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Cada vez son más los jóvenes y familias venezolanas que se radican en el NEA

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El rango de edad de quienes llegan a ambas provincias es de 20 a 50 años.

NEA. Desde Migraciones, aseguraron que por la problemática que atraviesa aquel país, se ha decidido eximirlos de ciertos requisitos y redirigirlos a diferentes puntos de la Argentina que sólo en enero ya ha recibido más de 3000 venezolanos y venezolanas que iniciaron su trámite de radicación.

Tras la problemática política, económica y social que se vive en Venezuela, cada vez son más las personas que deciden abandonar ese país y venir a la Argentina. La ola de inmigración ha incrementado en los últimos meses, desplazando a las anteriores nacionalidades como las paraguayas y bolivianas del podio.

En el 2018, según datos suministrados por la Dirección de Migraciones que funciona por Corrientes y Chaco, fueron 184 los migrantes que llegaron desde el país caribeño y se instalaron en ambas provincias.  Andrés Stegelmann, quien es director de dicha oficina afirmó que el margen de edad de los venezolanos y venezolanas que llegan al país va de los 20 a 50 años.

Los mismos son “mano de obra calificada”, es decir, profesionales de diferentes ramas como la ingeniería, medicina, contaduría o abogacía.

Para Stegelmann cumplimentar con todos los requisitos migratorios no es fácil, aunque en estos últimos tiempos se ha tenido una flexibilidad especial para los venezolanos por la problemática que atraviesan, por ejemplo el apostillado de ciertas documentaciones.

Las historias son similares, muchos ya llegan con una propuesta de trabajo, paran en piezas o pensiones. El objetivo que traen es poder juntar dinero y enviar a sus familiares que siguen en Venezuela.

“El costo de trámite tuvo una importante suba en los últimos tiempos.  El extranjero que pertenece a un país del Mercosur paga 3000 pesos a Migraciones, 300  para la elaboración del DNI y 70 pesos el certificado de antecedentes penales”, expresó el funcionario y asegura que es un monto que no todos los migrantes pueden pagarlo.

Al ingresar al país, se les solicita una dirección donde se quedarán. Desde la institución hacen informes socio ambientales para constatar estos domicilios y también garantizar que no se encuentren en situación de calle. Lo hacen con la ayuda de los ministerios de Desarrollo Social de Corrientes y Chaco.

José Ernesto Meixner es diputado provincial y profesor de Derecho Internacional. Analizando la realidad venezolana, explica que la Argentina desde la elaboración de su Constitución Nacional en 1853, decidió ser un país de fronteras abiertas “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Para él, no se encuentra otra legislación tan abierta y fraterna con el migrante y esto además se ve reflejado en la igualdad de derechos que posee una persona extranjera una vez que adquiere el DNI argentino, con otra que haya nacido aquí.

“No había en el mundo un régimen legal como el de la Argentina. Estados Unidos que es considerado la cuna de la democracia recién dictó leyes 1964, hasta entonces los negros no tenían los mismos derechos que los blancos”, afirmó Meixner.

Esta igualdad, se ve también en el sistema educativo argentino que incluye a estudiantes de otras nacionalidades sin restricciones. “La UNNE es un ejemplo de esta inclusión porque posee un importante número de estudiantes de países vecinos”, dijo el diputado provincial.

Inserción laboral

Para equilibrar el número de los migrantes en todo el territorio argentino y que no incremente el número de desocupados, Stegelmann explicó que como política de la institución se trabaja en redirigir los flujos migratorios. De esta forma se trata de analizar qué profesionales se necesitan en Corrientes para que los mismos puedan insertarse en el mercado laboral ya que además es una provincia que cuenta con universidades y un importante número de egresados.

Un problema con los que se encuentran los venezolanos tiene que ver con la validez de su título universitario. Si bien, ésto no debería ocurrir para países del Mercosur, es una realidad que los expulsa a trabajar de serenos, comerciantes o lo que consigan. Stegelmann afirmó que para ello se está trabajando con otras instituciones para solucionar la problemática.

En ese sentido, Meixner sostuvo que es importante que el Estado controle la situación laboral de los extranjeros ya que pueden encontrarse en situaciones vulnerables que los conduzca a ser víctimas de explotación.

