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ECONOMÍA

Bolsonaro contradijo al Congreso y bajó el mínimo vital y móvil de los brasileños

Jair Bolsonaro empezó a gobernar y ya dio una muestra del giro conservador que quiere imponer en Brasil. Horas después de su investidura, firmó un decreto en el que fijó el salario mínimo de los trabajadores del país en los 998 reales (unos 257,5 dólares) para 2019, lo que supone un reajuste del 4,61 % con respecto al año pasado. No obstante, la cifra es inferior a los 1.006 reales (259,6 dólares) calculados por el Gobierno saliente de Michel Temer y recogidos en los presupuestos de 2019 y que se iba a aplicar.

El aumento del salario mínimo en Brasil se decide con una fórmula que considera la inflación, la tasa de crecimiento del año anterior y otras variables. En este sentido, esa reducción entre el valor finalmente decretado por Bolsonaro y el reflejado en los presupuestos se debe a una disminución de las estimaciones de inflación.

El reajuste del salario mínimo es tradicionalmente decretado en los últimos días de diciembre, pero el hoy expresidente Michel Temer decidió delegar el asunto en el nuevo jefe de Estado, que optó por definirlo horas después de jurar el cargo.

En su discurso de investidura, Bolsonaro, excapitán de la reserva del Ejército y líder de la extrema derecha en Brasil, prometió liberar a Brasil “de las amarras ideológicas”, gobernar “sin discriminación” y realizar las reformas económicas necesarias para superar la crisis.

El 1 de enero de 2019 sería recordado como “el día en que el pueblo empezó a liberarse del socialismo, de la inversión de valores, del gigantismo estatal y de lo políticamente correcto”, afirmó.

También reiteró que se propone abrir los mercados internacionales para las exportaciones brasileñas, “estimulando la competición, la productividad y la eficacia sin tinte ideológico” y con una especial atención al sector agropecuario, que es el principal motor de la economía nacional.

El nuevo canciller, Ernesto Araújo, explicó tras reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que las dos mayores economías del hemisferio trabajan “por un orden internacional diferente”. Y explicó que Brasil “se está realineando consigo mismo, con sus propios ideales”, rompiendo con décadas de búsqueda de equidistancia de las grandes potencias y de refuerzo de las relaciones Sur-Sur.

En el plano interno, el nuevo gobierno decidió entregar la demarcación de las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, representante de los intereses del pujante sector del agronegocio, uno de los principales aliados del presidente de ultraderecha.

El cambio, que deja sin la atribución a la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), desató las críticas de los opositores del exmilitar -conocido por sus enfrentamientos con el sector ambientalista o de trabajadores sin tierra- y era uno de los asuntos más comentados en el Twitter brasileño.

“Teníamos en nuestro plan de gobierno colocar dentro de la cartera de Agricultura todo lo que, de una u otra manera, gira en torno al agronegocio, que es el gran punto de sustento de la economía brasileña”, afirmó el ministro jefe de la Casa Civil (jefe de Gobierno), Onyx Lorenzoni.

Para el columnista Igor Glelow, de Folha de S.Paulo, “los discursos de Bolsonaro son una colección de tuits sazonados con mesianismo”.

Cristian Klein, de Valor, resaltó que palabras como “desigualdad”, “hambre” o “desarrollo” desaparecieron del discurso de investidura, en tanto que abundaron las menciones a Dios y las denuncias a la “ideologización” de la vida social.

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El gobierno utilizó 86.000 millones de pesos de la caja de la Anses

Sobre el final de un 2018 marcado por la crisis económica y mientras el dólar trepa 50 centavos, el Gobierno volvió a echar mano sobre la caja de la Anses para financiarse con la renovación de Letras del Tesoro por 86.000 millones de pesos.

La operación, que retirará los fondos del organismo que tiene a su cargo el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones, se oficializó en el Boletín Oficial de hoy, con las firmas del Secretario de Finanzas Santiago Basuli y del secretario de Hacienda, Rodrigo Pena.

Los funcionarios dispusieron la renovación de Letras del Tesoro en pesos a ser suscriptas por la Anses, organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Las letras están fechadas al día de hoy, con un vencimiento pactado de un año, hasta el próximo 26 de diciembre de 2019. Según trascendió, el dinero será utilizado para pagar servicios de la deuda y resolver gastos operativos, en cumplimiento de la programación financiera propuesta en el ejercicio 2018.

