Política
Investigan si Macri incidió en la disparada del dólar tras las PASO
BUENOS AIRES. Horas después, el Presidente atribuía la devaluación al triunfo del Frente de Todos en las elecciones primarias.
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Mauricio Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera.
Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias.
Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de 51,45 pesos), lo que tampoco se hizo.
El dictamen no imputa a ningún funcionario en particular, pero deja claro que están en el radar el propio Macri, el titular del BCRA, Guido Sandleris, y el entonces titular de Economía, Nicolás Dujovne.
La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”.
“El BCRA estaba corrido de la mesa de operaciones con total claridad y el tipo de cambio tuvo una suba abrupta”, decía la denuncia, que explicaba que como consecuencia se generó “una fuerte degradación de la moneda nacional que se trasladó a precios y afectó el valor de los bonos del Estado”.
Durante aquella jornada, el dólar saltó 11 pesos y terminó cerrando en 57,30. En el ínterin, los principales bancos y casas de cambio llegaron a venderlo a 66 pesos. Uno de los resultados visibles fue el estado de pánico financiero generalizado y con especial impacto en el mundo empresario.
Y Macri dijo: “Hoy ante el resultado favorable para el kirchnerismo, el dólar volvió a subir. El problema que tenemos es que la alternativa no tiene credibilidad. El kirchnerismo debería hacer autocrítica”.
El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar.
El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo, según reseñaron los medios, que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar.
“Si hubo una orden del PEN (sostuvo Redrado), si hubo una instrucción directa del presidente Mauricio Macri, debemos recordar que la Carta Orgánica lo prohíbe expresamente, más aún prohíbe recibir una instrucción para no defender el valor de la moneda argentina.”
El denunciante, como refleja el dictamen, había señalado precisamente lo que establece la Carta Orgánica del Central: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicación o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación”.
“Macri el día lunes posterior a la PASO empleó como correctivo la jornada financiera de los mercados cambiarios y con negligencia e irresponsabilidad dio la orden de no intervenir en el mercado al BCRA”, sostuvo Miguez.
También incluyó que el viernes 9 de agosto “se produjo una manipulación del mercado con un objetivo electoral, propiciada por el Presidente de la Nación, que consistió en alzar artificialmente el precio de los papeles y las acciones que cotizan en bolsa y que la Comisión Nacional de Valores tendría que haber investigado”.
La fiscal Ochoa se apoya en todo lo señalado por la denuncia y pide información al Banco Central, otra vinculada al acuerdo con el FMI y las cartas de intención, además del audio de Redrado y su declaración, entre otras cosas.
La discusión que, es cantado, va a sobrevolar este caso es si se trató de decisiones de política económica y de gobierno o si podría haber delitos como, además del quebrantamiento de la carta del BCRA, incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o abuso de autoridad.
“Acá traigo mi meo, señor presidente”, lanzó el concejal de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, el ex radical Alejandro Verón, en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Iguazú, y apoyó sobre su banca un vasito plástico, de los utilizados por los laboratorios de análisis clínicos, con un líquido amarillo que daba a suponer que, verdaderamente, se trataba de su orina.
El mismo Verón subió a su cuenta de Instagram un corte de video del episodio con el que ridiculizó al oficialismo que, en la ocasión, anunciaba la adhesión de la administración del intendente Claudio Filippa, y el HCD local, al Decreto 776, del Poder Ejecutivo Provincial, de exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos y personal en áreas sensibles.
En el video, editado por Verón, el concejal libertario interviene inmediatamente después de que por Secretaría se leyera la Ordenanza respectiva: “Adhiérase la Municipalidad de Puerto Iguazú y el Honorable Concejo Deliberante de puerto Iguazú, a la realización de exámenes toxicológicos para el personal jerárquico y agentes estratégicos del ámbito municipal”.
Las imágenes muestran a la secretaria Haydee Ramos leyendo el documento en tono solemne, junto al presidente del HCD, Carlos Ríos, y saltan a Verón y su vasito de orina.
“¿Por qué traje mi meo?”, pregunta a voz en jarro el edil. “Porque yo no tengo ningún problema; ningún problema de que sepan quien…o yo, Alejandro Verón puedo dar explicaciones”, agrega.
“Y ustedes, señor presidente; los concejales del bloque de la Renovación, del desencuentro misionero, o de lo que sea por lo que se viene…no acompañan cuando nosotros pedimos explicaciones”, suelta Verón, en modo de arenga.
“Esa es la pregunta, señor presidente: ¿Por qué no cumplen?”, apunta el edil y dispara: “Y esto, si quieren, tiene que ver con…sobre la exigencia de los servicios públicos; sobre la exigencia de qué es lo que paga el vecino; sobre la exigencia de ¿adónde va la guita del contribuyente de Puerto Iguazú?”.
