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Rechazan propuesta salarial y peligra el inicio de clases en la Unam

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Peligra el inicio de las clases en la Unam. La Asociación Docente de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam) adhirió al paro de esta semana convocado por la Conadu Histórica a nivel nacional, habida cuenta del malestar de los docentes por las formas de liquidación de los salarios durante el 2022 y lo proyectado para el 2023.

Pablo Rubén Stasuck, secretario general de Adunam, en conversación telefónica con La Voz de Misiones, expresó que “las propuestas de actualización salarial de gobierno están muy espaciadas y eso implica que, mes a mes, el docente vea mermada su capacidad adquisitiva debido al alto índice de inflación que se vive”, y agregó que, a raíz de ello, “se ha perdido un 85% de cada salario docente en el año 2022”.

En relación con el cierre de 2022, la oferta salarial del gobierno consistió en un incremento del 2,8%, que se suma al 2% ya pautado en diciembre, para un total del 96,8% a febrero de este año. Con respecto a la apertura de la paritaria 2023, se ofreció un aumento del 30% en tres partes no acumulativas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio.

Esta propuesta fue rechazada por la Conadu Histórica, al no verse compensado el salario, en relación a la inflación prevista. Asimismo, y en ese mismo marco a nivel provincial, la Adunam realizó una encuesta a 150 docentes afiliados, de los cuales un 84% manifestó estar en desacuerdo y rechazar la oferta planteada por el gobierno.

Según el secretario general, si se contempla que, en lo que va del 2023, en enero hubo un 6% de inflación, febrero un 6,3%, y en marzo estará rondando una cifra igual o mayor, se alcanzará una pérdida salarial del 18 %, “pero recién en el sueldo de abril estaríamos cobrando lo que correspondiente a marzo”.

“Esa es la forma engañosa que el gobierno tiene de hacernos sentir que se están actualizando los salarios, pero en realidad la alta inflación va carcomiendo el poder adquisitivo”, afirmó Stasuck y añadió: “Nosotros pedimos una actualización mensual o la aplicación de un gatillo que automáticamente eleve el salario de acuerdo a la inflación, o sea, otros mecanismos de actualización salarial que no permitan una pérdida de la masa de su ingreso mensual”.

Revisión del nomenclador y otros reclamos

De acuerdo a lo manifestado por el sector docente, también es necesaria una revisión del nomenclador, es decir, la cuestión interna de la estructura salarial de los docentes universitarios.

En diálogo con LVM, el gremialista expresó que, por ejemplo, “hay un segmento que es muy minoritario, pero que ha trabajado toda su vida y le toca el impuesto a la ganancia; aquel docente que está a punto de jubilarse y que tiene dedicación exclusiva tiene este problema”.

“Con respecto a los jubilados, lo que queremos es que se respete el 82% o 85% móviles de las jubilaciones y que haya una regularización de los trabajadores que están en forma precaria o ad honorem en todas las universidades, entre otros puntos que solicitamos en la mesa de negociaciones a la Secretaría de Políticas Universitarias”, explicó.

También proponen un programa para docentes ad honorem y contratados, con respecto a lo cual comentó que “el año pasado se había firmado uno, pero no se ha cumplimentado en todas las universidades, esto es, la incorporación a planta de lo que estuvieron trabajando en forma gratuita en las distintas cátedras de la Universidad”.

Un “modus operandi” cada vez más corto

En relación a la última mesa de negociación salarial docente, en la que estuvieron presentes todas las federaciones que representan gremialmente a los docentes, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministro de Educación de la Nación, Staciuk expuso que “el modus operandi del gobierno es cada vez más corto en relación al tiempo y dedicación”.

“En el último caso, el día 10 de marzo, en una sola reunión dijeron: ‘Bueno, ahí está la oferta del gobierno, ustedes los gremialistas con las federaciones tienen que optar por sí o por no’, es decir, la instancia de negociación estuvo casi ausente”, lanzó.

“Esto es una problemática porque no permite, además de las cuestiones referidas al salario, ir hablando y recomponiendo las otras cuestiones vinculadas a la vida universitaria”, agregó el representante.

Inicio de actividades lectivas en duda

La continuidad del paro, convocado en gran parte de las universidades del país, se evaluará el próximo jueves 16 de marzo en el Plenario de Secretarias Generales, donde se determinarán los pasos a seguir.

“Una de las alternativas es que prosiga el paro, e incluso que no inicien las clases del año 2023”, confirmó el entrevistado y, alegando a los motivos de la lucha, resaltó que “los docentes, a través de este tipo de representación gremial, manifestamos siempre nuestro compromiso con la universidad pública, sin arancelamiento, abierta e inclusiva para todos”.

“Estos paros, que por ahí pueden interpretarse o leerse como que perjudican al estudiante, tienen por objetivo todo lo contrario: generar las condiciones laborales para que los docentes puedan dedicarse a su labor, con total tranquilidad, sabiendo que los salarios que perciben les ayudan a sustentarse económicamente y a sus familias”, cerró el dirigente.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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