“Este gobierno está destrozando los derechos y las garantías constitucionales especialmente las laborales de los argentinos. Entonces qué es lo que les queda  a los extranjeros. Nos han llevado a una precarización y al desmantelamiento de todo el sistema de garantía social”, sentenció el diputado provincial.

En Argentina, según los datos oficiales, en enero ingresaron 3339 venezolanos; 1119 bolivianos; 918 paraguayos y 384 brasileños. Teniendo en cuenta estos números, Meixner analiza las políticas de gobierno de cada país donde concluye que, más allá de la ideología que gobierne, las personas deciden trasladarse tras la búsqueda de progreso. “Paraguay tiene un gobierno que podría considerarse la contra cara de Venezuela, y si bien su número de emigrantes no es menor”, explicó.

EL LITRORAL

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Diario Folha de Sao Paulo retrata “éxodo” de misioneros a Brasil

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El diario Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes de Brasil, se hizo eco en su edición del sábado de la migración de trabajadores misioneros a territorio brasileño, en un extenso artículo donde atribuye el fenómeno a las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei.

La nota, titulada “Argentinos vienen a trabajar a Brasil, después que Milei acabó con el precio mínimo de la yerba mate” y firmada por los periodistas Felipe Gutierrez y Carlos Villela, parte del incremento en la emisión de la tarjeta conocida como CPF (Cadastro de Pessoas Físicas / Registro de Personas Físicas) que otorga la Receita Federal, órgano tributario y aduanera brasileño, y es indispensable para trabajar legalmente en el país.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año, entre 2016 y 2021, y a casi 40.000 el año pasado, de acuerdo a datos de la Receita Federal”, señala el artículo del Folha.

“El documento es exigido para trabajar en Brasil, objetivo de parte de ese contingente después de una especie de éxodo de la provincia de Misiones, extensión argentina que hace frontera con Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Es donde queda la ciudad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera”, describe la nota.

Comenta que la tierra colorada es “la región argentina más productora de yerba mate”, un sector que “fue afectado por una de las políticas liberales de Javier Milei”, que “acabó con la fijación del precio mínimo de la materia prima” y “llevó el precio del producto a caer por la mitad”.

El artículo habla del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), de su origen en 2002, “después de una larga protesta del campo”; y de su papel de “árbitro” hasta el DNU 70/23 de Milei, que lo despojó de sus atribuciones y liberó el precio de la yerba mate.

La nota recoge la declaración de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales, Ana Cubilla, quien describió a los periodistas brasileños la función del Inym en la cadena yerbatera.

“Su principal tarea era, todos los años, fijar el precio. Muchas veces no había consenso entre los diferentes directores y ahí la cuestión era elevada a un arbitraje, donde intervenía el ministro de Agricultura”, dijo Cubilla al Folha.

“El precio de mercado nunca quedaba abajo del mínimo fijado por el Instituto”, escribe el diario brasileño y precisa que “con la elección de Milei, las reglas cambiaron”, ya que el nuevo presidente argentino “despojó al Inym del poder de fijar precios mínimos y liberó el comercio para transacciones sin ese parámetro”.

“Hasta 2023, el kilo de hoja verde era de $420 (R$1,57, en la cotización actual). Tres años después, se paga $180 (R$0,67), y todos los insumos y combustibles tuvieron aumentos”, afirma Cubilla en la nota.

Tareferos

El artículo recoge también las palabras del misionero Ángel Enrique Ozeñuk, productor de San Vicente, quien cuenta que “consigue cerca de $220 (R$0,82) por kilo (de hoja verde) en el ‘secadeiro’”, y revela que “las pequeñas propiedades rurales están siendo abandonadas por los tareferos”.

“Nuestra mano de obra, por suerte, han conseguido ir en grandes cantidades a Brasil para mantener a sus familias”, comenta Ozeñuk en la nota.

Joaquín Ríos, 32, padre de dos criaturas, dice que es de la ciudad de San Pedro, en Misiones”, presenta el artículo al primero de los migrantes misioneros entrevistados: “Yo soy tarefero, vengo de un municipio donde hay 17.000 hectáreas de yerba mate”, cuenta Ríos.

