Provinciales
La burocracia de Prefectura en el control de buques frena la actividad fluvial
Los informes técnicos, la demora en la tramitación de expedientes y la metodología de trabajo de la fuerza atentan contra las fuentes de trabajo en los ríos interiores.
POSADAS. La demora en la inspección y otorgamiento de la autorización técnica para que los buques y embarcaciones puedan navegar genera malestar entre armadores, profesionales, navegantes y empresarios que se ven imposibilitados de desarrollar sus tareas, en algunos casos, hasta por 180 días.
Los afectados apuntan directamente a la Prefectura Naval Argentina (PNA), que es la encargada de regular la actividad naval y náutica en el país a través de la Policía de Seguridad de la Navegación (Polinave), órgano que aprueba las condiciones técnico-operativas de las embarcaciones.
La Polinave es la que finalmente debe expedir el Certificado de Navegación que otorga idoneidad al buque para el cumplimiento de funciones con los denominados Elementos Técnicos de Juicio (ETJ), en cada una de las jurisdicciones de la fuerza, en este caso en Misiones.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, la autoridad comenzó a exigir los ETJ a los buques mercantes de navegación marítima o fluvial, a fin de contar con información necesaria en caso de accidentes como colisiones, hundimientos e incendios a bordo.
Prefectura, una máquina de impedir
Una de las marañas de la burocracia que afecta al sector está centrado en que la exigencia de los ETJ se aplica también a los buques de más de 90 años de antigüedad y que en mayoría integran el padrón mercante fluvial, pero que no figuraban en los archivos.
A raíz de esa situación, la PNA exigió a los armadores la actualización de la documentación requerida, pero pronto se generalizó la Prohibición de Navegar expedida por la autoridad ante la imposibilidad de presentar los papeles, en casos de buques con más de 70 años de funcionamiento con permisos de la misma fuerza.
La consecuencia inmediata fue una catarata de presentaciones para la “actualización de ETJ”, lo cual desbordó a la División Técnica Naval, desatándose una espiral de demoras en las resoluciones, con el agravante de que los buques deben permanecer en puerto y con prohibición de navegar.
Como contrapartida, ante la acumulación de expedientes, a las demoras les siguió una llamativa celeridad que se caracterizó por una innumerable cantidad de análisis con resultados negativos, ya que se basó en cuestiones cuantitativas y no cualitativas del estado técnico de la embarcación.
Esa operación, además de incrementar el tiempo de inactividad de las embarcaciones, derivó en resultados erróneos que después debieron ser enmendados, dejando en evidencia lo ineficaz del método elegido y en perjuicio de la actividad.
Demoras de hasta 180 días
Un parámetro del problema provocado por la burocracia en cuestión resulta palpable si se tiene en cuenta que, desde el ingreso por mesa de entradas de un expediente hasta la resolución de la División Técnica Naval, pueden transcurrir hasta 180 días.
“En ese lapso el buque continúa amarrado y sin poder operar. Y ni hablar si el trámite en cuestión, o cualquier otro, se origina en alguna de las jurisdicciones de la Prefectura, ya que es evidente que existe una fuerte desconexión entre Buenos Aires y el interior a la hora de iniciar una gestión”, explica un empresario misionero cuyos barcos están parados en los puertos de San Ignacio y Eldorado sin poder trabajar.
“La reserva de los nombres de los empresarios y técnicos armadores es porque todos debemos volver a hacer trámites a la misma oficina. Pero algo tiene que cambiar”, reclamó otro empresario con su buque amarrado en el puerto de Santa Ana.
La lentitud de los trámites parece abonada por la “escasa cantidad de técnicos y, por lo tanto, desbordado en forma permanente mientras se privilegian los mandatos a la distancia de Buenos Aires o en forma dubitativa, debido al desconocimiento de las realidades regionales”, señaló el técnico armador consultado.
Grandes perjuicios
El cuadro descrito, pero desconocido desde el centralismo, “se traduce en perjuicios considerables a la navegación fluvial por ríos interiores, ya que gran parte de las embarcaciones responden a pequeñas pymes o emprendedores de recursos limitados que tienen ahí su medio de vida”, analizó otro empresario del sector de la navegación que mantiene en pie su estructura merced a la gran flota de camiones para transportar arena.
