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Yerba y palo: industriales confían en el macrismo para conseguir los $10,10

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Es el sector más poderoso de la cadena. Sus representantes no estuvieron en la última reunión por “falta de garantías”. Los productores amenazaron con paralizar la actividad, ante un seguro laudo adverso a los 13,50 pesos que pidieron.

POSADAS. Los industriales, que representan el sector con mayor poder en la cadena yerbatera, confían en la afinidad que tienen con el Gobierno Nacional para conseguir un precio de 10,10 pesos para el kilo de hoja verde, mientras los productores procuran atrincherarse en defensa de los 13,50 pesos que reclaman.

Los dos valores llegaron a la discusión decisiva del Instituto Nacional de la Yerba mate (INYM) el jueves pasado por distintas vías. Los industriales mandaron un escrito y los productores, cooperativas, secaderos, trabajadores y gobiernos de Misiones y Corrientes se sentaron a la mesa.

La ausencia de los “ricos” de la yerba mate no sorprendió a los demás representantes que en todo momento dieron por hecho que no asistirían, aunque sí les llamó la atención los argumentos esgrimidos: falta de garantías y de seguridad para el debate.

Al final, como era lógico, el intercambio no prosperó y la decisión final volvió a quedar en manos de la Nación, aunque todo indica que esta vez el proceso burocrático que envuelve a la fijación del precio no será una anécdota para la cosecha que debe comenzar ahora y llegar a septiembre.

La estrategia de los industriales, en primera instancia fue saludada como un triunfo anticipado, dadas las simpatías que el sector y el macrismo se prodigan como cultores de un neoliberalismo particular, donde no siempre el Estado deja jugar a las partes, sino que apoya a una de ellas: la de mayor poder.

En ese convencimiento, los estudios de costos fueron a parar a las oficinas de Agroindustria de la Nación, que hasta puede llegar a sorprender con valores inferiores a los ofrecidos por los ausentes en la reunión, con lo cual el malestar de la producción podría traducirse en una bronca colectiva, con consecuencias difíciles de dimensionar.

Por ahora se habla de una sucesión de asambleas y reuniones en distintos puntos de Misiones, donde los productores procuran combinar las acciones a la espera de un resultado que se proyecta como adverso a sus intereses de lograr los 13,50 para la hoja y 53 pesos para la canchada.

Desde el norte, el mensaje que bajó fue el de paralizar la actividad, tanto la cosecha como el transporte y la entrega de materia prima a los acopiadores, sin cortes de ruta pero impidiendo la circulación de camiones con carga de yerba mate, a fin de forzar la falta de stock.

Todo indica que esta vez la confrontación, ante la postura intransigente de cada uno, pondrá en juego la capacidad de resistir en medio de una situación de crisis generalizada que todavía no tocó a esta actividad, una de las excepciones en el contexto de caída del consumo.

Por ahora llevan las de ganar las pocas marcas que manejan más del 80 por ciento del mercado y que son: Taragüí (Las Marías); Rosamonte (Hreñuk); Amanda (La Cachuera); Cruz de Malta y Nobleza Gaucha (de Molinos Río de la Plata); La Tranquera (Llorente), además de otras de origen cooperativo. Pero no está todo dicho aun.

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Atienden denuncias por enfermeros sin matrícula y advierten: “Es un delito”

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En los últimos días el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones emitió un comunicado solicitando a todos los centros de salud y geriátricos, presentes en la provincia, la nómina detallada de quienes ejercen funciones de enfermería en sus establecimientos, a fin de verificar la titulación y matriculación correspondiente. 

La medida fue implementada tras una serie de denuncias recepcionadas por la colegiatura, respecto a la detección de “casos graves” de mala praxis, protagonizados por personal que realizaba tareas de enfermería sin contar con la formación y capacitación correspondiente que avala la profesión en la provincia.  

En este sentido, también justificaron el procedimiento con la búsqueda de seguridad sanitaria al “garantizar que la salud de la comunidad esté en manos de profesionales habilitados”.

Finalmente, consideraron “inadmisible” que existan enfermeros graduados sin empleo “mientras los puestos son ocupados sin la debida matrícula”, por lo que exigen la nómina completa del personal que se desempeñe en tareas propias de enfermería en  sanatorios, clínicas y establecimientos de salud, tanto de Posadas como en otras localidades misioneras.

