Provinciales
Muerte de abuela mbya reavivó reclamo por camino en el Lote 8
El traslado de la anciana Lucinda, de la comunidad Tekoa Yma, se demoró porque la ambulancia no pudo ingresar al Lote 8, lo que despertó el pedido histórico. Ecología sostiene que “ya está resuelto”.
El sendero de acceso a las comunidades mbya que habitan el Lote 8 de la Reserva de Biósfera de Yabotí, que en su momento devino en polémica por denuncias de un emprendimiento turístico que buscaba beneficiarse de la obra, volvió a ser noticia este martes por la protesta que trajo nuevamente el reclamo.
En un aty (reunión), que bloqueó por horas el ingreso al parque, miembros de las comunidades directamente involucradas, Tekoa Yma, Kapi´i Yvate e Ita Mirí, urgieron al gobierno provincial una respuesta a un pedido que tiene varios años.
Según relató a La Voz de Misiones la secretaria del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Cintia Giménez, el caso de la matriarca de Tekoa Yma, la abuela Lucinda, esposa del cacique Artemio Benítez, que falleció de neumonía porque la ayuda no pudo llegar a tiempo porque el camino no permitió el ingreso de una ambulancia, motivó la movilización de hoy.
La abuela Lucinda
“Terrible lo de la abuela, eso desbordó ya toda la lucha que venía siendo pacífica. Los jóvenes mbya también se indignaron de tal manera que buscaron volver a hacer el aty acá en el parque y tratar de hacer visible esto”, contó Giménez.
La abuela Lucinda falleció en el Samic de Oberá, adonde fue llevada a duras penas. Luego del deceso, la comunidad contrató los servicios de una camioneta para transportar sus restos a Tekoa Yma, pero debieron hacer parte del trayecto con el ataúd en motocicleta, porque en un momento dado el vehículo no podía avanzar.
“No están pidiendo una megaobra, ni siquiera empedrado; quieren que se abra un camino de tierra que mejore sus accesos y por el que pueda ingresar ayuda en caso de emergencia”, explicó la secretaria de Endepa.
Polémica y desamparo
Según Giménez, el camino debería haberse hecho hace rato: “Ya está todo aprobado en el Ministerio de Ecología”, afirmó.
En 2017, cuadrillas indígenas despejaron el trazado con machetes, limpiando la zona para las máquinas de Vialidad Provincial, que tampoco nunca llegaron.
En esa época, diversas organizaciones ambientalistas acusaban al gobierno de violar la ley y poner en riesgo la reserva natural para favorecer el proyecto del empresario Nicolás Laharrague, que impulsaba un complejo hotelero en medio de la selva y necesitaba del camino.
Un recurso de amparo judicial consiguió frenar cualquier avance del tema, incluso luego que las comunidades mbya consiguieran que la Justicia lo rechazara y autorizara al Ejecutivo a continuar con la apertura del camino.
“Después que ganamos el juicio ya se dijo que sí, que estaba todo preparado; esto fue hace mucho tiempo, pero nunca se abrió el sendero, siempre hay una excusa”, afirmó Cintia Giménez.
Un informe de Endepa de 2016, titulado “Un camino, 10 razones”, señala que “no se trata de una obra impuesta a las comunidades por terceras personas, empresas y organizaciones”, y que “insistir en esta descalificación es ignorar la lucha sostenida por las comunidades mbya guaraní y sus organizaciones”.
“Resulta incomprensible que quienes ayudaron a mantener lo que hoy queda de selva subtropical, los mbya guaraní, y tienen las mejores herramientas para su protección, hoy deban convencer a la sociedad que también es importante su propia salud y su propia accesibilidad”, agrega.
Obra aprobada
Consultado por La Voz de Misiones sobre la situación en el Lote 8, el ministro de Ecología, Mario Vialey, indicó que la apertura del sendero ya está aprobada y que la obra está en la órbita de Vialidad Provincial.
Vialey, diputado provincial electo, señaló que la protesta mbya de este martes en el parque Moconá lo tomó por sorpresa: “Me llamó la atención porque el reclamo ya está resuelto y tiene todo para comenzar”, afirmó el ministro.
Informó que la semana pasada envió a Vialidad la resolución ministerial de viabilidad ambiental y, despejando cualquier nueva suspicacia, aseguró que “el camino será de uso exclusivo de las comunidades, con portones y candado”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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