“Hace un mes, él fue para la cosecha de uva en la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira, entre Caxias do sul y Bento Goncalves. En la Argentina, afirma, el debería recibir $79 (R$ 0,30, en la cotización actual) por kilo de yerba mate, pero no encontraba a nadie que pagase eso, apenas $40 (cerca de R$ 0,15)”, relata el artículo.

Destaca que el misionero elogia el trato recibido en Brasil: “Además del pasaje, tenemos almuerzo y cena, y podemos cocinar”, consigna que les contó Ríos y que, también, les aseguró que “donde él está trabajando hay cerca de 500 argentinos”.

“El tarefero sabe que el trabajo actual debe terminar en dos semanas y dice que va a tratar de encontrar alguna otra ocupación para ‘quien sabe, más adelante traer a mi familia a Brasil’. Si no lo logra, volverá a Misiones”, relata el Folha.

Lucio Rodríguez Velásquez, 26, es un veterano. Él vino a Brasil en 2018, dice que ya trabajó en la cosecha de tomate, uva y morango y conoce algunas de las ciudades donde hay trabajadores rurales argentinos (Flores da Cunha, Nova Pádua e Caxias do Sul, todas no Rio Grande do Sul)”, escribe el diario brasileño.

“Gano R$180 por día, paso el mes y sobra más de la mitad”, cuenta Rodríguez Velásquez.

Conocedores

El artículo del diario paulista recoge también las palabras de sindicalistas y empresarios brasileños que destacan la “predisposición”, “habilidad”, “conocimiento” y “relación cultural con el campo” de los trabajadores rurales misioneros.

“El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirma que el número de argentinos en la cosecha de uva del municipio viene creciendo hace tres años”, escribe el Folha.

“Uno va trayendo a otro. Tiene un hermano, un pariente, un vecino conocido, y ellos encuentran aquí una condición en que los agricultores son bien remunerados en la cosecha de uva”, relata el entrevistado.

“Postal afirma todavía que los trabajadores argentinos tienen mayor predisposición al trabajo formal. Las contrataciones por el régimen CLT (Ley de Contrato de Trabajo) aumentaron en las cosechas de uva gaúchas desde 2023, luego de que más de 200 trabajadores de una empresa tercerizada fueran rescatados de condiciones análogas con la esclavitud”, informa.

Asimismo, recoge el testimonio de Ilvandro Barreto, coordinador de la Cámara Sectorial de la Yerba Mate de Río Grande do Sul, quien señala que, en el mercado internacional del producto, Argentina “había perdido terreno con Brasil antes del cambio en la política de precios”, dispuesta por Milei.

“Ese cambio volvió a Argentina más competitiva en precio. Hizo que trabajen con un precio próximo al nuestro. Antes, tenían un precio mayor y dificultades en el mercado internacional”, analiza el empresario brasileño.

Según señala el artículo de Folha, “Barreto elogia a los tareferos argentinos que, segun él, tienen una relación cultural con la yerba mate, entienden la fisiología del árbol y hacen una cosecha que no perjudica a la planta”.

Cita también a Domingos Velho Lopes, de la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, quien habla de la “falta de mano de obra para la cosecha en Brasil” y afirma que los trabajadores misioneros “son calificados, tienen educación y conocen tanto la agenda agraria como la vida del campo”.

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Joven productor yerbatero propuso tomar el Inym: “Es para visibilizar el tema”

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Manuel Mielniczuk es un joven productor yerbatero de San Pedro que, en medio de discusiones y debates sobre la crisis que atraviesa al sector, propuso en el grupo de WhatsApp Impulso Yerbaterotomar el Inym”. En diálogo con La Voz de Misiones, explicó que desde su mirada la medida  “sería una opción para visibilizar la problemática”. 

La idea fue propuesta en formato de encuesta y fueron pocos los que emitieron su voto. Solo 6 de los 683 integrantes se inclinaron por la opción positiva. No obstante, cabe señalar que la participación en el grupo suele ser baja y que entre sus miembros también hay dirigentes políticos y periodistas.

