El empresario Jorge Muniagurria, de la arenera JM, la firma clausurada por la Municipalidad de Candelaria hace varios meses, afirmó que la situación que enfrenta, y que ya judicializó, “es una persecución de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) en connivencia con el intendente Carlos Flores”.

El empresario sugirió que, lo sucedido con su emprendimiento en Candelaria, “se inscribe en la metodología que quiso aplicar Yacyretá con el Liceo Storni y los clubes náuticos de la orilla de El Brete”, en referencia a la avanzada de la Binacional sobre los predios costeros de Posadas, atribuida al asesor Ignacio Nacho Palacios, que en la práctica parece fungir de director ad hoc de la EBY por encomienda de Santiago Caputo.

La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Muniagurria suma más de 40 años vinculada al río, y desde 2014 opera con la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.

“Yacyretá se puso en modo inmobiliaria y empezó a apretar a las areneras que operan en predios cedidos en comodato un aporte anual de 10.000 metros cúbicos del mineral”, ilustró el empresario.

“A mi me citó el ingeniero (René) Martinángeli y me dijo que había cambiado el concepto de la EBY sobre los comodatos y que iban a empezar a cobrarnos un alquiler”, contó Muniagurria, en diálogo con La Voz de Misiones, sobre la única charla que tuvo con el ex jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), reemplazado por Juan Pablo Arrechea, tras la asunción de Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo de la margen argentina.

“Yo le manifesté que soy relocalizado de la EBY. Mi actividad la desempeñaba sobre el arroyo Garupá, del lado del municipio de Garupá, en un terreno privado, y me relocalizaron del lado de Candelaria”, comentó Muniagurria.

“Yo soy relocalizado y no tengo por qué pagar ningún alquiler”, insistió y completó: “Estoy ahí, porque la suba del embalse cambió la costa, o sino seguiría del otro lado, en un terreno privado, como hice la mayor parte de mi vida”.

Ilegal

“La Municipalidad nos ha clausurado en forma ilegal”, remarcó el empresario arenero y repasó los pormenores del conflicto que mantiene con la administración del intendente Flores, que, recientemente, elevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.

“El municipio aduce que no cumplimos con normas ambientales y que no cumplimos con el pago del tributo municipal”, comentó Muniagurria y afirmó: “Estos argumentos son falsos”.

“El tributo municipal pagamos vía cuenta bancaria, lo depositamos en el banco Macro. Y el certificado ambiental lo hemos presentado junto con el estudio de impacto ambiental provincial”, señaló.

“Ellos aducen que tienen una ordenanza que nos exige la presentación de un estudio de impacto ambiental municipal, pero la misma no está reglamentada”, argumentó el arenero.

“Hemos solicitado por escrito a la municipalidad para que nos informe del protocolo local del estudio ambiental que quieren y no tuvimos ninguna respuesta”, indicó.

Recordó que también recurrió por nota al subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y que tampoco obtuvo ningún tipo de respuesta; además de que, en una consulta al Boletín Oficial de Misiones, comprobaron que la reglamentación de la ordenanza de impacto ambiental, que le exige el intendente Flores, “tampoco fue publicada nunca”.

“Esta situación nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, en una época donde la actividad está parada por falta de obra pública y privada”, se quejó el empresario. “Tenemos personal ahí que estamos abonando”, contó Muniagurria y agregó: “No hemos despedido a nadie, seguimos aguantando”.

Clausurada por la Municipalidad de Candelaria, la planta de acopio de la arenera no funciona desde hace varios meses.

Diezmo

En otro tramo de la charla con LVM, Muniagurria volvió a su reunión con Martinángeli y el diezmo de arena exigido a quienes tienen contratos de comodato por predios costeros.

Contó que el ex jefe del DOC, lo intimó a cumplimentar con lo exigido por la Municipalidad de Candelaria y que nunca respondió a la nota que le envió, posteriormente, adjuntándole toda la documentación que remitió al municipio.

“Le hemos adjuntado lo que pagamos y el certificado provincial con el estudio ambiental, la misma documentación que le presentamos a la municipalidad, y nunca contestó”, indicó el arenero.

“Me cuesta creer que esto sea una coacción de la EBY porque no pueden cobrarme el alquiler por mi condición de relocalizado y entonces quieren echarme”, dijo Muniagurria y comentó que, recientemente, una comitiva de inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se presentó en el predio de la empresa en Posadas.

“Fue una inspección sorpresa, donde querían revisar si el personal que trabaja en la arenera está registrado, y por supuesto que todos están en blanco; no pudieron comprobar ninguna irregularidad y, evidentemente, la visita tiene relación con la situación en Candelaria”, afirmó.

“Yo he tomado conocimiento de que, a mis colegas de Santa Ana, la EBY le ha hecho firmar por un aporte de 10.000 metros cúbicos de arena anuales”, señaló y opinó: “Eso no corresponde, porque la EBY no es una inmobiliaria”.

-¿Cuánto es el valor del diezmo de arena exigido?, le preguntó LVM.

“Entre 65 y 70 millones de pesos”, indicó Muniagurria y concluyó: “Ningún arenero tiene condición hoy de pagar eso”.

