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Recusan a la jueza Corina Jones por parcialidad, subjetividad y prevaricato

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Es por el desempeño en el caso Antonella. El abogado Juan José Selva Andrade hizo una presentación formal y repasó las principales falencias en el proceso.

A tres meses de haber asumido como jueza titular de Juzgado de Familia N° 1 de Eldorado, Corina Jones enfrenta horas decisivas para el futuro de su carrera judicial. Su desempeño en el expediente para la adopción de la pequeña Antonella de 3 años y medio terminó en escándalo cuando intentó, mediante una sentencia arbitraria, quitarle la niña a la pareja que la cuidó desde las primeras semanas de vida.

Romper ese lazo de amor establecido entre la niña y sus padres del corazón no era inesperado para la jueza Jones. Según se desprende de un informe de la psicóloga María Belén Vigil Mendoza -que se anexó al expediente el 4 a de agosto de este año- separar a la pequeña de quien ella reconoce como mamá y papá sería muy malo: “La interrupción de este lazo tendría huellas de consideración en el desarrollo de la intelectualidad y afectividad de Antonella”, subrayó la especialista a modo de advertencia.

Recusación con expresión de causa

En un documento de 14 páginas, el abogado Juan José Selva Andrade, que representa a la hermana de sangre de la pequeña Antonella que logró la custodia, subraya entre las causas para pedir que la jueza Corina Jones sea apartada del expediente: “Un denominador común que los unes: la falta de imparcialidad, la subjetividad manifiesta y el incumplimiento de propias reglas procesales, que demuestran que el presente caso excede la objetividad e imparcialidad que como Juez debería tener”.

Selva Andrade acusó además de la jueza Jones de romper el bozal legal que ella misma impuso a los demandantes y a sus letrados. “Ese bozal legal usted lo ha violado en varias oportunidades por cuanto no solamente ha emitido opinión, sino que ha adelantado criterio de una posterior sentencia.”, remarcó.

Sobre la controversia del bozal legal, el letrado repasó: “Siendo que la igualdad ante la ley y el Estado de Derecho no permiten que existan prerrogativas y los abogados en litigios tenemos el derecho a ser tratado con la misma garantía que el Juez interviniente, Usted como Juez no puede dictar UNA ORDEN DE MANTENER LA BOCA CERRADA Y al mismo tiempo USTED VIOLAR su propia DECISIÓN, hablando ante cuanto periodista se le haya cruzado estos días en su camino.”.

Respecto al informe de la psicóloga de la Oficina de Acceso a la Justicia, Derechos Humanos y Violencia Familiar del Poder Judicial, María Belén Vigil Mendoza, quien recomendó no romper el vínculo de Antonella con sus padres del corazón, Selva Andrade analizó aquel escrito que la jueza omitió como razón superior, es decir el interés de la niña: “Es por ello, que el prejuzgamiento surge evidente cuando dice que siempre tuvo en miras dar en adopción y que desconoce sin fundamento alguno UN INFORME PSICOLOGICO existente en el expediente.”.

Acompañando la presentación con archivos periodísticos de las últimas horas con declaraciones de la jueza Corina Jones, el abogado señaló prevaricato al considerar que los dichos de la magistrada son: “… más que demostrativo de la existencia de prejuzgamiento con más parcialidad manifiesta, resentimiento y odio manifiesto hacia las partes involucradas en todos los procesos y por ende contra mi mandante.”.

Ahora sería la Cámara de Apelaciones la que decida el futuro de la causa que la jueza Corina Jones tuvo que dejar al quedar provisoriamente apartada. Como es de forma, el letrado hizo la reserva para recurrir, de no existir respuestas en Misiones, a la Justicia Federal.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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