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Fue asesinada por su ex marido policía en 2010 y su caso llegó a la ONU

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Intentan ejemplificar con el caso de Florencia Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género.


BUENOS AIRES. Florencia Albornoz tenía 22 años y dos hijos menores de edad cuando fue asesinada por su ex marido, un policía de la Bonaerense en 2010. Ahora su caso llegó a la ONU, donde un equipo de abogados especialistas en derechos humanos intenta sentar las bases de lo que no puede volver a repetirse en casos como el suyo.

La red Atravesados por el Femicidio, junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, hicieron la primera presentación en Naciones Unidas por un caso de femicidio en Argentina, a través de un pedido de reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de la ONU.

La petición -técnicamente denominada comunicación- está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal del caso por parte del Estado argentino, consecuencia del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género”, informó un comunicado de Justicia y Reparación. “Esta es la primera vez que esa organización internacional interviene en un caso de femicidio presentado contra el Estado Argentino“, agregó.

El caso llevado ante la ONU es el de Florencia Albornoz, asesinada en 2010, quien “desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su ex pareja, policía bonaerense, que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte”.

“Al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento, también llamada perimetral y, sin embargo, el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a un amigo de ella utilizando su arma reglamentaria”, agregó el comunicado de Justicia y Reparación.

Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de “Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad. De hecho, a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio”, abunda la presentación.

La condena al femicida Miguel Ángel Mazo fue de 18 años, porque todavía no estaba vigente el agravante de femicidio, pero en segunda instancia fue reducida a 12 años y medio. En abril el juzgado de Ejecución 2 de Quilmes, le negó ayer la libertad condicional.

Hay que mejorar los protocolos de aplicación, el caso de Florencia ocurrió varios años después de que Argentina firmara los pactos que promueven la protección de las mujeres, esos tratados no se cumplen y queda evidenciado en lo que le pasó a esta joven y a muchas que vinieron después”, explica a Crónica el abogado Christian Berndt Castiglione, que representa en el planteo de Atravesados por el Femicidio, que logró por primera vez que un hecho de estas características llegue a un organismo internacional.

Pedido de familiares de víctimas

El pedido de las más de 60 familias argentinas al Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, que depende de Naciones Unidas, pretende ejemplificar con el caso Albornoz sobre la falta de atención del Estado en la prevención de los crímenes por razones de género. Para ellos, víctimas también de lo que ocurrió con sus hijas, madres, abuelas o hermanas, fallan los organismos que tendrían que estar alertas.

 

Policiales

Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas

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red usura

Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.

De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.

Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.

En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.

No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.

Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.

Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.

Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.

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Cultura

Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón

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La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).

El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.

Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.

En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.

Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.

El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.

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Judiciales

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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