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Sacerdote denuncia que fue suspendido por querer exponer abusos en la Iglesia

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PUERTO IGUAZÚ. La Diócesis de Puerto Iguazú suspendió a un presbítero que se desempeñaba en la parroquia Santa Rita, en el municipio de Caraguatay. El sacerdote había denunciado abusos por parte del secretario privado del obispo Marcelo Martorell.

La Diócesis de Puerto Iguazú, basándose en prescripciones canónicas, dispuso la suspensión del presbítero David Rodríguez, que se desempeñaba en la parroquia Santa Rita, en el municipio de Caraguatay, que depende de esa sede.

A raíz de esa decisión, ayer aproximadamente 50 vecinos de Caraguatay y colonia Tarumá, recorrieron 120 kilómetros en colectivo hasta llegar a la Ciudad de las Cataratas para reclamar explicaciones sobre tal determinación en el Obispado. Sin embargo, pese a que fueron atendidos, no les brindaron información.

Para los fieles no hay argumentos para retirar del servicio al religioso. Por ello solicitan su restitución a las tareas de esa comunidad. Lo cierto es que en el documento firmado por el obispo de Puerto Iguazú, Marcelo Raúl Martorell, con fecha del 13 de junio, reza que el voto fue unánime por “falta de idoneidad para ejercer el oficio de la conducción pastoral, por falta de virtudes humanas como la obediencia, la humildad y la caridad tan necesarias para la vida sacerdotal”.

Por lo tanto, se le impuso la “pena medicinal” de suspensión y se le prohíbe realizar todos los actos de la potestad de la orden, el ejercicio de todos los derechos o funciones inherentes al oficio, y además se le pide que abandone el territorio parroquial de modo inmediato y la no residencia en jurisdicción diocesana.

Vinimos a Iguazú a hablar con el obispo, pero está en San Pedro, no nos queremos ir sin obtener respuestas, queremos saber por qué nos quitan a nuestro sacerdote, él es el único que realmente pastorea a nuestra iglesia, el nos quiere y nosotros a él”, indicaron los fieles de la parroquia.

Rodríguez tendría un fuerte enfrentamiento con la cúpula del Obispado. Todo esto por pretender denunciar lo que calificó como un “estado de corrupción”. El presbítero denunció, entre otros, al diácono Raúl Maza, secretario privado del obispo, de quien dijo que fue expulsado de los seminarios de San Rafael, Mendoza; y de Ciudad del Este, Paraguay, por conducta indecorosa, irregularidades disciplinarias y pedofilia.

Yo tengo pruebas y testigos de la cantidad de abusos sexuales que ocurrieron en la Diócesis, en Iguazú y en otras ciudades, estas son cosas que vamos a sacar a la luz”, sentenció Rodríguez.

En tanto, el diácono Raúl Maza, negó las acusaciones a El Independiente Iguazú. Según el diácono, el denunciante solamente quiere desprestigiar a la Iglesia y al Obispo Martorell.

«Este hombre no tiene intenciones de perjudicarme a mi, quiere atacar a la Iglesia, a Mons. Martorell, ya que hace mucho tiempo viene con sanciones, ya ha creado conflicto en otras oportunidades y como hace poco se le notificó la decisión del proceso y comenzó a hacer todo esto, como no tiene ningún tipo de escrúpulos hace esto», dijo Maza.

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Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco

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Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.

A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.

El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa. 

En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.

Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.

El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes. 

Un territorio ancestral

Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona. 

Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante. 

La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado. 

Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.  

En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).

A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.

Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.

Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã

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Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.

La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.

Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.

Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.

La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.

 

Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año

 

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Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones

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La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito. 

Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades. 

De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.

Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.

Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.

Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional

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