Provinciales
Proponen incorporar la Inteligencia Artificial en la educación provincial
Un proyecto de ley del vicepresidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, propone incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema educativo de la provincia.
El proyecto, inédito en el país, pretende integrar la IA de manera transversal en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo misionero, para convertirla en una “herramienta relevante y accesible” para estudiantes y docentes.
La iniciativa propone incorporar esta tecnología al sistema educativo de forma “gradual”, con una “fase inicial de transición” que permita “la experimentación sistemática” en el nivel secundario, con “una mirada abierta a errores, poniendo en diálogo las didácticas, la práctica y la ciencia, y permitiendo la generación de evidencias” de su utilización.
La propuesta promueve “la generación de evidencias empíricas”, que permitan “mejoras en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, y en la práctica docente”, y argumenta: “Las evidencias proporcionan datos medibles que respaldan la toma de decisiones”.
Formación de capacidades
El proyecto entiende a la IA como “aquellos sistemas con capacidad para procesar datos de forma similar a un comportamiento inteligente”, asociado a “capacidades tales como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la interacción lingüística, la creatividad asociada a la producción de trabajos creativos, y la capacidad de planeamiento”.
Entre los objetivos, la iniciativa busca “el desarrollo de modelos educativos innovadores, inclusivos y de calidad, con el soporte de la Inteligencia artificial; promover experiencias educativas potenciadas por el uso de la IA, que favorezcan oportunidades de aprendizajes para todos, y a lo largo de toda la vida; propiciar una integración de Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, con espacios de cuestionamiento, que permitan establecer las regulaciones necesarias para una utilización que ponga al estudiante en el principio, en el medio, y al final de la ecuación; proponer el aprovechamiento en el uso de la Inteligencia artificial para resolver problemáticas asociadas a la alfabetización”.
A la vez, “fomentar el acceso al conocimiento y manejo de las tecnologías; fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de estrategias didácticas; favorecer el empoderamiento de los estudiantes, generando una actitud crítica y reflexiva que les permita promover decisiones informadas acerca de la incorporación de herramientas que involucran Inteligencia Artificial a su realidad; e impulsar la adaptación y actualización didáctico-pedagógica de los docentes a través de la formación continua”.
El proyecto se propone “asegurar que la Inteligencia Artificial se utilice de manera ética, eficaz, y equitativa en el ámbito educativo”, centrando su uso “en el ser humano” y priorizando “las necesidades, capacidades y experiencias de las personas al diseñar, implementar y utilizar sistemas de IA”.
“Esto significa que las aplicaciones de IA en la educación deben estar diseñadas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y apoyar a los docentes en su tarea educativa”, reza el texto del proyecto.
“La IA debe estar orientada a mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes, capacitar a los docentes y reforzar los sistemas de gestión del aprendizaje”, señala.
“Más allá de esto, preparar a los estudiantes y a todos los ciudadanos para vivir y trabajar de forma segura y efectiva con la IA es un reto compartido a nivel mundial”, afirma.
Tecnología revolucionaria
El proyecto sostiene que “si bien la Inteligencia Artificial es una tecnología revolucionaria en muchos aspectos y su inserción en todos los ámbitos se ha dado de forma vertiginosa”, el país y la provincia han sido pioneros en la incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
“En la Argentina, la incorporación de las TIC ha sido un proceso gradual y complejo, que ha involucrado diferentes actores, políticas y programas”, relata el texto y precisa: “Entre los antecedentes normativos más relevantes se pueden mencionar Ley de Educación Nacional N° 26.206, el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, el Programa Conectar Igualdad, el Programa Primaria Digital y el Plan Federal de Formación Docente Continua en TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) entre otras.
“En el mismo sentido, no se puede dejar de reconocer la larga trayectoria que posee Misiones en integración de tecnología en el ámbito educativo, y una vasta legislación que ofrece un enorme respaldo, y una amplia red de acción a quienes deseen tomar el camino de la innovación educativa mediada por la tecnología”, señala el texto.
Asimismo, pasa revista de la normativa provincial en la materia, destacando las leyes de Educación Disruptiva, que establece “la integración de las metodologías disruptivas de enseñanza y aprendizaje al sistema educativo, mediante el uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC); de Uso de celulares en el aula, para “promover el uso racional, organizado, planificado y creativo de la tecnología; de Creación de “espacios maker”, que “regula la implementación de la Red de Espacios Maker, mediante la creación de áreas físicas dotadas de los recursos tecnológicos necesarios, a lo largo del territorio provincial; el Programa de Pensamiento productivo, “como herramienta pedagógica”; el Plan estratégico para la promoción de empresas TIC, que busca la creación de polos TIC en diferentes zonas de la Provincia, la formación de recursos humanos especializados y la generación de conocimiento; y la creación del Silicon Misiones, para promocionar el desarrollo de la economía del conocimiento en la provincia, a través de la interacción de los sectores científico, tecnológico, gubernamental, educativo, empresarial, comercial, el marketing, la banca electrónica, y el sector agrícola y forestal.
“La provincia de Misiones con su vasta experiencia en innovación educativa y educación disruptiva está en condiciones de proponer y llevar a cabo cambios significativos de base en su modelo educativo, con la integración de la inteligencia artificial”, señala el proyecto.
Provinciales
Caravana de yerbateros llegó a Puerto Iguazú
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
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Emergencia yerbatera y precio mínimo: el proyecto llegó a la Legislatura
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
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Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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