Provinciales
Policía imputado en caso Josías es jefe de un destacamento en Panambí
Un oficial subayudante imputado en una causa paralela al homicidio del adolescente Josías Galeano fue designado como jefe del destacamento policial recientemente inaugurado en Panambí.
Se trata de Carlos Junior Moreira (26), imputado en un expediente en el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y que investiga a dos policías acusados de haber detenido ilegalmente al adolescente unos días antes de su desaparición. La causa se tramita bajo la carátula de “omisión de deberes como funcionario público, detención ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada, severidades y amenazas”.
El uniformado fue designado como jefe del destacamento policial de Puerto Panambí, dependencia inaugurada en marzo en un acto conjunto entre la Jefatura de Policía y el ministerio de Gobierno.
El destacamento está ubicado en una zona estratégica en la que confluyen las rutas provinciales 5 y costera 2, y como jefe fue nombrado Junior Moreira, quien había sido trasladado de la Comisaría Cuarta de Oberá, donde prestaba servicio, luego de que la mamá de Galeano, Carolina Ramírez, lo denunciara a él y otros agentes por violencia y amenazas contra su hijo.
“Agradecido por el nuevo cargo de jefatura “Dios, Patria y Familia”, manifestó el ahora jefe del destacamento de Panambí en un posteo en sus redes sociales, el cual que acompañó con fotos del día de la inauguración.
Inicialmente, cuatro policías de la dependencia obereña estaban bajo la lupa de la Justicia por la detención ilegal de Josías, realizada días antes de su desaparición.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones, dos fueron desligados y quedaron imputados Moreira y un cabo identificado como Daniel M.

Inauguración del destacamento policial de Panambí.
“Deseo justicia por Josías”
Carolina Ramírez, mamá del menor, habló con La Voz de Misiones y relató que la designación de Moreira al frente de una dependencia policial le provocó “angustia” y más “deseo de que se haga justicia por Josías“.
En cuanto al nuevo cargo del imputado, la madre expresó: “Creo que un funcionario así no tiene que ejercer más, que está acosando y lastimando. Sea la persona que sea, porque Josías tenía sus problemas de adicciones, nunca lo negué, pero eso no viene al caso, lo que le hicieron, lo mataron”.
En esa línea, recordó que Moreira y el otro policía imputado, mientras aún prestaban servicio en la comisaría Cuarta de Oberá, “casualmente, se presentaron un día. Entraron a mi casa, sin autorización, le sacaron a Josías de adentro de mi casa y lo tuvieron demorado más de seis horas en la comisaría“.
Sobre esa detención, que la mujer denunció ante el juzgado interviniente, la Justicia recabó el testimonio de una persona que confirmó que el menor estuvo preso y que le manifestó que el oficial Moreira le propinó un golpe en el ojo, según informó el diario El Territorio.
Además, otro testimonio presentado en la Justicia asegura que un día antes de la desaparición de Josías Galeano, dos policías a bordo de un auto Fiat Uno rojo buscaban al menor por el barrio.
En tanto, en la causa principal que investiga el homicidio del menor de 15 años, hallado muerto el 3 de junio del 2o22 tras permanecer 34 días en condición de desaparecido, fue procesado con prisión preventiva Andrés Rogelio “Koki” Texeira (27) y la causa ya fue elevada a juicio.

Josías Galeano estuvo desaparecido 34 días y su cuerpo fue hallado en junio del 2022.
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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