Provinciales
Nuevamente acusan al intendente renovador de Mado Delicia de un fraude millonario
Un nuevo escándalo salpica a la familia Vera, que maneja los hilos del pequeño poblado de Mado Delicia como si fuera un negocio privado propio. A los casos de nepotismo y manejos poco claros, ahora se suma una grave denuncia por presunta “estafa”, en la Justicia Federal de Eldorado, que apunta directamente contra el intendente, Eberth Vera y dos de sus hermanas, Guillermina y Lucía, quienes son funcionarias y colaboran estrechamente con sus manejos.
Según la denuncia, el caso se inició en el año 2011 con la contratación en la Municipalidad de Flavio Atilio Brítez, quien, por la mañana, trabajaba supuestamente para una cooperativa arreglando camiones y maquinaria municipal en el playón de la comuna; y, por la tarde, hacía de chofer y mandados para la familia Vera.
Según el denunciante, le pidieron sus datos, fotocopia de DNI y le tramitaron una tarjeta para cobrar un sueldo mensual de 1.200 pesos en forma bancarizada. Después de cuatro meses, aseguró en su relato, le avisaron que el contrato se terminó y que necesitaban su tarjeta para ir a “tratar de solucionar el problema en el banco en Posadas”. Britez dijo haberle entregado la tarjeta de débito a la entonces tesorera comunal, Guillermina, quien al regreso le avisó que se cayó el contrato y no podría seguir trabajando. Transcurría fines de 2011.
La historia hubiera terminado ahí y tal vez nunca se hubiera descubierto la maniobra que ahora se investiga. Pero lo cierto es que, en abril de 2017, se retoma el hilo de los hechos cuando Brítez fue al hospital SAMIC por temas de salud. Ahí descubrió que tenía obra social y alguien estuvo aportando todo ese tiempo.
Asesorado por un abogado, en mayo del año pasado, concurrió al banco de origen, donde había cobrado los cuatro meses en 2011, y grande fue la sorpresa que se llevó cuando le dijeron que su tarjeta estuvo activa y vigente durante todo ese tiempo. En ese mismo momento contaba con 9.800 pesos en la cuenta y, asesorado por un empleado bancario, retiró el efectivo por ventanilla.
Luego dio de baja la tarjeta y solicitó un informe histórico que volvió a buscar a los 10 días. Ahí recién le cayó la ficha por completo. Alguien estuvo usando su tarjeta y cobrando el dinero durante 68 meses, más de cinco años y medio. “Alguien ha cobrado todos los meses en mi nombre, seguramente por tener mi tarjeta de la que fui despojado con engaños o haciendo transferencias a otra u otras cuentas”, remarcó en la denuncia.
“He sido estafado”, agregó en el texto y advirtió que le retuvieron la tarjeta “aprovechándose de mi desconocimiento en la materia”. Inmediatamente solicitó otra tarjeta pero, al mes siguiente, no le volvieron a depositar el dinero tal vez alertados de que los habían descubierto.
Totalmente indignado, en junio de 2017, Brítez reunió las pruebas del banco y se presentó en la Fiscalía Federal de Eldorado donde radicó una denuncia penal “por estafa y/o por el delito que el mejor criterio de la Fiscalía estime corresponder” contra el intendente Vera y sus hermanas Lucía y Guillermina. La primera información que la Justicia recabó es que el denunciante nunca estuvo incorporado al Plan Argentina Trabaja, donde creyó que estuvo (eso le dijeron), ni a ningún otro plan nacional de trabajo o cooperativas. La investigación viene lenta pero continúa. Le dijeron en la Fiscalía que iniciarán el rastreo del origen de los fondos que cobraba para saber quién era el que depositaba y el origen del dinero. Hasta algunos creen que podría ser un contrato municipal.
Una de las acciones solicitadas en la denuncia es la filmación de los bancos o cajeros automáticos en la fecha y hora en que se retiraron los fondos de la cuenta a nombre de Brítez. Una vez que el banco entregue esas copias, se podrá detectar a la persona que manipuló la tarjeta a nombre del denunciante.
Pero eso no fue todo, porque la situación se puso cada vez más grave. Según explicó el propio Brítez, en octubre del año pasado recibió un llamado de Guillermina, quien (según sus declaraciones textuales) le ofreció 180 mil pesos para que retire la denuncia.
En el diálogo telefónico, reproducido con palabras de Brítez, la denunciada dijo que ella no cobró el dinero y mencionó a otra persona, a lo que el fugaz empleado municipal le respondó: “A mí no me importa quién cobró, yo quiero la totalidad, porque eso que me ofrecés no llega ni a la cuarta parte”.
El dialogo se terminó y no hubo nuevo contacto. Ahora la justicia deberá determinar la responsabilidad de los funcionarios, el origen del dinero y determinar si hubo estafa y quiénes fueron los estafadores, aunque, para algunos, está todo más que claro.
Primera Edición
Provinciales
Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales
La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.
En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.
Inexistentes
“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.
“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.
“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.
El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.
“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.
“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.
Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.
El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.
“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.
Prevenidos
En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.
“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.
“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.
En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.
“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.
Nota descargo EBY (2-12-25)
Provinciales
Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos
El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero.
“Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.
El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.
Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha.
Este beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha de la yerba mate en los meses de receso de la actividad. Para más información…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) December 3, 2025
Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.
El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.
De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral.
El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).
Provinciales
Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil
El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.
El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.
Con el compromiso de acompañar a los estudiantes en los exámenes del último tramo del año, anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) December 1, 2025
El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.
De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar.
Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario.
A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.
El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios
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