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En Posadas, Peña no dijo nada sobre aumento de tarifa tras las elecciones

El jefe del Gabinete nacional negó sus propias expresiones, publicadas por medios de Buenos Aires. Fue confuso al intentar aclarar sus dichos, generando más dudas que certezas. Llegó a Posadas para apoyar a “el gran privatizador” Schiavoni y a Pastori.

POSADAS. El jefe de Gabinete, Marco Peña, señaló hoy en Posadas que no dijo nada sobre un aumento en las tarifas de los servicios públicos para después de las elecciones del 22 de este mes, como consignaron medios de Buenos Aires al citar sus propios dichos durante una entrevista.

Yo no dije eso. No es cierto”,

respondió en forma tajante a un periodista al prestarse a conversar con una radio de Posadas, poco antes de una conferencia de prensa con los candidatos por Misiones del frente Cambiemos, a quienes trajo su apoyo.

Al ahondar en las explicaciones, Peña expresó que le habían consultado si “después van a venir más aumentos o no. Y dije que justamente hace un año nosotros hicimos audiencias públicas que muestran un cronograma y un sendero de normalización del tema tarifario”.

El objetivo en aquél entonces era “lograr lo que se está logrando: más inversión, más conexiones, que más argentinos tengan luz y gas; menos cortes en general, que es lo que dijimos que había que hacer. Un sistema tarifario más justo, más equitativo, más federal”.

Remarcó que lo señalado “es lo que está en camino”, pero precisó que también había dicho que

no había ninguna posibilidad de que vivamos algo similar a lo que fue el ajuste el año pasado, que fue un año muy duro. El año que viene va a haber más recuperación del salario real, más crecimiento del trabajo, más crecimiento de la economía, más crédito, más crecimiento de la obra pública”.

Por ello, el jefe de Gabinete expresó su rechazo “absoluto de la idea de que pueda haber un año de ajustes, como plantean los agoreros”, aunque admitió que “la economía todavía tiene una inflación que va bajando, es algo natural que pueda haber una recomposición”.

En cuanto al apoyo a Humberto Schiavoni, Luís Pastori y candidatos provinciales y municipales de Cambiemos, Peña dijo que “Misiones está viviendo un momento bueno en muchas cosas, tiene un gran futuro por delante. Y además con los muy buenos candidatos que tenemos para apoyar el cambio desde aquí”.

En particular, remarcó que “con Humberto nos conocemos desde hace muchísimos años, un amigo, una persona íntegra de trabajo, que ha peleado por este cambio desde el primer día y que me consta porque en todos los años que hemos trabajado juntos lo he visto con ese amor por Misiones”.

De esa manera, el jefe del Gabinete nacional se convirtió en el segundo referente de la avanzada que llegará a Misiones para intentar sostener a los candidatos, ante el freno que representa Schiavoni a quien se lo conoce como “el gran privatizador” por su gestión en el gabinete de Ramón Puerta. Para los próximos días se espera el arribo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio y hasta de la vicepresidenta Gabriela Michetti, con el mismo propósito que inauguró Mauricio Macri en Puerto Iguazú, el martes pasado.

http://www.lavozdemisiones.com/2017/10/10/vienen-todos-los-cabezones-del-pro-para-ayudar-a-schiavoni-el-gran-privatizador/

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PROVINCIALES

Passalacqua: “No vamos a quedarnos con el dolor del mazazo” de la Nación

POSADAS. El gobernador Hugo Passalacqua dijo hoy que la eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero “fue un mazazo” que, en el caso de Misiones, “pega sobre los recursos y las arcas provinciales”, pero advirtió que “no vamos a quedarnos con el dolor del mazazo”, bal anunciar reclamos para que la quita sea compensada.

En declaraciones a distintos medios de prensa, el mandatario opinó que la afectación por la medida del macrismo “debe ser para todas las provincias lo mismo, pero para nosotros en particular es un mazazo”, aunque anticipó su decisión de reclamar atenuantes de la reducción de los millonarios recursos.

A pesar de la crudeza con que describió la situación planteada, el Gobernador en ningún momento reflotó la novedosa frase que puso en práctica allá por diciembre de 2015, cuando se concretó el recambio de autoridades en los niveles provincial y nacional de distinto signo: “gobernabilidad con gobernabilidad se paga”, al encuadrar el futuro de las relaciones entre estos estamentos institucionales.

“Nos pega sobre los recursos y las arcas provinciales”, dijo y añadió que si bien prefería no incursionar en cuestiones de la macroeconomía, expresó que el Fondo se destinaba “parte al Gobierno provincial y otra parte a los municipios”.

En particular remarcó que se trata de “cientos de millones de pesos al año, que se traduce en escuelas, en patrulleros, en insumos. Y lo que va a los municipios, iba para empedrado, al cordón cuneta, potabilizar el agua, las plazas”, describió en línea con las quejas de los intendentes misioneros.

Por esas razones, Passalacqua sostuvo que son momentos de “muchísima preocupación, pero no de desánimo. Porque tampoco nos vamos a quedar con que nos duele el mazazo. Esa no es la actitud de este espacio político y mucho menos del misionero de ley”.

