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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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Asuntos Guaraníes propone mesa de diálogo por conflicto territorial en Garuhapé

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El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.

Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.

Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes. 

A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.

“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.

Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.

“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.

La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico. 

Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron. 

Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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El gobernador Passalacqua inaugura sesiones en la Legislatura misionera

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El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.

Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.

“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.

Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.

De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.

La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo

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Yerbateros misioneros expusieron la crisis del sector en el Congreso

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Los representantes del sector yerbatero de la provincia de Misiones: Jorge Skripczuk, Jorge Lizznienz, y el abogado  Federico Padolski viajaron a Buenos Aires este jueves para exponer en el Congreso de la Nación.

A partir de la invitación de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, los productores participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja donde estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Gastón Borsini y otros directivos.

Los yerbateros reunidos con Basterra

Durante la reunión, los productores presentaron ante el titular de la comisión, Luis Basterra, un informe sobre las condiciones de la actividad productiva de la yerba mate tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del gobierno nacional.

“Expusimos sobre las condiciones de los productores de yerba mate y la desfavorable situación frente a la industria, con un Inym sin facultades. Además, el abogado explicó el estado de las acciones judiciales que impulsamos junto a asociaciones y cooperativas”, señaló Skripczuk.

El dirigente remarcó la importancia del respaldo de entidades nacionales con representación federal, como la CGP y Coninagro, para visibilizar la problemática del sector.

Vamos a seguir buscando el acompañamiento de todos los actores que entienden que la cadena yerbatera está en detrimento. Los productores no logramos margen económico, los tareferos también atraviesan dificultades y las pequeñas industrias y cooperativas se encuentran en una situación compleja”.

En relación al Inym, Skripczuk indicó que no hay respuestas por parte de su conducción actual y sostuvo que la crisis podría revertirse con la restitución de sus facultades.

“No tenemos respuestas de (Rodrigo) Correa, representante de Nación en el Instituto, y la desregulación responde al Gobierno nacional. Para nosotros, la única salida es recuperar nuestra herramienta. No solo para fijar precios, sino también para restablecer funciones que permitan equilibrar el sistema yerbatero”, expresó.

Estrategia y medidas

La demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la medida cautelar buscan la nulidad de artículos del DNU y del Decreto 812/2025 vinculados a la actividad yerbatera.

En cuanto a las medidas inmediatas, planteó la necesidad de “sujetar la hoja verde en la chacra” para intentar mejorar el precio de la materia prima. Pedimos a los productores que no cosechen o que mantengan la producción en planta el mayor tiempo posible, o que comercialicen de manera gradual”, detalló.

Finalmente, se refirió a los cortes de ruta impulsados por algunos sectores y marcó diferencias. “No estamos de acuerdo con los cortes de ruta. No buscamos afectar a quienes transitan. Nuestra postura es continuar el reclamo a través de las organizaciones, las cooperativas y la vía judicial”, concluyó.

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