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Piden a la Nación que investigue la millonaria deuda que el INyM licuó a molineros

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El planteo es de asociaciones de la producción. Apuntaron al presidente del Instituto, Alberto Ré, y a la gerente Biale. Los acusan por sus vinculaciones con el sector más poderoso de la actividad. Y piden que sean desplazados.

POSADAS. Una importante cantidad de asociaciones yerbateras pidió a la  Nación que investigue, denuncie y sancione al directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM) por haber licuado una deuda millonaria a molineros.

El planteo se conoció este jueves y fue dirigido al ministro de Agroindustria, Luís Miguel Etchevehere, por la Asociación Civil Yerbatera del Norte de Misiones (ACYN), Asociación de Productores Agropecuarios (APAM), Asociación Rural Yerbatera Argentina (ARYA), Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro, Asociación Chimiray, entre otros.

Las organizaciones apuntaron a la cúpula del INyM por la modificación del denominado Régimen de Determinación y Aplicación de Sanciones que rige para los distintos tramos de la actividad yerbatera, sea por incumplimientos como por maniobras irregulares.

Consideraron que el trámite cuestionado, del cual responsabilizaron al presidente Alberto Ré y a la gerente Rosana Biale, licuó una deuda de alrededor de 90 millones de pesos del sector de la molinería que finanalmente se fijó en 2 millones de pesos.

Los directivos mencionados, “de fuertes vínculos con el sector molinero, mantenían la información en absoluto secreto”, motivo por el cual solicitiaron al ministro nacional que los dos directivos sean separados del cargo mientras se realiza la investigación.

Los denunciantes remarcaron que la maniobra “fue realizada en solo cinco días y en absoluto secreto, conociéndose por una investigación periodística”, tras lo cual desarrollaron una síntesis “con los elementos a los que pudimos acceder”, señalaron.

Y en esa línea citaron las normas que rigen para los infractores de la actividad yerbatera, establecidas la ley 25.564 de creación del INyM; decreto reglamentario 1240/02; resolución 464/17, hasta el 19 de este mes.

En la última fecha, “el presidente del INyM, Alberto Ré, y la gerente del organismo, Rosana Biale, convocan al directorio y derogan la resolución 464/17 del Régimen de Sanciones”.

El mismo día, el directorio encabezado por Ré “aprueba la resolución 268/19, ‘nuevo’ Régimen de Determinación y Aplicación de Sanciones”, lo que demuestra que en forma coincidente se derogó una norma y se estableció otra “muy beneficiosa para los infractores”.

El 24/9 se publicó “en el Boletín Oficial la resolución 268/19, ‘nuevo’ Régimen de Determinación y Aplicación de Sanciones” se convocó al directorio para sancionar a los infractores con “menos de dos millones de pesos”, cuando la deuda original ascendía a unos 90 millones.

De acuerdo con la página oficial del INYM en las redes sociales, el directorio está integrado como titulares por Ricardo Maciel y Esteban Fridlmeier, por los gobiernos de Misiones y de Corrientes; Ramón Antonio Segovia, por los trabajadores rurales; Héctor Biale, Ernesto Pawluk y Jorge Haddad, por la producción.

También por Sergio Delapierre, por los secaderos; Héctor Dingler y Gerardo Vallejos, por las cooperativas, y Claudio Anselmo y Rubén Herikson, por la industria molinera.

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Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco

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Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.

A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.

El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa. 

En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.

Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.

El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes. 

Un territorio ancestral

Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona. 

Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante. 

La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado. 

Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.  

En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).

A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.

Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.

Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã

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Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.

La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.

Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.

Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.

La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.

 

Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año

 

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Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones

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La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito. 

Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades. 

De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.

Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.

Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.

Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional

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