Provinciales
Tareferos volvieron a la plaza 9 de Julio y piden renegociar la interzafra
Desde anoche, unas 300 familias tareferas de distintos puntos de la provincia acampan en la plaza 9 de Julio. La situación se repite todos los años en estas fechas, según indicaron a La Voz de Misiones.
En esta ocasión, los reclamos fueron el cumplimiento de las leyes laborales, respeto a los precios vigentes de la tarefa por tonelada de yerba, y la renegociación del subsidio interzafra, que otorga el gobierno provincial a las familias en el período entre cosechas, en que cae la actividad.
La plaza amaneció este martes con las familias desafiando el frío y la intemperie. La noche anterior intentaron montar carpas pero la policía se los impidió, relataron. Al mediodía, mientras los chicos (unos 60) paseaban sus alcancías entre transeúntes y automovilistas, grupos de mujeres y hombres preparaban la olla popular.
“Venimos ya de una pelea larga y constante. Todos los años le hacemos re saber al gobierno provincial las necesidades que pasan las familias tareferas en este agosto, que finaliza la cosecha de yerba, y que tenemos a las familias desamparadas”, describió Julián González, titular del Movimiento de Tareferos Misioneros, una de las organizaciones que está manifestándose en la plaza.
“No nos pagan el precio que corresponde, que está pactado por ley en la escala laboral del precio de la yerba. No tenemos un subsidio interzafra como corresponde, y venimos siendo explotados año tras año”, resumió en diálogo con LVM.
Planes incompatibles
El dirigente explicó que este año, además, por la situación económica generada por la pandemia, muchos tareferos se convirtieron en beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, del gobierno nacional, que hizo que trabajaran en negro en la zafra para no perder la asignación de 12.600 pesos, que González calificó como “indispensable” para la subsistencia de las familias campesinas, que muchas veces se ven obligadas a migrar temporalmente a Corrientes, Entre Ríos o el Chaco por falta de trabajo.
“En enero le pedimos al gobernador para que pida en Nación que sea compatible el aporte de yerba con el Potenciar Trabajo para que podamos trabajar en blanco, cobrar este plan y cobrar también el Interzafra; nos dijo que nos quedemos tranquilos, que iba a salir, pero no se dio”, relató González.
El dirigente tarefero indicó que también están pidiendo al gobierno subir a 14.000 pesos el subsidio interzafra que actualmente ronda los 7.000 pesos, debido al aumento de la canasta básica y el deterioro económico provocado por la pandemia.
“Nosotros no venimos a apretar, ni a exigir; venimos pidiéndole un trabajo en conjunto, una mesa de diálogo; que bajemos mecanismos y recursos a la gente que verdaderamente los necesita”, dijo González.
Mejores sueldos
Entre 7.000 y 10.000 pesos es el sueldo que cobra por mes un tarefero. “Si va todo bien y no hay inconvenientes climáticos”, graficó González. Si no, la paga puede ser significativamente menor.
“Es un ingreso muy bajo, y por eso también le venimos pidiendo al Ministerio de Trabajo que haga el seguimiento de las condiciones en que estamos trabajando; que todos paguen lo que corresponden al trabajador”, explicó. Contó que ninguno de los empleadores misioneros paga los 5.460 pesos por tonelada de yerba cosechada exigidos en la ley. “Están pagando 3.500 y algunos 4.000, por eso queremos que recorran las chacras y fiscalicen”, exigió.
González adelantó que acamparán en la plaza hasta conseguir una respuesta. “Nos quedamos hasta que nos atiendan. Pasaremos la noche acá, a la intemperie si es necesario”, afirmó.
Provinciales
Mesa yerbatera pasó a cuarto intermedio y espera acordar un precio de referencia
Este jueves, productores, representantes de cooperativas, industriales y secaderos, mantuvieron un encuentro con autoridades provinciales a fin de responder a la necesidad de generar un espacio de diálogo frente a la ausencia de definiciones sobre la crisis yerbatera en el escenario nacional.
