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Gobierno provincial rechazó cautelar de la Corte a Loma Negra

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Loma Negra

El Gobierno de la Provincia salió al paso de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que esta semana concedió a la empresa cementera bonaerense Loma Negra una medida cautelar contra el pago del anticipo del impuesto a los ingresos brutos a la Agencia Tributaria Misiones (ATM).

El vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán rechazaron los argumentos de Loma Negra, y de paso cruzaron a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), cuyos parlamentarios fogonearon la resolución judicial tachando lo establecido en la normativa fiscal provincial de “aduana paralela”.

Arce defendió la política tributaria, y argumentó que obligaciones como el anticipo de ingresos brutos es una herramienta impositiva que sirve para compensar la asimetría en los recursos de coparticipación que recibe la provincia.

“Es un caso particular de una empresa. Siempre nosotros apoyamos la coparticipación injusta que recibimos. El mes pasado fuimos la séptima provincia que más aporta y la número 21 en recibir los aportes”, ilustró el Vicegobernador.

“Nosotros sabemos muy bien que la única manera de mantener los hospitales, la seguridad, la educación, todo lo que significa la política pública misionera es a través del tributo y es lo que nos distingue a nosotros”, explicó.

“Cuando haya una participación justa uno se plantea esta situación, pero mientras no exista es la defensa que tenemos para seguir realizando políticas públicas en beneficio de todos los misioneros”, sentenció.

“No es aduana paralela”

Por su parte, el ministro Safrán desmintió que Misiones tenga una “aduana paralela” o “aduana interior”, de la que habla la oposición y sirvió a Loma Negra en la tramitación del amparo resuelto por la CSJ esta semana.

Safrán afirmó que “Misiones no tiene una aduana paralela”, sino “un régimen de pago a cuentas” que sirve para mantener a raya la “evasión fiscal”.

En diálogo con FM Show de Posadas, el alto funcionario provincial indicó que Tucumán y Jujuy disponen del mismo mecanismo tributario con la obligación de anticipar los ingresos brutos.

“Buscamos que las empresas que no son de Misiones le paguen a la provincia lo que le corresponde por el ingreso bruto, así como las empresas misioneras pagan el impuesto a los ingresos brutos cuando van a Buenos Aires o Córdoba”, señaló.

“Vamos a demostrar que es un régimen de pago a cuentas y no una aduana como manifiesta la empresa”, aseguró.

Los padres de la deuda

En otro orden, Safrán hizo este viernes un análisis del desendeudamiento de la provincia, y acusó al ex gobernador Ramón Puerta y a su ministro de Hacienda, el hoy senador del PRO Misiones Humberto Schiavoni, de ser los responsables de la abultada deuda en dólares tomada en los ’90, que pudo pesificarse durante la administración de Carlos Rovira, y se saldó en su totalidad durante el gobierno de Hugo Pasalacqua.

“Esa deuda se contrajo principalmente con a) Bancos comerciales privados, en dólares, con garantía de coparticipación para atender gastos de funcionamiento del Estado incluyendo sueldos; b) con la emisión de los Bonos CEMIS en dólares para cancelar diferentes obligaciones (deudas de funcionamiento del Estado y pago de juicios del ex-Instituto Provincial del Seguro), y c) con la emisión de los Bonos Juniors y Seniors en dólares para atender gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos el pago de sueldos”, reseñó.

Safrán publicó en su cuenta de Facebook una infografía que muestra cómo el Estado provincial pudo revertir la ecuación de 1999, cuando la deuda en dólares era significativamente mayor a la acumulada en pesos, y que hoy representa una mínima porción del total.

“En términos reales, la deuda pública de la provincia en el año 1999 era de U$S 903 millones. En ese entonces, esa cifra duplicaba el presupuesto provincial anual. Pero el problema no era solamente la dimensión de este pasivo, sino sobre todo su composición, ya que el 91% de la deuda había sido contraída en moneda extranjera. En esta comprometida situación fiscal, la provincia quedaba constantemente expuesta a los vaivenes macroeconómicos de la variación del dólar, ya que ante cada corrida cambiaria o devaluación de la moneda local la deuda provincial se disparaba, algo que generó muchísima inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno provincial”, explicó.

El ministro de Hacienda estimó que para 2023, la deuda provincial en dólares sumará unos U$S 99,8 millones, “diez veces menor a la existente en 1999”.

Safrán acusó a Puerta de la implementación de “políticas que proclamaban bajar la carga tributaria de las grandes empresas, que solo provocaron déficit fiscal y endeudamiento del Estado”.

“Fueron años en los que los servicios de la deuda representaron 15% de los ingresos totales de la Tesorería, no permitiendo atender entonces cuestiones básicas del Estado: desde los servicios de la salud, la educación o la obra pública (recordemos que hoy en salud pública se destina no menos del 15% del presupuesto, o para la obra pública el 18% del mismo)”, expresó.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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Arenera

La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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