibles fue el estado de pánico financiero generalizado y con especial impacto en el mundo empresario.

Y Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.

El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar.

El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo, según reseñaron los medios, que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar.

“Si hubo una orden del PEN (sostuvo Redrado), si hubo una instrucción directa del presidente Mauricio Macri, debemos recordar que la Carta Orgánica lo prohíbe expresamente, más aún prohíbe recibir una instrucción para no defender el valor de la moneda argentina.”

El denunciante, como refleja el dictamen, había señalado precisamente lo que establece la Carta Orgánica del Central: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicación o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.

“Macri el día lunes posterior a la PASO empleó como correctivo la jornada financiera de los mercados cambiarios y con negligencia e irresponsabilidad dio la orden de no intervenir en el mercado al BCRA”, sostuvo Miguez.

También incluyó que el viernes 9 de agosto “se produjo una manipulación del mercado con un objetivo electoral, propiciada por el Presidente de la Nación, que consistió en alzar artificialmente el precio de los papeles y las acciones que cotizan en bolsa y que la Comisión Nacional de Valores tendría que haber investigado”.

La fiscal Ochoa se apoya en todo lo señalado por la denuncia y pide información al Banco Central, otra vinculada al acuerdo con el FMI y las cartas de intención, además del audio de Redrado y su declaración, entre otras cosas.

La discusión que, es cantado, va a sobrevolar este caso es si se trató de decisiones de política económica y de gobierno o si podría haber delitos como, además del quebrantamiento de la carta del BCRA, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad.

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El gobierno retiró el proyecto de Ley de Tierras por falta de votos

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Sin los votos necesarios y una creciente campaña en contra, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con la reforma de la Ley de Tierras Rurales 26.737 y retiró el Capítulo 3 del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará mañana en el Senado.

La decisión de La Libertad Avanza se produjo luego del rechazo de tres gobernadores muy cercanos a la Casa Rosada, el tucumano Osvaldo Jaldo, el neuquino Rolando Figueroa y el salteño Gustavo Saenz, y ante el riesgo de no poder avanzar con las reformas a las leyes de Desalojos, Expropiaciones y de Manejo del Fuego que también incorpora el proyecto del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La encargada de hacer pública la noticia fue la jefa del oficialismo en el Senado, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que este mediodía se reunió con senadores de la denominada “oposición dialoguista” en el bloque de la UCR, en el segundo piso del Congreso.

Según publicó el diario porteño La Nación, “la endeble mayoría que tenía el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras comenzó a derrumbarse en las últimas horas, cuando corrió como reguero de pólvora la noticia de que dos aliadas del Gobierno, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila, que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían decidido votar en contra del capítulo de la polémica”.

“Tampoco acompañaría al oficialismo la neuquina Julieta Corroza, que sigue los lineamientos del gobernador Rolando Figueroa”, reseña el diario fundado por Bartolomé Mitre y agrega: “A estas deserciones de último momento se suman las ya conocidas resistencias que había en el bloque radical de parte de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca)”.

Este último se encuentra impedido de viajar para la sesión de mañana por problemas de salud, y pidió que se le dé el mismo tratamiento que a la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, autorizada por la vicepresidenta Victoria Villarruel a participar y votar de manera virtual por encontrarse cursando un embarazo de 32 semanas con prescripción médica de no viajar largas distancias.

Entre los gobernadores que rechazan la reforma de la Ley de Tierras, se anota también el misionero Hugo Passalacqua, que hace dos semanas convocó a los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut a votar contra el proyecto, que en la provincia contaba con el apoyo del senador del PRO, Martín Goerling.

Arce hizo público este miércoles en sus redes sociales un comunicado con membrete del Senado, donde adelantó que, de votare el jueves el proyecto, iba a rechazar el Capítulo 3, de extranjerización de la tierra.

El parlamentario de Encuentro Misionero no menciona en su comunicado la reunión de hace dos semanas con Passalacqua, pero asegura que “luego del análisis de la última versión del dictamen del proyecto denominado ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’, ha tomado la decisión de votar en contra de la totalidad del Capítulo III, que modifica la Ley de Tierras N.o. 26.737”.

Siempre en tercera persona, el documento sostiene que Arce “reafirma su compromiso con la promoción de las inversiones productivas que generen empleo y valor agregado, en un marco de seguridad jurídica que también contemple la protección del interés público, el ambiente y la soberanía sobre los recursos estratégicos de nuestra provincia y la república”.

Capítulo 3

El proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” del gobierno de La Libertad Avanza consiste en un paquete de reformas para limitar la intervención estatal sobre los bienes privados, acelerar la recuperación de inmuebles ocupados y promover la inversión.

El Capítulo 3, retirado hoy por Bullrich, abordaba de manera específica la modificación y flexibilización de la Ley de Tierras Rurales 26.737, desmontando las restricciones para que capitales y ciudadanos extranjeros adquieran campos y extensiones territoriales en el país.

Entre los puntos centrales y los cambios más relevantes, se destacaba el aumento del tope vigente, de 15% a 25% la propiedad foránea de la tierra a nivel nacional, provincial y municipal.

Esto ya había sido objeto de cambio por parte del gobierno en su intento por conseguir los votos en el Senado, ya que el proyecto original proponía liberar por completo la compra de tierras por parte de extranjeros.

El Capítulo 3 derogaba también los controles locales y los topes a nivel municipal o departamental, habilitando la concentración de la propiedad de la tierra en manos extranjeras en distritos rurales clave, y remueve la restricción que impedía que un mismo titular extranjero posea más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

Asimismo, ponía fin a los cupos por nacionalidad, que estipulaba que particulares o capitales de un mismo país no podían superar el 30% del total de las tierras permitidas para extranjeros.

