El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este viernes a 23 años de prisión a Jonatan Ezequiel “Porteño” Sosa por el homicidio del colono Lisardo Escarvadofski (76) y las lesiones efectuadas a su esposa Orestini Cerri, que sobrevivió a pesar de las graves heridas sufridas, en un hecho ocurrido en abril de 2017 en el paraje Santa Irene de San Javier.

El caso se ventiló en debate oral durante tres jornadas y Sosa fue declarado coautor de los delitos de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego y homicidio calificado en grado de tentativa, en concurso real”.

El fallo coincidió en parte con lo solicitado por el fiscal David Milicich, quien en sus alegatos dio por probada la participación del imputado en el crimen de Escarvadofski y solicitó que se lo condene a 35 años de cárcel.

La defensa de Sosa, por su parte, había pedido su absolución al considerar que no había suficientes pruebas en su contra. El propio acusado además declaró en la segunda jornada del debate y se declaró inocente.

“Yo no soy un asesino, no soy un delincuente. Tienen a la persona equivocada. Lamento lo que le pasó al hombre y a su señora, pero mientras yo estoy detenido, los verdaderos asesinos están de joda”, fueron las palabras de Sosa, quien además denunció haber recibido apremios y aprietes tras ser detenido un año después del hecho en Buenos Aires.

El asesinato de Escarvadofski ocurrió cerca de las 18 del 4 de abril del 2017 en el paraje Santa Irene, donde tenía su chacra.

Ese día, el tiempo estuvo muy feo, debido a la gran cantidad de lluvia que había caído en el Alto Uruguay. Escarvadofski y Cerri estacionaron su Chevrolet Corsa en el garaje y, en esa instancia, notaron que habían dos personas fuera del terreno, en la esquina.

El hombre fue a ver qué querían y a poner el candado al cerco de la casa, que nunca traspuso. Su mujer, en tanto, se fue para adentro de la vivienda.

Allí recibió varios disparos que lo dejaron malherido y terminó muriendo en los brazos de su mujer, que salió a ver qué pasaba al escuchar las detonaciones.

Según dijo, los hombres le pidieron que abra la casa, ella se negó y terminó recibiendo dos impactos de bala. Allí se trenzó en una pelea y tras golpear en la entrepierna a uno de los agresores, salió a la calle a pedir ayuda. Los sujetos aprovecharon para escapar en el vehículo de la pareja, que fue hallado al día siguiente.

Para el fiscal Milicich, Sosa fue uno de los atacantes que participaron aquel día, aunque también consideró que el blanco en realidad era uno de los hijos de la pareja.

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Mediante un operativo encubierto desplegado por agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, en coordinación con la División GAP, lograron detener a quien sería el cabecilla de la organización que operaba bajo la fachada de “Ipora Préstamos” y se dedicaba a estafar sistemáticamente a personas de bajos recursos, principalmente jubilados y beneficiarios de planes sociales. 

La detención, de quien fue identificado como Adrián A. de 42 años, se realizó en el interior de un comercio del microcentro posadeño, justo cuando intentaba consumar una nueva estafa.

Fuentes policiales confirmaron que, luego de una extensa tarea, lograron desarticular gran parte de la estructura delictiva, además de proceder al secuestro de seis teléfonos celulares que serían elementos clave para la investigación, ya que habrían sido utilizados para coordinar y ejecutar las maniobras fraudulentas.

El modus operandi

De acuerdo con las pesquisas, la banda captaba a personas vulnerables en barrios periféricos de Posadas, a quienes convencían de solicitar préstamos personales o adquirir electrodomésticos en cuotas. A cambio, les prometían entregar en efectivo el valor del bien o del crédito gestionado. 

Sin embargo, las víctimas nunca recibían el dinero, quedaban endeudadas y, en muchos casos, sin los productos adquiridos. En algunas situaciones, este ardid se repetía hasta siete veces con la misma persona.

Una de las damnificadas, residente del barrio Sol de Misiones, denunció que fue contactada en su domicilio el miércoles 25 de junio y manipulada para realizar este tipo de trámites. Su testimonio fue fundamental para el avance de la causa, ya que permitió corroborar la modalidad fraudulenta de la banda.

Paralelamente, y bajo la intervención del juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, se realizaron varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad en busca de los demás integrantes de la organización, quienes hasta el momento permanecen prófugos, aunque ya estarían identificados por los investigadores.

En tanto, los celulares incautados serán sometidos a pericias por parte de la Dirección de Cibercrimen, con el objetivo de recuperar información, contactos y conversaciones que permitan identificar y detener al resto de los involucrados, así como reconstruir la ruta de las estafas.

Por este motivo, la Policía de Misiones recuerda a la comunidad que no deben gestionarse préstamos ni entregarse datos personales a terceros desconocidos, y recomienda denunciar de inmediato cualquier intento de engaño o situación sospechosa ante la dependencia policial más cercana.

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Los ex policías detenidos hace nueve meses en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, en el marco de una causa en la que se los investiga por intento de sedición y conspiración, Diego Correa y Adolfo Guirula recuperarían la libertad en las próximas horas.

“Señores y señoras, les comunico que posiblemente en horas el oficial Diego Correa y el cabo primero Guirula recuperarían la libertad desde la Unidad Penal Nº VIII de Cerro Azul”, fue el mensaje que compartió el diputado electo Ramón Amarilla a través de sus redes sociales.

Consultada por La Voz de Misiones, una familiar de Guirula manifestó: “A mi no me llegó ningún oficio todavía, nada por el momento. De todas maneras estamos yendo para allá a buscarlo, ojalá sea porque los chicos ya van ilusionados”.

Si bien no circularon documentos oficiales confirmando la liberación, Amarilla añadió que: “le pintaron los dedos y eso es un trámite antes de la libertad”.

El procedimiento tendría lugar luego de la reciente liberación de otro de los camaradas, Joaquín Orrego, el martes pasado, cuando el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, dispuso el cese de la prisión preventiva y su liberación.

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