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En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram

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“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.

Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.

Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.

Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.

En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.

El Territorio

Judiciales

Fiscal pide perpetua para Schoenfisch: “Ejecutó a sus padres mientras dormían”

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Pablo Schoenfisch

El juicio contra Pablo Schoenfisch (23), marcado por una serie de particularidades que tornaron el proceso lento, tedioso y mucho más extenso de lo previsto, finalmente entró en etapa decisiva con un pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía y un planteo de absolución efectuado por la defensa, cuestión que se definirá el próximo martes cuando el Tribunal Penal Uno de Eldorado dicte sentencia.

En la audiencia de hoy el magistrado Atilio León, vocal del tribunal que preside Adriana Andino y que también integra Javier Jourdan (subrogante), insistió en su postura de suspender el proceso en virtud de las declaraciones autoincriminatorias efectuadas por Arnoldo Schoenfisch (67), quien pidió ser imputado en lugar de su hijo al confesar que él asesinó a su esposa Faustina Antúnez (54) y luego intentó suicidarse.

Esta vez León hizo su planteo a través de un escrito dirigido a Andino y leído ante las partes previo al inicio de los alegatos, etapa cuyo inicio volvió a demorarse unos minutos por un cuarto intermedio dictaminado para resolver la cuestión.

Tenemos aquí dos sospechados por un mismo hecho delictuoso, con la única diferencia que uno llegó por el camino de rito y otro que vino como testigo”, advirtió el magistrado, quien reiteró su postura de suspender el debate hasta tanto la confesión de Arnoldo Schoenfisch sea investigada por un fiscal de instrucción para que se determine la consistencia o no de esa versión antes de avanzar sobre Pablo. 

Lo mismo había planteado la semana pasada, cuando el padre del imputado declaró por segunda vez, aunque sus pares votaron por continuar el proceso, mientras que este jueves decidieron diferir la resolución de la cuestión al momento del dictado de sentencia, ante lo cual dieron inicio a la ronda de alegatos.

El fiscal exhibió imágenes de la escena del hecho, de armas y otros elementos incautados.

Alevosía

El primero en exponer fue el fiscal Federico Rodríguez, que mantuvo la hipótesis acusatoria que ubicado a Pablo Schoenfisch como autor de un ataque parricida y tachó la autoincriminación de su padre como un “injerto introducido a destiempo por la defensa”.

“Como investigué mucho este caso llegó a esta instancia totalmente convencido de la responsabilidad del imputado en los hechos investigados. El hecho está probado irrefutablemente desde el punto de vista físico, está patentizado en las dos almohadas donde fueron ejecutados con la cabeza apoyada”, postuló.

Rodríguez consideró que “este hecho es el más grave que sucedió en los últimos tiempos: arremeter contra la vida de los padres y además tiene la connotación particular de que además fue hecho en alevosía”.

Y ahondó: “Porque no solamente que mató a su madre e intentó matar a su padre, sino que también hubo alevosía, porque ejecutó a sus padres mientras dormían, sin darles ninguna posibilidad de defensa y con total inmunidad para su persona. Y también hay una connotación extra: la premeditación. Esto fue fríamente calculado, tanto por dónde entró, por dónde salió y la utilización de los guantes”.

De esta manera, el fiscal dio por acreditado que Pablo Schoenfisch fue quien el 14 de mayo de 2020 utilizando un revólver calibre 38 disparó a corta distancia contra sus padres mientras dormían en su casa de Santiago de Liniers, provocando la muerte de su madre Faustina Antúnez y provocando graves lesiones en su padre Arnoldo, que como consecuencia de la agresión quedó ciego.

El fiscal Federico Rodríguez fue en el encargado de formular la acusación.

La defensa, encabezada por los letrados María Laura Alvarenga y Fabián De Sá (concejal de Puerto Iguazú desde el 10 de diciembre), confrontó con la hipótesis acusatoria y argumentó que no hay pruebas “que ubiquen a Pablo en la escena del hecho”.

No hay una prueba de que Pablo haya estado en ese lugar. Pablo no se llevó nada de esta escena y tampoco dejó nada. No hay ADN de Pablo. En Pablo no hay sangre de Arnoldo, ni de Faustina, ni rastros de pólvora. Tampoco en el supuesto guante que encontró la empleada”, desarrolló la defensa, entre otros argumentos.

En etapa de réplicas y dúplicas, en tanto, Rodríguez respondió con las declaraciones efectuadas por el padre del imputado en etapa de instrucción y ratificadas por varios testigos: “Fue el propio Arnoldo el que ubicó a Pablo en la escena cuando pidió auxilio y dijo: ‘Por culpa de Pablito. Pablito hizo cagada”.

