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En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram

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“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.

Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.

Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.

Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.

En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.

El Territorio

Policiales

Despistaron y chocaron contra un árbol en Puerto Rico: un muerto y un herido

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ruta 12 puerto rico

Una joven de 21 años falleció y otro de 25 resultó gravemente herido esta madrugada en el despiste de un automóvil sobre la ruta nacional 12, a la altura de Colonia Mbopicuá, en Puerto Rico.

La fallecida se trata de una joven identificada como Gimena Daniela Cuba (21), quien viajaba como acompañante en un automóvil Volkswagen Gol Trend que era conducido por Nicolás C. (25).

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido Posadas-Puerto Iguazú hasta que, por causas que se intentan establecer, despistó hacia la banquina e impactó contra un árbol.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 6 y en el lugar debieron intervenir bomberos voluntarios que procedieron a extraer a los ocupantes del rodado, instancia en la que constataron que la acompañante ya no tenía signos vitales.

El conductor, por su parte, fue rescatado con vida y fue internado de urgencia. Estaba inconsciente, con politraumatismos, hematomas y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Científica trabajó en el lugar para realizar las pericias de rigor, en tanto que el juzgado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares. Los restos de Cuba serán velados a partir de las 15.30 de hoy en la funeraria La Paz de Puerto Rico.

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Judiciales

Comerciante detenido por abuso a un niño registra condena por el mismo delito

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abuso mercado concentrador

Hechos idénticos, mismo acusado y diferentes víctimas. Todo lo que un niño de 12 años denunció haber sufrido a manos de un comerciante del Mercado Concentrador de Posadas también lo padeció otro menor en 2016, causa por la cual el implicado admitió su culpabilidad y cumplió años en prisión.

Sí. Roberto Ramón Pereira (57), el hombre detenido el último jueves acusado de violar y filmar los vejámenes a un niño de 12 años al que había ofrecido trabajo, registra una condena por otros delitos de idénticas características.

El caso que cuenta como antecedente se descubrió en marzo de 2016, cuando Pereira fue detenido por abusos perpetrados contra un adolescente de 13 años al que le había ofrecido enseñarle el oficio de herrería en un domicilio en cercanías de la avenida Santa Cruz.

El contacto con el menor había iniciado casi un año antes, pero con el correr de los días empezó a abusar de él y, no solo eso, sino que también grabó las agresiones sexuales y esas imágenes luego fueron utilizadas para extorsionar y amenazar a la víctima a cambio de que no denuncia, accionar idéntico al denunciado esta semana por un niño de 12 años.

Por esa causa Pereira quedó proceso, fue sometido a proceso y en 2018 evitó ir a debate oral al admitir su culpabilidad mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a seis años de prisión por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, tres hechos en concurso real”. El acta fue homologada y transformada en sentencia por el Tribunal Penal Dos de Posadas.

Nuevo caso, nueva víctima, mismos hechos

Ahora el mismo sujeto se encuentra detenido por un hecho de idénticas características y en perjuicio de otro menor de edad que relató haber sufrido los mismos hechos.

Pereira fue detenido el jueves pasado en el vivero que atendía en el Mercado Concentrador de Posadas y ahora aguarda ser indagado por el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

Su detención se dio después de que un niño de 12 años le revelara a un primo los abusos que estaba padeciendo. El menor contó que el hombre luego lo llevaba a su casa sobre calle Soria, casi Santa Cruz, donde supuestamente le iba a enseñar a “arreglar sillones”, pero terminó abusando de él y filmando los vejámenes.

En diálogo con La Voz de Misiones, la madre del niño relató que al momento de revelar los sucesos el hijo contó que Pereira además le mostraba videos suyos con otros chicos.

Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó.

El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.

 

Denuncia por abuso en Posadas: “Mi hijo contó que hay videos con otros chicos”

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Policiales

Secuestran 190 kilos de marihuana en un monte cerca de la frontera con Brasil

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marihuana frontera brasil

Una carga de 190 kilogramos de marihuana, valuados en más de 700 millones de pesos, fue incautada este viernes por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) en una zona de monte cercana al límite internacional con Brasil en la localidad de Bernardo de Irigoyen.

El procedimiento fue realizado por los integrantes de la Brigada de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Puerto Iguazú, quienes realizaban patrullajes preventivos en un camino terrado, aunque nada fue fortuito ya que previamente en ese mismo lugar se habían observado movimientos sospechosos a partir de una recorrida aérea con drone controlado por el personal de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas de la misma fuerza federal.

En el sobrevuelo, los agentes advirtieron movimientos sospechosos entre la vegetación y alcanzaron a divisar dos individuos que al notar la presencia policial se internaron en el monte y lograron evadir el cerco.

Los uniformados avanzaron entonces en un rastrillaje por la zona que finalmente dio con una carga de 200 panes de marihuana ocultos entre la vegetación. Lo incautado ascendió a los 190 kilogramos y arrojó un avalúo de 730 millones de pesos, siendo uno de los secuestros más significativos para la PFA en esa región fronteriza desde el inicio del Operativo de Prevención Federal “Plan Andrés Guacurarí”.

Los estupefacientes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Iguazú, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, con intervención de la prosecretaria Margarita Leiva.

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