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En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram

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“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.

Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.

Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.

Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.

En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.

El Territorio

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Policías vendían armas por Whatsapp y cayeron junto a un cómplice en Alem

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Una investigación interna dispuesta por la Jefatura de Policía de Misiones terminó con la detención y el pase a disponibilidad de dos cabos de la fuerza, acusados de vender armas con la participación de un adolescente de 17 años que actuaba como intermediario para la comercialización ilegal en grupos de compra y venta de WhatsApp.

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional VI de Alem llevó adelante la pesquisa y, en los últimos días, reunió indicios sobre la actividad ilegal que habrían ejercido los policías. Con esos elementos, la jueza Selva Raquel Zuetta, a cargo del Juzgado de Instrucción Cinco, ordenó el operativo de captura de los dos sospechosos, que se concretó anoche.

Para las 21, los investigadores interceptaron a Manuel Sebastián D. (31) y Elías R. (24), ambos con el grado de cabo, en inmediaciones del cementerio de Dos Arroyo. Los sospechosos se desplazaban en un Toyota Corolla y, al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron rápidamente alcanzados y reducidos.

También fue demorado un adolescente de 17 años que los acompañaba, quien actuaba como intermediario en la venta ilegal de armas, gestionando contactos mediante un grupo WhatsApp dedicado a la compra y venta.

Durante el procedimiento se secuestró una escopeta Itaca calibre 12/70, otra escopeta calibre 16, una pistola 22, un revolver calibre 38 y otra arma calibre 22, y cartuchos de distintos calibres. Además, se incautó las armas reglamentarias de ambos policías y cuatro celulares, que serán sometidos a análisis pericial.

Mientras la investigación y causa penal avanza en el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, la Jefatura de Policía ordenó el inicio inmediato de las actuaciones administrativas para establecer el origen del armamento, determinar responsabilidades y formalizar el pase a disponibilidad de los efectivos implicados.

Según fuentes de la investigación, no se descarta que surjan nuevas medidas a partir de las pericias en los teléfonos secuestrados.

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Investigan si un joven mató a su suegra y arrojó el cadáver a una letrina

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femicidio posadas

El cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición fue encontrado esta tarde en el fondo de la letrina de una casa en la chacra 101 de Posadas y en averiguación de un posible femicidio la Policía detuvo a un yerno de la fallecida.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hallazgo del cuerpo ocurrió esta tarde, cerca de las 16, en una vivienda ubicada sobre la calle Semilla y calle 82, a pocas cuadras de la avenida Chacabuco.

En una letrina ubicada en la parte posterior de esa vivienda el personal de la comisaría Decimoséptima dio con el cuerpo de una mujer identificada como Liliana Beatriz Cabrera (50).

Según describieron, el cadáver ya se encontraba en avanzado estado de descomposición y apenas fue extraído fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar la causa de muerte y otras precisiones clave para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, presente en la escena del hallazgo, ordenó la detención preventiva de un yerno de la víctima como posible sospechoso de femicidio.

El joven puesto bajo la lupa fue identificado como Alexander Dionel A. (22), quien ahora permanece a disposición de la Justicia y su futuro depende del avance de la investigación.

El lugar fue absolutamente preservado para que el personal de la Dirección Criminalística se encarga de las correspondientes pericias de rigor.

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Grooming en Garupá: excarcelaron a un policía y quedan cuatro detenidos

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grooming garupá

El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en el marco de la causa por grooming que se inició a mediados de octubre con el rescate de una niña de 12 años que estaba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, fue excarcelado este mediodía y continuará el avance de la investigación en libertad, mientras su defensa trabaja en busca de la falta de mérito y sobreseimiento definitivo.

Mario M. es el segundo implicado en recuperar la libertad, ya que a fines de noviembre había sucedido lo mismo con el gomero Matías C. (19), ante lo cual son cuatro los sospechosos que continúan detenidos y comprometidos con las pruebas recabadas hasta el momento.

El sargento fue excarcelado bajo caución juratoria y mientras siga supeditado a la causa deberá cumplir determinadas reglas conductas entre las que sobresale una restricción de acercamiento al hogar Papa Francisco, lugar del cual escaparon las dos niñas que dispararon la investigación. Tampoco podrá salir del país, salvo autorización judicial.

La medida fue firmada por el magistrado Fernando Verón, que intervino en el expediente en su carácter de titular subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

“Sabíamos de su inocencia”

Consultado sobre la medida a favor de su cliente, el letrado Nicolás Emanuel Zayas expresó que “desde la defensa estamos contentos por la alegría de Mario y de su familia, que estuvieron estoicos desde el día uno”.

“Nosotros desde el comienzo ofrecimos pruebas y líneas de investigación. También vimos las medidas que pedía el juez, las analizamos y al detectar que no habían indicios de delito que vinculara a nuestro cliente sabíamos de entrada la inocencia del sargento. Era cuestión de tiempos que la Justicia avanzara y ratificara nuestros planteos que hoy resultan en su puesta en libertad”, desarrolló en diálogo con La Voz de Misiones. 

En esa línea, Zayas precisó que continuarán a “disposición del juzgado para colaborar y cumplir con las medidas dispuestas”, al tiempo que “trabajaremos en la falta de mérito y sobreseimiento”.

El abogado defensor consideró que “al no existir prueba no amerita siquiera una elevación a juicio. Confiamos en el accionar del fiscal Juan Pablo Espeche (de Ciberdelitos) y Amalia Spinatto (de Instrucción Uno)”.

El sargento Mario M. había sido uno de los primeros detenidos en la causa que se inició el 14 de octubre pasado, cuando la Policía, junto a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), logró rescatar a una niña de 12 que había escapado del hogar Papa Francisco de Garupá y fue tomada cautiva en una fábrica abandonada del barrio Ñu Porá.

Sin embargo, el agente policial que fue arrestado en su propio lugar de trabajo insistió en su inocencia desde el comienzo y ya en el primer llamado a declarar se desligó de los hechos.

La causa

Diferente es la situación de Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Cristian Rolando M. (38), este último también agente policial, dado que ellos continúan detenidos a disposición de la Justicia.

La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.

Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.

La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.

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