“En este proceso se vio una falta de respeto tremenda de este chico hacia a sus padres. A su madre le insultaba, no le hacía caso, le empujaba y le robaba”, trazó.

También contestó que “por la fuerza de gravedad la pólvora no subió al brazo, pero sí quedó en el guante” utilizado por el acusado.

Los alegatos culminaron con un pedido de absolución por el beneficio de la duda por parte de la defensa y una solicitud de prisión perpetua formulado por Rodríguez, quien consideró al imputado como autor de “homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía agravado por la utilización de un arma de fuego”, en perjuicio de su madre, y “homicidio calificado por el vínculo y por haberse cometido con alevosía agravado por la utilización de un arma de fuego, en grado de tentativa”.

Las partes volverán a encontrarse en audiencia el martes de 16 de diciembre, fecha fijada por el tribunal para las últimas palabras del imputado y el posterior dictado de sentencia.

El debate para esclarecer este hecho registrado en 2020 comenzó el 10 de noviembre, pero tras la incriminación del padre del imputado el proceso entró a un sinuoso camino cargado de interrupciones, pedidos de nulidad e idas y vueltas.

Pablo Schoenfisch tiene 23 años y está detenido desde 2020.

Desestiman otra autoincriminación en el caso Schoenfisch y pasan a los alegatos

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Policías vendían armas por Whatsapp y cayeron junto a un cómplice en Alem

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Una investigación interna dispuesta por la Jefatura de Policía de Misiones terminó con la detención y el pase a disponibilidad de dos cabos de la fuerza, acusados de vender armas con la participación de un adolescente de 17 años que actuaba como intermediario para la comercialización ilegal en grupos de compra y venta de WhatsApp.

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VI de Alem llevó adelante la pesquisa y, en los últimos días, reunió indicios sobre la actividad ilegal que habrían ejercido los policías. Con esos elementos, la jueza Selva Raquel Zuetta, a cargo del Juzgado de Instrucción Cinco, ordenó el operativo de captura de los dos sospechosos, que se concretó anoche.

Para las 21, los investigadores interceptaron a Manuel Sebastián D. (31) y Elías R. (24), ambos con el grado de cabo, en inmediaciones del cementerio de Dos Arroyo. Los sospechosos se desplazaban en un Toyota Corolla y, al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron rápidamente alcanzados y reducidos.

También fue demorado un adolescente de 17 años que los acompañaba, quien actuaba como intermediario en la venta ilegal de armas, gestionando contactos mediante un grupo WhatsApp dedicado a la compra y venta.

Durante el procedimiento se secuestró una escopeta Itaca calibre 12/70, otra escopeta calibre 16, una pistola 22, un revolver calibre 38 y otra arma calibre 22, y cartuchos de distintos calibres. Además, se incautó las armas reglamentarias de ambos policías y cuatro celulares, que serán sometidos a análisis pericial.

Mientras la investigación y causa penal avanza en el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, la Jefatura de Policía ordenó el inicio inmediato de las actuaciones administrativas para establecer el origen del armamento, determinar responsabilidades y formalizar el pase a disponibilidad de los efectivos implicados.

Según fuentes de la investigación, no se descarta que surjan nuevas medidas a partir de las pericias en los teléfonos secuestrados.

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Policiales

Investigan si un joven mató a su suegra y arrojó el cadáver a una letrina

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femicidio posadas

El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado esta tarde en el fondo de la letrina de una casa en la chacra 101 de Posadas y en averiguación de un posible femicidio la Policía detuvo a un yerno de la fallecida.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió esta tarde, cerca de las 16, en una vivienda ubicada sobre la calle Semilla y calle 82, a pocas cuadras de la avenida Chacabuco.

En una letrina ubicada en la parte posterior de esa vivienda el personal de la comisaría Decimoséptima dio con el cuerpo de una mujer identificada como Liliana Beatriz Cabrera (50).

Según describieron, el cadáver ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y apenas fue extraído fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar la causa de muerte y otras precisiones clave para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, presente en la escena del hallazgo, ordenó la detención preventiva de un yerno de la víctima como posible sospechoso de femicidio.

El joven puesto bajo la lupa fue identificado como Alexander Dionel A. (22), quien ahora permanece a disposición de la Justicia y su futuro depende del avance de la investigación.

El lugar fue absolutamente preservado para que el personal de la Dirección Criminalística se encarga de las correspondientes pericias de rigor.

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