El Gobierno de la Provincia salió al paso de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que esta semana concedió a la empresa cementera bonaerense Loma Negra una medida cautelar contra el pago del anticipo del impuesto a los ingresos brutos a la Agencia Tributaria Misiones (ATM).

El vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán rechazaron los argumentos de Loma Negra, y de paso cruzaron a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), cuyos parlamentarios fogonearon la resolución judicial tachando lo establecido en la normativa fiscal provincial de “aduana paralela”.

Arce defendió la política tributaria, y argumentó que obligaciones como el anticipo de ingresos brutos es una herramienta impositiva que sirve para compensar la asimetría en los recursos de coparticipación que recibe la provincia.

“Es un caso particular de una empresa. Siempre nosotros apoyamos la coparticipación injusta que recibimos. El mes pasado fuimos la séptima provincia que más aporta y la número 21 en recibir los aportes”, ilustró el Vicegobernador.

“Nosotros sabemos muy bien que la única manera de mantener los hospitales, la seguridad, la educación, todo lo que significa la política pública misionera es a través del tributo y es lo que nos distingue a nosotros”, explicó.

“Cuando haya una participación justa uno se plantea esta situación, pero mientras no exista es la defensa que tenemos para seguir realizando políticas públicas en beneficio de todos los misioneros”, sentenció.

“No es aduana paralela”

Por su parte, el ministro Safrán desmintió que Misiones tenga una “aduana paralela” o “aduana interior”, de la que habla la oposición y sirvió a Loma Negra en la tramitación del amparo resuelto por la CSJ esta semana.

Safrán afirmó que “Misiones no tiene una aduana paralela”, sino “un régimen de pago a cuentas” que sirve para mantener a raya la “evasión fiscal”.

En diálogo con FM Show de Posadas, el alto funcionario provincial indicó que Tucumán y Jujuy disponen del mismo mecanismo tributario con la obligación de anticipar los ingresos brutos.

“Buscamos que las empresas que no son de Misiones le paguen a la provincia lo que le corresponde por el ingreso bruto, así como las empresas misioneras pagan el impuesto a los ingresos brutos cuando van a Buenos Aires o Córdoba”, señaló.

“Vamos a demostrar que es un régimen de pago a cuentas y no una aduana como manifiesta la empresa”, aseguró.

Los padres de la deuda

En otro orden, Safrán hizo este viernes un análisis del desendeudamiento de la provincia, y acusó al ex gobernador Ramón Puerta y a su ministro de Hacienda, el hoy senador del PRO Misiones Humberto Schiavoni, de ser los responsables de la abultada deuda en dólares tomada en los ’90, que pudo pesificarse durante la administración de Carlos Rovira, y se saldó en su totalidad durante el gobierno de Hugo Pasalacqua.

“Esa deuda se contrajo principalmente con a) Bancos comerciales privados, en dólares, con garantía de coparticipación para atender gastos de funcionamiento del Estado incluyendo sueldos; b) con la emisión de los Bonos CEMIS en dólares para cancelar diferentes obligaciones (deudas de funcionamiento del Estado y pago de juicios del ex-Instituto Provincial del Seguro), y c) con la emisión de los Bonos Juniors y Seniors en dólares para atender gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos el pago de sueldos”, reseñó.

Safrán publicó en su cuenta de Facebook una infografía que muestra cómo el Estado provincial pudo revertir la ecuación de 1999, cuando la deuda en dólares era significativamente mayor a la acumulada en pesos, y que hoy representa una mínima porción del total.

“En términos reales, la deuda pública de la provincia en el año 1999 era de U$S 903 millones. En ese entonces, esa cifra duplicaba el presupuesto provincial anual. Pero el problema no era solamente la dimensión de este pasivo, sino sobre todo su composición, ya que el 91% de la deuda había sido contraída en moneda extranjera. En esta comprometida situación fiscal, la provincia quedaba constantemente expuesta a los vaivenes macroeconómicos de la variación del dólar, ya que ante cada corrida cambiaria o devaluación de la moneda local la deuda provincial se disparaba, algo que generó muchísima inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno provincial”, explicó.

El ministro de Hacienda estimó que para 2023, la deuda provincial en dólares sumará unos U$S 99,8 millones, “diez veces menor a la existente en 1999”.

Safrán acusó a Puerta de la implementación de “políticas que proclamaban bajar la carga tributaria de las grandes empresas, que solo provocaron déficit fiscal y endeudamiento del Estado”.

“Fueron años en los que los servicios de la deuda representaron 15% de los ingresos totales de la Tesorería, no permitiendo atender entonces cuestiones básicas del Estado: desde los servicios de la salud, la educación o la obra pública (recordemos que hoy en salud pública se destina no menos del 15% del presupuesto, o para la obra pública el 18% del mismo)”, expresó.

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