De esta manera, el Colegio de Profesionales de la Enfermería se pronunció en contra del presunto ejercicio ilegal de la profesión, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.004 y la provincial N° 1-82.

Consultado por La Voz de Misiones, Sergio Román Ulrich, presidente del mencionado espacio señaló: “Nosotros recibimos dos denuncias formales contra personas que ejercían la enfermería y es un delito hacerlo sin estar matriculado. En este momento nos encontramos en la etapa de constatación y solicitud de pruebas para evaluar cada caso en particular”.

Sobre esto, agregó: “Muchas veces la gente por miedo o temor a represalias no realiza la denuncia. Yo personalmente estoy muy preocupado por la salud de la población porque tenemos casos en localidades como Alem y Oberá, donde hay personas ejerciendo la enfermería sin tener el título habilitante”. 

“En los geriátricos, sanatorios y clínicas privadas hay muchos que ejercen de esta manera y es obligatorio contar con la Tecnicatura Superior en Enfermería”, afirmó y resaltó que actualmente, además de la Escuela de Enfermería en Posadas, existen nueve institutos de formación en Enfermería distribuídos en distintas localidades como ser: San Vicente, Iguazú, Oberá, Apóstoles, entre otras. 

Sergio Román Ullrich, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Misiones

Desde el año 2024 a la fecha, el padrón institucional del mencionado colegio se compone por 2.984 matriculados activos, con matrícula vigente y habilitación profesional plena. Mientras que 1.484 profesionales permanecen con baja temporal solicitada, ya que han comunicado formalmente la suspensión provisoria por encontrarse sin ejercicio laboral al momento.

A su vez, existen 920 matriculados que no realizaron el proceso de rematriculación, por lo cual su carnet profesional se encuentra actualmente fuera de vigencia y ejercen de forma irregular. La grilla concluye con una baja por fallecimiento y otras dos por jubilación.

Sobre el ejercicio profesional en geriátricos y clínicas privadas, Ulrich fue contundente: “El que no cuente con la matrícula deberá dedicarse a otra cosa, porque nosotros tenemos muchísimos enfermeros que no tienen trabajo y la posibilidad de estudiar se le dio de forma gratuita a la gente. Posibilidades de estudiar, hay. Sin matrícula no podrán ejercer”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en otras situaciones en las que existen profesionales con título, pero no realizaron la rematriculación: “Un tiempo la colegiatura funcionó mal y la gente no volvió a actualizar sus papeles. Hoy tendrán que hacerlo, tienen que acercarse al colegio y haremos una rematriculación. De lo contrario, no podrán ejercer y la idea es que podamos trabajar bien porque apuntamos a una enfermería avanzada, trabajando fuertemente en la capacitación del personal de enfermería y la posibilidad de licenciarlos”.  

“Lo que pasa es que los pacientes van a un sanatorio donde la persona no es enfermera, le hace una práctica y esa mala praxis termina en el hospital generando un gasto millonario que debe enfrentar el Estado, habiendo enfermeros capacitados”, añadió.

Actualmente el Colegio se encuentra trabajando en una base de datos para Bolsa de Trabajo destinado a los profesionales de la enfermería: “Con esto pretendemos cuidar el trabajo que hoy en día cuesta tanto de nuestros enfermeros. Por el poco pago que le pueden dar a un auxiliar de enfermería, se pone en riesgo el trabajo de un enfermero profesional”. 

Para finalizar, aclaró que el colegio ya no matricula a auxiliares de enfermería, sino solamente a quienes cuenten con la Tecnicatura Superior en Enfermería o bien la licenciatura correspondiente. 

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Eco tasa en Wanda: intendenta faltó a mesa de diálogo abierta por el Concejo

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Tras el reciente conflicto provocado por la entrada en vigencia de la Tasa Ecoturística en Wanda, el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de convocar a los distintos sectores sociales implicados en una Mesa de Diálogo con el objetivo de “escuchar las distintas voces para aclarar inquietudes y avanzar en un consenso”.

