Provinciales
Gobierno provincial rechazó cautelar de la Corte a Loma Negra
El Gobierno de la Provincia salió al paso de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que esta semana concedió a la empresa cementera bonaerense Loma Negra una medida cautelar contra el pago del anticipo del impuesto a los ingresos brutos a la Agencia Tributaria Misiones (ATM).
El vicegobernador Carlos Arce y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán rechazaron los argumentos de Loma Negra, y de paso cruzaron a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), cuyos parlamentarios fogonearon la resolución judicial tachando lo establecido en la normativa fiscal provincial de “aduana paralela”.
Arce defendió la política tributaria, y argumentó que obligaciones como el anticipo de ingresos brutos es una herramienta impositiva que sirve para compensar la asimetría en los recursos de coparticipación que recibe la provincia.
“Es un caso particular de una empresa. Siempre nosotros apoyamos la coparticipación injusta que recibimos. El mes pasado fuimos la séptima provincia que más aporta y la número 21 en recibir los aportes”, ilustró el Vicegobernador.
“Nosotros sabemos muy bien que la única manera de mantener los hospitales, la seguridad, la educación, todo lo que significa la política pública misionera es a través del tributo y es lo que nos distingue a nosotros”, explicó.
“Cuando haya una participación justa uno se plantea esta situación, pero mientras no exista es la defensa que tenemos para seguir realizando políticas públicas en beneficio de todos los misioneros”, sentenció.
“No es aduana paralela”
Por su parte, el ministro Safrán desmintió que Misiones tenga una “aduana paralela” o “aduana interior”, de la que habla la oposición y sirvió a Loma Negra en la tramitación del amparo resuelto por la CSJ esta semana.
Safrán afirmó que “Misiones no tiene una aduana paralela”, sino “un régimen de pago a cuentas” que sirve para mantener a raya la “evasión fiscal”.
En diálogo con FM Show de Posadas, el alto funcionario provincial indicó que Tucumán y Jujuy disponen del mismo mecanismo tributario con la obligación de anticipar los ingresos brutos.
“Buscamos que las empresas que no son de Misiones le paguen a la provincia lo que le corresponde por el ingreso bruto, así como las empresas misioneras pagan el impuesto a los ingresos brutos cuando van a Buenos Aires o Córdoba”, señaló.
“Vamos a demostrar que es un régimen de pago a cuentas y no una aduana como manifiesta la empresa”, aseguró.
Los padres de la deuda
En otro orden, Safrán hizo este viernes un análisis del desendeudamiento de la provincia, y acusó al ex gobernador Ramón Puerta y a su ministro de Hacienda, el hoy senador del PRO Misiones Humberto Schiavoni, de ser los responsables de la abultada deuda en dólares tomada en los ’90, que pudo pesificarse durante la administración de Carlos Rovira, y se saldó en su totalidad durante el gobierno de Hugo Pasalacqua.
“Esa deuda se contrajo principalmente con a) Bancos comerciales privados, en dólares, con garantía de coparticipación para atender gastos de funcionamiento del Estado incluyendo sueldos; b) con la emisión de los Bonos CEMIS en dólares para cancelar diferentes obligaciones (deudas de funcionamiento del Estado y pago de juicios del ex-Instituto Provincial del Seguro), y c) con la emisión de los Bonos Juniors y Seniors en dólares para atender gastos de funcionamiento del Estado, entre ellos el pago de sueldos”, reseñó.
Safrán publicó en su cuenta de Facebook una infografía que muestra cómo el Estado provincial pudo revertir la ecuación de 1999, cuando la deuda en dólares era significativamente mayor a la acumulada en pesos, y que hoy representa una mínima porción del total.
“En términos reales, la deuda pública de la provincia en el año 1999 era de U$S 903 millones. En ese entonces, esa cifra duplicaba el presupuesto provincial anual. Pero el problema no era solamente la dimensión de este pasivo, sino sobre todo su composición, ya que el 91% de la deuda había sido contraída en moneda extranjera. En esta comprometida situación fiscal, la provincia quedaba constantemente expuesta a los vaivenes macroeconómicos de la variación del dólar, ya que ante cada corrida cambiaria o devaluación de la moneda local la deuda provincial se disparaba, algo que generó muchísima inestabilidad en el manejo de las finanzas públicas del Gobierno provincial”, explicó.
