El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Héctor Cacho Bárbaro, propuso esta tarde en la sesión de la Legislatura la creación, a través de una ley, de un régimen de asistencia económica a pacientes oncológicos y de otras patologías graves que no cuenten con ingresos.

La iniciativa busca la creación del Régimen Provincial de Asistencia Económica para Personas con Enfermedades Oncológicas y Otras Enfermedades Graves de Alto Costo, destinado a garantizar un ingreso mínimo a aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a fin de asegurar la continuidad y dignidad de los tratamientos.

“Yo sé que a los libertarios esto no les gusta, no les cae bien”, dijo Bárbaro en su alocución de esta tarde en la Cámara.

“Me acuerdo en un acto de (Javier) Milei, donde dijo ‘venimos a terminar con el verso de que donde hay una necesidad nace un derecho, porque aumenta el gasto público”, agregó el legislador del PAyS y preguntó: “¿Qué hacemos con esa gente humilde? ¿El Estado tiene que estar ausente?”.

Bárbaro ponderó la “profesionalidad” y la “calidad de la atención del Parque de la Salud” de Misiones, y sostuvo que la demora en los turnos obedece al deterioro social provocado por “el modelo económico” que “destruyó el tejido social”.

“No hay que quejarse de las autoridades del Parque de la Salud, de los médicos, de las enfermeras; hay que quejarse del gobierno de Milei; del gobierno de Karina 3%; del gobierno de Adorni y su cascada”, disparó.

“Misiones hoy tiene 10 mil trabajadores que quedaron sin trabajo desde que asumió Milei. Familias que quedaron sin obra social, que absorbe el hospital público; los gendarmes, el Ejército; el empleado púbico que no tiene para pagar el plus y va al Parque de la Salud; ni hablar de los jubilados, que antes se operaban en clínicas privadas”, afirmó.

“Hay tantos casos de gente muy humilde, pobre, de Pozo Azul, San Pedro, que tienen que venir un día antes, y no tienen un mango en el bolsillo para sostenerse, ni para comer”, describió Bárbaro y planteó: “Mi proyecto apunta a crear una herramienta del Estado provincial para que podamos ayudar a esa gente humilde”.

El diputado del PAyS reconoció que su proyecto, que propone otorgar a los beneficiarios una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil, “genera erogaciones al Estado provincial” y estimó en “unas 500 familias” el universo de destinatarios.

“Sabemos que la provincia atraviesa una crisis de recursos de la Nación, recortes de coparticipación”, dijo Bárbaro y pidió: “Espero que busquemos la forma de concretarlo”.

“Vos le escuchas al gobierno diciendo que no hay plata, pero vemos cómo le sacan impuestos a los bienes de lujo y a los pobres no le dan para tratar su enfermedad”, se quejó.

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El diputado provincial Santiago Koch (Unión Cívica Radical) presentó un proyecto de ley que propone la disolución del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (EPRAC) y la creación de una nueva Defensoría del Usuario del Agua (DUA), dependiente del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

“Con este proyecto vamos a ser claros: le decimos chau al EPRAC, y no solamente porque es una cuestión administrativa, sino porque consideramos que Misiones tiene un ente que cobra una tasa, que tiene un directorio y vocalías, pero cuando un usuario abre la canilla y no sale agua, ese ente no está o actúa demasiado tarde”, apuntó Koch en su primera alocución como diputado este jueves en la Legislatura misionera.

En esa línea, el legislador radical cuestionó el presupuesto asignado al organismo, presidido por Soledad Balán, y señaló que, tras una ampliación presupuestaria otorgada meses atrás, el EPRAC contará este año con casi 700 millones de pesos para su funcionamiento. Sin embargo, sostuvo que esos recursos “realmente no se verifican en el accionar de este ente”.

Asimismo, Koch planteó que la iniciativa no solo propone la eliminación del EPRAC y la supresión de su directorio y estructura política, sino también quitar la tasa que actualmente pagan los usuarios para financiar el organismo. “El ciudadano debe dejar de pagar por un organismo que no lo defiende”, expresó durante su exposición en la Cámara de Representantes.

