En el 2020 hubo 12 víctimas de femicidio en Misiones, según un informe realizado por la Secretaría de Estadísticas del Poder Judicial de la provincia, que fue dado a conocer ayer.

Del total de las víctimas, 9 fueron femicidios directos y 3 femicidios vinculados. Asimismo, 16 niños, niñas y adolescente que estaban a cargo de las mujeres víctimas de femicidio directo, de acuerdo a lo que se desprende del documento hecho por la Justicia misionera, fueron damnificados colaterales.

En cuanto a las edades de las mujeres asesinadas, la estadística indica que dos de ellas tenían entre 18 y 24 años; tres entre 25 y 34; dos estaban en la franja etaria de 35 a 44 y dos entre los 45 y los 59 años.

Del total de femicidios en Misiones, cinco de ellos ocurrieron en la vivienda de la víctima; tres en el inmueble compartido entre la víctima y el agresor y uno en la casa del victimario.

Con respecto al agresor, el informe señala que tres de los crímenes fueron cometidos por la ex pareja de la víctima; dos por la pareja actual; tres víctimas murieron en manos de un familiar y una de ellas fue asesinada por un desconocido.

Por otra parte, la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de la Nación había informado que, durante el 2020, se registró un femicidio cada 35 horas y hubo un total de 251 víctimas directas en Argentina.

La OM señala que la tasa de víctimas directas de femicidios en Misiones cada 100.000 mujeres fue del 1,43% , durante el año marcado por la pandemia del Covid-19. El porcentaje equivale a un femicidio directo cada 70.172 mujeres.

Entre los casos más paradigmáticos del año pasado, se encuentra el de Sonia Cerpa, ocurrido el 18 de febrero, ocasión en la que Valdir “Cuerero” Prestes la mató a puñaladas en un paraje de Dos Hermanas.

Informe realizado por la Secretaría de Estadísticas del Poder Judicial de Misiones.

Comentarios

La aldea Mirí Marangatú, de Puerto Iguazú, hace seis años reclama a la Municipalidad y al gobierno de la provincia de Misiones la instalación de servicios básicos dentro de su comunidad.

El reclamo nunca fue oído por las autoridades de la tierra colorada y, ante ese panorama, el activista David Españon inició una movida para juntar firmas en la página internacional Change.org, y así lograr que las instituciones nacionales y provinciales que se encargan de los asuntos indígenas escuchen el pedido de los hermanos mbya.

La campaña solidaria empezó en febrero de este año, luego de sucesivas notas enviadas por Españon al Ministerio de Salud de Misiones.

La primera ayuda para la construcción del área de salud para Mirí Marangatú llegó con la donación del mobiliario completo, por parte de la Fundación Trafkin, quienes se hicieron eco de publicación en Change.org y decidieron donar los muebles para el lugar.

De igual manera, se sumaron a la causa organizaciones nacionales e internacionales que hicieron posible que hoy se comience con la construcción del espacio físico donde se va a montar la sala de primeros auxilios.

Con 49.000 firmas en la página de Change, “la solidaridad triunfó una vez más”, dijo David en diálogo con La Voz de Misiones y explicó: “La sala será construida por la misma comunidad”.

Además, el activista contó que “la idea es poner en condiciones el lugar, para que ellos puedan ser atendidos en mejores condiciones y que los médicos puedan realizar sus consultas con más comodidad”.

En esa línea, Españon agregó: “También nuestro deseo es que puedan ir las obstetras y que puedan desarrollar el programa Preparación Integral de la Maternidad (PIM), que para mí es una herramienta muy importante”.

Para un sueño, 5 pesos

Si bien los hermanos mbya de la aldea Mirí Marangatú tocaron el corazón de personas solidarias que se sumaron a la iniciativa de David, aún se necesita de ayuda para que la obra pueda ser terminada en un corto tiempo y finalmente, tras varios años de tener que trasladarse 7 kilómetros hasta una sala de primeros auxilios, la comunidad tenga su propia área de salud.

Por ello, Españon habilitó un CVU para quienes quieran sumarse a la movida solidaria puedan hacerlo donando desde 5 pesos o más.

Cuenta para ayudar: 0000003100045861143396 / ALIAS: piedra.cincel.

Un derecho

Hace 6 años, habitantes de la aldea Fortin Mbororé decidieron romper lazos con la comunidad y armar una nueva, a la que denominaron Mirí Marangatú.

La aldea se instaló en un espacio del territorio de Fortín y desde entonces solicitan a la Dirección Asuntos Guaraníes, dependiente de Derechos Humanos de la provincia, que se le instalen los servicios básicos para vivir: agua, luz, salud y educación, según contó en una entrevista a LVM el cacique Romualdo Benítez.

“Eso lo autoriza el intendente, junto al cacique, si es necesario. Pero el intendente tiene la palabra mayor, y con su autorización, eso ya se puede lograr”, había dicho la directora de Asuntos Guaraníes, consultada por LVM sobre la falta de los servicios en la comunidad.

Lo cierto es que hasta la fecha la aldea se abastece de agua de un pozo, continúa sin luz y sin un espacio donde se puedan atender a los habitantes que necesiten asistencia médica.

Se inició la construcción de la salita de primeros auxilios para Mirí Marangatú.

Comentarios

Hace aproximadamente un mes, el intendente de El Alcázar, José Ferreira, dispusó a través de un decreto que, para ingresar a la Municipalidad, los ciudadanos deberían estar vacunados contra el Covid-19.

El decreto estipula que los lugareños deben contar con al menos una de las dosis y mostrar el carnet sanitario para poder ser atendidos en el edificio.

Ante la medida tomada por el intendente para avanzar con la inmunización, los ciudadanos Mariela Loch, Gustavo Vallaro y Marcelo Stang denunciaron penalmente a Ferreira por “incumplimiento a los deberes de funcionario público y amenazas coactivas”.

“Se le obliga arbitrariamente a las personas a que realicen una conducta de la que son libres y/o afectación de bienes jurídicos que se encuentran protegidos por leyes especiales de fondo; conforma una conducta prohibida conforme el Art. 248 del Código Penal”, dice la denuncia a la que tuvo acceso La Voz de Misiones.

Entre los argumentos arrojados por los denunciantes, se desprende: “El derecho fundamental que tiene todo ciudadano argentino a someterse o no a un tratamiento médico, se encuentra garantizado por una ley de fondo conocida como la Ley del Paciente Nº 26.529 la cual en su artículo Nº 2º inc. e) específicamente prevé: autonomía de la voluntad”.

Y se enfatiza: “El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad”.

En esa línea, el abogado defensor, César Simón Balovier, explicó a LVM: “La conducta del intendente incurre en el tipo del 248 (incumplimiento a los deberes de funcionario público) porque emitió una resolución contraria a las leyes”.

Además, el letrado señaló que los ciudadanos se ven obligados a llevar adelante “una conducta protegida por las leyes para satisfacer el requerimiento del intendente, la cual fue realizada en ausencia de habilitación legislativa”.

Por su parte, tras el decreto Ferreira había destacado: “La comunidad está muy conforme, nunca hubo un solo problema. La mayoría ya tiene su vacuna, acá cuidamos a la gente e instamos a que se vacunen”, en diálogo con Radio Stop.

Comentarios