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Tras el corte, en Iguazú amenazan con endurecer la protesta contra las villas turísticas

POSADAS. Los vecinos autoconvocados de Puerto Iguazú amenazaron con endurecer su oposición a la construcción de villas turísticas dentro del Parque Nacional, tras cortar hoy el acceso a las Cataratas por casi diez horas, según advirtieron al levantar la concentración.

Las nuevas medidas se darán a conocer mañana a las 10 durante una conferencia de prensa que se realizará en la sede de Iguazú Turismo Ente Municipal (ITUREM), en tanto que para las 18:30 está prevista la realización de una asamblea en la plaza San Martín.

En las convocatorias se definirán los pasos a seguir tras la protesta, incluyendo el análisis de la advertencia enviada por el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Eugenio Breard, acerca de que no iniciará “ningún tipo de negociación bajo presión”.

Los dichos de Breard caldearon más los ánimos de pobladores, integrantes de organizaciones sociales y ambientalistas contra el proyecto del Gobierno Nacional de parcelar el Parque y otorgar la explotación a privados a través de complejos turísticos.

A raíz de la postura del funcionario, los manifestantes que desde las 6:15 se concentraron en el acceso al Parque para impedir la entrada de empleados y visitantes, ratificaron su decisión de continuar en el lugar hasta que la Nación descarte el proyecto de las villas turísticas.

A las 15:15 decidieron levantar la manifestación con previsiones de continuar con las protestas mañana, aunque los detalles se darán a conocer durante la conferencia de prensa y la asamblea prevista para la tarde, según publicó el portal El Independiente de Iguazú.

PROVINCIALES

El gobierno ordenó bajar de 35% a 17% el aumento del agua en medio de reproches

La medida fue dispuesta esta mañana por el gobernador. Y sorprendió a la cúpula del EPRAC que había autorizado la suba más alta. Volvieron los rumores de cambios y la condición de jubilado que tramitó Guccione.

POSADAS. Al final el aumento en la tarifa por consumo de agua potable será de 17 por ciento, y no de 35% por ciento como se anunció la semana pasada y provocó la reacción de los usuarios de la empresa SAMSA en Posadas y Garupá.

La corrección fue ordenada por el gobernador Hugo Passalacqua a los directivos del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloaca (EPRAC), que preside el médico José Guccione, tras varios días de tensión en las relaciones.

De acuerdo con los informes iniciales, la reducción del porcentaje no regirá para las cooperativas de Oberá y Eldorado que deberán realizar los ajustes dentro del 21 por ciento y del 33 por ciento que se aprobó para los dos casos.

El sorpresivo cambio reveló la complicada relación entre la Casa de Gobierno y la cúpula del EPRAC, integrada además de Guccione por Javier Pelinski, Cinthya Petcoff, Rubén Tournie y Erico Álvarez,  por el manejo del ente.

En el caso del aumento revisado, trascendió que el 35 por ciento fue avalado por el directorio del EPRAC sin dilaciones, ya que al parecer habría sido aprobado con anterioridad, pero estaba pendiente.

La conducción del ente habría considerado innecesaria la consulta con el Ejecutivo provincial, originándose el cortocircuito que derivó en la fijación del 17 por ciento como incremento, bajo sospecha de connivencia de los directores con la empresa prestataria.

El entredicho reflotó una supuesta salida de Guccione del EPRAC, cargo al que ya había renunciado a mediados del año pasado para facilitar la adopción de medidas administrativas para la obtención de la jubilación.

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PROVINCIALES

Piden juicio oral para el intendente Neis y otros 46, por defraudación al Estado nacional

Es por los fondos de un programa de tratamiento de residuos. Entre los acusados también figuran Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. El juez hará una evaluación final.

BUENOS AIRES. (Diarios y agencias). El intendente del municipio misionero de Puerto Rico, Federico Neis, irá a juicio oral junto a otros 46 alcaldes y tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por defraudar al Estado nacional en 600 millones de pesos.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo contra los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen.

Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

El caso

Durante la gestión de Cristina Kirchner se implementaron programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. 

Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”.

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras.

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Juntan firmas para la construcción de un puente en San Pedro

Vecinos del barrio San Miguel de San Pedro juntan firmas para la construcción de un puente que permita la comunicación terrestre con el barrio Irrazabal.

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