Provinciales
El fuego borró las huellas del femicidio de Diniz Rabela en la aldea Taruma Poty
A mediados de abril pasado, el cacique Marcelo Núñez -ahora detenido- sostuvo que su pareja tenía coronavirus y que, al morir por la enfermedad, decidió quemarla y enterrarla. Ahora la autopsia no pudo determinar cómo murió la mujer.
SAN VICENTE. La causa por el esclarecimiento del femicidio de Diniz Rabela (24), ocurrido a mediados de abril pasado en la aldea mbya guaraní Taruma Poty, San Vicente, parece haber caído en un callejón sin salida.
Es que la autopsia realizada al cuerpo no pudo determinar la causa de su muerte por los efectos del fuego.
Se recordará que por el hecho está detenido como sospechoso Marcelo Núñez (36) -más conocido como Claudio-, pareja de la víctima y quien además es cacique de la aldea.
El hecho trascendió a mediados de abril a partir de una denuncia radicada por los familiares de la víctima, quienes, al saber que la joven estaba sin vida, no podían obtener mayor información en las consultas que hacían con integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty.
La víctima no era aborigen y tenía dos hijos, de 4 y 8 años, previos a su relación con Núñez. Padecía además cierto grado de retraso madurativo y hacía poco más de medio año que se había mudado a la aldea con su hijo más pequeño, mientras que el mayor de 8 quedó al cuidado de la abuela materna.
A partir de la denuncia de esta última fue que la Policía intervino en el caso y mediante las averiguaciones se pudo establecer que la joven había sido incinerada y semienterrada por su pareja, el cacique.
Tras un allanamiento con excavaciones, se encontraron restos de huesos óseos y también se encontraron en la vivienda del cacique un serrucho y varias prendas con manchas de sangre.
Lo llamativo del caso es que, desde un primer momento, el acusado aseguró que su pareja falleció “de enfermedad” y reconoció haber quemado y enterrado el cuerpo por recomendación de una médica, debido a una supuesta sospecha de que la mujer había contraído Covid-19.
En la primera ronda de testimoniales, un cacique y una integrante de otra aldea apoyaron la versión de Claudio. El primer testigo aseguró que llegó a la aldea cuando la mujer ya había fallecido, mientras que la mujer expresó que preparó el cuerpo antes de que lo incineren y “no notó nada raro”.
En su declaración inicial, Claudio, la pareja de Diniz Rabela, dijo a personal de salud que arribó a la aldea que habían incinerado el cuerpo por recomendación de una médica, ya que sospechaban que la víctima tenía coronavirus.
Ahora, la autopsia practicada sobre el cuerpo de la víctima no logró determinar la causa del deceso, lo que pone a la causa en un panorama desalentador.
El informe especificó que el cadáver presentaba fracturas de cráneo, piernas y brazos, aunque se tratan de fracturas producidas por acción del fuego, es decir que no son previas a la muerte.
Lo que sí se pudo determinar es que el deceso fue previo a la incineración del cadáver, ya que las pericias para establecer si la mujer falleció por asfixia por monóxido de carbono arrojaron resultados negativos.
Así, al estar quemado el cuerpo, no fue posible establecer rastros de violencia externa ni la causa de la muerte.
La hipótesis
El día 12 de abril, domingo de Pascuas, el cacique le pidió a un vecino que llamara a una ambulancia debido a que el pequeño de 4 años de su pareja se hallaba enfermo.
Ese mismo día, arribó al lugar una camioneta de Salud Pública, tal como declaró el ahora detenido. En este sentido, una hipótesis que se maneja por estos momentos es que Claudio solicitó la asistencia médica para establecer una coartada para encubrir el crimen, puesto que no dijo que su concubina estaba mal, sino su hijo.
“Pero el nene no tenía nada, hizo eso para después decirle a la gente de la comunidad que una médica le autorizó que quemen el cuerpo. La casa de Claudio es la primera de la aldea y sólo él sabe qué habló con la gente de Salud Pública”, comentó un vecino de una colonia cercana, según informó el diario El Territorio.
Así, Claudio le dijo a la comunidad que podían quemar el cuerpo y lo retiraron de la choza para incinerarlo.
Provinciales
Docentes cortan la ruta 12 en Urquiza y Montecarlo por reclamos salariales
El tránsito sobre la ruta nacional 12 está interrumpido en las localidades de General Urquiza y Montecarlo, donde docentes realizan medidas de protesta para reclamar mejoras salariales.
El primer corte se dio en General Urquiza, a la altura del puente sobre el arroyo Ñacanguazú, donde docentes denominados autoconvocados se reunieron en asamblea desde temprano y después de las 9.30 pasaron a la acción, cortando el tránsito sobre la ruta nacional 12.
La modalidad de protesta en ese punto consiste en la interrupción del tránsito y su liberación cada 15 minutos. La medida se realiza ante la custodia de agentes policiales, quienes además ordenan las filas de vehículos que se forman sobre la calzada.
Los trabajadores solicitan mejoras salariales y también portan carteles exigiendo la liberación de los uniformados policiales que están detenidos bajo acusaciones por “sedición”.
En Montecarlo, por su parte, al menos 60 personas nucleadas en el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) se concentraron desde temprano en el acceso a la localidad y más tarde decidieron realizar una asamblea sobre la calzada de la ruta 12, interrumpiendo así el tránsito vehicular.
Provinciales
Prorrogan hasta el 20 de diciembre el boleto estudiantil gratuito
Esta mañana, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la prórroga automática del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito (BEEG) misionero hasta el viernes 20 de diciembre.
“Con el compromiso de acompañar a los estudiantes en los exámenes del último tramo del año”, sostuvo el primer mandatario provincial en sus redes sociales sobre la continuidad del BEEG para todos los niveles y en todas sus modalidades “habituales de servicio de transporte público”.
Conforme a lo establecido en el calendario escolar 2024, las clases para el nivel inicial, primaria, secundaria y las modalidades de educación técnico profesional, artística, especial, educación permanente de jóvenes y adultos, rural, intercultural bilingüe, educación en contexto de privación de libertad, domiciliaria y hospitalaria finalizarán el 20 de diciembre, que por lo general hasta esa fecha continúan asistiendo los estudiantes que deben recuperar materias rindiendo exámenes.
Con el compromiso de acompañar a los estudiantes en los exámenes del último tramo del año, informo la prórroga automática del Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero hasta el viernes 20 de diciembre para todos los niveles y en todas las modalidades habituales de servicio de…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) November 11, 2024
Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
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