El ministro de Hacienda estimó que para 2023, la deuda provincial en dólares sumará unos U$S 99,8 millones, “diez veces menor a la existente en 1999”.
Safrán acusó a Puerta de la implementación de “políticas que proclamaban bajar la carga tributaria de las grandes empresas, que solo provocaron déficit fiscal y endeudamiento del Estado”.
“Fueron años en los que los servicios de la deuda representaron 15% de los ingresos totales de la Tesorería, no permitiendo atender entonces cuestiones básicas del Estado: desde los servicios de la salud, la educación o la obra pública (recordemos que hoy en salud pública se destina no menos del 15% del presupuesto, o para la obra pública el 18% del mismo)”, expresó.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizaron un informe que revela que al menos cinco departamentos de Misiones superan el límite fijado para la extranjerización de suelos, siendo Puerto Iguazú el distrito que concentra la mayor cantidad de hectáreas en manos de agentes foráneos.
El informe fue publicado en diciembre del año pasado, como aporte trascendental en el marco del debate iniciado tras la presentación de un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca derogar en forma definitiva la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocida como Ley de Tierras (N° 26.737).
La normativa se sancionó en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y estableció como límite de extranjerización de tierras un 15% de la superficie a nivel provincial y departamental, al tiempo que fortaleció los mecanismos de control para evitar triangulaciones sin supervisión estatal.
La ley sufrió una modificación en 2016, con Mauricio Macri como presidente, quien mediante el Decreto 820/2016, “flexibilizó los procedimientos, habilitó la posibilidad de informar cambios societarios después de realizados, redujo los requisitos para compras e introdujo criterios más amplios para definir quién era considerado extranjero”, explicaron Julieta Caggiano y Matías Oberlin, autores del informe.
En 2023, en tanto, con la llegada al poder de La Libertad Avanza, el DNU 70/2023 derogó la Ley de Tierras mediante su artículo 154, pero la medida encontró un freno judicial mediante un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim).
Misiones y el mapa
En ese marco, los investigadores efectuaron un relevamiento a nivel nacional y confeccionaron un mapa interactivo en el que marcaron las parcelas de tierra actualmente extranjerizadas en todo el país.
El trabajo concluye que alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, lo que en superficie “supera los trece millones de hectáreas: el equivalente a la extensión de Inglaterra”.
Sin embargo, para Caggiano y Oberlin, lo más inquietante surge cuando el análisis se realiza a nivel provincial o departamental, donde detectaron que 36 distritos superan el límite fijado por la ley que el gobierno libertario busca derogar en forma definitiva.
Entre esos departamentos hay varios que pertenecen a Misiones, la mayoría de ellos ubicados en zonas fronterizas y en territorios con recursos hídricos y potencial turístico.
Con esa información recopilada, confeccionaron un mapa interactivo en el cual se puede consultar la situación provincia por provincia. En el caso de Misiones, el estudio consigna que, por ejemplo, Puerto Iguazú (integrado también por Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda) tiene una extensión comprendida por 286,378,35 hectáreas, de los cuales 114.406,68 están en manos extranjeras, lo que representa un 40% del total del territorio.
Le sigue Montecarlo (conformado también por Caraguatay y El Alcázar), que de 173.606.09 hectáreas, tiene 31.866,75 extranjerizadas, lo que se traduce en un 18%. También aparecen Eldorado (en el que entran Colonia Delicia, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Colonia Victoria) con 16%, Libertador General San Martín (Puerto Rico, Puerto Leoni, Garuhapé, El Alcázar, Capioví y Ruiz de Montoya) con 17% y Concepción (Concepción de la Sierra y Santa María) con 16%.
Posadas, San Ignacio, Oberá, San Pedro y General Manuel Belgrano también están marcados en el mapa, aunque ninguno de ellos supera el 11%, por lo cual aún respetan el límite establecido por la Ley de Tierras.
A nivel regional, otros distritos que aparecen en roja son Ituzaingó y Berón de Astrada, con 34% y 33% de sus tierras en manos extranjeras, respectivamente.
Los investigadores consignaron que el mapa interactivo fue elaborado en base a reportes del Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente de la Dirección Nacional del RNRT del ministerio de Justicia de la Nación, obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información pública y los datos están actualizados al 6 de agosto de 2025.
El intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán, resolvió declarar “no conveniente” y rechazar las ofertas presentadas por las empresas Kenia S.A. y ETCE para asumir la concesión del servicio público de transporte de pasajeros en la ciudad.
