Provinciales
Tareferos volvieron a la plaza 9 de Julio y piden renegociar la interzafra
Desde anoche, unas 300 familias tareferas de distintos puntos de la provincia acampan en la plaza 9 de Julio. La situación se repite todos los años en estas fechas, según indicaron a La Voz de Misiones.
En esta ocasión, los reclamos fueron el cumplimiento de las leyes laborales, respeto a los precios vigentes de la tarefa por tonelada de yerba, y la renegociación del subsidio interzafra, que otorga el gobierno provincial a las familias en el período entre cosechas, en que cae la actividad.
La plaza amaneció este martes con las familias desafiando el frío y la intemperie. La noche anterior intentaron montar carpas pero la policía se los impidió, relataron. Al mediodía, mientras los chicos (unos 60) paseaban sus alcancías entre transeúntes y automovilistas, grupos de mujeres y hombres preparaban la olla popular.
“Venimos ya de una pelea larga y constante. Todos los años le hacemos re saber al gobierno provincial las necesidades que pasan las familias tareferas en este agosto, que finaliza la cosecha de yerba, y que tenemos a las familias desamparadas”, describió Julián González, titular del Movimiento de Tareferos Misioneros, una de las organizaciones que está manifestándose en la plaza.
“No nos pagan el precio que corresponde, que está pactado por ley en la escala laboral del precio de la yerba. No tenemos un subsidio interzafra como corresponde, y venimos siendo explotados año tras año”, resumió en diálogo con LVM.
Planes incompatibles
El dirigente explicó que este año, además, por la situación económica generada por la pandemia, muchos tareferos se convirtieron en beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, del gobierno nacional, que hizo que trabajaran en negro en la zafra para no perder la asignación de 12.600 pesos, que González calificó como “indispensable” para la subsistencia de las familias campesinas, que muchas veces se ven obligadas a migrar temporalmente a Corrientes, Entre Ríos o el Chaco por falta de trabajo.
“En enero le pedimos al gobernador para que pida en Nación que sea compatible el aporte de yerba con el Potenciar Trabajo para que podamos trabajar en blanco, cobrar este plan y cobrar también el Interzafra; nos dijo que nos quedemos tranquilos, que iba a salir, pero no se dio”, relató González.
El dirigente tarefero indicó que también están pidiendo al gobierno subir a 14.000 pesos el subsidio interzafra que actualmente ronda los 7.000 pesos, debido al aumento de la canasta básica y el deterioro económico provocado por la pandemia.
“Nosotros no venimos a apretar, ni a exigir; venimos pidiéndole un trabajo en conjunto, una mesa de diálogo; que bajemos mecanismos y recursos a la gente que verdaderamente los necesita”, dijo González.
Mejores sueldos
Entre 7.000 y 10.000 pesos es el sueldo que cobra por mes un tarefero. “Si va todo bien y no hay inconvenientes climáticos”, graficó González. Si no, la paga puede ser significativamente menor.
“Es un ingreso muy bajo, y por eso también le venimos pidiendo al Ministerio de Trabajo que haga el seguimiento de las condiciones en que estamos trabajando; que todos paguen lo que corresponden al trabajador”, explicó. Contó que ninguno de los empleadores misioneros paga los 5.460 pesos por tonelada de yerba cosechada exigidos en la ley. “Están pagando 3.500 y algunos 4.000, por eso queremos que recorran las chacras y fiscalicen”, exigió.
González adelantó que acamparán en la plaza hasta conseguir una respuesta. “Nos quedamos hasta que nos atiendan. Pasaremos la noche acá, a la intemperie si es necesario”, afirmó.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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