Provinciales
La Legislatura aprobaría el jueves la creación del municipio de Salto Encantado
El proyecto fue aprobado en la comisión de Asuntos Constitucionales y Municipales de la Cámara de Representantes. Y el dictamen se trataría en el recinto este jueves.
POSADAS. La Cámara de Representantes trataría este jueves la creación del municipio de Salto Encantado, con lo cual se elevaría a 77 la cantidad de estos distritos en Misiones. El último fue el de Pozo Azul.
El proyecto, impulsado por el diputado Héctor Pereyra Pigerl, obtuvo dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales y Municipales de la Legislatura y se incorporará al próximo plan de labor.
De acuerdo con la iniciativa, Salto Encantado será otro municipio de segunda categoría y, tendrá un interventor-organizador designado por el Poder Ejecutivo, cuyas funciones serían las de articular, ejecutar y desarrollar todas las acciones necesarias para la organización jurídica, política, contable y administrativa.
El organizador designado deberá convocar a elecciones de autoridades municipales, en forma conjunta con los próximos comicios generales provinciales que se realizarán en el 2023.
También se creará una comisión asesora de la futura Municipalidad de Salto Encantado, que colaboraría con el interventor en todas las acciones necesarias para el reordenamiento de las instituciones dentro de la delimitación municipal y en la creación de juzgados y demás dependencias para garantizar el acceso a la justicia, entre otros fines.
La comisión se integrará por representantes de los tres poderes del Estado y del Tribunal de Cuentas, y por ciudadanos de Salto Encantado.
Situación actual
Salto Encantado actualmente forma parte del municipio de Aristóbulo del Valle, en el Departamento Cainguás, y tuvo “un crecimiento exponencial de la población urbana en los últimos años y una importante población rural que basa su economía en las actividades vinculadas a la agroindustria y a la forestación”, explicó el Pereyra Pigerl.
Según el autor del proyecto, dicha localidad tiene “aproximadamente 18.288 habitantes” y dispone de “terminal de ómnibus (foto), estaciones de servicios, laboratorio de análisis clínicos, CAPS, cajero automático del Banco Macro, radio FM, centro comunitario deportivo, comisaría, destacamentos policiales, oficina del Registro de las Personas, establecimientos educativos de nivel primario, secundario y terciario”.
“Se puede acceder a los servicios de Internet, telefonía celular, televisión por cable, hay servicios turísticos como cabañas, dormis, lodges, camping, pesque y pague, hotel y actividades relacionadas con el agroturismo”, agregó al destacar que reúne las condiciones necesarias para su autonomía.
El antecedente inmediato es el municipio de Pozo Azul, que fue creado el 12 de octubre de 2017.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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