El empresario debió retirar todo el mineral y transportarlo al corralón de la empresa en Posadas.

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Durante la apertura del período de sesiones ordinarias, el Ejecutivo municipal de Campo Grande presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el informe de gestión correspondiente al 2025, donde se realizó un balance de la administración y se delinearon las principales políticas y obras previstas para el presente año.

El inicio del mensaje institucional estuvo marcado por el contexto político que atravesó el municipio a fines del año pasado. El entonces intendente Carlos Sebastián Sartori solicitó licencia especial sin goce de haberes desde el 12 de diciembre de 2025 para asumir como Ministro Coordinador de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Misiones, situación que derivó en la asunción interina del Ejecutivo por parte del primer concejal de la lista más votada.

Durante su exposición, el jefe comunal interino destacó la continuidad de la gestión y el acompañamiento del Concejo Deliberante, remarcando la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para sostener el desarrollo del municipio.

En materia productiva, el informe indicó que durante 2025 se realizó un relevamiento que alcanzó a 672 productores rurales, lo que permitió contar con un diagnóstico actualizado del sector. Entre las acciones impulsadas se mencionaron trabajos en 71 chacras con más de 137 hectáreas intervenidas, la entrega de más de 65 mil plantines hortícolas, semillas, bioinsumos y alevines para fortalecer la producción local.

En el plano urbano, el Ejecutivo remarcó avances en regularización dominial de aproximadamente 2.000 lotes, además de obras y proyectos vinculados al ordenamiento de la ciudad, iluminación pública y nuevas urbanizaciones. En ese sentido, se anunció la incorporación de 800 luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la modernización del sistema de alumbrado.

Apertura de sesiones en el HCD de Campo Grande

Obras públicas

Entre las obras en ejecución se mencionaron la Estación Joven, la Plazoleta de los Pioneros, la Feria Franca en el edificio de la ex terminal, además de la construcción de viviendas en distintos barrios y el inicio de la primera etapa de una ciclovía urbana.

El informe también destacó el desarrollo del Parque Industrial, Logístico y Tecnológico, donde se consolidaron inversiones privadas y se firmaron convenios con nuevas empresas interesadas en instalarse en la localidad.

En el plano financiero, el municipio informó un incremento del 39,4% en la recaudación durante 2025, además de un crecimiento significativo en la contribución por mejoras. También se señaló que el gasto en recursos humanos se mantuvo por debajo del 30% del presupuesto.

En materia social, el municipio destacó programas de asistencia alimentaria, acompañamiento a personas con discapacidad y acciones dirigidas a comunidades originarias, además del trabajo territorial realizado por las áreas de niñez y desarrollo social.

Por otra parte, desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial se llevaron adelante cursos de capacitación y operativos preventivos, mientras que en el área de Bromatología y Zoonosis se realizaron casi 400 castraciones y más de 500 vacunaciones antirrábicas.

En el área cultural y deportiva, el municipio informó la participación de más de 900 vecinos en distintas disciplinas, además de actividades educativas y la realización de eventos provinciales que fortalecen la identidad local.

Finalmente, en el cierre del mensaje, el Ejecutivo puso en valor el trabajo del personal municipal y convocó al Concejo Deliberante a continuar trabajando en conjunto durante 2026.

El discurso concluyó con un llamado a la unidad institucional y al compromiso colectivo para seguir impulsando el crecimiento de Campo Grande y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Tras el debate que se instaló este martes en torno a la “Tasa por uso del Puerto” abonado en el cruce fronterizo de Alba Posse-Porto Mauá (Brasil), el presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad misionera, Ariel Masis, salió al cruce de las versiones que aseguraban que el tributo había sido incorporado recientemente a raíz del éxodo de misioneros hacia Brasil.

“Es una tasa que se cobra desde hace mucho, en todas las administraciones y está autorizada por el Poder Legislativo”, afirmó el edil, al desmentir que se trate de un nuevo gravamen.

Según detalló, los valores vigentes para quienes cruzan el río Uruguay hacia el vecino país son los siguientes: $2.500 para automóviles, $2.000 para peatones y $1.000 para motocicletas, tal como figura en la cartelería exhibida en la garita junto al punto de venta de tickets del servicio de balsa.

Masis aclaró que lo recaudado por esta tasa se destina a la prestación de servicios municipales en el puerto. “Con ese valor, la Municipalidad realiza tareas de limpieza y mantenimiento en el predio”, explicó.

Además, sostuvo que en todos los municipios donde funciona un servicio de balsa se aplica una tasa mínima con el mismo fin.

El concejal aseguró que la difusión mediática del tema tuvo “fines políticos” y señaló que el intendente Lucas Gerhardt prevé viajar este jueves a Posadas para presentar una denuncia penal contra los medios que replicaron la información.

En cuanto a las medidas que adoptará el Concejo frente a la controversia -que algunos compararon con la Ecotasa implementada en Wanda-, Masis indicó que los concejales se reunieran esta noche para hacer pública la ordenanza vigente.

Según remarcó, la normativa incluye un artículo que establece que los fondos recaudados deben invertirse en el municipio.

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