La reunión, protagonizada por quienes integran la denominada “mesa yerbatera” se desarrolló en la sede del ministerio del Agro de Misiones y, pese a los intentos, no lograron destrabar la crisis de precios que golpea al eslabón primario.
En ese marco, los productores consideraron que en el escenario actual, “pagar entre $500 y $700 por kilo de hoja verde resulta inviable”, mientras que los cooperativistas señalaron que el precio en góndola debería ascender a $8.000 para mejorar el ingreso de los productores.
Consultado por La Voz de Misiones, Jorge Skripsczuk, productor y presidente de la asociación civil Impulso Yerbatero, consideró: “A mi particularmente me pareció buena la reunión, por ser la primera. Estuvo muy concurrida, con todos los sectores, desde el cosechero hasta el industrial”.
De cara al próximo encuentro que se desarrollará dentro de dos semanas, expresó: “Ojalá se pueda llegar a un acuerdo como para descomprimir esta situación que se está viviendo actualmente. Más que nada por las familias de productores y tareferos que no la estamos pasando nada bien”.
Tras el encuentro, el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, señaló que la provincia se encuentra evaluando una estructura de costos de la cadena yerbatera para fortalecer su rol de mediador institucional y contribuir a la construcción de acuerdos en ausencia de herramientas nacionales vigentes.
Por su parte, el subsecretario de Asuntos Yerbateros, Ricardo Maciel, recordó que este tipo de instancias de diálogo tienen antecedentes previos a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), y remarcó que, más allá de los desafíos, la existencia de ese organismo “permitió durante años dotar de mayor previsibilidad al sector”.
Luego del intercambio, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de quince días, período en el cual el sector industrial y molinero analizará alternativas para acercar una propuesta que pueda ser discutida en conjunto en torno a un precio de referencia.
Provinciales
Comunidades mbya se retiran de la Plaza 9 de Julio tras acuerdo con el gobierno
A cuatro días del acampe que reunió a caciques mbya de diferentes puntos de la provincia en la Plaza 9 de Julio de Posadas, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez confirmó la firma de un acuerdo que incluye un aumento del 100% en tarjetas sociales, relevamientos en comunidades que no cuentan con acceso al agua y mejora de caminos, entre otros puntos.
La reunión concretada en la tarde de hoy, entre representantes del gobierno de la provincia y referentes mbya guaraní, junto al cacique Hilario Moreira, quien preside el Consejo de Caciques, tuvo como objetivo “dar respuesta a las inquietudes y requerimientos oportunamente planteados por los referentes y caciques de las comunidades Mbya Guaraní”.
Según consta el acta al que tuvo acceso La Voz de Misiones, a partir del mes próximo “las tarjetas sociales tendrán un incremento del cien por ciento (100%)”. La medida fue adoptada por el gobierno provincial con el fin de fortalecer la asistencia a las familias de las comunidades, manteniendo el compromiso de dar continuidad a la regularidad de los pagos.
Por su parte, el cacique Moreira, propuso realizar una revisión del padrón actual de beneficiarios de las tarjetas sociales, a fin de analizar la situación existente y, de corresponder, proceder a las bajas pertinentes y en su caso determinar nuevas altas, garantizando una distribución justa y actualizada del beneficio.
Del mismo modo, propuso que se evalúe una nueva modalidad de implementación de las tarjetas sociales, mediante la cual las mujeres de las comunidades sean consideradas titulares y beneficiarias directas de dicho instrumento social, para su correspondiente análisis por las áreas competentes.
En relación con la problemática vinculada al acceso al agua, solicitaron a los representantes comunitarios la presentación de un relevamiento detallado que contemple las comunidades afectadas, ubicación geográfica, prioridades existentes y necesidades puntuales, a efectos de canalizar las respuestas correspondientes mediante los organismos competentes.
Respecto a lo educativo, resolvieron establecer una reunión con el ministro de Educación, Ramiro Aranda, y la titular del Consejo General de Educación, Daniela López, para exponer las problemáticas específicas.
Otras demandas
En cuanto a la salud indígena, propusieron la realización de una reunión con las autoridades principales del ministerio de Salud Pública y responsables del área pertinente, con el objetivo de abordar las problemáticas específicas de las comunidades y conocer los requerimientos particulares de cada una de ellas.
