Provinciales
Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo
La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.
Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.
Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar
Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.
Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel Ramat.
La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.
Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.
A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.
La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.
El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.
Participación remota
El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.
También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.
La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.
Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.
El acusado
Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.
En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.
En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.
Provinciales
Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”
César Ortiz, referente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja), será uno de los representantes de los trabajadores de la yerba mate que participará de la reunión convocada con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.
El encuentro se realizará este jueves 30 de julio y contará con la participación de referentes de tareferos, asociaciones de productores y cooperativas yerbateras. La reunión con el obispo está prevista para las 9 horas, mientras que a las 11 se reunirán con el mandatario provincial para solicitar el tratamiento y la sanción de una Ley de Emergencia Yerbatera.
Los distintos sectores expondrán la crítica situación económica que atraviesan como consecuencia de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, buscarán el respaldo institucional tanto de la Iglesia como del Ejecutivo provincial para avanzar con medidas que permitan visibilizar la crisis y encontrar soluciones para el sector.
“Desde la asociación vamos a presentar un documento para pedir la emergencia yerbatera, que contemple al pequeño molino, al pequeño productor y principalmente a los tareferos”, señaló Ortiz.
El dirigente explicó que el reclamo apunta a recuperar parte del equilibrio perdido tras la implementación del Decreto 70/23 del presidente Javier Milei, que eliminó facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y dejó sin efecto la posibilidad de establecer un precio base para la hoja verde.
Subsidios y asistencia alimentaria
Ortiz sostuvo que una de las propuestas es la implementación de algún tipo de subsidio o asistencia para los pequeños productores y los trabajadores rurales.
“Estamos pidiendo alguna ayuda para el pequeño productor y para el tarefero, incluso una emergencia alimentaria. Hay familias que hoy no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, afirmó.
Según explicó, muchos tareferos perciben entre 20.000 y 25.000 pesos por día, aunque el ingreso depende de la cantidad de kilos cosechados. El valor actual de la tarea ronda los 50.000 pesos por tonelada, por lo que un trabajador que logra cosechar 600 kilos obtiene alrededor de 30.000 pesos por jornada.
“La mayoría sale de su casa a las 4.30 o 5 de la mañana y vuelve cerca de las 8 de la noche. Es un trabajo muy sacrificado”, remarcó.
Precarización laboral
El referente de Sitaja también advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales en la actividad. Recordó que años atrás existían mayores controles sobre el transporte y la registración de los trabajadores rurales, pero aseguró que actualmente “nadie fiscaliza ni controla”.
“Hoy se volvió a una situación muy precaria. No ocurre solo en la yerba mate, también pasa en otras producciones y en la forestación”, cuestionó.
El sindicato cuenta con algo más de 3.000 afiliados en toda la provincia, concentrados principalmente en Jardín América, seguido por Montecarlo, además de trabajadores de Comandante Andresito, San Pedro y Aristóbulo del Valle.
La expectativa del sector está puesta en que las reuniones de este jueves permitan abrir una instancia de diálogo y obtener respuestas concretas para una actividad que atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años.
Yerba mate: participación del productor en precio en góndola cayó 12%
Provinciales
Ejecutan nuevo desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II
Tras la suspensión de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América el pasado 17 de julio, esta mañana efectivos policiales arribaron al predio de la comunidad mbya Puente Quemado II en Garuhapé, para ejecutar la medida que desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) calificaron como “irregular”.
Al respecto, la abogada Roxana Rivas advirtió que “quieren ejecutar la orden de desalojo que habían dictado la otra vez y fue apelada por nuestra parte el 17 de julio. Con la interposición de la apelación se suspende el acto apelado, es decir el desalojo. El juez tiene que desprenderse de la competencia y elevarlo a la Cámara de Casación”.
De esta manera, el proceso de recuperación territorial por parte de Puente Quemado II sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el juez Roberto Sena, del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, dictó una orden de desalojo a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 y 78 mediante una medida cautelar por presunta usurpación.
En respuesta, la comunidad presentó una apelación contra esta resolución judicial, argumentando “múltiples irregularidades procesales y constitucionales que pasaban por encima los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas”, por lo que la orden quedó suspendida.
“No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, consideró la defensa.
Según la apelación, el juez decidió ignorar que el territorio se encuentra relevado en el marco de la Ley 26.160, un reconocimiento oficial de la ocupación tradicional de la Comunidad.
Además, la resolución sostiene que Puente Quemado II no acreditó su personería jurídica, pese a que esa documentación había sido incorporada oportunamente al expediente. Para la defensa, esto demuestra que el fallo omitió pruebas fundamentales.
El recurso también cuestiona que una medida cautelar haya terminado produciendo, en los hechos, un desalojo. Aunque no existe una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial, la Comunidad continúa impedida de ingresar al lugar donde vivía y desarrollaba su vida cultural y espiritual, tras lo ocurrido en mayo último, cuando efectivos ingresaron al territorio con el argumento de realizar notificaciones en una causa por presunta usurpación.
Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé
Provinciales
Correa cedió Matear a La Rural y en octubre vuelve la feria a Buenos Aires
Matear volverá a realizarse en el predio de La Rural luego de tres años de ausencia en Buenos Aires. La feria más importante dedicada a la yerba mate se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre y reunirá a productores, cooperativas, empresas, marcas, emprendedores y amantes del mate de todo el país.
El regreso del evento a la capital marca una nueva etapa para la feria creada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ya que será la primera edición que se realizará tras la desregulación del mercado y bajo la gestión del presidente Javier Milei.
A principios de junio, el presidente del Inym, Rodrigo Correa, anunció oficialmente la realización de Matear 2026 y confirmó que el evento será organizado en conjunto con Sociedad Rural Argentina. La presentación estuvo acompañada por la firma del convenio entre Correa y Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., acuerdo que fue difundido por el propio Instituto.
En aquella oportunidad, Solanet destacó la importancia del evento: “Nos enorgullece realizar Matear juntamente con el Inym, una feria que ha demostrado ser el ícono de la industria y de los amantes de la cultura del mate, con amplia convocatoria y relevancia. Es una propuesta que reúne tradición, innovación, gastronomía y experiencias para toda la familia, y que permite visibilizar el enorme valor cultural y productivo de la yerba mate argentina”.
El pasado viernes, en el marco de la edición 138° de la Exposición Rural de Palermo, Correa y Solanet realizaron la presentación oficial de Matear 2026 bajo el lema “El sabor de ser argentinos”. La feria se desarrollará el tercer fin de semana de octubre, de 12 a 20 horas, en el Pabellón Ocre del Predio Ferial La Rural.
Matear
Maatear nació en 2017 con el objetivo de acercar el universo matero a los consumidores y generar un espacio de encuentro entre toda la cadena yerbatera. Luego de sus primeras ediciones en Buenos Aires 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023, el evento se trasladó a Posadas durante 2024 y 2025.
Desde su creación, la feria convocó a miles de visitantes de todo el país. Sin embargo, una de las principales novedades para esta edición sería que, por primera vez, el ingreso dejaría de ser gratuito y se cobraría una entrada, aunque hasta el momento no se informó el valor de las localidades.
En cuanto a la participación de las empresas yerbateras, el Inym informó que, al igual que en las ediciones anteriores, cubrirá el costo de los stands para los establecimientos que deseen participar. Para ello habilitó un registro de inscripción con el objetivo de conocer la demanda y elaborar un listado de interesados.
Desde el organismo aclararon que completar el formulario no implica la confirmación de participación. Una vez finalizado el proceso de evaluación y cerrada la convocatoria, prevista para el 7 de agosto, la organización informará cuáles fueron los establecimientos seleccionados, ya que los cupos serán limitados.
“La distribución no es equitativa”
En diálogo con La Voz de Misiones, el productor de Aristóbulo del Valle y presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, cuestionó la realización de la feria y, principalmente, el alcance del acuerdo entre el Inym y La Rural para las pequeñas marcas.
“Lo más importante es cómo se eligen las empresas que van a participar. Ese beneficio tiene que llegar a las pequeñas marcas para que, con esta oportunidad, puedan acceder a un mercado con mayor capacidad de compra”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que si el Inym destina espacios para promocionar a las pequeñas empresas y facilitar su ingreso a nuevos mercados, “está perfecto”. Sin embargo, advirtió: “Pedimos que no sean elegidas siempre las mismas grandes yerbateras, porque son las que terminan marcando el camino en las góndolas”.
El dirigente también señaló que, hasta el momento, las empresas aún no recibieron confirmación sobre cuáles participarán del evento. “Nos piden que nos inscribamos, pero todavía no hay respuestas. Para planificar la producción y contar con el stock necesario para octubre hace falta previsibilidad”, remarcó.
Consultado sobre si el acuerdo entre el Inym y La Rural demuestra que el mercado yerbatero continúa siendo un negocio rentable, Skripczuk respondió que “para algunos sí”. “Para las grandes industrias sigue siendo un negocio rentable. Hoy el sector que realmente está pasando un mal momento es el productor, las pequeñas y medianas industrias y los pequeños secaderos. Ellos no están percibiendo el precio que deberían cobrar por su producción. El negocio sigue siendo rentable, pero la distribución no es equitativa”, afirmó.
Finalmente, consideró que una mayor presencia de marcas en el mercado no resolverá por sí sola la crisis del sector. “Necesitamos que nuevas marcas puedan ingresar a las grandes ciudades. Esta feria puede ser una oportunidad para algunos, pero no para muchos, y tampoco representa un beneficio directo para el productor. Todo dependerá de la calidad del producto y de la posibilidad de consolidar mercados. Ya vimos el caso de algunas cooperativas que lograron ingresar a puntos de venta de la provincia de Buenos Aires mediante convenios con ferias y mercados locales”, concluyó.
Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”
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