Enmarcado en ese ajuste, la Resolución Conjunta 37/2018 de la secretaría de Finanzas y Hacienda de hoy dispone la emisión de Letras en pesos, con una moneda de suscripción en pesos o dólares, “utilizándose para su conversión el tipo de cambio de referencia de la Comunicación “A” 3500 publicada por el Banco Central el día hábil anterior a la fecha de liquidación”, aclara el texto.

Allí se detalla que la forma de colocación es por suscripción directa, la amortización íntegra al vencimiento y devengará intereses a Tasa Variable, pagaderos trimestralmente el 27 de marzo, 26 de junio, 25 de septiembre y 26 de diciembre de 2019. Serán intransferibles y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.

Medido en dólares, entre diciembre del 2017 y junio pasado el poder adquisitivo de la caja de los jubilados se redujo en un 30 por ciento, una descapitalización equivalente a unos 17.691 millones de dólares. La utilización del Fondo de Garantías de Sustentabilidad para atender gastos corrientes del régimen previsional es una condición establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

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ECONOMÍA

Crisis: empresas piden concurso para evitar intereses, indemnizaciones e impuestos

BUENOS AIRES (Agencias). Con la zozobra que provocan las situaciones de crisis, en Argentina las empresas comenzaron a desplegar una serie de medidas tendientes a atenuar los efectos de la recesión, como el pedido de concurso para evitar los pagos de intereses, indemnizaciones y hasta de impuestos.

La estrategia está centrada con mayor virulencia entre las Pyme, donde en los últimos meses ya hubo miles de cierres, pero quedaron registrados en la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura, 961 casos de concurso preventivo de acreedores en la primera mitad de este año.

Para la segunda mitad del año se espera que la cifra citada sea incluso mayor, aunque la tensión se concentra en la cadena de pagos: aquellas empresas con documentos por cobrar, al pagar las tasas de interés que en un banco público como el banco Provincia son del 94% anual más comisiones (o 79,95% si es para el descuento de certificados de obra), terminan recibiendo ingresos con los que difícilmente cubren sus costos, lo que tensiona la relación con sus proveedores, los cuales a su vez enfrentan el mismo dilema.

El portal La Política on Line citó declaraciones del economista Fausto Spotorno de la consultora de Orlando Ferreres, quien advirtió que “tampoco hay que engañarse tanto: hay muchas empresas que con estas tasas están entrando a la convocatoria de acreedores, y quizás hasta les conviene porque por ahí salen más fortalecidas”.

En el horizonte hay empresas que se juegan su supervivencia en los juzgados porque entrar en un concurso preventivo congela hasta por dos años los intereses de los créditos contraídos y conseguir una renegociación con los proveedores da aire a las empresas que están al borde de la asfixia.

Además se frena el pago de indemnizaciones por despidos y hasta los reclamos de deudas impositivas de la AFIP. Un oxígeno no menor en un marco de severa recesión.

Pero el embargo de las cuentas, la suspensión de los contratos y las demás restricciones legales para asegurar los pagos dejan a las empresas maniatadas en su operatoria y sin capacidad de acceder a nuevo capital de trabajo.

Para las empresas es una apuesta arriesgada la de jugarse su supervivencia por la vía judicial y exponerse a la decisión de un juez de dictaminar el levantamiento de los embargos o bien, que la empresa siga su curso a la quiebra.

La apelación a un remedio tan extremo habla de la gravedad de la crisis en curso.

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ECONOMÍA

Se vienen, como mínimo, dos nuevas subas de nafta antes de fin de año

Si YPF no sube los precios las demás no lo harán tampoco sino perderán ventas. Faruk Jalaf, Presidente de la Cesane, indicó que hay trascendidos sobre posibles subas del combustible, aunque como mínimo y por el acuerdo hecho deberá subir al menos 2 veces más antes de 2019. Si darán precios de referencia no tiene sentido, porque el estado tiene una petrolera y de allí puede manejar el precio.

“Hay un precio sugerido de petroleras, que es mucho más eficaz que el estado, yo no puedo cambiar porque tengo firmado acuerdo con petrolera, puedo recibir sanción, que no manden combustible. El estado puede manejar precio con petrolera estatal, sugiero que se ponga precio uniforme en todo el país, por lo menos por marca. Que no haya ciudadanos de primera o de cuarta como somos el interior del país”.

Jalaf agregó: “si llevamos el federalismo que sea como tiene que ser, en una época hubo precios parejos, pero en esta época de libertad de precios se podría hacer en forma parcial, que cada petrolera tenga el mismo precio en todo el país”.

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