Una alternativa para la problemática planteada por la tramitación de los ETJ o documentaciones similares podría ser el requerimiento gradual por parte de la autoridad, con plazos que no incidan en la actividad que realiza el buque, en los casos que corresponda la actualización.
A pesar de la gravedad de la situación, en el centro de la escena quedan los profesionales o los armadores, “mientras la Prefectura pareciera que no asume su responsabilidad, ya que se encuentra envuelta en una tarea burocrática que atenta contra la subsistencia de la actividad y, en consecuencia, contra la fuente de trabajo de miles de personas”, concluyó el análisis.
El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) presentó un mapa con 88 fiestas populares que se realizan a lo largo y ancho de Misiones, clasificadas por las características de cada evento.
Se trata de una herramienta que permite reunir y organizar información sobre eventos culturales y turísticos del territorio, por lo que fue elaborado con datos proporcionados por el Ministerio de Turismo de Misiones.
Desde el instituto destacaron que el objetivo del material es sistematizar y poner a disposición la información sobre las fiestas populares de Misiones, facilitando su consulta y promoviendo el conocimiento de la identidad cultural y turística provincial, además de constituirse como insumo de interés para la planificación, la gestión cultural y el desarrollo de destinos a visitar.
Las fiestas incluidas en el mapa se clasifican según su temática principal, desde fiestas culturales, gastronómicas, celebraciones, fiestas vinculadas a la naturaleza, populares y el municipio en el que se realiza.
El procesamiento de los datos y la elaboración cartográfica estuvieron a cargo de la Dirección de Sistemas de Información del Ipec Misiones y podrá estar sujeta a actualizaciones, en función de cambios en la programación de los eventos o la incorporación de nuevas fiestas.
La crisis que atraviesa el sector yerbatero llegará este jueves 21 de mayo a la Cámara de Diputados de la Nación. A partir de las 11 horas, productores, trabajadores, cooperativistas, dirigentes, directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y especialistas participarán de una reunión de la Comisión Conjunta de Economía, presidida por la diputada Julia Strada, y de Economías Regionales, encabezada por Luis Basterra, bajo el eje “Situación del sector yerbatero”.
El encuentro, que estará trasmitido por el canal de YouTube de Diputados, buscará poner en debate, con las distintas voces, el fuerte impacto que tuvo la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate sobre toda la cadena productiva. Según plantean los organizadores, el caso yerbatero se convirtió en un ejemplo del modelo de desregulación impulsado por el gobierno nacional a partir del DNU 70/2023, que le quitó al organismo la facultad de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.
Entre los convocados a exponer ante la Comisión Conjunta se encuentran productores, dirigentes cooperativos, funcionarios, sindicalistas, economistas y representantes del sector yerbatero de Misiones y Corrientes. Participarán Susana Cuadra, productora de Colonia Itatí, en Comandante Andresito; Ricardo Maciel, secretario de Asuntos Yerbateros de Misiones; Denis Bocher, ex director representante de cooperativas del Inym; Edgar Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop); Hugo Sand, integrante de Apam e impulsor del Inym; y Rodrigo Correa, actual presidente del Instituto.
Rodrigo Correa, presidente del Inym
También expondrán Ana Cubilla, secretaria general del Suor; Gustavo Quatrin, gerente general de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig y representante de Yerba Mate Playadito; Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Jorge Pujato, secretario de la Asociación Forestal Mesopotámica; Carolina Torres, productora yerbatera; y Javier Gortari, economista, doctor en Ciencias Sociales y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones.
La lista se completa con Joaquín Comas, presidente de la Asociación de Productores Molineros de Corrientes y ex director por la industria en el Inym; Cristian Castro, diputado provincial por el Partido Agrario y Social; Hugo Marcelo Humeniuk, productor e intendente de Concepción de la Sierra; Federico Layh, ex integrante del directorio del Inym y representante de Federación Agraria; Ángel Ozeñuk, productor de San Vicente; y Manfredo Seifert, gerente de la Cooperativa Montecarlo.
Yerbatazo de productores en Buenos Aires
Esta no es la primera vez que los yerbateros llegan a Buenos Aires a exponer sobre su situación, hace menos de un mes, cinco productores invitados por la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja.
