Agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) incautaron en la madrugada del viernes un cargamento de 141 kilogramos de marihuana que había sido descargado en la zona costera de Puerto Menocchio, con la particularidad de que los panes tenían stickers Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), recientemente abatido durante un operativo que generó un ambiente de guerra por todo México.

El procedimiento comenzó cuando los uniformados realizaban recorridas preventivas por zonas costeras de Puerto Menocchio, ubicado al fondo de la localidad de General Urquiza, y en esas circunstancias advirtieron que una embarcación proveniente del Paraguay arribó a territorio misionero para luego emprender el regreso en medio de la noche.

Después de ello, los agentes desplegaron en un rastrillaje por el territorio y así dieron con una carga comprendida por bultos de marihuana abandonada entre las rocas de la ribera, a la espera de ser retiradas por los receptores de los estupefacientes.

Según detallaron fuentes de la fuerza federal, el cargamento consistió en un total de seis bultos con 136 panes que alcanzaron los 141 kilogramos de cannavis sativa, incautación que fue valuada en unos 503 millones de pesos.

Independientemente de la cantidad, la particularidad que llamó la atención de los uniformados federales fue que los panes estaban marcados con stickers de El Mencho, uno de los jefes narcos más sanguinarios de la historia reciente.

Las mismas fuentes consignaron que es la primera vez que se halla marihuana con estas distinciones e indicaron que la estampa podría servir para identificar a los proveedores de la carga.

En el caso interviene la fiscalía federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, y del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.

La carga incautada ascendió a los 141 kilos y fue valuada en 503 millones de pesos.

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Un motociclista de 64 años falleció este sábado a la mañana al colisionar contra un auto sobre la ruta nacional 12 en la localidad de Montecarlo.

El siniestro se produjo a las 8, a la altura del kilómetro 1518 de la mencionada arteria, donde una moto Gilera Smash 110 y un Chevrolet Cruze colisionaron en circunstancias que son materia de investigación.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, identificado como Sixto Ramón Sosa (64), falleció en el lugar, mientras que los ocupantes que iban en el auto resultaron ilesos.

En el caso trabaja el personal de la Comisaría de Montecarlo y las actuaciones correspondientes continúan para establecer las circunstancias del siniestro.

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La Justicia Federal reanudó a fines de febrero el juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos”, que investiga una presunta red de corrupción y sobornos entre funcionarios públicos y empresarios de la construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (CFK), y que tiene entre sus imputados al misionero Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la década kirchnerista.

La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, dio cuenta de recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que destaca la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

El misionero Thomas aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas de obra pública durante su gestión al frente de la EBY.

El ex director de Yacyretá pasó varias semanas prófugo en 2018, cuando el proceso comenzaba la etapa de instrucción, e incluso llegó a ofrecerse una recompensa por información sobre su paradero.

Al presentarse, negó todas las acusaciones y rechazó convertirse en “arrepentido”, la figura instrumentada por la Justicia Federal para intercambiar confesiones por beneficios procesales entre los empresarios y ex funcionarios imputados.

Arrepentidos  

En la causa, que se tramita en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF), hay 31 imputados “arrepentidos”: 25 son empresarios y el resto ex funcionarios kirchneristas.

Todos ellos, entre los que figuran el chofer Centeno y su jefe Baratta, el empresario Angelo Calcaterra, ex propietario de la constructora Iecsa y primo del ex presidente Mauricio Macri; Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, de la metalúrgica Impsa; Luis Betnaza, de la multinacional Techint; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; y Armando Loson, de Albanesi S.A., dijeron haber participado en la trama de corrupción que se investiga.

Con el reinicio del juicio, la validez de estos testimonios es el eje central del debate, ya que para mantener los beneficios y evitar cargos por falso testimonio, estos 31 “arrepentidos” deben ratificar sus dichos ante el TOF7.

Lo cierto es que, a lo largo del trámite de la causa, fueron varios los “arrepentidos” que terminaron en contradicciones respecto a su declaración original, empezando por el mismo Centeno, quien arrancó diciendo que tenía los cuadernos originales, pero luego dijo que los había quemado en la parrilla de su casa.

Recientemente, el empresario Loson denunció “irregularidades” en el proceso, en relación con la prueba principal de la causa: los cuadernos de Centeno.

La defensa del empresario habló de “falsificación” y “manipulación” y aseguró haber encontrado más de 1.600 irregularidades en las anotaciones del chofer, entre tachaduras y enmiendas, múltiples caligrafías, alteración de fechas y lugares, y el uso de diferentes tintas.

Otro, cuyo testimonio cuelga de un hilo, es Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, considerado un “arrepentido” clave, quien, en noviembre de 2025, manifestó a través de su abogado que no quería salir de prisión, a pesar de tener el beneficio, lo que siembra dudas de lo que hará cuando sea requerido por el tribunal.

En febrero pasado, el “arrepentido”, Mario Ludovico Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó formalmente la nulidad de su testimonio, alegando que fue obligado a declarar bajo la amenaza de quedar detenido por el juez Claudio Bonadío.

Estafa

El testimonio de los “arrepentidos” es el pilar de la acusación contra Thomas, quien al igual que otros imputados, como la misma CFK, aseguran que las “confesiones” de estos colaboradores fueron obtenidas mediante coacción.

La reciente solicitud de Ravella, de retirar su “confesión”, alegando haberla hecho bajo amenaza, va en línea con el principal argumento de los defensores de los imputados, incluido el abogado de Thomas, Juan Manuel Ubeira.

El mismo Thomas afirmó que durante su detención fue presionado y amenazado para que declarara en contra de la ex presidenta Cristina Fernández a cambio de su libertad.

Ubeira basa, además, su pedido de nulidad de la causa en el hecho, probado, de que las declaraciones de los “arrepentidos” no fueron registradas en audio o video, como establece la Ley 27.304 que crea la figura del imputado colaborador, sino que se plasmaron en actas escritas frente al fiscal Carlos Stornelli.

Asimismo, el letrado considera “nulos” los testimonios de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que señaló a Thomas en el entramado de corrupción en la obra pública; y del chofer Centeno, quien declaró que el misionero entregó bolsos con dinero a su jefe Baratta para que este los llevara a la Quinta de Olivos o al departamento de los Kirchner.

Ubeira y varios de sus colegas describen el proceso como un “montaje”, una “ficción judicial”, donde la prueba principal no son los cuadernos de Centeno, que le dieron el nombre a la causa, sino la “estafa de los arrepentidos”, cuyos testimonios están “viciados de nulidad”.

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