En el último estudio realizado en la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) contabilizó un total de 110 comunidades mbya con personería jurídica y 96 con relevamiento territorial. Luego de la primera reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, realizada el viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el titular del Inai, Claudio Avruj, anunció la firma de convenios con cada una de las provincias argentinas para realizar los relevamientos territoriales en conjunto y adelantó su visita a Misiones.

Desde el año 2006, y conforme a lo establecido por la Ley 26160 sancionada a finales de ese mismo año, el Inai que ahora depende de la Secretaría del Interior, presta atención y apoyo a las comunidades indígenas presentes a lo largo y ancho del país, siendo el encargado de llevar adelante el relevamiento territorial como primer paso en el reconocimiento del Estado sobre las tierras que ocupan los pueblos originarios.

Consultada por La Voz de Misiones, la ministra de Derechos Humanos de la provincia, Karina Aguirre, calificó como “muy positiva” la reunión del Consejo Federal de Políticas Indígenas, de la que participó junto al director de Asuntos Guaraníes de Misiones, Francisco Rodríguez; el titular del consejo de caciques, Alejandro Benítez; y el propio Avruj, junto a representantes de 18 provincias.

Representantes misioneros junto al presidente del Inai Claudio Avruj

En ese contexto, las autoridades misioneras plantearon acompañar a los técnicos del Inai y ser considerados al momento de realizar los relevamientos territoriales, a lo que respondieron de manera afirmativa. “Sobre todo considerando que junto a la Dirección de Asuntos Guaraníes podemos darle una mirada no solamente técnica sino también cultural y social de cada una de las comunidades, que enriquecerá los relevamientos territoriales que realizan habitualmente los técnicos del Inai”, sugirió Aguirre.

A su vez, plantearon la necesidad de unificación de criterios en torno al otorgamiento de personerías jurídicas bajo las mismas condiciones, tanto a nivel nacional como provincial, respetando el derecho de las comunidades de organizarse, no solamente desde la legislación nacional sino también atendiendo las particularidades y el contexto de cada una de las provincias.

Por su parte, Avruj propuso como plan de trabajo, considerar las inquietudes y necesidades de las provincias “respetando las políticas y la mirada particular que tenemos en cada contexto, ya que cada comunidad es muy diversa, tiene diferentes necesidades y desde cada una de nuestras regiones tenemos que abordar un trabajo específico, porque no es lo mismo lo que sucede en la Patagonia con lo que sucede en el Nea o en el Noa, así que ese planteado fue llevado a la mesa y se ha tenido una respuesta positiva”, aseguró la ministra de DDHH.

En tanto, Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes, también calificó el encuentro como “muy positivo”, por el abordaje de los tres temas principales: la ley 26160, el relevamiento territorial y la personería jurídica para las distintas comunidades.

A un paso de la firma de convenios

Rodríguez adelantó que en los próximos días el titular del Inai estará visitando Misiones “para la firma de distintos convenios, unificar criterios y tratar de optimizar todo lo posible lo que sería el relevamiento territorial”.

En cuanto a la personería jurídica, reconoció que la provincia cuenta “con un sistema propio de personería jurídica que otras provincias no lo tienen y se rigen por la nacional”.

En ese sentido, agregó que “hemos empezado a trabajar en el relevamiento territorial realizado en la provincia, que ahora está a cargo del Ministerio del Agro, y en estos momentos trabajamos para unificar criterios y el trabajo, que el relevamiento sea algo real con datos certeros y que pueda ser una ayuda a la comunidad, porque anteriormente hemos visto algunos errores, por lo que surgieron conflictos y ahora queremos optimizarlo. Para ser un primer acercamiento con el Inai lo vemos muy positivo”.

La ley 26160 establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas. La última prórroga de esta legislación vence en noviembre de 2025, por lo que desde la provincia alegan la necesidad de trabajar en una nueva ley que considere los derechos de las comunidades y de los particulares.

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