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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, ⁠Kokuere’i II, katupyry, ⁠Mbokajaity I y Pindoty.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales

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En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.

La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera  y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”. 

En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.

“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores

La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.

Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.

En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA

“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.

Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.

Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.

Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”

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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray

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Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local. 

Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.

“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.

Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.

En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”. 

Escalada del conflicto

La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.

En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray

La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.

La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.

“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.

Repudio vecinal

Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.

Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.

Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.

 

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