En paralelo, afirmó que el proyecto prevé que los recursos liberados sean destinados a la reparación de redes de agua y cloacas, además de atender eventuales emergencias hídricas.

En ese marco, propuso la creación de una Defensoría del Usuario del Agua, con una “estructura mínima y técnica” dependiente de un ministerio, que tenga entre sus funciones recibir reclamos, intervenir y sancionar a empresas prestatarias que incumplan con el servicio.

Sometido a votación, el proyecto de ley del diputado radical obtuvo 38 votos afirmativos y fue girado a la comisión correspondiente para continuar con su tratamiento legislativo.

Problemática del agua

El proyecto impulsado por Koch se da luego de una serie de reclamos vecinales por presuntas irregularidades en la facturación del servicio de agua potable por parte de la empresa Servicios de Aguas de Misiones S. A. (SAMSA).

En marzo pasado, durante una reunión en el Concejo Deliberante de Posadas, la titular del EPRAC, Soledad Balán, reconoció que en algunos casos “hubo aire en las cañerías” y que eso derivó en un aumento del consumo registrado en las boletas, lo que motivó pedidos de refacturación para usuarios afectados.

En paralelo, el Concejo capitalino debatió un proyecto para obligar a la prestataria a instalar válvulas o bloqueadores de aire en los medidores domiciliarios, con el objetivo de evitar que los usuarios paguen por aire acumulado en las cañerías tras cortes del servicio. La iniciativa, presentada por el concejal Jair Dib, finalmente fue rechazada en el recinto a fines de abril, pese a que había obtenido dictamen favorable en comisión.

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El bloque de La Libertad Avanza (LLA) Misiones presentó un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 96 de la Carta Magna misionera, referente al período de sesiones de la Legislatura provincial.

El partido que encabeza el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero de la Cámara, hizo pública la iniciativa en sus redes sociales, mediante un video de la legisladora Samantha Stekler.

“Actualmente, la legislatura sesiona de mayo a octubre; seis meses de actividad ordinaria”, comenta Stekler en el spot, grabado en el frente a la sede legislativa de Villa Sarita.

“A nivel nacional, el Congreso trabaja de marzo a noviembre; y varias provincias adoptaron calendarios similares o más amplios, con mayor continuidad institucional”, agrega.

De hecho, solo Misiones, Santa Fe, Catamarca y Mendoza comienzan sus periodos legislativos el 1º de mayo de cada año. De las cuatro, la tierra colorada es la única que tiene un sistema unicameral; y junto a Santa Fe comparte el mismo calendario legislativo. En Mendoza, el período concluye el 30 de septiembre, y en Catamarca el 30 de noviembre.

“Esto no se trata solo de dictar leyes, el Poder Legislativo cumple funciones de control, seguimiento de políticas públicas y análisis del gasto público”, señala Stekler.

La legisladora argumenta que un periodo de sesiones “acotado” como el misionero, “limita” al Poder Legislativo “para pedir informes, supervisar la ejecución del presupuesto; y en materia de justicia, retrasa los acuerdos para que los nuevos jueces, fiscales y defensores, puedan asumir el cargo”.

“Por ello, desde el bloque de LLA presentamos un proyecto de enmienda constitucional para ampliar el período de sesiones legislativas desde el 1º de marzo al 30 de noviembre, en línea con el esquema nacional”, informa Stekler.

“El objetivo es fortalecer el funcionamiento institucional y mejorar las capacidades de control del Estado”, finaliza.

Mayoría calificada

La figura de la enmienda constitucional está reglamentada en el artículo 178 de la Carta Magna misionera, que establece como requisito el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y la aprobación popular en un referéndum.

El artículo 179, establece que para que “el referéndum se considere válido, se requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el 50% de los electores inscriptos en el Registro Cívico de la Provincia”.

La Constitución misionera también establece que las reformas o enmiendas “no podrán llevarse a cabo, sino con intervalo de dos años”.

 

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