Provinciales
Nuevamente acusan al intendente renovador de Mado Delicia de un fraude millonario
Un nuevo escándalo salpica a la familia Vera, que maneja los hilos del pequeño poblado de Mado Delicia como si fuera un negocio privado propio. A los casos de nepotismo y manejos poco claros, ahora se suma una grave denuncia por presunta “estafa”, en la Justicia Federal de Eldorado, que apunta directamente contra el intendente, Eberth Vera y dos de sus hermanas, Guillermina y Lucía, quienes son funcionarias y colaboran estrechamente con sus manejos.
Según la denuncia, el caso se inició en el año 2011 con la contratación en la Municipalidad de Flavio Atilio Brítez, quien, por la mañana, trabajaba supuestamente para una cooperativa arreglando camiones y maquinaria municipal en el playón de la comuna; y, por la tarde, hacía de chofer y mandados para la familia Vera.
Según el denunciante, le pidieron sus datos, fotocopia de DNI y le tramitaron una tarjeta para cobrar un sueldo mensual de 1.200 pesos en forma bancarizada. Después de cuatro meses, aseguró en su relato, le avisaron que el contrato se terminó y que necesitaban su tarjeta para ir a “tratar de solucionar el problema en el banco en Posadas”. Britez dijo haberle entregado la tarjeta de débito a la entonces tesorera comunal, Guillermina, quien al regreso le avisó que se cayó el contrato y no podría seguir trabajando. Transcurría fines de 2011.
La historia hubiera terminado ahí y tal vez nunca se hubiera descubierto la maniobra que ahora se investiga. Pero lo cierto es que, en abril de 2017, se retoma el hilo de los hechos cuando Brítez fue al hospital SAMIC por temas de salud. Ahí descubrió que tenía obra social y alguien estuvo aportando todo ese tiempo.
Asesorado por un abogado, en mayo del año pasado, concurrió al banco de origen, donde había cobrado los cuatro meses en 2011, y grande fue la sorpresa que se llevó cuando le dijeron que su tarjeta estuvo activa y vigente durante todo ese tiempo. En ese mismo momento contaba con 9.800 pesos en la cuenta y, asesorado por un empleado bancario, retiró el efectivo por ventanilla.
Luego dio de baja la tarjeta y solicitó un informe histórico que volvió a buscar a los 10 días. Ahí recién le cayó la ficha por completo. Alguien estuvo usando su tarjeta y cobrando el dinero durante 68 meses, más de cinco años y medio. “Alguien ha cobrado todos los meses en mi nombre, seguramente por tener mi tarjeta de la que fui despojado con engaños o haciendo transferencias a otra u otras cuentas”, remarcó en la denuncia.
“He sido estafado”, agregó en el texto y advirtió que le retuvieron la tarjeta “aprovechándose de mi desconocimiento en la materia”. Inmediatamente solicitó otra tarjeta pero, al mes siguiente, no le volvieron a depositar el dinero tal vez alertados de que los habían descubierto.
Totalmente indignado, en junio de 2017, Brítez reunió las pruebas del banco y se presentó en la Fiscalía Federal de Eldorado donde radicó una denuncia penal “por estafa y/o por el delito que el mejor criterio de la Fiscalía estime corresponder” contra el intendente Vera y sus hermanas Lucía y Guillermina. La primera información que la Justicia recabó es que el denunciante nunca estuvo incorporado al Plan Argentina Trabaja, donde creyó que estuvo (eso le dijeron), ni a ningún otro plan nacional de trabajo o cooperativas. La investigación viene lenta pero continúa. Le dijeron en la Fiscalía que iniciarán el rastreo del origen de los fondos que cobraba para saber quién era el que depositaba y el origen del dinero. Hasta algunos creen que podría ser un contrato municipal.
Una de las acciones solicitadas en la denuncia es la filmación de los bancos o cajeros automáticos en la fecha y hora en que se retiraron los fondos de la cuenta a nombre de Brítez. Una vez que el banco entregue esas copias, se podrá detectar a la persona que manipuló la tarjeta a nombre del denunciante.
Pero eso no fue todo, porque la situación se puso cada vez más grave. Según explicó el propio Brítez, en octubre del año pasado recibió un llamado de Guillermina, quien (según sus declaraciones textuales) le ofreció 180 mil pesos para que retire la denuncia.
En el diálogo telefónico, reproducido con palabras de Brítez, la denunciada dijo que ella no cobró el dinero y mencionó a otra persona, a lo que el fugaz empleado municipal le respondó: “A mí no me importa quién cobró, yo quiero la totalidad, porque eso que me ofrecés no llega ni a la cuarta parte”.
El dialogo se terminó y no hubo nuevo contacto. Ahora la justicia deberá determinar la responsabilidad de los funcionarios, el origen del dinero y determinar si hubo estafa y quiénes fueron los estafadores, aunque, para algunos, está todo más que claro.
Primera Edición
Provinciales
Okä Porã en estado de “resistencia permanente” por conflicto con Arauco
Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.
A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.
El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa.
En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.
Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.
El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes.
Un territorio ancestral
Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona.
Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante.
“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado.
Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.
En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).
A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.
Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã
Provinciales
Suspenden la balsa de Panambí a Brasil por la bajante del río Uruguay
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.
La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.
Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.
La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.

Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.
Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año
Provinciales
Realizan operativos para acercar servicios en comunidades mbya de Misiones
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito.
Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades.
De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.
Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.
Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.
Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional
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