Provinciales
La Legislatura aprobó el pliego y Juan Manuel Díaz será nuevo ministro del STJ
La Cámara de Representantes de Misiones aprobó el pliego de Juan Manuel Díaz enviado por el Poder Ejecutivo, por lo que el ex ministro de Ecología será nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
De esta forma, el abogado y docente universitario reemplazará a Liliana Picazo, fallecida el 23 de mayo pasado, con lo cual el máximo órgano de Justicia misionero volverá a tener su composición completa de nueve miembros.
El dictamen favorable se dio ayer por parte de la Comisión de Poderes, presidida por la diputada Rita Núñez, tras lo cual, en la sesión de hoy, se pidió incorporar el tratamiento del pliego al plan de labor del día.
A la hora de la votación, 29 legisladores aprobaron el pliego enviado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, mientras que siete diputados del bloque de Juntos por el Cambio votaron en contra.
Actualmente, el STJ está formado por la presidenta Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y los ministros Cristian Marcelo Benítez, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas y Cristina Irene Leiva, a quienes ahora se suma Juan Manuel Díaz.
Previo a ser nombrado, en la puerta de la Legislatura, Díaz expresó que “es una especial honra, que me emociona, cubrir un rol que ocupaba una persona tan relevante y significativa como lo fue la doctora Liliana Picazo”.
“En cuanto a lo que es el trabajo, mis antecedentes van fuertemente vinculados al trabajo con el derecho ambiental”, resaltó, en diálogo con la prensa.
En ese sentido, postuló que “hoy vivimos, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los albores del estado de derecho ambiental, es decir, ya no solamente un estado en el cual las prioridades pasan por los derechos económicos, sociales y culturales, sino que también incluye la dimensión ambiental, que es transversal a todos los poderes del Estado”.
El “no” de JxC
Por su parte, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical y presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Ariel “Pepe” Pianesi, planteó que “tenemos una posición que no tiene que ver con el candidato, ni con su formación académica o carrera profesional, sino con el tratamiento exprés que se le da a un tema tan importante para todos los misioneros”.
“Este expediente ingresa el 22 de junio, hace solamente catorce días, se trata seis días después en la Comisión de Poderes, por única vez”, criticó el legislador y agregó: “Tomamos conocimiento que estaba en el plan de labor cuando todavía no tenía dictamen”.
“Lo cierto es que nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo para evaluar la documentación, para poder conversar entre nosotros, con él (Díaz), con distintos actores del sector, con el Colegio de Abogados”, enumeró.
“Para ser juez en la provincia, hay que atravesar todo un proceso que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, hay que rendir, hay que acreditar antecedentes y tener una entrevista personal y eso lleva mucho tiempo”, explicó.
Ante ello, dijo Pianesi, “nos parece que una persona propuesta para ocupar una cabeza de uno de los poderes del Estado requiere también el tiempo necesario”.
En ese sentido, expresó que “tenemos alguna mirada particular con respecto a su vinculación con el partido de gobierno, lo hemos planteado en la comisión, pero esta situación tranquilamente se puede sortear con una instancia de diálogo, de manera conjunta y democrática en los tiempos que corresponden a una decisión de tal envergadura”.
“Proponemos que el expediente continúe su tratamiento en la Comisión para que podamos generar más instancias”, culminó, antes de adelantar el voto negativo de siete diputados de la bancada.
La trayectoria del nuevo juez
Tras asumir, el flamante juez, quien es egresado de la Universidad Católica de Santa Fe, se convertirá en el primer doctor en abogacía en formar parte del cuerpo.
El ahora ministro del STJ se inició en la función pública como miembro de la Asesoría Jurídica de la Subsecretaría de Tierras y Colonización, del Ministerio del Agro y la Producción, donde ejerció entre 2003 y 2006.
En dicha dependencia, se desempeñó hasta 2008 como jefe del Departamento de Tierras Privadas, tras lo cual pasó al Ministerio de Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo.
En la cartera ambiental pasó por varios cargos, hasta que, en 2018, se convirtió en ministro de Ecología, puesto que mantuvo hasta diciembre de 2019.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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