Provinciales
La Mesa Provincial No a las Represas rechazó reabrir el debate sobre Corpus
El colectivo conformado por más de cuarenta organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas y gremiales calificó como “una verdadera ofensa para la ciudadanía misionera” el nuevo intento, por parte de funcionarios provinciales y nacionales, y en particular del ministro de Hacienda Adolfo Safrán, de avanzar con la obra hidroeléctrica que, según el proyecto, se emplazaría junto a la isla Pindoí en el municipio de Corpus.
A través de un comunicado, la Mesa Provincial NO a las Represas recordó que el pueblo misionero “con total convicción y responsabilidad definió una clara respuesta al respecto”, y que “lo continúa manifestando en toda ocasión que sea necesario, como en la ‘consulta popular’, llevada a cabo en 2014, en la que el 98% de misioneros y misioneras volvieron a decir NO a las Represas en Misiones”.
En este sentido, exigieron que “el gobierno provincial que se comprometa en ser garante cumpliendo la ley aprobada por nuestros representantes en la Legislatura provincial y que contó con el respaldo de más del 80% de los misioneros”, haciendo alusión al plebiscito de 1996 y la ley 11 – Nº 15, sancionada ese mismo año, que prohíbe la creación de nuevas represas sobre el río Paraná.
También recordaron que por ley Misiones es considerada “Capital Nacional de la Biodiversidad”, al encontrarse ubicada sobre una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, donde “preserva espacios naturales que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y plantea profundizar un modelo productivo sustentable más amigable con el ambiente”.
Sobre esto, resaltaron: “Se debería desterrar en forma definitiva la discusión acerca de estos mega emprendimientos que van totalmente en contra de lo mencionado, tal como lo podemos apreciar en los efectos ambientales, sociales y en salud generados, y nunca superados, por la represa de Yacyretá”.
Para cerrar, apuntaron contra las últimas declaraciones del ministro de Hacienda. “Los tiempos han cambiado -manifiesta el ministro Safrán- y nosotros le decimos que tiene razón, ya que en los 28 años transcurridos desde el plebiscito sobre Corpus el cambio climático se ha profundizado, el descontrolado desmonte en el Amazona y aquí en el Corredor Verde de nuestra provincia ha avanzado en forma alarmante la contaminación de nuestros ríos, consecuencia del crecimiento industrial y la minería en Brasil y las enfermedades generadas como consecuencia de la proliferación de vectores se han vuelto endémicas, transformando a estos proyectos como inviables definitivamente”.
Antecedentes
El proyecto de creación de la represa Corpus sobre el río Paraná, entre Argentina y Paraguay, inició en la década del 60 y decantó en un nuevo trabajo basado en estudios realizados en 1983 por el Consorcio Lameyer-Harza y Asociados; Knight Piesold; Consorcio Harza-IATASA y Tecma.
La iniciativa fue rechazada por voluntad del pueblo misionero en un plebiscito obligatorio y vinculante, llevado a cabo el 14 de abril de 1996 y ratificado por la Ley 11 – N.º 15 (Ex 3294/96), la que prohíbe la construcción de cualquier represa sobre el río Paraná.
Días atrás, el ex senador del PRO, Humberto Schiavoni, en una columna del diario porteño La Nación, pidió reabrir la discusión sobre la construcción de la represa de Corpus, intención a la que se sumó el ex titular de la EBY, Oscar Alfredo Thomas, en una carta publicada por el portal Plan B Misiones.
Sin ir más lejos, el propio ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safrán, entrevistado por el diario Primera Edición, apoyó la idea de creación de Corpus y la generación de energía mediante complejos hidroeléctricos, aunque reclamó “proyectos viables” a la Nación.
En este contexto, desde la Mesa Provincial No a las Represas, adelantaron a La Voz de Misiones que se encuentran organizando una reunión prevista para los próximos días, en la que, con los diferentes sectores integrantes, evaluarán los pasos a seguir para impedir una posible violación a la legislación vigente.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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