Provinciales
Misiones participará junto al Inai del relevamiento a comunidades mbyá
En el último estudio realizado en la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) contabilizó un total de 110 comunidades mbya con personería jurídica y 96 con relevamiento territorial. Luego de la primera reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, realizada el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el titular del Inai, Claudio Avruj, anunció la firma de convenios con cada una de las provincias argentinas para realizar los relevamientos territoriales en conjunto y adelantó su visita a Misiones.
Desde el año 2006, y conforme a lo establecido por la Ley 26160 sancionada a finales de ese mismo año, el Inai que ahora depende de la Secretaría del Interior, presta atención y apoyo a las comunidades indígenas presentes a lo largo y ancho del país, siendo el encargado de llevar adelante el relevamiento territorial como primer paso en el reconocimiento del Estado sobre las tierras que ocupan los pueblos originarios.
Consultada por La Voz de Misiones, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Karina Aguirre, calificó como “muy positiva” la reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, de la que participó junto al director de Asuntos Guaraníes de Misiones, Francisco Rodríguez; el titular del consejo de caciques, Alejandro Benítez; y el propio Avruj, junto a representantes de 18 provincias.
Representantes misioneros junto al presidente del Inai Claudio Avruj
En ese contexto, las autoridades misioneras plantearon acompañar a los técnicos del Inai y ser considerados al momento de realizar los relevamientos territoriales, a lo que respondieron de manera afirmativa. “Sobre todo considerando que junto a la Dirección de Asuntos Guaraníes podemos darle una mirada no solamente técnica sino también cultural y social de cada una de las comunidades, que enriquecerá los relevamientos territoriales que realizan habitualmente los técnicos del Inai”, sugirió Aguirre.
A su vez, plantearon la necesidad de unificación de criterios en torno al otorgamiento de personerías jurídicas bajo las mismas condiciones, tanto a nivel nacional como provincial, respetando el derecho de las comunidades de organizarse, no solamente desde la legislación nacional sino también atendiendo las particularidades y el contexto de cada una de las provincias.
Por su parte, Avruj propuso como plan de trabajo, considerar las inquietudes y necesidades de las provincias “respetando las políticas y la mirada particular que tenemos en cada contexto, ya que cada comunidad es muy diversa, tiene diferentes necesidades y desde cada una de nuestras regiones tenemos que abordar un trabajo específico, porque no es lo mismo lo que sucede en la Patagonia con lo que sucede en el Nea o en el Noa, así que ese planteado fue llevado a la mesa y se ha tenido una respuesta positiva”, aseguró la ministra de DDHH.
En tanto, Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes, también calificó el encuentro como “muy positivo”, por el abordaje de los tres temas principales: la ley 26160, el relevamiento territorial y la personería jurídica para las distintas comunidades.
A un paso de la firma de convenios
Rodríguez adelantó que en los próximos días el titular del Inai estará visitando Misiones “para la firma de distintos convenios, unificar criterios y tratar de optimizar todo lo posible lo que sería el relevamiento territorial”.
En cuanto a la personería jurídica, reconoció que la provincia cuenta “con un sistema propio de personería jurídica que otras provincias no lo tienen y se rigen por la nacional”.
En ese sentido, agregó que “hemos empezado a trabajar en el relevamiento territorial realizado en la provincia, que ahora está a cargo del Ministerio del Agro, y en estos momentos trabajamos para unificar criterios y el trabajo, que el relevamiento sea algo real con datos certeros y que pueda ser una ayuda a la comunidad, porque anteriormente hemos visto algunos errores, por lo que surgieron conflictos y ahora queremos optimizarlo. Para ser un primer acercamiento con el Inai lo vemos muy positivo”.
La ley 26160 establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas. La última prórroga de esta legislación vence en noviembre de 2025, por lo que desde la provincia alegan la necesidad de trabajar en una nueva ley que considere los derechos de las comunidades y de los particulares.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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