Nacionales
Además de Aranguren, también Dujovne, Caputo y Faurie tienen dinero fuera del país
BUENOS AIRES y POSADAS. El ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, admitió durante una entrevista que mantenía sus depósitos de dinero en el exterior, aunque no es el único integrante del gobierno de Cambiemos que intenta preservar el valor nominal de sus fondos personales fuera del país.
En el mismo ranking se encuentra el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, quien declaró unos 79 millones de pesos depositados en otros países, equivalentes al 82 por ciento de su patrimonio total que llega a unos 97 millones de pesos.
También el ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, conserva unos 9 millones de pesos en una cuenta en Estados Unidos, equivalente a alrededor de 500 mil dólares.
El canciller Jorge Faurie también tiene bienes en el extranjero: una casa en Portugal por 2 millones de pesos y dos cuentas en aquel país por 4 millones. Además tiene dos cuentas más en Francia por 1 millón de pesos.
Los casos mencionados fueron divulgados el año pasado cuando los colaboradores del presidente Mauricio Macri presentaron sus declaraciones juradas, tal como exige la legislación, en una aparente demostración de transparencia en la gestión.
Por aquel entonces, la revista Perfil sostuvo en un informe que “con la publicación de las nuevas declaraciones juradas de los funcionarios se volvió a convertir en noticia el patrimonio de los miembros del Gabinete, quienes en su mayoría son hombres y mujeres millonarios que ya arrastraban una considerable fortuna desde antes de dedicarse a la actividad pública o que vienen de las familias ricas del país”.
Transcurrido el tiempo, y ante la insistente prédica del Presidente y de los mismos funcionarios acerca de la necesidad de reordenar la economía para que los argentinos pudieran estabilizar su nivel de vida, ninguno de los mencionados dio siquiera muestras de intenciones de repatriar su capital personal para contribuir con estos objetivos.
Al contrario, recientemente Aranguren no dudó en señalar: “Sigo teniendo mi dinero afuera. A medida que recuperemos la confianza en la Argentina regresaremos el dinero”, en una demostración de desconfianza total con la administración de gobierno que él también integra.
Fue más allá el funcionario de Cambiemos cuando aseguró que “el que se quema con leche, ve una vaca y llora”, aunque después intentó relativizar sus expresiones que lo condenaron, señalando que el Gobierno Nacional está “devolviendo la confianza en Argentina”. Pero él sigue sin apostar por el país que gobierna.
Con respecto al origen del capital que mantiene en el exterior, Aranguren dijo que “casi todo lo que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador, de acciones de esa empresa que estaba en el exterior”.
Lo cierto es que según su declaración jurada reveló que el 84 por ciento de su patrimonio -unos 88 millones de pesos- está depositado en un banco extranjero, esto le vale ser el ministro que más dinero posee en el exterior.
Una actitud reprochable, sin duda, por el rol que tiene asignado en el manejo de la cosa pública.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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