En tono desafiante señaló que “el misionero siempre va para adelante, aun en los peores momentos y este es un momento muy complicado”, razón por la que comprometió “todas las gestiones que sean necesarias para que la Nación repiense, reflexione y vea cómo compensa” la quita del Fondo Sojero.

En ese contexto anticipó que reclamará al Gobierno nacional que “considere las formas de renegociar ciertas situaciones, porque para colmo estamos cuesta arriba en la topada, con tierra colorada y mucho barro, se va a hacer difícil”.

Además Passalacqua dijo que “más allá de plantear la dificultad, también digo no dejemos al desamparo a la esperanza. Somos gente esperanzada, de trabajo, de lucha, gente que va a seguir empujando para que le encontremos la vuelta y que el pueblo de Misiones siga creciendo”.

Y reiteró que “la más alta de la política es tratar de hacer feliz a la gente; y ese norte que nos hemos trazado con acierto y con errores, nunca lo dejamos de lado”, como en el caso que mencionó por la pérdida de unos 605 millones de pesos de los recursos que recibía la Provincia.

No obstante expresó que “debe haber un tipo de respuesta (desde la Nación), eso es lo que esperamos y para lo que estamos trabajando”, dado que “tenemos una relación respetuosa, como corresponde entre instituciones entre Provincia y Nación; no con este Gobierno, sino con cualquier Gobierno corresponde un diálogo constructivo, proactivo, de respeto mutuo”.

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El Palomar y Flybondi: paredes rotas, ruido insoportable y el miedo a tragedia

Los habitantes del área urbana que rodea al aeropuerto donde funciona la primera aerolínea “low cost” de la Argentina reclaman su clausura y el cese de operaciones de la compañía aérea. “Ahí está. ¿Ves lo que te digo?”. Beatriz señala al techo y hace silencio. No se ve pero se escucha. Los perros ladran al avión que sobrevuela la casa pero el ruido es uniforme y suena al unísono: ensordece y vulnera cualquier acción simultánea. A dos casas de Beatriz está Yanet. Ella dice que cuando el avión pasa, la televisión no se escucha y cuando está hablando por teléfono, tiene que callarse y esperar. La contaminación sonora es el primer síntoma del “síndrome Flybondi”, el eufemismo que nació para describir el padecimiento de los vecinos del aeropuerto de El Palomar donde opera la primera aerolínea “low cost” de la Argentina.

Luis tiene 85 años y vive hace seis décadas en la misma casa, en el modesto barrio Villa Alemania, en Hurlingham. Está a 15 cuadras del aeropuerto, debajo –o sobre– la ruta de aproximación de los vuelos. Su percepción es una queja que se convirtió en el reclamo casi unánime de los vecinos de la zona más afectada por los efectos del aeropuerto. “El ruido es permanente. Molesta, cómo no va a molestar. A la madrugada, a la noche, todo el día es. Cuando viene el avión pienso que se me va a caer el tanque del agua abajo. Pasan a 200 metros de mi casa y hasta me vibran las ventanas”, relata.

El reclamo ascendió a la categoría de denuncia. El colectivo vecinal Stop Flybondi Oficial inició un amparo en septiembre de 2017 contra la habilitación de vuelos comerciales en la base militar de El Palomar. El fiscal federal Jorge Di Lello se expidió el lunes 30 de julio a partir de esta presentación judicial: solicitó al juez Sergio Torres la suspensión de las operaciones del aeropuerto y reiteró el cese de vuelos de la aerolínea Flybondi hasta tanto se constate la seguridad pública de las adyacencias de la terminal aérea.

Las autoridades gubernamentales y de aviación civil respondieron que tanto el aeropuerto como la aerolínea “low cost” cumplen con las regulaciones de seguridad competentes a la homologación de las operaciones aerocomerciales y con la fiscalización de su actividad.

Lucas Marisi es vecino, abogado y promotor de la causa. Exige “que se cumpla la ley, que se clausure el aeropuerto y que opere la aerolínea desde donde corresponda” y critica la convención periodística del caso: “No es el síndrome Flybondi, es el síndrome del aeropuerto trucho”. Desde su visión, no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debe habilitar el Ministerio de Ambiente de la Nación y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de Buenos Aires.

El letrado denuncia tres irregularidades en la habilitación del aeropuerto, donde sustenta su amparo, más allá del reclamo social de los habitantes del barrio lindero a la terminal aérea. Relata anomalías en la Ley General del Ambiente –ley número 25.675– que “dice que cuando no existe una declaración de impacto ambiental que autorice determinado emprendimiento o proyecto, la Justicia puede proceder a su clausura”. Apunta que “la Ley de Sitios de Memoria –ley número 26.691– precisa que los recintos que sirvieron como centros clandestinos de detención no pueden ser refaccionados ni cambiado su uso, y que cualquier obra que se quiera hacer tiene que ser autorizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Esa acta administrativa que debía ser firmada por el secretario Claudio Avruj no existe”. Y desacredita el documento que invoca el Gobierno para respaldar la autorización del aeropuerto: “En un escrito firmado durante el Onganiato, la dictadura cívico-militar presidida por el general Juan Carlos Onganía que derrocó al gobierno de Arturo Illia, le da categoría de aeródromo militar. Además de haber sido firmado durante un gobierno de facto, el documento carece de firma. Y fue el 13 de diciembre de 1968, hace cincuenta años, donde esto era todo campo, no tiene nada que ver esa realidad con la actual”.