Con relación a la transitabilidad de caminos, la Dirección de Asuntos Guaraníes informó que “ya se ha avanzado con el Intendente de Garuhapé para que se efectivice el arreglo del camino de acceso a la comunidad Tape Miri”.
Asimismo, asumieron el compromiso de gestionar ante Vialidad Provincial obras de reparación y mejoramiento de caminos correspondientes a las siguientes comunidades: Takuapi Miri, Lote 8, Ruiz de Montoya (Comunidad Ñamandú) e Yvy mara” (Pozo Azul).
Finalmente, acordaron trabajar de manera articulada con los organismos competentes en relación con las vertientes protegidas, a fin de avanzar sobre propuestas concretas que permitan su preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades.
También, se comprometieron a trabajar en conjunto en cuanto a la emergencia habitacional que transcurre hoy en el país en búsqueda de soluciones habitacionales para las Comunidades Guaraníes de nuestra provincia, como así también realizar un orden de prioridades para brindar soluciones integrales.
Por último, acordaron una reunión con el Ministerio de Ecología a fin de abordar temas varios.
El acta que fue firmada por la ministra de Derechos Humanos Karina Aguirre y el cacique Hilario Moreira, sostiene que las acciones y mesas de trabajo deberán ser ejecutadas dentro de los próximos 60 días para dar solución a los problemas planteados.
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Foto: agencia de noticias Tierra Viva
Provinciales
Piden declarar la Emergencia Hídrica por falta de agua en comunidades mbya
Caciques, líderes y representantes de distintas comunidades Mbya Guaraní se manifiestan de forma pacífica en la Plaza 9 de Julio de Posadas, en reclamo de asistencia ante múltiples problemáticas sociales, habitacionales, educativas y sanitarias. Sin embargo, la principal preocupación que atraviesa a las comunidades es la falta de acceso al agua potable.
El reclamo, que lleva varios días de visibilización en el centro posadeño, comenzó a canalizarse en el ámbito legislativo a partir de la intervención del bloque del Partido Agrario y Social (Pays). En ese marco, el diputado Cristian Castro presentó un proyecto de ley en la Legislatura provincial para declarar la Emergencia Hídrica por el término de 24 meses en todo el territorio de Misiones.
La iniciativa ya tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Misiones y cuenta con el acompañamiento de bloques como la UCR, Algo Nuevo y Por la Vida y los Valores. En paralelo, las 43 comunidades con problemas de acceso al agua adhirieron al Proyecto de Ley.
La propuesta legislativa plantea como objetivo central la planificación, evaluación y ejecución prioritaria de obras de infraestructura hídrica que permitan garantizar un acceso regular, suficiente y seguro al agua en las comunidades relevadas. Asimismo, establece que la aplicación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas), la Dirección Provincial de Vialidad con la participación de representantes de las comunidades involucradas, quienes deberán ser consultados previamente a la ejecución de las obras.
“El principal problema es el acceso al agua. Las comunidades no cuentan con una red de agua potable. La idea es que, entre el Imas y Asuntos Guaraníes, se pueda elaborar un plan que garantice el acceso al agua segura en cada comunidad”, señaló Castro.
El proyecto de la emergencia hídrica contempla, en una primera etapa, el mejoramiento de vertientes naturales cercanas a las aldeas, como una solución inmediata ante la urgencia. Para ello, se prevé la realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental y sanitaria que determinen la viabilidad de las intervenciones.
Según datos relevados, son 43 las comunidades afectadas, con un promedio estimado de 902 familias. Entre las zonas más comprometidas se encuentran Puerto Iguazú, Puerto Leoni, El Soberbio, Aristóbulo del Valle, San Ignacio y Jardín América.
En cuanto al financiamiento, el proyecto prevé la utilización de fondos del Tesoro Provincial, así como aportes nacionales o créditos internacionales destinados al saneamiento ambiental, mediante las correspondientes reasignaciones presupuestarias.
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