Desde hace 5 años administra 15 hectáreas familiares, bajo un contrato de aparcería. La producción total de su chacra ronda los 100.000 kilos anuales. Sin embargo, asegura  “la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos que me tocó vivir”.

Manuel Mielniczuk

El año pasado participó del corte de rutas junto a un grupo numeroso de productores de su ciudad. Aunque para él la decisión de trasladar el reclamo a Rentas “no tenía sentido”.

“Eso se resolvió en asamblea con representantes de distintos puntos de la provincia, aunque yo quería acampar frente a la Casa de Gobierno en Posadas para visibilizar más el conflicto”, explicó.

Según detalló, en su zona el kilo de hoja verde se paga alrededor de 60 pesos en planta. Puesta en secadero, el valor alcanza los 240 pesos, pero tras los descuentos, entre ellos corresponsabilidad gremial y rentas, el productor termina percibiendo cerca de 180 pesos por kilo. Además, los pagos se realizan con cheques a 30 días, que luego se extienden a 90 días más. “Esos valores no cubren los costos de producción”, aclaró.

Desde que cayó el precio, sostiene que mantener el esquema productivo se volvió prácticamente imposible. “Hoy realizo por mi cuenta las tareas de limpieza y mantenimiento del yerbal porque no puedo afrontar el costo de un empleado. Es supervivencia”, declaró.

Al comparar con la situación anterior, señaló que antes del cambio de gobierno nacional cobraba alrededor de 370 pesos por kilo en efectivo.  “Antes necesitaba 4 o 5 kilos de yerba para pagar una boleta de luz; hoy requiere más de 200 kilos. En el caso del combustible, hace 3 años un kilo de hoja verde equivalía aproximadamente a un litro de nafta, mientras que ahora necesitas unos 15 kilos para cubrir ese mismo litro”, detalló.

En cuanto a las responsabilidades políticas, consideró que la principal responsabilidad recae en Nación, aunque también atribuyó un grado de responsabilidad a la Provincia por no haber implementado medidas más firmes. “En reuniones con funcionarios provinciales, la respuesta fue que no pueden hacer nada”. Manuel aclaró que no votó a La Libertad Avanza y percibe que muchos productores que inicialmente acompañaron al Gobierno nacional hoy están desilusionados.

De cara al futuro, advirtió que, si no hay cambios, el conflicto podría profundizarse. Señaló que productores de mayor edad le describen escenarios previos a la creación del Inym, como intercambios de supervivencia

“Dentro de poco esto va a volver a como era antes: por 1.000 kilos de yerba te daban una bolsa de harina y un bidón de aceite”, afirmó. Y sostuvo que “mientras el Gobierno no cambie su postura, o cambie el gobierno, esto va a ir cada vez más para ese lado”. 

Actualmente tiene previsto comenzar la cosecha a mediados de mes porque no cuenta con otra alternativa: debe afrontar gastos básicos como luz, combustible y alimentación. “No queda otra”, sentenció.

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Gobierno del Chaco elimina fondo salarial de 600 empleados estatales

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El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial para los trabajadores del Ministerio de Producción creado en 2015.

Según denunció el gremio de los empleados estatales chaqueños, la medida de Zdero, que gobierna aliado con La Libertad Avanza (LLA), fue “unilateral” y significa “un golpe crítico al poder adquisitivo de las familias”.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), sostiene que la eliminación del FEP representa una reducción de hasta el 95% de los ingresos totales de los empleados del Estado provincial en los casos más extremos.

A través de comunicados y asambleas, la UPCP advirtió que el gobierno de Zdero descontó “el 80%” del salario a los trabajadores de la cartera de Industria, que suman unos 600 funcionarios.

“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo”, señaló a la prensa local el dirigente sindical Raúl Cantero Garcilazo.

“Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, contó.

“El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, indicó.

Por su parte, la administración de Zdero justifica la medida argumentando que el mecanismo del FEP era contrario a la ley y que su eliminación responde a una necesidad de corregir irregularidades administrativas.

“El fondo se percibe desde 2015. Primero, por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó Cantero Garcilazo.

 

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