Marisi develó que en la causa adjuntaron un informe del Conicet –”que fue olímpicamente ignorado por los jueces”, adujo– en el que califican al aeropuerto de El Palomar como uno de los peores tres del mundo por su pésima ubicación. Lo calificó como la única terminal aérea capaz de conservar un colegio dentro, recordó que durante la inspección ocular con la jueza del 8 de enero se encontraron con polvorín militar y arsenales de municiones a cincuenta metros de las cabeceras de pistas, y comparó: “En el mundo ya no se habilitan aeropuertos en zonas urbanas. Al contrario, se los cierra. En Alemania, el Tempelhof de Berlín lo cerraron para reemplazarlo por un gran parque público”.

Luis contó que por las noches, en la ruta 201 que está a la vera de la base militar y de las vías del ferrocarril San Martín los faros de iluminación misteriosamente se apagan en el tramo que se ubica paralelo a la pista de aterrizaje. El abogado contó su teoría: “Nos enteramos desde fuentes de la fuerza aérea que como los aviones carecen de ILS (Sistema de Aterrizaje Instrumental, por sus siglas en inglés: una tecnología indispensable en materia de navegación que permite guiar el aterrizaje ante fenómenos de baja visibilidad) existe el peligro de que el piloto se confunda la pista con las luces de la ruta”.

Por eso los riesgos y los pronunciamientos de los vecinos. Yanet adquirió el terreno y edificó su casa hace cuatro años. Hoy teme que el valor de la propiedad se haya depreciado por la cercanía al aeropuerto. “A veces pasan tres o cuatro aviones a la una de la mañana, es una tortura: te tiembla la cama, literal. Es demasiado molesto, demasiado”, repite. Las vibraciones generadas por la proximidad del avión le agrietaron las paredes de la habitación de su hija, de nueve meses. Su temor, sin embargo, es otro: “La casa ya está agrietada. A mí me da miedo que se caiga alguno. Parece que se va a estacionar en mi pieza. No se puede vivir así”.

“Estos días que hubo cancelaciones, fue un placer salir al patio”, festeja desahuciada entre sonrisas nerviosas. “Yo me río pero ya no es gracioso”, se corrige. “La gente que viene a casa se asusta”, describe sin saber que a su vecina Beatriz le pasa lo mismo: “La primera vez que lo escuchamos nos asustamos, no pensábamos que iba a ser tan fuerte el estruendo”. Beatriz señala la rajadura que se dibuja en una de las paredes de su casa: la grieta empezó a construirse en febrero, cuando el aeropuerto recibió la habilitación. La exhibe con preocupación, al igual que un techo descascarado que se desnuda a expensas de las vibraciones de los aviones. Una pared que se destruye en una casa donde resuena la sinfonía de un avión aproximándose, síntomas del “síndrome Flybondi”. “Ahí está. ¿Ves lo que te digo?”.

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Boudou, Núñez Carmona y Ciccone, a la cárcel por la causa de la imprenta de billetes

BUENOS AIRES (Agencias). Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, fue condenado hoy a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho, entre otros delitos, en la venta de la principal imprenta de billetes de Argentina.

Por su parte, el tribunal sentenció a José María Núñez Carmona por hallarlo culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y de negociaciones incompatibles con función pública a 5 años y 6 meses de prisión y abonar una multa de $90 mil. También irá a prisión ahora.

En tanto, Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por ser hallado culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con función pública y deberá pagar una multa de $ 90 mil. Cumplirá la prisión de manera domiciliaria.

A su vez, Alejandro Vandenbroele fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y a pagar una multa de $90 mil por haber sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

En cuanto a Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.

Además, el tribunal ordenó que el exvicepresidente vaya preso de inmediato y la condena será de cumplimiento efectivo. 

Según la acusación, mientras era ministro de Economía, Boudou -a través de Núñez Carmona y el abogado Alejandro Vandenbroele como intermediarios- buscó la adquisición del 70 por ciento de las acciones de la quebrada compañía encargada de la impresión de papel moneda, por lo que puso en marcha su salvataje.

El exfuncionario sostuvo que el levantamiento de la quiebra estuvo vinculado a fondos del banquero Raúl Moneta. “Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70% del paquete accionario”, aseguró antes de la lectura del veredicto. Agregó que “el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que cohecho no existió”. Tras recordar que funcionarios del gobierno de Mauricio Macri fueron ejecutivos de las Afjp, Boudou sostuvo que se trata de “una revancha de clase, de aleccionar: que nadie se atreva a cambiar las cosas, Los políticos que llegan para cambiar la sociedad son perseguidos”, expresó.

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