Policiales
Revelan que un secretario judicial intentó cubrir a Santa Cruz cuando viajó a Perú
Es Daniel Morcillo, quien secundó al juez César Jiménez en la juicio contra la ex modelo. El diario digital Infobae aseguró que firmó un acta sobre la presencia de ésta en Posadas, cuando en realidad estaba en Perú.
POSADAS. Un secretario judicial intentó cubrir la ausencia de la ex modelo Rocío Fiorella Santa Cruz firmando un acta de comparecencia, cuando en realidad ésta se encontraba en Perú, reveló el diario digital porteño Infobae.
El funcionario involucrado por la publicación es el doctor Daniel Morcillo (en la foto, a la derecha), quien el 26 de diciembre de 2018 firmó un acta que daba cuenta de la presentación de Santa Cruz en el juzgado, en medio de un escándalo por haber violado la prohibición de salir del país.
Infobae, en una nota titulada “La vida de viajes prohibidos y complicidad judicial de la ex candidata a Miss Argentina condenada por matar a un hombre”, describió los pormenores del caso que se abrió con la muerte de Ramón Cabrera, arrollado por el auto que manejaba Santa Cruz.
“El miércoles 26 de diciembre, un acta judicial firmada por el secretario Daniel Morcillo, integrante del juzgado que la condenó, indicó que efectivamente Rocío Santa Cruz se hizo presente esa mañana ante la Justicia tal como se lo habían solicitado.
Pero, ¿cómo podía ser? ¿La misma mujer que había estado volando el 25 a Perú estaba en la mañana del 26 en Misiones? Parece magia pero no. Tiene otro nombre: complicidad judicial”, según reveló la publicación porteña, tras detallar los pormenores del viaje de la mujer y su pareja.
A esa altura, ya pesaba sobre la ex modelo y abogada de la AFIP una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por aquél hecho que protagonizó en enero de 2016, mientras conducía alcoholizada su auto, en Posadas.
El acto de desobediencia derivó en el encarcelamiento de la condenada desde febrero de este año y por el término de 155 días, pero recuperó la libertad mediante la presentación de un recurso de habeas corpus, en una medida judicial que despertó reacciones en contra y a favor.
Con respecto a la intervención del secretario Morcillo que reveló Infobae, se trató de un hecho desconocido hasta ahora, que podría desembocar en su separación del cargo y hasta la exoneración como funcionario judicial por “falsificación de documento público”, según trascendió.
La nota periodística agregó que el miércoles 26/12/2018, “exactamente a las 8.43 y a las 11.25, Rocío mantuvo dos comunicaciones desde el exterior con un celular localizado en Posadas.
Fueron llamadas de varios minutos con el abonado finalizado en 8200. ¿A quién pertenece ese número de teléfono? A Daniel Morcillo, el secretario del juzgado que le había dictado la sentencia y la prohibición de salida del país que luego firmó el acta que indicaba que Santa Cruz se había presentado en tiempo y forma tras su citación y que estaba a derecho”.
Y añadió que “hasta el día de hoy, tras pasar por la cárcel y ser liberada esta semana, Santa Cruz insiste con que nunca salió del país a pesar de las pruebas recolectadas. Tanto ella como su defensa aseguran que estuvieron en la provincia de Chaco durante esos días. Inclusive una fuente cercana a ella y que trabaja en su representación legal va más allá: “Si salió o no del país no tiene relevancia. Ella se presentó en tiempo y forma en el juzgado que es lo que exige la ley. Mientras ella cumpla con eso significa que está a derecho”.
fica que está a derecho”.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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