Fuego

El resto del paquete de Sturzenegger modifica el Código Procesal Civil y Comercial, habilitando los “desalojos exprés” de propiedades ocupadas mediante procesos judiciales sumarísimos que no necesitan de sentencia firme.

Además, complejiza la expropiación estatal de propiedades privadas, encareciendo la estatización con obligaciones como el “lucro cesante” y la actualización de las indemnizaciones por inflación más y una tasa de interés comercial activa.

El paquete del gobierno también reforma la Ley de Manejo del Fuego 26.815, sancionada a fines de 2012 y modificada en 2020, que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental” destinados a prevenir y combatir los incendios forestales y rurales en el país.

En concreto, el proyecto elimina la normativa introducida en 2020 por el peronismo para impedir la modificación del uso de tierras que hayan sufrido incendios de cualquier tipo, prohibiendo su venta o loteo por plazos de entre 30 y 60 años, para evitar quemas intencionales con fines inmobiliarios o agropecuarios.

 

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Rovira adelantó que votará a favor del Presupuesto 2027 de Passalacqua

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Rovira

El diputado provincial de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, adelantó que votará a favor del proyecto de Presupuesto 2027, enviado a la Legislatura por el gobernador Hugo Passalacqua.

Rovira eligió al portal de noticias MOL para hacer pública su decisión y envió un comunicado a ese medio anticipando su voto afirmativo al ejercicio presupuestario propuesto por el Ejecutivo Provincial para 2027.

“Siempre apoyé la necesidad de otorgar al Ejecutivo las herramientas necesarias para Gobernar, y el Presupuesto es la principal”, escribió el legislador, según MOL, y señaló: “Voy a ser coherente como lo fui siempre”.

El Presupuesto 2027 enviado por Passalacqua a la Cámara de Representantes de Misiones, prevé un total de más de $5,2 billones y destina el 63% a la inversión social y un 14% al desarrollo económico, con énfasis en la reactivación de la obra pública en la provincia.

 

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Herrera Ahuad: “No puedo estar con el que le va a sacar la tierra al colono”

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Herrera Ahuad

El diputado nacional de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, participó este martes en la reunión de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, de la Cámara de Diputados de la Nación, donde cuestionó la nueva Ley de Tierras Rurales impulsada por el gobierno de Javier Milei y adelantó su voto negativo si el proyecto, que se tratará el jueves en el Senado, llega a la cámara baja.

“Es muy importante entender las realidades que se dan con este tipo de leyes”, dijo el ex gobernador misionero en el arranque de su alocución en la reunión que tenía como tema “Soberanía y arraigo, riesgo de desplazamiento de productores nacionales ante la reforma de la Ley de Tierras”.

Flanqueado por su colega de bloque, la diputada Yamila Ruiz, Herrera Ahuad opinó que “muchos seduce el título de la primera parte de la ley, que habla de la ‘inviolabilidad de la propiedad privada’, porque, claro, a quien le gusta que le intrusen su terreno, su campo”, pero advirtió que “detrás de todo esto hay un proceso que va contra los intereses de las provincias”.

“Tanto Misiones como Santiago del Estero son las provincias con más alta ruralidad de la República Argentina”, afirmó el legislador y precisó que “el 30% de la población” de la tierra colorada “vive en la ruralidad, en la colonia, en la chacra, que no es algo negativo, ya que significa vivir en el lugar donde producen”.

“Estamos hablando de 500.000 habitantes que viven en las chacras misioneras”, puntualizó y señaló que se trata de familias que “viven en minifundios que van de 1 hectárea a 22 hectáreas”.

“Ustedes imagínense el impacto que tiene para nosotros, como economía regional minifundista, una ley con estas características, donde la compra de 20 hectáreas significa llevarse puestos a 20 familias, y donde la compra de 100 hectáreas pone en jaque todo el sistema social de una provincia”, alertó.

“Hay que ser muy cuidadosos cuando tratamos este tipo de leyes”, opinó Herrera Ahuad y sostuvo que la Ley de Tierras impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza “no es aplicable a una provincia donde el índice de ruralidad es tan alto y el índice de la mayor producción de su PBI está dado por la producción, por ejemplo, de yerba mate”.

El ex gobernador de Misiones advirtió que el proyecto, comúnmente llamado de “extranjerización de la tierra”, llega en “el momento en que peor está la economía regional, el momento de la tormenta perfecta, donde las chacras no valen nada, la producción yerbatera cayó, y el sector productivo no puede levantar la cosecha”.

Herrera Ahuad estimó que, de aprobarse la nueva ley, “el daño social, el gasto social, va a ser superior a los U$S15.000 millones que se estipulan pueden entrar al país por la venta de tierras”.

Asimismo, el legislador rechazó el artículo del proyecto de ley que pone en manos de los estados provinciales la decisión final sobre la venta de tierras, ya que “en realidad otorga la potestad a los gobernadores”, es decir que “va a depender de la voluntad de un gobernador”, que “puede meter el papel en el cajón seis meses y se termina vendiendo por falta de respuesta”.

Herrera Ahuad comentó al pleno de la reunión legislativa los pronunciamientos que hubo en las últimas semanas en Misiones en contra del proyecto mileísta y contó: “Hemos tenido manifestaciones, de la Iglesia, campesinos, productores, intendentes, ex intendentes, que nos dijeron que debemos resguardar nuestro patrimonio”.

“A lo largo de los cuatro años que me tocó ser gobernador, los momentos más felices fue cuando pude entregar a un colono el título de propiedad para que sea dueño de su propia tierra”, apuntó Herrera Ahuad y lanzó: “Yo no me permito estar del lado del que se la va a sacar”.

 

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