Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram

“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.
En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
Judiciales
La Justicia misionera ordenó restituir cuatro pensiones por discapacidad

La Justicia misionera dictó una resolución que ordena tanto al gobierno nacional como a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución de cuatro pensiones no contributivas al considerar que los beneficios habían sido dados de baja de manera “arbitraria”.
El fallo corresponde a la magistrada Carmen Helena Carbone, titular del Juzgado Civil y Comercial Seis de Posadas, aunque el anuncio de la novedad judicial correspondió al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien esta mañana realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la medida.
Según publicó luego en X, el dictamen fue firmado el 5 de septiembre, pero ayer se procedió a la notificación formal de la medida, la cual debe ser cumplida en un plazo de 48 horas.
La Jueza Civil y Comercial Nº 6 de Posadas, Dra. Carmen Helena Carbone ordenó al Gobierno Nacional y a la @andiscapacidad restituir las Pensiones No Contributivas que habían sido dadas de baja de manera arbitraria a cuatro beneficiarios misioneros.
Este fallo, dictado el 5 de… pic.twitter.com/T3xVPNgcA4
— Lucas Romero Spinelli (@lucasaromero) September 18, 2025
“La decisión de la Justicia deja muy en claro que ningún gobierno puede suspender derechos adquiridos sin debido proceso. No se trata de un tecnicismo judicial: estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna”, resaltó Romero Spinelli en sus redes.
En esa línea, precisó que “la jueza fundamentó su intervención señalando que, aun tratándose de una cuestión federal, la ley 26.854 habilita medidas cautelares cuando están en riesgo la salud y la vida digna de grupos vulnerables. Por ello, consideró legítimo dictar una resolución urgente para proteger a los beneficiarios”.
“La sentencia no solo devuelve tranquilidad a cuatro familias de Apóstoles, Candelaria, Garupá y San José. También establece un precedente que protege a cientos de beneficiarios en situación similar y refuerza el principio de que los derechos sociales no pueden retroceder”, agregó.
Y cerró: “En Misiones no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y de los más necesitados. Porque las Pensiones No Contributivas no son un privilegio: son un derecho humano esencial. Y la Justicia nos dio la razón”.
Policiales
Un hombre de 60 años murió atropellado sobre la ruta 12 en Candelaria

Aníbal Prieto (60) perdió la vida anoche al ser embestido por una camioneta Ford 150 sobre la ruta nacional 12, en Candelaria.
El siniestro ocurrió alrededor de las 20.15, más precisamente en el tramo de la arteria nacional que une la localidad de Candelaria con Cerro Corá y la víctima murió en el acto.
El conductor del Ford 150, identificado como Rubén G. (50), fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.
Las pericias en el lugar del siniestro la realizó el Personal de Criminalística de la Unidad Regional X. En tanto, por disposición de la Justicia, el vehículo fue secuestrado y el cuerpo de Aníbal Prieto fue trasladado para su correspondiente autopsia.
En cuanto al conductor del vehículo, el juzgado interviniente le notificó de la causa que recae en su contra por el siniestro vial.
Policiales
Alertan por gestores falsos y estafas virtuales con el sello del Madariaga

El Hospital Escuela de Agudos Dr Ramón Madariaga detectó una serie de llamados a pacientes misioneros, en los que individuos desconocidos se hicieron pasar por gestores del nosocomio utilizando el mismo logo, solicitando una serie de datos y la validación de un código, tal como ocurre en las estafas virtuales conocidas como phishing.
Para alertar a la población, el hospital emitió un comunicado en la mañana de hoy en el que detallaron que “Los números poseen el logo del Hospital y entre otros trámites, piden una validación de código a través de un mail o recibiendo un link al teléfono”, por lo que advirtieron de manera contundente: “es una estafa”.
Al mismo tiempo, aprovecharon la misiva para aclarar que: “no existen gestores de turnos externos ni internos que no sean los canales adecuados a través de la aplicación Alegramed y los teléfonos oficiales para solicitarlos”, con lo que citaron el sitio web del Parque de la Salud y los números telefónicos para turnos y consultas médicas +54 9 376 4394832 y turnos para imágenes +54 9 376 4397110.
Por este motivo, solicitaron a la población “estar atenta”, ya que estos números desconocidos en su mayoría tienen características de otras provincias como 011, 0223 o 0245. Y recordaron que “no deben acceder a ningún link, pedido para validación ni al mail facilitado para supuestos trámites”.
Phishing o “pesca”
El phishing es reconocido internacionalmente desde la década de los 90` como un tipo de ciberataque donde los delincuentes suplantan la identidad de una entidad de confianza para engañar a los usuarios y obtener información sensible, como información personal, contraseñas y datos bancarios, mediante mensajes falsos.
En Argentina se masificó como mecanismo de estafa durante la pandemia y actualmente continúa vigente, en este caso bajo la firma del Hospital Madariaga, con lo cual, un usuario de línea telefónica puede recibir llamadas o mensajes con la imagen y logo que representa al nosocomio.
Para evitar caer en este engaño, desde la institución solicitaron no dar información personal ni hacer clic en enlaces sospechosos y contactar al hospital Madariaga directamente por sus canales oficiales.
En caso de que la estafa haya sido concretada, denunciar inmediatamente al 911 o a la División de Cibercrimen de la Policía de Misiones a través del 0376-4447174.
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