Tras realizar el análisis integral del procedimiento administrativo correspondiente a la Licitación Pública Nacional N.º 02/2025, el Ejecutivo firmó la resolución y argumentó que la evaluación técnica, económica y administrativa determinó que las propuestas no resultaban convenientes para los intereses del Municipio.
Asimismo, en el documento se afirmó que la decisión tiene como objetivo resguardar el interés público, la calidad del servicio y el adecuado uso de los recursos municipales.
En tanto, la intendencia ordenó la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta, de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones generales que rigió la licitación.
La apertura de sobres se realizó el último lunes en el SUM del edificio municipal. En la instancia solo se presentaron las empresas Kenia S.A. y ETCE, actual prestataria del servicio, cuyo contrato de prórroga excepcional por dos meses vence el próximo 15 de enero.
Con la decisión del Ejecutivo municipal, quedó sin efecto el segundo llamado a licitación para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta en octubre pasado por falta de oferentes.
Cae licitación y la Muni de Eldorado podrá contratar colectivos
El Centro de Conservación de Fauna Silvestre Ohana informó el miércoles a la tarde el apartamiento “preventivo” de un biólogo que cumplía funciones como “asesor técnico” en la institución y que ese mismo día fue señalado públicamente a través de redes sociales por hechos de presunto maltrato animal y acoso tanto a estudiantes como a integrantes de Mymba, organización científica fundada y liderada por el profesional apuntado.
“Informamos a la opinión pública y a nuestra comunidad que, ante recientes denuncias públicas que involucran a un asesor externo de nuestra institución, de inusitada gravedad, se ha tomado la decisión de separar preventivamente a dicha persona de todas nuestras actividades y funciones”, expresa el comunicado difundido por Ohana este miércoles 7 de enero por la tarde.
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Si bien la fundación evita mencionar su nombre, el profesional señalado se trata del licenciado Matías Fernández, a quien en octubre le dieron la bienvenida a la institución para que preste funciones como “asesor”.
Según el CV que expusieron en esa presentación, Matías Fernández es “Biólogo con orientación en Zoología por la Universidad Nacional de La Plata -donde se graduó con promedio honorífico-, es director y fundador de Mymba, organización científica dedicada a la Biodiversidad y el Ambiente”.
Acusaciones
Sin embargo, en las últimas horas en el nombre de F. fue asociado a cuestiones mucho más severas. Desde una cuenta de Instagram denominada @exmymba2025 emitieron un “comunicado de advertencia” donde acusaron al biólogo por situaciones de maltrato animal y acoso, e incluso apuntaron que el profesional cuenta con trece expedientes abiertos en la Universidad Nacional de La Plata, donde ejerce la docencia.
En la misma publicación adjuntaron grabaciones de audios de Whatsapp atribuidos a Fernández donde el biólogo supuestamente amenazaba y se jactaba de matar gatos que se aproximen a su vivienda.
“No sé de quién es el gato este negro… da igual. Si es de alguien, que lo tenga encerrado porque yo la próxima vez que entre acá lo hago concha… ya cinco gatos voy matando, olvidate. Encima, los dejo unos días, así mean, sienten el olor otros gatos, se sienten atraídos y después los atrapo”, se oye en los mensajes de audio.
Desde la cuenta denunciante sostuvieron que “25 de los 27 miembros (de Mymba) decidieron abandonar el grupo y radicar denuncias formales”, en tanto que sobre los que decidieron quedarse acusaron que fue “supuestos beneficios personales justificándose así y hacer la vista gorda a estas actitudes”.
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En esa línea, apuntaron los ex integrantes del grupo liderado por Fernández también sufrieron “acoso sexual, extorsión y amenazas constantes”.
“Se nos presionaba a realizar actos impropios bajo la promesa de beneficios en el grupo o amenazas de reprobar materias en la UNLP”, arremetieron.
De acuerdo a la información brindada en su momento por el propio Ohana, Fernández también es “asesor de INTERPOL, la Red Jaguar (PAcCTO), la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
También “ha participado en la elaboración de informes para las Naciones Unidas sobre especies marinas migratorias, y cuenta con una destacada trayectoria como perito ambiental, docente e investigador.
El profesional tiene su cuenta de Instagram cerrada por el momento. Mymba tampoco tiene perfiles activos en las redes sociales.
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