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Yerbateros con Agustín Rossi: suman adhesiones para recuperar el Inym

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El sector yerbatero de Misiones continúa consolidando su estrategia judicial contra las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, avanza en la búsqueda de respaldo político y este martes por la mañana referentes de asociaciones, cooperativas y productores se reunieron en Posadas con el diputado nacional peronista Agustín Rossi, a quien le expusieron en detalle la crítica situación del sector y el alcance de la presentación ante la Justicia federal.

El encuentro se dio durante la visita del legislador para acompañar la candidatura de Gonzalo “Lalo” Costa Arguibel dentro del espacio Amplitud Justicialista para presidir el PJ Misiones y respaldar el proceso de normalización partido, actualmente intervenido. Participaron de la reunión Jorge Skripczuk por Impulso Yerbatero, Hugo Sand por Apam y el abogado patrocinante José Federico Padolsky, en representación de las entidades que impulsan la acción judicial.

Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, explicó que el objetivo central es lograr la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Inym y avanzar en la restitución plena de sus facultades.

“Nos reunimos con el gobernador (Hugo) Passalacqua y nos dio su respaldo y acompañamiento a esta medida. Además le enviamos al gobernador (Axel) Kicillof un informe detallado de la situación yerbatera. En esta oportunidad aprovechamos que el diputado nacional estaba en la provincia para exponerle la problemática y que sepa por nosotros lo que estamos pasando. Así, vamos a seguir hablando con todos los diputados”, sostuvo.

En la misma línea, Hugo Sand remarcó la necesidad de que todo el arco político escuche al sector: “Ojalá que los libertarios nos convoquen. Nos tienen que escuchar y ahí, teniendo conocimiento de la situación en primera mano, que ellos se hagan responsables de qué camino toman, si nos dan una respuesta que nos ayude o nos hunda”.

La reunión con Rossi se enmarca en una serie de gestiones que los productores vienen realizando para sumar adhesiones a la presentación judicial que ya fue formalizada ante el Juzgado Federal de Posadas. El planteo incluye tanto el pedido de inconstitucionalidad como una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 que tratan el tema yerbatero.

Consultados sobre las manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en reclamo de un precio justo, por parte de un grupo de referentes fueron claros en diferenciar los planos del conflicto. “Para nosotros este es un problema político, pero hasta el momento la solución no llegó por los medios del Poder Ejecutivo. No debemos confundir a la gente: nosotros vamos por la restitución plena del INYM, entonces quien debe resolver esto es el gobierno nacional, dado que nuestro instituto es nacional. Por eso tomamos la decisión de llevarlo ante la Justicia porque ante todo nosotros seguiremos luchando”, expresó Sand.

Por su parte, Skripczuk reforzó la apuesta al camino judicial y planteó una mirada de largo plazo: “Es por eso que tomamos el camino judicial. Y vamos a avanzar desde ahí y tenemos muchísima esperanza”.

Sand agregó que “como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar. Hay que comenzar a soñar, soñar utopías. Tenemos un problema que es el hoy y no tenemos que dejar que el hoy nos consuma. Hay que pensar Misiones de acá a 25 años, con un plan estratégico”.

Críticas políticas y posicionamientos

Durante la charla también hubo cuestionamientos a dirigentes que se mostraron en redes sociales apoyando el reclamo yerbatero. En particular, se refirieron a la presencia de algunos legisladores en la plaza y su exposición en redes sociales. “Está buenísimo que hagan público el reclamo porque es una forma de exponerse. La persona tiene que hablar, así podemos saber dónde está parado políticamente. Casualidad que a esos mismos políticos se los ve cada vez más hacia la ultraderecha, a La Libertad Avanza. Y los libertarios son los principales responsables del decreto de necesidad y urgencia. Javier Milei es el culpable y todos aquellos que apoyan esa política están en contra de la familia agraria”, señaló el dirigente obereño de Apam.

También apuntaron contra el silencio de otros sectores políticos: “Hay una contradicción total. Hablamos también de los diputados y senadores oficialistas y opositores de nuestra provincia que con su silencio acompañaron estas medidas. Entonces, cuanto más hablen, la sociedad va a saber quién es quién en este momento. Y si lo que dicen en redes sociales es por oportunismo”, expresó el dirigente de Impulso Yerbatero Jorge Skripczuk.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de abrir el debate: “Espero que nos convoquen, que nos llamen los jueces y nos pregunten por qué estamos tan enojados. Les vamos a decir que denunciamos incumplimiento de deberes de funcionario público y que estamos en la Justicia porque la política nos dejó de lado”, sentenció Sand.

Crisis productiva y organización del sector

Más allá del plano judicial y político, los productores describieron un escenario crítico para la actividad. “Hoy la gente recién está tomando conciencia de lo que significa esta ‘libertad’ que se pregonó desde 2023. Con el libre mercado no se pueden pagar las boletas de luz, ni comprar un kilo de carne. El combustible se fue por las nubes y es imposible para un productor limpiar su yerba o fertilizar. Es un modelo que vino a destruir”, advirtió Skripczuk.

La falta de regulación también impacta directamente en los precios. “Se habla de un valor de referencia de 350 pesos, en otros lugares un poco más y en otros 100 pesos. Hoy, al no tener un organismo de control, cualquiera paga lo que puede. Pero alguien se queda con ese margen grande”, indicó Skripczuk.

Por su parte, Sand añadió que la falta del Inym genera un proceso de descapitalización creciente: “Hay venta de chacras todos los días. El productor está con el agua en el cuello. No soporta más esta situación. También pasa con el té: un productor fue a cobrar una cosecha de diciembre y le dieron un cheque para julio. ¿Cómo sobrevive así?”.

Además, alertó sobre el endeudamiento generalizado: “La morosidad es altísima en todos los ámbitos. Y el productor es el que más sufre porque no tiene ingresos fijos mensuales”.

Frente a este panorama, Sand planteó la necesidad de recuperar herramientas de regulación: “Necesitamos un banco provincial como teníamos antes, un mercado consignatario y el Instituto funcionando a pleno. No puede ser que actividades como el té queden en manos de cuatro o cinco exportadores”.

Confianza en la Justicia y llamado a la participación

Pese al malestar, los referentes aseguraron que priorizan la vía institucional. “Nosotros confiamos en la Justicia. Siempre tratamos de agotar el diálogo. No queremos perjudicar a gente que no tiene nada que ver con esta situación”, explicó Sand, aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas si no hay respuestas.

En paralelo, Skripczuk remarcó la importancia de la organización social y la participación. “El pueblo movilizado y la asamblea popular son caminos. La plaza tiene que ser un espacio de debate público”, afirmó.

Finalmente, Sand explicó que el conflicto también tiene una dimensión política de fondo. “Se están jugando dos modelos de provincia: uno totalmente desregulado y otro más democrático. Pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo. Nos corren siempre con las elecciones. Debemos construir una política agraria para la provincia de Misiones consensuada y pensada a largo plazo”.

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La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam

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El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.

El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).

En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.

En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.

Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.

Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.

De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.

Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam

 

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Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II

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Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.

En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua. 

Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.

“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.

Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.

“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.

Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.

Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.

“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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