Policiales
Revelan que un secretario judicial intentó cubrir a Santa Cruz cuando viajó a Perú
Es Daniel Morcillo, quien secundó al juez César Jiménez en la juicio contra la ex modelo. El diario digital Infobae aseguró que firmó un acta sobre la presencia de ésta en Posadas, cuando en realidad estaba en Perú.
POSADAS. Un secretario judicial intentó cubrir la ausencia de la ex modelo Rocío Fiorella Santa Cruz firmando un acta de comparecencia, cuando en realidad ésta se encontraba en Perú, reveló el diario digital porteño Infobae.
El funcionario involucrado por la publicación es el doctor Daniel Morcillo (en la foto, a la derecha), quien el 26 de diciembre de 2018 firmó un acta que daba cuenta de la presentación de Santa Cruz en el juzgado, en medio de un escándalo por haber violado la prohibición de salir del país.
Infobae, en una nota titulada “La vida de viajes prohibidos y complicidad judicial de la ex candidata a Miss Argentina condenada por matar a un hombre”, describió los pormenores del caso que se abrió con la muerte de Ramón Cabrera, arrollado por el auto que manejaba Santa Cruz.
“El miércoles 26 de diciembre, un acta judicial firmada por el secretario Daniel Morcillo, integrante del juzgado que la condenó, indicó que efectivamente Rocío Santa Cruz se hizo presente esa mañana ante la Justicia tal como se lo habían solicitado.
Pero, ¿cómo podía ser? ¿La misma mujer que había estado volando el 25 a Perú estaba en la mañana del 26 en Misiones? Parece magia pero no. Tiene otro nombre: complicidad judicial”, según reveló la publicación porteña, tras detallar los pormenores del viaje de la mujer y su pareja.
A esa altura, ya pesaba sobre la ex modelo y abogada de la AFIP una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por aquél hecho que protagonizó en enero de 2016, mientras conducía alcoholizada su auto, en Posadas.
El acto de desobediencia derivó en el encarcelamiento de la condenada desde febrero de este año y por el término de 155 días, pero recuperó la libertad mediante la presentación de un recurso de habeas corpus, en una medida judicial que despertó reacciones en contra y a favor.
Con respecto a la intervención del secretario Morcillo que reveló Infobae, se trató de un hecho desconocido hasta ahora, que podría desembocar en su separación del cargo y hasta la exoneración como funcionario judicial por “falsificación de documento público”, según trascendió.
La nota periodística agregó que el miércoles 26/12/2018, “exactamente a las 8.43 y a las 11.25, Rocío mantuvo dos comunicaciones desde el exterior con un celular localizado en Posadas.
Fueron llamadas de varios minutos con el abonado finalizado en 8200. ¿A quién pertenece ese número de teléfono? A Daniel Morcillo, el secretario del juzgado que le había dictado la sentencia y la prohibición de salida del país que luego firmó el acta que indicaba que Santa Cruz se había presentado en tiempo y forma tras su citación y que estaba a derecho”.
Y añadió que “hasta el día de hoy, tras pasar por la cárcel y ser liberada esta semana, Santa Cruz insiste con que nunca salió del país a pesar de las pruebas recolectadas. Tanto ella como su defensa aseguran que estuvieron en la provincia de Chaco durante esos días. Inclusive una fuente cercana a ella y que trabaja en su representación legal va más allá: “Si salió o no del país no tiene relevancia. Ella se presentó en tiempo y forma en el juzgado que es lo que exige la ley. Mientras ella cumpla con eso significa que está a derecho”.
fica que está a derecho”.
Judiciales
Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Policiales
Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Policiales
Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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