Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
Policiales
Grooming en Garupá: excarcelaron a un policía y quedan cuatro detenidos
El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en el marco de la causa por grooming que se inició a mediados de octubre con el rescate de una niña de 12 años que estaba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, fue excarcelado este mediodía y continuará el avance de la investigación en libertad, mientras su defensa trabaja en busca de la falta de mérito y sobreseimiento definitivo.
Mario M. es el segundo implicado en recuperar la libertad, ya que a fines de noviembre había sucedido lo mismo con el gomero Matías C. (19), ante lo cual son cuatro los sospechosos que continúan detenidos y comprometidos con las pruebas recabadas hasta el momento.
El sargento fue excarcelado bajo caución juratoria y mientras siga supeditado a la causa deberá cumplir determinadas reglas conductas entre las que sobresale una restricción de acercamiento al hogar Papa Francisco, lugar del cual escaparon las dos niñas que dispararon la investigación. Tampoco podrá salir del país, salvo autorización judicial.
La medida fue firmada por el magistrado Fernando Verón, que intervino en el expediente en su carácter de titular subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
“Sabíamos de su inocencia”
Consultado sobre la medida a favor de su cliente, el letrado Nicolás Emanuel Zayas expresó que “desde la defensa estamos contentos por la alegría de Mario y de su familia, que estuvieron estoicos desde el día uno”.
“Nosotros desde el comienzo ofrecimos pruebas y líneas de investigación. También vimos las medidas que pedía el juez, las analizamos y al detectar que no habían indicios de delito que vinculara a nuestro cliente sabíamos de entrada la inocencia del sargento. Era cuestión de tiempos que la Justicia avanzara y ratificara nuestros planteos que hoy resultan en su puesta en libertad”, desarrolló en diálogo con La Voz de Misiones.
En esa línea, Zayas precisó que continuarán a “disposición del juzgado para colaborar y cumplir con las medidas dispuestas”, al tiempo que “trabajaremos en la falta de mérito y sobreseimiento”.
El abogado defensor consideró que “al no existir prueba no amerita siquiera una elevación a juicio. Confiamos en el accionar del fiscal Juan Pablo Espeche (de Ciberdelitos) y Amalia Spinatto (de Instrucción Uno)”.
El sargento Mario M. había sido uno de los primeros detenidos en la causa que se inició el 14 de octubre pasado, cuando la Policía, junto a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), logró rescatar a una niña de 12 que había escapado del hogar Papa Francisco de Garupá y fue tomada cautiva en una fábrica abandonada del barrio Ñu Porá.
Sin embargo, el agente policial que fue arrestado en su propio lugar de trabajo insistió en su inocencia desde el comienzo y ya en el primer llamado a declarar se desligó de los hechos.
La causa
Diferente es la situación de Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Cristian Rolando M. (38), este último también agente policial, dado que ellos continúan detenidos a disposición de la Justicia.
La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.
La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.
Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.
La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.
Policiales
Casi contrata como peón rural a un brasileño prófugo por robos y homicidios
Un brasileño buscado en su país por escapar de un penal y estar bajo sospecha de al menos dos asesinatos, entre otros delitos, fue capturado ayer a la tarde en la localidad misionera de San Martín, donde buscaba trabajo como peón rural.
El extranjero detenido se trata de Leonardo André Frohlich (29), quien en su prontuario se anota: tres hechos de robo con daño a vivienda; tres robos simples en domicilios y dos robos calificados ocurridos en su país.
Aunque no es lo único, ya que también está sospechado de dos homicidios y habría escapado de un penal brasileño, según la información obtenida por la Policía de Misiones en base a intercambios efectuados con la Brigada Militar y la Policía Civil de Santa Rosa, localidad brasileña ubicada a unos 140 kilómetros del límite con San Javier.
La captura de Frohlich se concretó ayer, cuando una patrulla policial advirtió que al costado de la ruta provincial 103, a la altura del kilómetro 20, en San Martín, había una Ford Ranger estacionada con dos hombres al hablando a su lado.
Uno de esos hombres era un empresario maderero de Corrientes y propietario de una chacra del lugar, mientras que el otro era Frohlich, que estaba a punto de ser contratado como peón rural, pero cuando los agentes indagaron en su identidad y en su prontuario terminó detenido.
El extranjero fue alojado en una comisaría de la Unidad Regional II y quedó a disposición de la Justicia, cuyas autoridades ahora avanzarán en los trámites de rigor para la entrega del detenido a las fuerzas de su país.
Policiales
Zapelli deberá acreditar tratamiento psicológico y no podrá salir de Misiones
La excarcelación de Bruno Zapelli (35), denunciado por violencia de género contra una ex pareja se dio bajo cinco condicionamientos a cumplir a raja tabla, entre los cuales se destaca, además de la restricción de acercamiento a la víctima, un tratamiento de salud mental obligatorio y una prohibición de salida de Misiones.
Las clausulas fueron impuestas por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, quien firmó una batería de medidas que el implicado que deberá respetar para mantener el beneficio de continuar en libertad mientras avanza el expediente iniciado por el delito de “amenazas” presuntamente proferidas en contra de su ex pareja María José Humeniuk (32), que decidió haber público su historia de padecimientos mediante una entrevista con La Voz de Misiones.
El posadeño, que se desempeña como empleado provincial en el Parque del Conocimiento, fue detenido el jueves pasado, mismo día en que el testimonio de Humeniuk vio la luz.
Después de ello compareció ante la Justicia y recuperó la libertad supeditado a la causa, aunque con un régimen de conducta a respetar, al tiempo que la denunciante también recibió custodia policial permanente y un botón antipánico sin plazo.
Medidas a cumplir
Según pudo saber este medio, una de las principales medidas dispuestas por el juez Monte consiste en la asignación de una comisión policial que acompañe a Zapelli en libertad y monitoree su domicilio.
En paralelo, se secuestró su teléfono celular para confirmar mediante pericias de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) si existen amenazas en contra de alguna mujer.
Al joven se le aplicó, además, una prohibición de contacto (tanto personal, como por celular y redes sociales) y de acercamiento en un radio de 500 metros a la denunciante.
Como tercera medida, una vez al mes el acusado deberá acreditar que recibe un tratamiento de salud mental, ya sea psicológico y psiquiátrico.
Por último y para demostrar que sigue ajustado a derecho, deberá presentarse personalmente cada 15 días ante el juzgado interviniente y tendrá prohibido salir de la provincia, restricción que iba a ser informada a todas las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales.

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