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Macri no supo cómo decirle a Bolsonaro que Misiones se opone a Garabí

El presidente brasileño hizo saber el interés de su país por la construcción de la hidroeléctrica. Pero en Misiones está planteado el rechazo por las graves consecuencias ambientales. Por ahora el macrismo evitó un pronunciamiento contundente.

BUENOS AIRES y POSADAS. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió en su reciente visita a la Argentina con la construcción de la represa Garabí, pero el argentino Mauricio Macri no sabe qué posición adoptará de cara al futuro de la relación binacional.

El proyecto de la mencionada represa en el río Uruguay se remonta a principios de la década del 70, tras lo se sucedieron distintas alternativas de localización, pero no avanzó debido a los daños ambientales que provocará en territorio de Misiones.

En 2014, una consulta organizada por organizaciones ambientalistas, sociales, sindicales, vecinales y comunitarias durante una semana, se expidió en forma libre y voluntaria, no vinculante ni obligatoria, por el rechazo a la construcción de hidroeléctricas en la tierra colorada.

Ahora Bolsonaro, con quien Macri parece dispuesto a compartir la mayoría de sus iniciativas, como la supresión del Mercosur, pasó por Argentina con la convicción de que la construcción de Garabí ya no admite demoras por las necesidades de energía de su país.

Sin embargo, fuentes del macrismo se preocuparon por salir a aclarar que no hay definiciones acerca del proyecto debido a los múltiples conflictos medioambientales que acarrea. No obstante, el brasileño dejó expuesto al mandatario argentino al mencionar su interés públicamente.

Las dos posibles hidroeléctricas en la frontera con el país son muy importantes para nuestra agenda”, afirmó en el Salón Blanco de la Casa Rosada el presidente del vecino país, mientras su hijo Eduardo ratificaba la importancia de las centrales a la prensa local.

Se trata de una vieja iniciativa que viene discutiéndose desde 1972 y que nunca terminó de concretarse por problemas de financiamiento y conflictos ambientales. Los principales cuestionamientos surgieron en Misiones que protesta por la consecuente inundación que ocasionaría sobre numerosas localidades como Azara o Apóstoles.

En su momento, los misioneros pidieron localizar la represa aguas arriba, desatando la oposición de Corrientes, provincia donde estaba prevista la construcción original. Es por eso que en vez de modificar su locación, se redujo su potencia de 4.710 MW a 2.200 MW, pero aun así los misioneros continuaron protestando y en 2014 lo reflejaron en una Consulta Popular, donde el 91% votó un contundente “no” a la iniciativa.

En este marco, es que la delegación argentina se esforzó por elaborar un comunicado sin ninguna precisión al respecto para no desatar más polémicas en un distrito donde el presidente del PRO, Humberto Schiavoni viene de perder por más de 55 puntos.

Se hizo una declaración muy lavada, eso te sugiere que el tema está muy verde”, indicaron fuentes allegadas a las negociaciones. “La Comisión Técnica Mixta para el aprovechamiento de los recursos hídricos compartidos del Río Uruguay, se centrará en definir la oportunidad y los mecanismos que permitan profundizar los estudios relativos a dicho emprendimiento”, expresó el memorándum de entendimiento.

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Filippa condonó 295 millones a la firma Quilmes, cliente del diputado González

El intendente de Puerto Iguazú hizo un acuerdo con la cervecería. Fue en una demanda por deudas de la tasa de publicidad en la vía pública. La causa fue iniciada en la administración de Sánchez y estaba por pasar al Superior Tribunal.

PUERTO IGUAZÚ y POSADAS. El intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, condonó unos 295 millones pesos a la empresa Quilmes, representada por el estudio González&González, al cerrar una demanda judicial que finalmente se estableció en 4,5 millones.

El buffet que llevó adelante las tratativas entre la Municipalidad y la maltería, fue el que comparte el diputado provincial por el macrismo, Gustavo González, con su hermano Daniel Augusto, ex presidente de la UCR-Misiones.

El dato del patrocinio de los abogados González, que alcanzaría a la distribuidora Mercosur como representante regional, pasó inadvertido entre quienes se hicieron eco del acuerdo en la causa por el cobro de la tasa de publicidad en la vía pública.

De acuerdo con el concejal iguazuense Kevin Florentín (Cambiemos), quien divulgó los alcances del pacto Filippa-Quilmes, el trámite no pasó por el Concejo Deliberante, pero la demanda inicial fue de poco más de 100 millones de pesos.

Al remarcar que transcurrieron cinco años, la actualización y los intereses correspondientes llevaron el monto final a cerca de 300 millones, el cual se redujo a 4,5 millones por el acuerdo judicial que ahora se investiga.

A pesar de la irregularidad mencionada, la medida generó suspicacias en los ámbitos políticos y administrativos por el monto final del arreglo, equivalente al 1,5 por ciento de la deuda original.

La demanda fue entablada en 2014, durante la administración del entonces intendente Marcelo Sánchez, por la falta de pago de la tasa de publicidad en la vía pública de los productos de la reconocida marca de cervezas de la Argentina.

Según los antecedentes conocidos, la Justicia le dio la razón a la Municipalidad de Puerto Iguazú en primera instancia, pero en los Tribunales de alzada obtuvo un resultado adverso y debía definir el Superior Tribunal de Justicia.

Dijo el concejal Florentín que en esa circunstancia del trámite, alumbró un acuerdo entre las partes por 4,5 millones de pesos en lugar de los 295 millones, aproximadamente, en que había sido estimada la deuda.

A raíz de las irregularidades detectadas, el edil dijo al diario El Territorio que  había ingresado en el Concejo un pedido de informes sobre “un proceso judicial de cobros de tributos iniciado contra la empresa Cervecería y Maltería Quilmes, por un importe de 113.000.000 de pesos, el cual se inició en el 2014”.

Mencionó que se trataba del “expediente 8186/2014 Municipalidad de Puerto Iguazú contra Cervecería y Maltería Quilmes sobre ejecución fiscal”. La empresa estaba siendo defendida por el estudio jurídico González&González, del diputado Gustavo y su hermano Daniel.

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Por ataque de abejas, perros que estaban atados no pudieron escapar y murieron

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