El encuentro buscó acercar a las partes y abrir una instancia de diálogo ante la controversia generada por la implementación del nuevo tributo. Sin embargo, la Municipalidad de Wanda fue una de las partes que no se hizo presente en esta primera convocatoria. Ni la intendenta Romina Faccio, ni representantes del Ejecutivo se acercaron en esta primera instancia, lo que al respecto esperan desde el organismo deliberante, que para el segundo llamado sea revertido.  

Del encuentro sí participaron cuatro concejales: Jorge Vier por La Libertad Avanza, Silvia Lutz del PRO y Víctor Cabrera junto a Mirta Berent por el Frente Renovador. También asistieron el abogado del Concejo y representantes de las Minas de Piedras preciosas y de Yacimientos Tierra Colorada, sectores directamente alcanzados por la medida.

En diálogo con La Voz de Misiones, el concejal Vier informó que se resolvió convocar a una nueva reunión conciliatoria para este viernes 27, con la intención de continuar el diálogo y sumar a las partes ausentes.

Vier, además, expresó su postura personal respecto a la tasa: “De mi parte rechazo totalmente la implementación de este impuesto. Creo que es totalmente arbitrario poner un puesto de cobro frente al ingreso a una actividad privada, siendo que ya pagan todos los impuestos que les corresponden, como tasa de comercio y tasa de minería”.

El Concejal sostuvo que desde el Concejo se continuará insistiendo en una instancia de conciliación entre las partes hasta alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para toda la comunidad de Wanda.

La Tasa Ecoturística, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue reestablecida con la firma del Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 22/2025 del 25 de noviembre del 2025. La medida vigente desde 2015 se hizo efectiva tras la aplicación del cobro a los turistas en el acceso a los predios mineros, en febrero de 2026.

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Tasa municipal y multa por $264 millones enfrenta a San Vicente con Cotavi

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La Oficina de Rentas de la Municipalidad de San Vicente intimó a la Cooperativa Tabacalera San Vicente Ltda. (Cotavi) a regularizar una deuda que supera los 264 millones de pesos en concepto de Derecho de Inspección, Registro y Servicio de Controlador, correspondiente a los períodos fiscales 2024 y 2025.

Según se informó, la multa aplicada es del 200%, conforme al artículo 87 del Código Fiscal Municipal (Ordenanza 89/2020), y se calcula sobre operaciones de ventas al exterior gravadas por la tasa municipal, deducidas del monto de facturación.

Desde la cooperativa emitieron un comunicado interno dirigido a los socios en el que denunciaron el embargo de su cuenta en el Banco Macro, al que calificaron como “ilegítimo”. “Nos vemos obligados a suspender la compra”, señala la circular firmada ayer por la comisión directiva.

Circular que se compartió a los socios.

El presidente de Cotavi, Julián Dos Santos, hermano del ex intendente Valdomiro Dos Santos, sostuvo que el municipio históricamente cobraba el tributo sobre la facturación interna, pero que en esta oportunidad se aplicó también sobre las ventas al exterior. “Este año se les ocurrió cobrar sobre la facturación que exportamos. Nos embargaron la cuenta y quedamos sin poder pagar lo del viernes, por eso suspendimos la compra”, afirmó.

El titular de la cooperativa señaló que Cotavi exporta cerca del 80% del tabaco que compra y que el municipio aplicó una alícuota del uno por mil sobre lo facturado en los dos años.

Dos Santos consideró que el cobro es “inconstitucional” al entender que la municipalidad no tiene potestad para aplicar tasas sobre operaciones de exportación. “Para eso ya se pagan impuestos nacionales”, indicó.

Asimismo, explicó que tras negociaciones se alcanzó un plan de pagos en ocho cuotas para destrabar el conflicto y reactivar la actividad en los próximos días. Según precisó, la deuda no se encuentra judicializada.

En el plano político, el diputado provincial Cristian Castro cuestionó la medida y la calificó de arbitraria. “Un municipio no puede cobrar derechos de exportación”, afirmó, y citó el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional, que establece que el Congreso tiene competencia exclusiva en materia aduanera y de comercio exterior, incluyendo derechos de importación y exportación.

“El comercio exterior es materia federal. Los municipios no tienen potestad tributaria sobre las exportaciones”, sostuvo el legislador, quien además señaló que “la Nación ahoga a la provincia con la coparticipación, la provincia a los municipios y estos salen a cobrar tasas que no devuelven una contraprestación”.

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