Provinciales
Preocupa la incapacidad de la Policía para resolver los casos más complejos
POSADAS. La liberación del único detenido por la brutal agresión a una joven en el barrio El Palomar, el misterio sobre en el asesinato de Lucía Maidana o las incógnitas que rodean al crimen de Javier Pauluk, ya son hitos de la inoperancia de la Policía de Misiones para resolver casos complejos.
El listado podría completarse con un sinfín de hechos que a pesar del tiempo transcurrido, no fueron esclarecidos, como la desaparición del joven Mario Golemba que cumplió una década sin respuestas de parte de la Justicia provincial ni de su principal auxiliar: la Policía.
Semejante incapacidad de la fuerza de seguridad, comenzó a alimentar, hace tiempo, la preocupación de la población que se ve desprotegida y en medio de interrogantes con respecto la preparación de los efectivos y jefes para llegar a dilucidar los delitos contra la vida, principalmente.
Como contrapartida, nadie niega la intervención exitosa de esta fuerza en procedimientos vinculados contra el tráfico de drogas, por ejemplo, cuyos resultados alcanzaron las páginas de diarios y pantallas de medios nacionales, y fueron exaltadas por las autoridades en distintos niveles.
Sin embargo, con solo localizar los sitios donde de centralizaron los operativos, las condiciones en que se desarrollaron los mismos y las detenciones practicadas, quienes siguen de cerca el quehacer policial no dudan en señalar que nada más se siguieron las pistas por todos conocidas y con un mínimo trabajo de “inteligencia”.
Otro logro reciente fue la detección de desarmaderos de automóviles que funcionaban en distintos puntos del territorio misionero. Acaso es muy difícil determinar dónde están o iban a parar miles de piezas de rodados de todo porte? El caso de San Vicente fue el más elocuente: toda la región sabía de una poderosa banda, hasta que se enteró la Policía y decidió intervenir.
En definitiva, no es nada más que el cumplimiento de la tarea asignada con exclusividad. Pero qué sucede, por ejemplo, con las supuestas andanzas de un violador serial, cuyo ADN habría sido detectado en distintos atentados. A pesar de la cantidad de víctimas confirmadas (al menos tres) y el tiempo transcurrido, el misterio persiste.
Por ahora se sabe que el autor, cuyo componente genético está descifrado pero se desconoce de quién se trata, tuvo conductas similares en la ejecución de los hechos, aunque solamente en el caso de Lucía Maidana derivó en crimen, mientras que los otros fueron de violación, amenaza, privación de la libertad y agresión.
La abogada Roxana Rivas, que lleva adelante la defensa en el caso Maidana, dijo hace poco tiempo que “es el momento en el que podrían salir a hablar y explicar los jueces que investigan estas causas, darle tranquilidad a la población. Tenemos que tener ese ejercicio de ciudadanos empezar a exigir porque no está prohibido por ley que los jueces de instrucción o los fiscales salgan a explicar en que están dentro de sus investigaciones cuando son de tanta gravedad”.
El clamor surgió, como en todos los casos de violencia contra la integridad física, debido a que “todavía no tenemos una persona real que se la esté persiguiendo. Aunque sea por casualidad se puede llegar a saber quién era. Hay un gran pacto de silencio entre los que intervinieron y saben lo que pasó, que no se está pudiendo romper”.
¿Y la Policía?
Provinciales
Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco
Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.
A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.
El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa.
En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.
Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.
El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes.
Un territorio ancestral
Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona.
Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante.
“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado.
Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.
En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).
A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.
Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã
Provinciales
Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.
La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.
Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.
La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.
Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año
Provinciales
Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito.
Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades.
De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.
Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.
Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.
Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional
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