Javier Gortari es economista, doctor en Ciencias Sociales y ex rector de la Universidad Nacional de Misiones, especialista en el análisis de la cadena yerbatera y autor de diversos trabajos sobre el sector.
En la previa de la reunión, Gortari advirtió que la pérdida de facultades del Inym provocó un fuerte deterioro en los ingresos de los productores. Según explicó, el kilo de hoja verde “debería estar en 500 pesos y hoy se paga prácticamente la mitad”, lo que representa una pérdida cercana a los 150 millones de dólares para el sector primario.
“El negocio de la yerba mueve alrededor de 1.000 millones de dólares y antes el productor participaba con un 30%. Hoy esa participación cayó a la mitad”, señaló el economista, quien remarcó que la crisis excede lo económico y tiene un fuerte impacto social sobre miles de familias rurales y tareferos de Misiones.
Asimismo, cuestionó el proceso de concentración económica dentro de la actividad y advirtió que las actuales condiciones favorecen a grandes grupos industriales en detrimento de pequeños productores y cooperativas. “Estamos hablando del futuro de más de 120 mil personas vinculadas a la actividad yerbatera”, sostuvo.
Durante la entrevista también se refirió al debate generado en torno a la posibilidad de incorporar otras especies, como la Ilex Dumosa, al Código Alimentario Argentino. Gortari rechazó esa posibilidad y defendió la exclusividad de la Ilex paraguariensis como base de la yerba mate tradicional argentina. “Sería un error estratégico tirar por la borda más de 400 años de cultura y producción”, afirmó.
Finalmente, el investigador alertó sobre el deterioro de las condiciones de vida de productores y tareferos. “Con los valores actuales, muchos están por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia”, concluyó.
Yerbateros misioneros expusieron la crisis del sector en el Congreso
“Llevamos tranquilidad a toda la familia yerbatera: la yerba mate argentina seguirá siendo exclusivamente Ilex paraguariensis”. Así lo confirmó el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, a través de sus redes sociales, junto a una foto en la que se lo ve junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta.
Según explicó López Sartori, se reunieron con representantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación para manifestar la preocupación del sector yerbatero ante las versiones que circularon en los últimos días sobre una posible incorporación de otras especies, como la Ilex dumosa, dentro de la denominación oficial de la yerba mate.
El debate sobre el tema se reactivó a principios de esta semana, cuando circuló en distintos medios la posible incorporación al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) del libertario Samuel Miño, actual trabajador del Inta y ex candidato a concejal por LLA.
A Miño le atribuían, junto a Rodrigo Correa, actual presidente del Inym, la idea de que sería positivo para el sector transformar a la yerba mate en un commodity, instalando además la versión de que “coincidirían en que la Ilex dumosa y otras hierbas deben identificarse como yerba mate”.
Sin embargo, las versiones sobre las designación y el la incorporación la Ilex Dumosa fueron negadas por el director del Inym Ricardo Maciel, representante ante el directorio por la provincia de Misiones.
Durante el encuentro entre el titular de la cartera agraria provincial y su par a nivel nacional, el ministro Sartori expresó que defendió “con firmeza” la identidad de la yerba mate argentina y el trabajo que sostienen miles de productores, cooperativas e industrias, especialmente misioneras, donde la actividad representa una de las principales economías regionales y un fuerte componente cultural e histórico.
Llevamos tranquilidad a toda la familia yerbatera: la yerba mate argentina seguirá siendo exclusivamente Ilex paraguariensis. No se permitirá incorporar otras especies como la Ilex Dumosa dentro de la denominación de yerba mate.@passalacquaok pic.twitter.com/bbrMh3qFcs
— Facundo López Sartori (@Facundosartori) May 20, 2026
Según expresó López Sartori, las versiones generaron inquietud en el sector productivo por el posible impacto sobre la calidad, la identidad del producto y el mercado. Tras las gestiones realizadas por el gobierno de la provincia, desde Nación ratificaron que no existe ninguna decisión ni avance para modificar la definición actual de la yerba mate, que continuará siendo exclusivamente la especie Ilex paraguariensis.
“No se permitirá incorporar otras especies como la Ilex dumosa dentro de la denominación de yerba mate”, declaró Sartori.
Además, remarcaron que “defender la yerba mate es defender nuestras chacras, nuestra cultura y una de las economías regionales más importantes de la Argentina”.
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