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Castigo: Barrios de Pie bloquea el cobro a los beneficiarios que no van a las marchas

Es el castigo que reciben los incumplidores. Lo denunció Miriam Bogado, ex coordinadora de MuMaLá. “Si no lo hago, soy cómplice de un delito”, dijo. Calificó a la maniobra y otras similares como “explotación de personas”.

POSADAS. Los referentes de la organización Barrios de Pie bloquean las tarjetas de cobro de los beneficiarios que no van a las marchas, cortes y protestas, según denunció una dirigente que se distanció del grupo.

Miriam Barboza, ex coordinadora de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), se encargó de hacer públicas las irregularidades en el reparto de la ayuda social y el pago del llamado Salario Complementario.

En los casos de supresión del beneficio, dijo que “alguno de los coordinadores llama a un 0800 y denuncia, en nombre de la persona que debe ser castigada, que extravió la tarjeta y el banco automáticamente la inmoviliza”.

La persona que resulta penalizada, recién a fin de mes se enterará que ya no percibe los 4.500 pesos y difícilmente le será restituido, excepto una decisión de tipo extraordinaria de los referentes encabezados por Fabricio Tejerina.

Dicha maniobra fue calificada por Barboza como “un delito, del que no quise ser cómplice”, señaló, razón por la cual resolvió hacer público al retirarse de Barrios de Pie luego de varios años de trabajo social.

Añadió que, además de otras irregularidades como la entrega de parte del dinero que perciben los beneficiarios a los responsables de áreas, representa la “deshumanización que hay en la explotación de estas personas, por lo que no tenemos que callarnos más”, señaló.

En declaraciones al canal Misiones Cuatro, recordó que en varias ocasiones le dijeron: “Tengo que cuidar a mis hijos, pero si no voy, me descuentan. Para entrar, tengo que poner tanto. Me tengo que comprar el pantalón o me descuentan. Si no voy con el uniforme, me descuentan”.

Y reflexionó que “me ponía a sacar cuentas y no me daban los números. Cobrando 4.500 pesos, nunca iban a salir de la pobreza”, dijo, pero “muchas tienen a sus familias a cargo, son maltratadas y golpeadas. Reciben un Salario Complementario y están siendo doblemente violentadas”, sostuvo.

Añadió que “a veces las mujeres que sufren violencia no tienen trabajo y sólo pueden acceder a un Salario Complementario. De repente, no tienen con quién dejar a los hijos para ir a una marcha y tienen que ir con sus niños a cuestas en el rayo del sol, con lluvia o con frío” para que no les descuenten sus haberes.

PROVINCIALES

Piden juicio oral para el intendente Neis y otros 46, por defraudación al Estado nacional

Es por los fondos de un programa de tratamiento de residuos. Entre los acusados también figuran Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. El juez hará una evaluación final.

BUENOS AIRES. (Diarios y agencias). El intendente del municipio misionero de Puerto Rico, Federico Neis, irá a juicio oral junto a otros 46 alcaldes y tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por defraudar al Estado nacional en 600 millones de pesos.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo contra los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen.

Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

El caso

Durante la gestión de Cristina Kirchner se implementaron programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. 

Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”.

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras.

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