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La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial

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Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.

 

POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.

Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.

La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.

Prefectura, una máquina de impedir

Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.

A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.

La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.

Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.

Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.

Demoras de hasta 180 días

Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.

“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.

“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.

La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.

Grandes perjuicios

El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.

Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.

A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.


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Yerbateros levantaron acampe en Andresito y sostienen en San Vicente y San Pedro

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Ayer en horas de la mañana, productores yerbateros de Andresito se reunieron con Omar Kassab, responsable del molino Don Omar, quien días atrás propuso pagar $301 por el kilo de hoja verde, ante quien aceptaron el monto y levantaron las medidas de fuerza vigentes. Mientras tanto, otro grupo numeroso rechazó la cifra y decidió continuar con las medidas de protesta en San Pedro, San Vicente, entre otras localidades. 

La propuesta del industrial sirio radicado en el norte de la provincia, se conoció el martes pasado luego de que se reuniera con el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori. Al día siguiente, se reunió con los productores y horas más tarde, tras una asamblea decidieron, por unanimidad, levantar el acampe en esa localidad. 

Si bien el costo determinado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para la producción es de $357 por kilo de hoja verde, la mayoría de los molinos están ofreciendo alrededor de $260, por lo que, tras la reunión con Kassab, varios productores no dudaron en aceptar los $301.

Sin embargo, no todos se vieron satisfechos. “Poca gente sabía de la asamblea, yo no me enteré, y se levantó el acampe porque el sirio apareció y ofreció $301”, confirmó Susana, productora de Andresito, en diálogo con La Voz de Misiones.

Y agregó: “Es triste lo que está pasando, pero bueno. El año pasado firmaron un acuerdo de $370 y fue bajando. Este año, cuando pensábamos que íbamos por buen camino por un precio bueno, Andresito otra vez se entregó y levantó el acampe por un acuerdo de $301”.

Luego concluyó: “No justifica, si aguantamos hasta ahora, no hicimos la zafrinha (cosecha de verano), podríamos haber esperado un mes más. Yo tengo dos hijas en la universidad, un gasto tremendo y no pienso hacer mi yerba con ese precio porque a mi no me justifica que yo esté regalando mi trabajo”.

Puntos de resistencia 

No contentos con la primera propuesta dineraria brindada por un referente industrial, ayer miércoles productores en asamblea acordaron continuar con las medidas de fuerza tanto en San Vicente como en San Pedro.

Tras una reunión concretada alrededor de las 18 sobre ruta 14, kilómetro 1051 de La Capital de las Araucarias, emitieron un comunicado en el que aclararon que continuarán con el paro de cosecha por tiempo indeterminado en reclamo de $355,41 por el kilo de hoja verde, más un 30% de ganancia para el productor.  

Acta de acuerdo firmada entre productores yerbateros en San Pedro

De la asamblea participaron referentes de San Pedro, Salto Encantado, Campo Grande, Campo Viera, San Vicente y Aristóbulo del Valle, quienes culminaron el encuentro con un centenar de firmas plasmadas en un acta de acuerdo que da continuidad, tanto al cese de cosecha como a los acampes.

Otro de los puntos que sostiene la misma metodología es el cruce Karaben en la localidad de Oberá, donde los productores son aún más pretenciosos con el pedido, alzando el monto entre $500 y $600, en consonancia con los 50 centavos dólar solicitados históricamente por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam).

Un molino ofreció $301 y yerbateros autoconvocados rechazaron la propuesta

 


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Empleados nucleados en Sutepa repudian la gestión del Pami en Misiones

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Filas de jubilados en Pami: “Presidente, le pedimos que tenga compasión”

Los afiliados al Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del Pami (Sutepa) emitieron un comunicado apuntando contra la actual gestión del organismo, liderada por Bárbara Samantha Stekler, acusando nombramientos “a dedo”, “discriminación” e “incumplimiento” de roles y funciones dentro de las distintas dependencias ubicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

“Por este medio hacemos expreso y público nuestro rechazo a la resolución 2024- 2568 que definió el Organigrama de la UGL XVIII (Misiones) por ser inequitativo, arbitrario, injusto y discriminador”, inicia la misiva firmada por dicho sindicato, acompañado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Y continúa: “Esto demuestra que todo lo hablado y dicho por la gestión fueron solo lindas palabras de ningún cumplimento cierto o concreto de cambiar algo de ésta realidad laboral. Esta gestión desde el día uno (1) quiso fervientemente demostrar que era “distinta”, se distanciaba de los tratos violentos, de los tratos arbitrarios de su par anterior, la sra directora mencionaba que venía a realizar un trabajo en conjunto, “con -junto” con trabajadores, y entidades sindicales”. 

“Era la intención (supuesta) de la dirección erradicar las históricas prácticas desleales de las antiguas gestiones, asociadas a sindicatos obsecuentes que eran funcionales para pocos, y el colectivo queda “afuera” de toda oportunidad”. 

En ese sentido, enfatizó: “Esta gestión no solo asigna y nombra cargos a dedo y rosca en perjuicio de los verdaderos y merecedores trabajadores; no respetando la antigüedad, formación e idoneidad embistiendo por completo la carrera administrativa. Esta práctica realizada por la gestión, con la complicidad activa de quienes se sirven oportuna y obsecuentemente; sumado a otro colectivo que acostumbrado a la opresión y frustración decide una vez más callar, aceptar y naturalizar”. 

Esta gestión nombra funcionarios que no trabajan, que no cumplen su rol, que no tratan con sus afiliados y que solo vinieron a “hacer campaña desde afuera”. Pero no es el caso de esta Organización gremial SUTEPA MISIONES que no callará, ni cederá absolutamente nada que atente contra el colectivo o la igualdad de oportunidades”, concluyó.

El desempeño de quienes encabezan dicha prestación médica y social viene siendo cuestionada por Sutepa desde el año 2023, por falta de medicamentos, atención irregular, precarización y “maltratos” en algunas dependencias ubicadas tanto en Posadas como en Eldorado y Montecarlo.

Comunicado emitido por Sutepa

Protesta por maltratos en el Pami de Montecarlo: “Con los abuelos no”


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Mañana inicia la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia

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Salud pública vacunará gratis contra el dengue con turnos por Alegramed

Este jueves 20 de marzo los centros de salud pública ubicados en diferentes puntos de la provincia darán inicio a la campaña de vacunación antigripal dirigida a una población objetivo de 280.055 misioneros, priorizando inicialmente a personal de salud y embarazadas.

En Posadas el lanzamiento oficial será encabezado por autoridades en el Hospital Materno Neonatal a partir de las 8:30. Mientras que en el resto de la provincia, la actividad se desarrollará de manera simultánea en el mismo horario.

A través de un comunicado, desde el Ministerio de Salud de la Provincia detallaron que las dosis antigripales 2025 contienen las cepas H1N1 y H3N2, dos subtipos del virus de la influenza A, uno de los virus que causan la gripe.

La misma está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y como todos los años, será distribuida a los siguientes grupos de riesgo: personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre de gestación, puérperas y niños de entre 6 y 24 meses de edad inclusive.

También recomiendan la aplicación a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, neuromusculares, síndromes genéticos, entre otras), dultos mayores de 65 años y personal estratégico.

Al respecto, el jefe de Inmunizaciones Roberto Lima, resaltó: “La vacuna antigripal es una herramienta eficaz para proteger la enfermedad, además, contribuye a limitar la circulación viral en la comunidad, disminuye la internación, las complicaciones, las secuelas y la mortalidad. Se aplica en forma anual, de manera gratuita y está en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la provincia”.

 


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