Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.

La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez,  subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.

La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.

Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

“Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.

En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.

Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.

“La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.

El buchón 

Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.

“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.

“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.

“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.

El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.

Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La calle Moreyra

La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.

El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.

Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.

En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.

“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.

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La Unión Tranviarios Automotor (UTA), filial Misiones, adhiere al paro de este jueves 9 de mayo convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y mañana no habrá colectivos en toda la provincia, según confirmó el secretario general del sindicato, Horacio Álvez, a La Voz de Misiones. Tampoco habrán clases ni bancos.

El sindicato de los trabajadores llamó a un paro general para mañana en contra del gobierno de Javier Milei y en rechazo a la Ley Bases, el proyecto oficialista que la semana pasada recibió la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y ahora se debate en el Senado para su aprobación.

A la medida de fuerza se adhirieron varios gremios y sindicatos, por lo cual se verán afectados varios sectores a nivel nacional y provincial. Entre ellos, las entidades bancarias, las escuelas, los hospitales, los aeropuertos, y principalmente el servicio de transporte público, debido al respaldo de UTA nacional a la huelga.

Según anunció a través de un comunicado la UTA, desde las 00 de este jueves y hasta la media noche “los trabajadores del autotransporte de pasajeros no prestaremos servicio”.

“Solicitamos a las autoridades que tienen en sus manos las decisiones que están afectando las vidas de la inmensa mayoría del pueblo, que reflexionen y comprendan los alcances del mandato que se otorgó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que en base a ello y al cumplimiento de la Constitución Nacional, obren en consecuencia, en defensa de los intereses y el bienestar de todos los argentinos y argentinas”, sostuvo el gremio de los choferes.

En consonancia con la conducción nacional, la filial de UTA en la provincia acató la medida y el servicio de transporte público de pasajero en la tierra colorada estará interrumpido desde la medianoche.

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Irma Melgarejo, quien se desempeña en el BOP 21, IEA 7 y BOP 35 de Garupá, adhirió a la huelga de hambre que inició Maira Chávez el lunes pasado frente a la puerta de ingreso del Colegio Martín de Moussy en reclamo de una recomposición salarial del 100%, medida que podría agudizarse en caso de no obtener respuestas y hoy se reviste con una carpa blanca, símbolo de la lucha docente. 

Si bien Ana Groiselle de la Normal Mixta Estados Unidos del Brasil también inició la medida de fuerza este martes, debió abandonarla por cuestiones particulares, aunque no descartan que con el transcurso de las horas se sumen otros docentes ante la falta de respuestas por parte de las autoridades educativas del Gobierno provincial.

Tras el inicio de las huelgas de hambre, las marchas que se sintieron en al menos 16 localidades misioneras, el docente Jorge Romero sentenció “esto es un fiel reflejo de una situación que los docentes misioneros no soportan más”.

“Hemos llegado a un punto de no retorno donde, como todos saben, tenemos el salario más bajo del país en el ranking de las 24 jurisdicciones, con un salario de indigencia para los docentes que recién se inician y un docente con máxima antigüedad está por debajo de la línea de la pobreza”, agregó. 

“Son 25 años de dedicación a esta hermosa profesión para que el docente no pueda llegar ni siquiera a los $400.000 pesos, es una verdadera locura”, expresó Romero en diálogo con La Voz de Misiones al detallar los montos que oscilan entre los $250.000 y $394.000. 

La primera en iniciar la huelga de hambre fue Maira Chávez, el lunes.

Respecto a la medida de protesta, Romero enfatizó que “Maira inició la huelga de hambre por una cuestión íntima de sentir que, o impulsaba una acción de este tipo para visibilizar lo que está pasando o seguir transcurriendo la situación calamitosa en la que se encuentra ella y su familia por no tener margen para seguir subsistiendo. Es un reflejo de lo que atraviesan miles de docentes misioneros, principalmente las maestras de grado. Hoy es una cuestión de supervivencia, el Gobierno no se da cuenta de que hay una cuestión sumamente básica a la que no podemos llegar y es poner un plato de comida sobre la mesa”. 

La huelga de hambre es solo una de varias medidas que se replicaron a lo largo y ancho de la provincia, entre las cuales, las más concurridas fueron las marchas y movilizaciones en Iguazú, Oberá, Colonia Victoria, Eldorado, Montecarlo, Jardín América, Alem, San Javier, Apóstoles, San Vicente, Aristóbulo del Valle, San Antonio, San Pedro y Candelaria.

En Posadas, los docentes marcharon este martes hacia las oficinas del Consejo General de Educación CGE, donde realizaron una asamblea en reclamo de un 100% de aumento salarial. En ese marco, se resolvió iniciar un acampe frente al Colegio Martín de Moussy.

Las medidas de protesta se profundizarían ante la falta de respuestas por parte del Gobierno

Para este viernes está prevista la Mesa Salarial Docente, entre los representantes del Gobierno provincial y los gremios del sector que reclaman una actualización salarial. Al respecto, Romero aseguró: “Nosotros tenemos desconfianza de los gremios que se sentarán allí por los pedidos de respuestas que no aparecen desde hace mucho tiempo. Hay una reafirmación del silencio y ese silencio es la miseria en la que está hundida la docencia, y esa miseria hoy pide a gritos que se atiendan los reclamos en cada escuela y en cada localidad de la provincia”. 

En esa línea, concluyó: “Queremos una mesa donde podamos discutir y no nos intenten correr con la idea de que no hay plata. Nosotros somos conscientes de que la provincia cuenta con recursos que otras provincias no lo tienen, y sin embargo, esas otras jurisdicciones han podido garantizar salarios que están muy por encima de los nuestros”. 

Por estas horas aguardan respuestas frente a la institución educativa que se encuentra en la intersección de las calles Catamarca y San Lorenzo, donde montaron una carpa blanca, símbolo nacional de la lucha docente que se remonta al 2 de abril de 1997 durante la presidencia de Carlos Menem, cuando, en un contexto de profunda crisis económica, los docentes exigieron el aumento de los fondos para la educación, límites al proceso de desfinanciamiento progresivo del sistema educativo y la resistencia política a la privatización de la educación.

Reclamo salarial frente al Colegio Nacional Martín de Moussy

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