“¿Y quiénes son los contratistas que hacen obras? ¿Quiénes hacen el empedrado? ¿Quiénes son los que manejan concesiones privadas dentro del ejido municipal?”, escala Verón y suelta: “Eso también queremos saber”.
La publicación no registra la resolución de la escena montada por el concejal libertario para reclamarle al oficialismo la displicencia con que el Ejecutivo trata los pedidos de informe de la oposición legislativa.
“En #puertoiguazu es más importante saber si los concejales se falopean o escabian, antes de responder los pedidos de informe, los datos de obras y qué se hace con la guita de los contribuyentes”, escribe el edil en la descripción del posteo.
“Yo cumplo. No tengo nada que esconder”, agrega Verón, en la publicación que coronó con el hashtag #chaupelado, y lanza el guante: “¿Por qué el intendente y sus concejales no cumplen?”.
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La diputada provincial de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Samantha Stekler, destacó que la ausencia de este lunes en la Comisión de Poderes de la Cámara de Representantes, del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo de fiscal del Tribunal Penal 1 de Posadas, Héctor Daniel Simón, demuestra que “la verdadera oposición y la participación ciudadana son un freno efectivo frente a la opacidad en las designaciones de magistrados”.
La Legislatura llevó a cabo hoy la audiencia pública para el tratamiento de los pliegos para la designación de nuevos magistrados y funcionarios judiciales de la provincia, convocatoria que, al decir de la legisladora libertaria, “quedó marcada por un hecho que expone el estado de las instituciones: el postulante Héctor Daniel Simón decidió no presentarse a dar la cara”.
Stekler remarcó que esta baja no es casualidad, sino el resultado directo de la presión y los cuestionamientos realizados a su candidatura por parte de la “verdadera oposición”.
La legisladora argumentó que “el historial del postulante acumulaba una serie de graves denuncias que ponían en jaque su idoneidad para el cargo”, y recalcó “la importancia de no dejar pasar estas designaciones a puertas cerradas”.
“Este, no es un hecho menor”, alegó la diputada Stekler y señaló que “la audiencia pública existe precisamente para que las designaciones judiciales puedan ser sometidas al escrutinio ciudadano e institucional”.
La legisladora opinó, asimismo, que el faltazo de Simón “es una clara victoria de la transparencia institucional sobre la vieja política judicial”, porque “cuando un postulante considera necesario ausentarse, queda demostrado que estos mecanismos de participación y control cumplen una función efectiva”.
El tratamiento del pliego de Héctor Daniel Simón con candidato a ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Penal Uno de Posadas fue postergado este lunes en virtud de un pedido del propio funcionario, quien solicitó que el asunto sea analizado una vez que se resuelvan los planteos en su contra que impulsan legisladores de La Libertad Avanza (LLA).
La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida al diputado Rudi Bundziak, presidente de la Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes, que tenía previsto avanzar con el análisis de su candidatura.
A partir del pedido, el tratamiento quedó en pausa hasta tanto se resuelvan los cuestionamientos planteados contra el funcionario.
En su escrito, Simón argumentó que “esta solicitud se asienta en que, teniendo en cuenta los planteos formulados en mi contra que ofenden mi honor e idoneidad, los mismos sean resueltos de manera previa por las autoridades y los canales correspondientes”.
En esa línea, agregó que “una vez finalizados estos procesos respectivos, solicito sea convocado nuevamente a Audiencia Pública ante ustedes”.
“Destaco el compromiso y el respeto a las instituciones provinciales de Héctor Daniel Simón, quien ha tomado la decisión personal de solicitar, mediante nota, la postergación del tratamiento del pliego que lo propone en el cargo judicial correspondiente”, destacó Bundziak en sus redes sociales.
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Los cuestionamientos
La postulación de Simón había quedado envuelta en una controversia política desde comienzos de julio, cuando catorce diputados del arco opositor solicitaron al gobernador Hugo Passalacqua que retirara su pliego.
El planteo fue encabezado por el diputado de La Libertad Avanza Adrián Núñez y acompañado por legisladores de distintos espacios opositores.
En la presentación, los diputados cuestionaron las condiciones morales y técnicas del fiscal y mencionaron denuncias administrativas ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y presuntos episodios de mal desempeño, entre ellos el supuesto uso de efectivos policiales para tareas particulares y actuaciones vinculadas con una demanda laboral iniciada contra Simón.
Los legisladores también cuestionaron su intervención en una investigación contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, por una denuncia de abuso sexual presentada por una trabajadora del Concejo Deliberante.
En ese expediente, Simón había solicitado el sobreseimiento de Peyer y posteriormente se inició una investigación por una presunta falsa denuncia. La propia presentación opositora vinculó ese episodio con una disputa política local.
No obstante, según pudo reconstruir este medio en su momento, la causa por falsa denuncia se originó en una presentación realizada por terceros y no en una actuación iniciada de oficio por el fiscal. Simón dio trámite tanto a esa denuncia como a la original y las decisiones procesales quedaron en manos del juez de instrucción interviniente.
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