Provinciales
Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado
En un escrito dirigido al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), el periodista Enrique Ortiz -víctima de lesiones y amenazas propinadas por el abogado Gustavo Maldonado el miércoles pasado-, solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.
El pedido para que suspendan a Maldonado del ejercicio de la abogacía fue realizado por Ortiz a través de su representante legal, Federico Esquivel, y coincide con el sumario que, de oficio, el mismo órgano disciplinario de Cademis anunció el viernes, luego que declararan al matriculado violento como “prófugo de la justicia”.
Mientras Maldonado continúa evadiendo a las autoridades judiciales que solicitaron su comparecencia, un grupo especial de la Policía intenta dar con el paradero del letrado en fuga quien, desde la clandestinidad, grabó un video en las últimas horas denunciando “persecución política y judicial”.
Gustavo Maldonado debe responder a la Justicia sobre una denuncia por el delito de “amenazas agravadas y lesiones leves” contra el periodista Enrique Ortiz. El Colegio de Abogados, a su vez, analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.
LVM pudo acceder al documento que solicita la suspensión de la matrícula profesional de Maldonado. Fue presentado ante el Tribunal de Disciplina con material fotográfico, videos y testimoniales, a través de los cuales el denunciante aseguró que:
“Maldonado se maneja así, no solo con sus propios clientes, sino también con la contraparte, amedrentando tanto en sede de juzgados y comisarías, como en otros estamentos públicos, diciendo ser amigo del ministro de Gobierno Marcelo Pérez y del mismo gobernador, Hugo Passalacqua, imponiendo de esta forma poder, arrogancia y miedo con quien está tratando”.
A su vez, añade que el abogado en cuestión “tiene sendas denuncias públicas, de propios clientes, sobre este proceder temerario, donde deja a las claras su carácter contumaz y totalmente fuera de derecho, creando temor hacia sus propios clientes y contraparte”.
“Considero justo que se condene con una sanción ejemplar al abogado Maldonado, ya que vivimos en un estado de derecho y no en el “far west”, donde existen las leyes, la defensa en juicio y un juez competente quien debe garantizar y velar en todo momento por la justicia y el orden público”, concluye la denuncia.
Un tercer implicado
Fuentes policiales lograron establecer, mediante testigos, cámaras de seguridad y tareas de inteligencia previa, la participación de un tercer cómplice que sería un “entregador”. En estos momentos está siendo investigado por la Justicia y habría sido identificado.
Todo comenzó el pasado miércoles alrededor de las 19, cuando el periodista Enrique Ortíz fue agredido frente a su domicilio con golpes y empujones propiciados por el abogado Gustavo Maldonado, acompañado por Gastón Machado, quien habría estado portando un arma de fuego, por lo que logró ser capturado el pasado viernes en Posadas.
Mientras tanto, Gustavo Maldonado permanece prófugo de la Justicia y el viernes, tras un allanamiento realizado en su domicilio por la Policía, por orden del juez Pedro Piris, grabó y viralizó un video denunciando “persecución política y judicial”, haciendo responsable a la Justicia, las fuerzas de seguridad y al propio gobernador.
Por su parte, el letrado posadeño Federico Esquivel solicitó ante el Juzgado de Instrucción Cinco la querella en representación del periodista agredido, a fin de impulsar y colaborar en la investigación junto al juez que investiga la causa, Pedro Piris.
Desde la clandestinidad Maldonado denunció: “Persecución política y judicial”
Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
Al mismo tiempo, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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