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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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La Unam votó por la continuidad política en los decanatos de sus seis facultades

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La Unam abre la carrera de Marketing y las inscripciones arrancan en febrero

Este miércoles 10 de junio se concretaron las elecciones institucionales en las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde los decanos fueron reelectos en las seis facultades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.

En cuanto al rectorado, fue electa la lista única integrada por Sergio Katogui como rector y Gisela Elizabeth Spaciuk, como vice rectora, dando continuidad al proyecto de gestión y garantizando una transición ordenada respecto de la administración encabezada por la, hasta entonces, rectora Alicia Violeta Bohren.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales compitieron dos propuestas. La Lista 1, Compromiso Humanidades, representada por Jorge Servián y María del Rosario “Copo” Millán y la Lista 2, Frente Docente por la Educación Pública, que llevó como candidatos al actual decano Cristian Garrido y Zulma Cabrera.

El triunfo correspondió a Garrido y Cabrera, quienes fueron reelectos y ejercerán los cargos de decano y vice durante los próximos cuatro años.

Desde el espacio, agradecieron los resultados a través de sus redes sociales: “Gracias por cada voto de confianza, por cada palabra de apoyo y por creer que una universidad pública de calidad se construye entre todos”.

Y destacaron: “Este triunfo no es un punto de llegada, sino el impulso para seguir trabajando con más compromiso, más diálogo y más convicción por nuestra Facultad”.

De igual manera, en la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) ubicada en Oberá, la lista Unarte ratificó a Ivonne Aquino como decana, acompañada por Héctor Borges como vicedecano.

Mientras que en la Facultad de Ingeniería, María Claudia Dekun continuará como decana y Hugo Orlando Reinert como vicedecano, en representación del espacio Convergencia.

La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado también mantendrá la línea oficialista. Mariano Martín Di Stasi fue elegido decano acompañado por Anahí Tamara Rauh como vicedecana, en representación de Convergencia Forestales, el espacio político alineado con la gestión saliente y respaldado por el actual decano Fabián Romero y la rectora Alicia Violeta Bohren.

Volviendo a las sedes de la capital provincial, en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes obtuvo la reelección junto a Griselda Gabalachis, consolidando un nuevo mandato para la lista “Encuentro y Compromiso por Económicas”.

En tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales también prevaleció la continuidad. Martí Dardo Andrea fue reelegido como decano, en una elección que confirma el respaldo a la actual gestión de una de las unidades académicas estratégicas de la Unam.

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Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”

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La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).

Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.

La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria. 

Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.

“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.

La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.

Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.

“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.

Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.

“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.

La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento. 

“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.

Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.

El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.

Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.

“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.

Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.

“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.

La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.

“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.

La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.

Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.

Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.

La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.

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Docente pide su reincorporación con huelga de hambre y acampe frente al CGE

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La docente y ex directora de la Escuela 958 del paraje Barbacuá de San Antonio, Valeria Paraná, inició una huelga de hambre con acampe este miércoles, frente al Consejo General de Educación (CGE), en reclamo de su reincorporación laboral luego de quedar cesante tras la aplicación de una resolución que cuestiona su designación en el cargo directivo.

La docente aseguró que se quedó “sin trabajo y sin sueldo” como consecuencia de decisiones adoptadas por el CGE, por lo que responsabilizó públicamente a su titular, Daniela López, por el proceso que derivó en su apartamiento. 

Se trata de la Resolución 3177, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 la había designado como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.

La medida también ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.

Al respecto, Paraná detalló en diálogo con FM Santa María de las Misiones que, “la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada”, ya que asegura tener estabilidad laboral otorgada por el mismo CGE y se encuentra cursando una diplomatura en docencia en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).

En ese sentido, consideró que la decisión administrativa forma parte de una persecución: “La intención del CGE, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”.

Respaldo

Durante años, Paraná desempeñó sus funciones al frente de la institución, por lo que padres y vecinos, respaldaron su gestión durante las actuaciones realizadas por representantes legales del organismo educativo en la escuela.

En consonancia con la huelga de hambre con acampe, emplazado desde tempranas horas de este miércoles frente al organismo educativo provincial en Posadas, en la Escuela Nº 958, los padres y miembros de la comunidad educativa tomaron el establecimiento en señal de protesta.

Con estas medidas de fuerza, solicitan a las autoridades que revisen la situación y encuentren una solución al conflicto que afecta a la institución y a la docente. En tanto, los alumnos llevan más de un mes sin clases en medio de la disputa administrativa y judicial.

“Queremos una solución urgente para que los niños vuelvan a las aulas y para que se respeten los derechos de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”, expresaron integrantes del grupo que acompaña el reclamo en la sede educativa.

Por su parte, Paraná permanecerá acampando frente a la sede del CGE “hasta las últimas consecuencias”, a la espera de respuestas y soluciones.

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